Carlos Mesa está con el “ojo en tinta”.
Parecía que no, pero sí, está con la sangre en el ojo y con un profundo afán de revancha.
Parece que, definitivamente, no ha podido asumir el rol poco airoso que jugó cuando estaba en la presidencia de la República, y que lo obligó a renunciar antes de tiempo, y hoy quiere volver para cobrar revancha.
Debe pensar, el ex presidente Mesa que, dadas sus condiciones de intelectual, o por lo menos de buen discursante, y dado el hecho de que en determinado momento pudo elevarse a las altas esferas del mundo de la política, no es justo ni correcto que ahora aparezca sumergido en círculos de poca notoriedad, medio en la oscuridad, con alguna que otra aparición pública que contrasta claramente con su anterior rol de presidente de la nación.
En otras palabras, que Carlos Mesa se considera a sí mismo una figura predestinada a papeles de mayor trascendencia en la historia boliviana, y por ello anda pensando en retornar a la política, según se desprende de una entrevista sostenida con el periódico La Prensa de la ciudad de La Paz.
Ahora, ¿con qué criterios Carlos Mesa está imaginando ese retorno?
¿Qué propuestas tiene para encarar ese retorno?
Para empezar planea construir un partido político donde ya no tendrían que reciclarse los viejos líderes políticos del pasado.
Construir el partido está bien y desestimar el apoyo de políticos viejos y mañosos está mejor pero, ¿no se considera Carlos Mesa parte de esa camada de políticos tradicionales que medraron del neoliberalismo?
Él fue vicepresidente de Sánchez de Lozada, y si bien se desmarcó de ese gobierno y no convalidó las represiones de octubre del 2003, lo evidente es que estuvo muy de acuerdo con el neoliberalismo que sostenían el MNR y la coalición que lo acompañaba.
Esa su postura condescendiente con el modelo de libre mercado lo llevó a desempeñar un papel demasiado evidente en defensa de las empresas petroleras transnacionales, poniendo en los cargos claves del sector energético, justamente, a personas que eran aliadas y hasta empleadas de esas empresas.
Cuando el pueblo reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos, Carlos Mesa andaba “mareando la perdiz”, procurando canalizar algunos cambios menores que parecieran nacionalización, sin ser nacionalización.
Entraba en elucubraciones donde hablaba del “verdadero concepto de la nacionalización”, y todo para proteger los intereses de las petroleras.
¿Podrá, Carlos Mesa, librarse de ese pasado?
Dice luego, el ex presidente, que en su propuesta política estaría un explícito apoyo al cambio, donde haya una “inclusión del mundo indígena como igual y protagonista”.
Esa postura es adecuada pero, ¿no sería mejor que buscara planteamientos más concretos y novedosos sobre este tema?
Si el cambio ya está siendo impulsado por el actual gobierno.
Si los indígenas ya se están ganando, por sí solos, sin que nadie se los hable ni se los proponga, su amplia inclusión en la sociedad, y no sólo eso, sino que están encabezando las transformaciones estructurales del país.
¿Qué sentido tendría insistir en un cambio, cuando ese cambio ya se habrá concretado luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado?
Habla luego, Carlos Mesa, de un programa que tendría como núcleo el mejoramiento de las condiciones socio económicas de los sectores populares.
Señala que se trabajaría, concretamente, en los campos de la salud y de la educación.
Decir eso es decir muy poco porque las grandes políticas educativas y de salud se van a desprender también del marco general de la nueva Constitución, que da prioridad a estas áreas a favor del pueblo.
Ahora, cuando Carlos Mesa estuvo en el gobierno, en algún momento cuestionó el sistema de pensiones, el de reparto, señalando que constituía una carga demasiado pesada para el Estado, e insinuando que debería discutirse su eliminación..
Eso pone en duda su supuesta sensibilidad para con los sectores populares.
Carlos Mesa tiene, según ha parecido siempre, más afinidad con sectores elitistas de la sociedad boliviana, antes que con gente de los niveles menos favorecidos de la población.
Un aspecto preocupante, y que aparece en la entrevista con el periódico La Prensa, se refiere a las relaciones del país con el mundo.
Dice, Carlos Mesa, que son necesarios para Bolivia los procesos de integración, las negociaciones de bloque, o los tratados de libre comercio.
Al aceptar esos tratados de libre comercio, que fueron la punta de lanza del gobierno ultra conservador de Estados Unidos para controlar las economías de los países latinoamericanos, el ex presidente Mesa está, nomás, mostrando su mentalidad neoliberal.
¿O se referirá a otros tratados y no a los tratados con los Estados Unidos.
De cualquier manera, sea como sea, Carlos Mesa ya está en campaña.
Para eso sirvió la entrevista que le hizo el periódico La Prensa.
Está con el “ojo en tinta”, y quiere cobrar revancha de su fracaso como ex presidente donde, por no saber leer la historia actual, cosa curiosa en un historiador, y por lealtad con su clase social, desperdició la oportunidad que le dio el pueblo para, justamente, pasar a la historia como un hombre transformador.
¿No constituirá, esta su nueva incursión en la política, un nuevo fracaso?
miércoles, 26 de noviembre de 2008
Con la nueva Carta Magna, los ciudadanos esperan una limpieza a fondo del poder judicial
Una de las mejores cosas que le van a ocurrir a nuestro país, en un plazo muy breve, es que se va a poder barrer con toda la lacra de jueces, fiscales y magistrados que han venido administrando la justicia hasta este momento.
Todos esos operadores de justicia, que la han convertido en la institución más corrupta y arbitraria de las que existen en nuestra nación.
Magistrados que se niegan a juzgar a Sánchez de Lozada, dilatando el juicio con innumerables artimañas, desoyendo el clamor de las centenares de víctimas del llamado octubre negro.
Jueces que dejan amontonarse los años, esperando que prescriba el proceso judicial, sin adoptar ninguna medida definitiva para sentenciar a Alberto “Chito” Valle, el ex prefecto paceño acusado de innumerables delitos durante su gestión.
Vocales de la Corte Suprema que emiten disposiciones para la liberación de Leopoldo Fernández, el ex prefecto de Pando, acusado de asesinato de campesinos.
Fiscales que miran tranquilos cómo se asaltan instituciones del Estado, y se golpea y humilla a campesinos, y se incendia y coloca bombas contra domicilios particulares, sin intervenir para nada.
Funcionarios judiciales que aceleran o retardan los procesos, de acuerdo al monto de los sobornos y de las coimas que les llegan.
Jueces ligados a los viejos grupos de poder, que siguen protegiendo a los viejos políticos de los partidos tradicionales, devolviéndoles favores del pasado.
En suma, un asqueroso fango que embarra todo, y del cual la ciudadanía está absolutamente cansada.
Menos mal que, a breve plazo, ese manoseo político va a terminar, cuando los bolivianos tengan la oportunidad de elegir directamente, por voto popular, a otros magistrados que les garanticen una mejor y oportuna justicia.
La nueva Constitución Política del Estado, que el pueblo deberá aprobar el próximo 25 de enero determina, justamente, esa modalidad para elegir magistrados del poder judicial.
Ya no serán los partidos representados en el Parlamento, los que elijan a esos funcionarios, de acuerdo al número de cuotas que les tocan.
Ya no serán el presidente de la República, ni los jefes políticos los que impongan a sus candidatos, para luego, a través de ellos, manejar la justicia a su antojo.
Ahora jueces y fiscales serán elegidos directamente por la población, de acuerdo a su capacidad profesional y, sobre todo, de acuerdo a sus antecedentes de honestidad, independencia y probidad.
Limpiándose las cabezas de las instituciones de la justicia, es posible pensar en que la limpieza llegará también al cuerpo, en un proceso de recuperación de esa institución que es fundamental para la buena marcha de la nación.
La parte que asegura esa transformación en la justicia, y que está contenida en la nueva Constitución, dice lo siguiente.
“La función judicial es única.
“La justicia ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces.
“La jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales.
“La jurisdicción indígena, originaria y campesina, se ejerce por sus propias autoridades.
“Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.
“La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía.
“El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
“Está integrado por magistradas y magistrados que serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.
“Las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.
Como se puede ver por esos aspectos señalados en la nueva Carta Magna, el funcionamiento de la justicia tendrá nuevas bases, superando muchos de los vicios que la ensuciaron en el pasado.
Es de esperar que, junto a esos cambios estructurales en el poder judicial haya también un cambio en la mentalidad de abogados y funcionarios judiciales.
Para que la justicia se limpie de la porquería en que está envuelta, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en ella, y para que abogados y funcionarios judiciales se sientan orgullos del ejercicio de su profesión
Todos esos operadores de justicia, que la han convertido en la institución más corrupta y arbitraria de las que existen en nuestra nación.
Magistrados que se niegan a juzgar a Sánchez de Lozada, dilatando el juicio con innumerables artimañas, desoyendo el clamor de las centenares de víctimas del llamado octubre negro.
Jueces que dejan amontonarse los años, esperando que prescriba el proceso judicial, sin adoptar ninguna medida definitiva para sentenciar a Alberto “Chito” Valle, el ex prefecto paceño acusado de innumerables delitos durante su gestión.
Vocales de la Corte Suprema que emiten disposiciones para la liberación de Leopoldo Fernández, el ex prefecto de Pando, acusado de asesinato de campesinos.
Fiscales que miran tranquilos cómo se asaltan instituciones del Estado, y se golpea y humilla a campesinos, y se incendia y coloca bombas contra domicilios particulares, sin intervenir para nada.
Funcionarios judiciales que aceleran o retardan los procesos, de acuerdo al monto de los sobornos y de las coimas que les llegan.
Jueces ligados a los viejos grupos de poder, que siguen protegiendo a los viejos políticos de los partidos tradicionales, devolviéndoles favores del pasado.
En suma, un asqueroso fango que embarra todo, y del cual la ciudadanía está absolutamente cansada.
Menos mal que, a breve plazo, ese manoseo político va a terminar, cuando los bolivianos tengan la oportunidad de elegir directamente, por voto popular, a otros magistrados que les garanticen una mejor y oportuna justicia.
La nueva Constitución Política del Estado, que el pueblo deberá aprobar el próximo 25 de enero determina, justamente, esa modalidad para elegir magistrados del poder judicial.
Ya no serán los partidos representados en el Parlamento, los que elijan a esos funcionarios, de acuerdo al número de cuotas que les tocan.
Ya no serán el presidente de la República, ni los jefes políticos los que impongan a sus candidatos, para luego, a través de ellos, manejar la justicia a su antojo.
Ahora jueces y fiscales serán elegidos directamente por la población, de acuerdo a su capacidad profesional y, sobre todo, de acuerdo a sus antecedentes de honestidad, independencia y probidad.
Limpiándose las cabezas de las instituciones de la justicia, es posible pensar en que la limpieza llegará también al cuerpo, en un proceso de recuperación de esa institución que es fundamental para la buena marcha de la nación.
La parte que asegura esa transformación en la justicia, y que está contenida en la nueva Constitución, dice lo siguiente.
“La función judicial es única.
“La justicia ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces.
“La jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales.
“La jurisdicción indígena, originaria y campesina, se ejerce por sus propias autoridades.
“Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.
“La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía.
“El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
“Está integrado por magistradas y magistrados que serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.
“Las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.
Como se puede ver por esos aspectos señalados en la nueva Carta Magna, el funcionamiento de la justicia tendrá nuevas bases, superando muchos de los vicios que la ensuciaron en el pasado.
Es de esperar que, junto a esos cambios estructurales en el poder judicial haya también un cambio en la mentalidad de abogados y funcionarios judiciales.
Para que la justicia se limpie de la porquería en que está envuelta, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en ella, y para que abogados y funcionarios judiciales se sientan orgullos del ejercicio de su profesión
Los datos de la pobreza en Bolivia
De acuerdo a datos proporcionados por la Fundación Jubileo, seis millones de habitantes en Bolivia, son pobres.
Y de esos seis millones de pobres, tres millones 700 mil son extremadamente pobres.
Esto significa que dos terceras partes de la población boliviana vive en condiciones de pobreza y de mucha pobreza.
Dice la Fundación Jubileo que, entre los años 2001 y 2008, a ese porcentaje de pobreza se sumaron otras 300 mil personas, lo cual muestra la urgente necesidad de la adopción de políticas que apoyen al desarrollo de las personas y de las familias.
Ahora, ¿cuál es la raíz, la causa y el origen de estos niveles tan altos de pobreza y extrema pobreza en nuestro país y en otros de Latinoamérica.
Pues, simple y llanamente, la persistencia de una economía capitalista y neoliberal que, por naturaleza es injusta, y que se basa en la acumulación de la riqueza en pequeños grupos de poder.
Durante 20 años Bolivia estuvo sometida, lo mismo que otras naciones de la región, al modelo neoliberal, siguiendo estrictamente las indicaciones que provenían de los centros del capitalismo mundial.
Cumplió las recomendaciones, acogió las recetas, adoptó las medidas que se le sugirieron y lo que quedó como resultado de esa conducta fueron los datos que hoy señala la Fundación Jubileo: seis millones de personas en situación de pobreza y, de esos seis millones, tres millones 700 mil en condiciones de casi indigencia.
Bolivia, entonces, debería pasar una factura al Fondo Monetario Internacional, por las consecuencias desastrosas a que condujo su política de ajustes estructurales, de mercados libres, de privatización de las empresas del Estado.
Y otra factura más por la crisis financiera que ese sistema ha desatado en el planeta, y que afectará también, obviamente, a nuestro país.
Ahora, lo lamentable es que ha tenido que presentarse esta crisis de consecuencias universales, para que recién las naciones vayan cayendo en la cuenta de que el modelo de desarrollo neoliberal, lo único que desarrollaba era la desigualdad y la injusticia.
Hablando, justamente, sobre la iniquidad del modelo, Eduardo Galeano sostiene que “nunca ha sido menos democrática la economía mundial”.
“Nunca ha sido el mundo tan escandalosamente injusto”. .
“En 1960, el veinte por ciento de la humanidad, el más rico, tenía treinta veces más que el veinte por ciento más pobre”.
“En 1990 la diferencia era de sesenta veces”.
“Para el año 2000 la diferencia llegó fácilmente a noventa veces y hoy superó la centena.
Eso quiere decir, en otras palabras, que un rico, en varios de nuestros países incluyendo Bolivia, tiene ingresos cien veces superiores a los de un pobre
“En los extremos de los extremos, sigue diciendo Galeano, entre los ricos riquísimos que aparecen en las páginas de las revistas Forbes y Fortune, y los pobres pobrísimos que aparecen en las calles y en los campos, el abismo resulta mucho más hondo”.
“Una mujer embarazada corre cien veces más riesgo de muerte en África que en Europa”.
“El valor de los productos para mascotas perros, gatos, loros y otros que se venden cada año en los Estados Unidos, es cuatro veces mayor que toda la producción de Etiopía”.
“Las ventas de sólo dos gigantes corporaciones transnacionales, General Motors y Ford, superan largamente el valor de la producción de toda el África negra.
“Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, diez personas, los diez opulentos más opulentos del planeta, tienen una riqueza equivalente al valor de la producción total de cincuenta países”.
“Y 447 multimillonarios suman una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad”.
“Las Naciones Unidas declararon que en las últimas seis décadas, la cantidad de ricos se ha duplicado en el mundo pero la cantidad de pobres se ha triplicado, y mil 600 millones de personas están viviendo peor que hace 20 años”.
Son datos, pues, que ilustran la injusticia del sistema capitalista al que arrastraron a Bolivia, con la complicidad de políticos como los Sánchez de Lozada, o los Bánzer, o los “Tuto” Quiroga, o los Paz Zamora, o varios otros cientos que se enriquecieron del sistema, creando en el país el drama económico que hoy se debe superar.
Para enfrentar esta situación y reducir la pobreza, dice la Fundación Jubileo, el país requiere de una política de Estado que diversifique la producción, fomente el desarrollo rural y promueva la formación de capital humano, con particular atención en la educación primaria y secundaria.
También es necesario un nuevo sistema tributario donde los que más tienen contribuyan efectivamente al país.
Si ahora no se toman las previsiones, dice la Fundación, la situación se complicará ante la amenaza del alza de precios, particularmente de alimentos, lo cual pone en situación de desventaja a las familias más pobres, ya que en su estructura de gastos, el 50 % es destinado a la compra de alimentos.
Revertir la pobreza es, en consecuencia, la gran tarea que debe asumir Bolivia.
Pero esa tarea no se la podrá encarar ni con los viejos modelos, ni con los viejos políticos que todavía pugnan por seguir en vigencia.
Y de esos seis millones de pobres, tres millones 700 mil son extremadamente pobres.
Esto significa que dos terceras partes de la población boliviana vive en condiciones de pobreza y de mucha pobreza.
Dice la Fundación Jubileo que, entre los años 2001 y 2008, a ese porcentaje de pobreza se sumaron otras 300 mil personas, lo cual muestra la urgente necesidad de la adopción de políticas que apoyen al desarrollo de las personas y de las familias.
Ahora, ¿cuál es la raíz, la causa y el origen de estos niveles tan altos de pobreza y extrema pobreza en nuestro país y en otros de Latinoamérica.
Pues, simple y llanamente, la persistencia de una economía capitalista y neoliberal que, por naturaleza es injusta, y que se basa en la acumulación de la riqueza en pequeños grupos de poder.
Durante 20 años Bolivia estuvo sometida, lo mismo que otras naciones de la región, al modelo neoliberal, siguiendo estrictamente las indicaciones que provenían de los centros del capitalismo mundial.
Cumplió las recomendaciones, acogió las recetas, adoptó las medidas que se le sugirieron y lo que quedó como resultado de esa conducta fueron los datos que hoy señala la Fundación Jubileo: seis millones de personas en situación de pobreza y, de esos seis millones, tres millones 700 mil en condiciones de casi indigencia.
Bolivia, entonces, debería pasar una factura al Fondo Monetario Internacional, por las consecuencias desastrosas a que condujo su política de ajustes estructurales, de mercados libres, de privatización de las empresas del Estado.
Y otra factura más por la crisis financiera que ese sistema ha desatado en el planeta, y que afectará también, obviamente, a nuestro país.
Ahora, lo lamentable es que ha tenido que presentarse esta crisis de consecuencias universales, para que recién las naciones vayan cayendo en la cuenta de que el modelo de desarrollo neoliberal, lo único que desarrollaba era la desigualdad y la injusticia.
Hablando, justamente, sobre la iniquidad del modelo, Eduardo Galeano sostiene que “nunca ha sido menos democrática la economía mundial”.
“Nunca ha sido el mundo tan escandalosamente injusto”. .
“En 1960, el veinte por ciento de la humanidad, el más rico, tenía treinta veces más que el veinte por ciento más pobre”.
“En 1990 la diferencia era de sesenta veces”.
“Para el año 2000 la diferencia llegó fácilmente a noventa veces y hoy superó la centena.
Eso quiere decir, en otras palabras, que un rico, en varios de nuestros países incluyendo Bolivia, tiene ingresos cien veces superiores a los de un pobre
“En los extremos de los extremos, sigue diciendo Galeano, entre los ricos riquísimos que aparecen en las páginas de las revistas Forbes y Fortune, y los pobres pobrísimos que aparecen en las calles y en los campos, el abismo resulta mucho más hondo”.
“Una mujer embarazada corre cien veces más riesgo de muerte en África que en Europa”.
“El valor de los productos para mascotas perros, gatos, loros y otros que se venden cada año en los Estados Unidos, es cuatro veces mayor que toda la producción de Etiopía”.
“Las ventas de sólo dos gigantes corporaciones transnacionales, General Motors y Ford, superan largamente el valor de la producción de toda el África negra.
“Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, diez personas, los diez opulentos más opulentos del planeta, tienen una riqueza equivalente al valor de la producción total de cincuenta países”.
“Y 447 multimillonarios suman una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad”.
“Las Naciones Unidas declararon que en las últimas seis décadas, la cantidad de ricos se ha duplicado en el mundo pero la cantidad de pobres se ha triplicado, y mil 600 millones de personas están viviendo peor que hace 20 años”.
Son datos, pues, que ilustran la injusticia del sistema capitalista al que arrastraron a Bolivia, con la complicidad de políticos como los Sánchez de Lozada, o los Bánzer, o los “Tuto” Quiroga, o los Paz Zamora, o varios otros cientos que se enriquecieron del sistema, creando en el país el drama económico que hoy se debe superar.
Para enfrentar esta situación y reducir la pobreza, dice la Fundación Jubileo, el país requiere de una política de Estado que diversifique la producción, fomente el desarrollo rural y promueva la formación de capital humano, con particular atención en la educación primaria y secundaria.
También es necesario un nuevo sistema tributario donde los que más tienen contribuyan efectivamente al país.
Si ahora no se toman las previsiones, dice la Fundación, la situación se complicará ante la amenaza del alza de precios, particularmente de alimentos, lo cual pone en situación de desventaja a las familias más pobres, ya que en su estructura de gastos, el 50 % es destinado a la compra de alimentos.
Revertir la pobreza es, en consecuencia, la gran tarea que debe asumir Bolivia.
Pero esa tarea no se la podrá encarar ni con los viejos modelos, ni con los viejos políticos que todavía pugnan por seguir en vigencia.
Gonzalo Sánchez de Lozada, Alberto “Chito” Valle y Leopoldo Fernández; un trío de presuntos delincuentes protegidos por la justicia
Alberto “Chito” Valle se está dando una vida de lujo y molicie en Rurrenabaque.
Así se entiende de un reportaje aparecido recientemente en el periódico La Prensa de la ciudad de La Paz.
El reportaje describe esa vida de bienestar, señalando cosas como las siguiente.
“Chito Valle disfruta de unas cervezas y de la compañía de agradables jovencitas en un pub de Rurrenabaque.
No ha llegado la medianoche y en una apartada mesa sonríe a quienes lo saludan de lejos.
Prefiere no hablar con extraños y cuando siente el flash de alguna cámara fotográfica, se acerca al autor y en un tono sarcástico, sospechando que el fin era retratarlo, le dice “si quiere se lo firmo”.
Alegre y tranquilo, la vida del ex prefecto paceño transcurre sin alteraciones mientras lejos, en Sucre, la justicia se sume en papeleos, con el temor de perder la oportunidad de procesarlo y de aclarar los varios delitos por los que se lo acusa.
Frecuentemente la ex autoridad pasea por las calles de esta localidad beniana, sin apuros ni preocupaciones.
El resto del tiempo lo pasa en el hotel que, según el gobierno, está a nombre de unos alemanes pero que, según la voz popular, le pertenece.
También conduce erguido un cuadratrack, perfecto para que el viento le refresque la pesadez del calor amazónico, para lucirse y saludar a la mitad de la gente del pueblo que le conoce.
Al día siguiente camina por La Orilla, el pequeño puerto de esta localidad turística, con rumbo a su bote a motor.
Está vestido todo de blanco, lo que resalta su piel clara y la barba característica con la que se lo recuerda en todas las fotografías”.
Como puede verse, Alberto “Chito” Valle, yerno del fallecido general Bánzer Suárez, vive una vida de rey, sin preocuparse de que la justicia lo llegue a sancionar porque la tal justicia está al servicio de los poderosos que manejaron el gobierno en décadas pasadas.
Este ex prefecto, según se recuerda, está acusado de haber rematado, de manera ilegal, 152 vehículos de la Prefectura, a precio de chatarra; de haber vendido, de la misma manera, maquinaria pesada del Servicio de Caminos que pasó a la prefectura; de haber vendido un inmueble de propiedad de Estado; de haber adquirido muebles con enormes sobre precios que sirvieron para que instalara un dormitorio de lujo en la misma Prefectura para sus constantes bacanales; de haber ordenado la reparación de la piscina de Obrajes con otro sobre precio, y de varios delitos más.
A pesar de ello, y de los muchos años que dura el proceso en su contra, “Chito” Valle permanece libre y feliz, sumamente protegido por una justicia corrupta.
Recientemente, el 27 de octubre de este año, la defensa de “Chito” Valle presentó un recurso de habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia de Sucre, el cual fue apoyado por los vocales Elena Lowenthal y Oswaldo Fong.
Coincidentemente, esos mismos vocales de Sucre, Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, fueron los que ordenaron la liberación del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Además de los señalados vocales, otros conjueces como David Añez Alí,. Freddy Serrano Roca y Víctor Hugo Escobar también favorecieron a “Chito” Valle, dilatando el proceso, buscando que la acción judicial se extinga por el tiempo transcurrido.
Una maniobra que también tiene su similitud con lo que pasa en el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, el cual ha sido trancado, detenido y obstaculizado por la Corte Suprema, desde hace cinco años.
Sánchez de Lozada, lo mismo que “Chito”Valle, lleva una vida de lujo en los Estados Unidos siendo invitado, inclusive, a reuniones, ceremonias y a dictar conferencias en algunas universidades y centros empresariales.
Gonzalo Sánchez de Lozada, Leopoldo Fernández y Alberto ”Chito” Valle, enfrentan acusaciones por homicidio y asesinato, además de estafa, malversación, robo agravado y asalto a los bienes del Estado, pero ahí están, felices y como grandes jerarcas, rellenos de dinero, riéndose en la cara de los bolivianos que quisieran verlos en la cárcel, pagando por los daños que le hicieron al país.
Protegidos, cuidados, amparados por magistrados como Lowenthal y Fong que fueron parte de sus círculos políticos, sociales y hasta familiares y que ahora, con una conducta cínica hasta el extremo, no dudan en devolver favores del pasado.
Planteadas así las cosas, ¿habrá alguna posibilidad real de que los mencionados personajes sean sancionados por la ley?
La respuesta a esa pregunta, es la duda.
Menos mal que jueces y magistrados como los señalados, serán barridos de sus cargos en poco tiempo más, cuando el pueblo boliviano apruebe la nueva Constitución Política del Estado.
Sólo ese consuelo queda ante la justicia podrida que los bolivianos tenemos que soportar todos los días.
Así se entiende de un reportaje aparecido recientemente en el periódico La Prensa de la ciudad de La Paz.
El reportaje describe esa vida de bienestar, señalando cosas como las siguiente.
“Chito Valle disfruta de unas cervezas y de la compañía de agradables jovencitas en un pub de Rurrenabaque.
No ha llegado la medianoche y en una apartada mesa sonríe a quienes lo saludan de lejos.
Prefiere no hablar con extraños y cuando siente el flash de alguna cámara fotográfica, se acerca al autor y en un tono sarcástico, sospechando que el fin era retratarlo, le dice “si quiere se lo firmo”.
Alegre y tranquilo, la vida del ex prefecto paceño transcurre sin alteraciones mientras lejos, en Sucre, la justicia se sume en papeleos, con el temor de perder la oportunidad de procesarlo y de aclarar los varios delitos por los que se lo acusa.
Frecuentemente la ex autoridad pasea por las calles de esta localidad beniana, sin apuros ni preocupaciones.
El resto del tiempo lo pasa en el hotel que, según el gobierno, está a nombre de unos alemanes pero que, según la voz popular, le pertenece.
También conduce erguido un cuadratrack, perfecto para que el viento le refresque la pesadez del calor amazónico, para lucirse y saludar a la mitad de la gente del pueblo que le conoce.
Al día siguiente camina por La Orilla, el pequeño puerto de esta localidad turística, con rumbo a su bote a motor.
Está vestido todo de blanco, lo que resalta su piel clara y la barba característica con la que se lo recuerda en todas las fotografías”.
Como puede verse, Alberto “Chito” Valle, yerno del fallecido general Bánzer Suárez, vive una vida de rey, sin preocuparse de que la justicia lo llegue a sancionar porque la tal justicia está al servicio de los poderosos que manejaron el gobierno en décadas pasadas.
Este ex prefecto, según se recuerda, está acusado de haber rematado, de manera ilegal, 152 vehículos de la Prefectura, a precio de chatarra; de haber vendido, de la misma manera, maquinaria pesada del Servicio de Caminos que pasó a la prefectura; de haber vendido un inmueble de propiedad de Estado; de haber adquirido muebles con enormes sobre precios que sirvieron para que instalara un dormitorio de lujo en la misma Prefectura para sus constantes bacanales; de haber ordenado la reparación de la piscina de Obrajes con otro sobre precio, y de varios delitos más.
A pesar de ello, y de los muchos años que dura el proceso en su contra, “Chito” Valle permanece libre y feliz, sumamente protegido por una justicia corrupta.
Recientemente, el 27 de octubre de este año, la defensa de “Chito” Valle presentó un recurso de habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia de Sucre, el cual fue apoyado por los vocales Elena Lowenthal y Oswaldo Fong.
Coincidentemente, esos mismos vocales de Sucre, Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, fueron los que ordenaron la liberación del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Además de los señalados vocales, otros conjueces como David Añez Alí,. Freddy Serrano Roca y Víctor Hugo Escobar también favorecieron a “Chito” Valle, dilatando el proceso, buscando que la acción judicial se extinga por el tiempo transcurrido.
Una maniobra que también tiene su similitud con lo que pasa en el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, el cual ha sido trancado, detenido y obstaculizado por la Corte Suprema, desde hace cinco años.
Sánchez de Lozada, lo mismo que “Chito”Valle, lleva una vida de lujo en los Estados Unidos siendo invitado, inclusive, a reuniones, ceremonias y a dictar conferencias en algunas universidades y centros empresariales.
Gonzalo Sánchez de Lozada, Leopoldo Fernández y Alberto ”Chito” Valle, enfrentan acusaciones por homicidio y asesinato, además de estafa, malversación, robo agravado y asalto a los bienes del Estado, pero ahí están, felices y como grandes jerarcas, rellenos de dinero, riéndose en la cara de los bolivianos que quisieran verlos en la cárcel, pagando por los daños que le hicieron al país.
Protegidos, cuidados, amparados por magistrados como Lowenthal y Fong que fueron parte de sus círculos políticos, sociales y hasta familiares y que ahora, con una conducta cínica hasta el extremo, no dudan en devolver favores del pasado.
Planteadas así las cosas, ¿habrá alguna posibilidad real de que los mencionados personajes sean sancionados por la ley?
La respuesta a esa pregunta, es la duda.
Menos mal que jueces y magistrados como los señalados, serán barridos de sus cargos en poco tiempo más, cuando el pueblo boliviano apruebe la nueva Constitución Política del Estado.
Sólo ese consuelo queda ante la justicia podrida que los bolivianos tenemos que soportar todos los días.
¿Por qué, la Iglesia Católica, pierde fieles en el mundo?
La Iglesia Católica está perdiendo adeptos en todo el mundo, y ese es un hecho incontrastable.
Se le están yendo los fieles y, más grave aun, no está encontrando nuevas vocaciones que puedan asegurar el futuro de su sacerdocio.
En otras palabras, la Iglesia Católica convence cada vez menos a sus creyentes, y no convence para nada a las nuevas generaciones de jóvenes que prefieren canalizar sus vocaciones religiosas, cuando las tienen, hacia otras creencias.
Ahora, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno?
¿Por qué, mientras otras religiones crecen y se expanden, la Iglesia Católica pierde terreno en todas las regiones del mundo?
Las razones pueden ser muchas pero con seguridad que una de ellas es la poca capacidad que muestra su jerarquía, para entender los problemas y las luchas sociales que están encarando los pueblos en este momento.
Un ejemplo clarísimo de este aserto es lo que está ocurriendo en Bolivia.
En nuestro país se está registrando un gran movimiento social que pretende acabar con siglos de injusticia y desigualdad.
Exponiendo enormes sacrificios y dejando en el camino su sangre, el pueblo boliviano está luchando por un cambio, y lo está haciendo democráticamente, y la Iglesia Católica, en lugar de apoyar esa lucha, prefiere ponerse en contra, del lado de los poderosos.
¿Será posible imaginar semejante contradicción?
Durante centurias, desde la Colonia, los pueblos de esta región que hoy es Bolivia, soportaron condiciones de vida sumamente injustas.
Explotaciones que adoptaron las más diversas formas, por parte de grupos de poder que siempre, siempre, siempre, se llevaron la tajada más grande de la torta.
Durante siglos, desde la misma Colonia, estos pueblos, principalmente indígenas y campesinos, conocieron sólo de necesidades, y pobreza y, en muchos casos miseria, debido al reparto injusto y desigual de los bienes nacionales.
Y la Iglesia Católica, en lugar de condenar esta situación, se quedó muy tranquila, contentándose con algunas obras de caridad, procurando ganar las mentes de los jóvenes a través de obras educativas, colegios y universidades, que multiplicó por todo el país.
Educó generaciones, sí, pero las educó en una mentalidad conservadora, resignada frente al predominio de los poderosos.
¡Cuántas veces la Iglesia Católica habrá bendecido a dictadores!
¡En cuántas ocasiones habrá compartido almuerzos, cenas, agasajos y ceremonias con personajes corruptos, con oscuros individuos culpables de crímenes económicos y sociales, echándoles encima la tradicional bendición!
Y ahora, cuando los más pobres de los pobres, cuando los más humildes del país se levantan, reclamando una nación de mayor justicia, ¡la jerarquía católica se hace a un lado, prefiriendo apegarse a los poderosos!
¿No es esto aberrante?
¿Si Nuestro Señor Jesucristo apareciera ahora en Bolivia, aceptaría esta situación?
¿De qué lado se pondría Cristo mirando la lucha del pueblo boliviano?
¿Marcharía con los indígenas, con los humildes, o apoyaría al prefecto cruceño Rubén Costas, o al ex prefecto Leopoldo Fernández, o a Branco Marinkovic, presidente del comité cívico de Santa Cruz y a sus planes separatistas?
Probablemente nunca la jerarquía de la Iglesia Católica, más concretamente el Cardenal Julio Terrazas, se formuló esta pregunta.
Prefirió manejar la fe con los clásicos llamados a la paz y a la unidad, que de tanto repetirse en el mismo tono ya se vaciaron de contenido, sin considerar para nada las luchas sociales concretas y sacrificadas de los hombres y mujeres del pueblo boliviano.
Es preciso amar al prójimo, predica la Iglesia Católica, pero ese amor lo reduce al ámbito de la caridad, señalando que la Iglesia no debe entrometerse en política, cuando su indiferencia frente al racismo, y frente a la discriminación, y frente a la explotación son conductas claramente políticas, aun cuando algunos de sus obispos lo nieguen.
Cristo, en su tiempo, habló de caridad, pero de una caridad entendida no sólo en sentido personal, sino también social y colectivo.
En esa lógica es factible pensar que Nuestro Señor, reapareciendo hoy sobre la tierra, cambiaría la palabra caridad, por las de justicia social, mostrando, como lo demostró con su ejemplo, que el ser humano es básicamente espíritu, pero que también es cuerpo.
Y que ese cuerpo, por ser creación de Dios, comparte su dignidad.
Y que la pobreza, la miseria, la explotación, la discriminación, el racismo, son males aberrantes que lastiman gravemente esa dignidad.
El pueblo lucha, se sacrifica, derrama su sangre, y la jerarquía eclesiástica se mantiene sin pronunciarse sobre esta lucha, en una posición tibia, ni fría ni caliente, que también condenó Cristo en su momento.
La jerarquía de la Iglesia Católica, pues, está prefiriendo alejarse de las luchas del pueblo, sin entenderlas ni valorarlas como corresponde.
¿No será por conductas como esa, que la Iglesia Católica está perdiendo fieles por miles, todos los días, y que ya no entusiasma a los jóvenes para que fortalezcan su sacerdocio?
Se le están yendo los fieles y, más grave aun, no está encontrando nuevas vocaciones que puedan asegurar el futuro de su sacerdocio.
En otras palabras, la Iglesia Católica convence cada vez menos a sus creyentes, y no convence para nada a las nuevas generaciones de jóvenes que prefieren canalizar sus vocaciones religiosas, cuando las tienen, hacia otras creencias.
Ahora, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno?
¿Por qué, mientras otras religiones crecen y se expanden, la Iglesia Católica pierde terreno en todas las regiones del mundo?
Las razones pueden ser muchas pero con seguridad que una de ellas es la poca capacidad que muestra su jerarquía, para entender los problemas y las luchas sociales que están encarando los pueblos en este momento.
Un ejemplo clarísimo de este aserto es lo que está ocurriendo en Bolivia.
En nuestro país se está registrando un gran movimiento social que pretende acabar con siglos de injusticia y desigualdad.
Exponiendo enormes sacrificios y dejando en el camino su sangre, el pueblo boliviano está luchando por un cambio, y lo está haciendo democráticamente, y la Iglesia Católica, en lugar de apoyar esa lucha, prefiere ponerse en contra, del lado de los poderosos.
¿Será posible imaginar semejante contradicción?
Durante centurias, desde la Colonia, los pueblos de esta región que hoy es Bolivia, soportaron condiciones de vida sumamente injustas.
Explotaciones que adoptaron las más diversas formas, por parte de grupos de poder que siempre, siempre, siempre, se llevaron la tajada más grande de la torta.
Durante siglos, desde la misma Colonia, estos pueblos, principalmente indígenas y campesinos, conocieron sólo de necesidades, y pobreza y, en muchos casos miseria, debido al reparto injusto y desigual de los bienes nacionales.
Y la Iglesia Católica, en lugar de condenar esta situación, se quedó muy tranquila, contentándose con algunas obras de caridad, procurando ganar las mentes de los jóvenes a través de obras educativas, colegios y universidades, que multiplicó por todo el país.
Educó generaciones, sí, pero las educó en una mentalidad conservadora, resignada frente al predominio de los poderosos.
¡Cuántas veces la Iglesia Católica habrá bendecido a dictadores!
¡En cuántas ocasiones habrá compartido almuerzos, cenas, agasajos y ceremonias con personajes corruptos, con oscuros individuos culpables de crímenes económicos y sociales, echándoles encima la tradicional bendición!
Y ahora, cuando los más pobres de los pobres, cuando los más humildes del país se levantan, reclamando una nación de mayor justicia, ¡la jerarquía católica se hace a un lado, prefiriendo apegarse a los poderosos!
¿No es esto aberrante?
¿Si Nuestro Señor Jesucristo apareciera ahora en Bolivia, aceptaría esta situación?
¿De qué lado se pondría Cristo mirando la lucha del pueblo boliviano?
¿Marcharía con los indígenas, con los humildes, o apoyaría al prefecto cruceño Rubén Costas, o al ex prefecto Leopoldo Fernández, o a Branco Marinkovic, presidente del comité cívico de Santa Cruz y a sus planes separatistas?
Probablemente nunca la jerarquía de la Iglesia Católica, más concretamente el Cardenal Julio Terrazas, se formuló esta pregunta.
Prefirió manejar la fe con los clásicos llamados a la paz y a la unidad, que de tanto repetirse en el mismo tono ya se vaciaron de contenido, sin considerar para nada las luchas sociales concretas y sacrificadas de los hombres y mujeres del pueblo boliviano.
Es preciso amar al prójimo, predica la Iglesia Católica, pero ese amor lo reduce al ámbito de la caridad, señalando que la Iglesia no debe entrometerse en política, cuando su indiferencia frente al racismo, y frente a la discriminación, y frente a la explotación son conductas claramente políticas, aun cuando algunos de sus obispos lo nieguen.
Cristo, en su tiempo, habló de caridad, pero de una caridad entendida no sólo en sentido personal, sino también social y colectivo.
En esa lógica es factible pensar que Nuestro Señor, reapareciendo hoy sobre la tierra, cambiaría la palabra caridad, por las de justicia social, mostrando, como lo demostró con su ejemplo, que el ser humano es básicamente espíritu, pero que también es cuerpo.
Y que ese cuerpo, por ser creación de Dios, comparte su dignidad.
Y que la pobreza, la miseria, la explotación, la discriminación, el racismo, son males aberrantes que lastiman gravemente esa dignidad.
El pueblo lucha, se sacrifica, derrama su sangre, y la jerarquía eclesiástica se mantiene sin pronunciarse sobre esta lucha, en una posición tibia, ni fría ni caliente, que también condenó Cristo en su momento.
La jerarquía de la Iglesia Católica, pues, está prefiriendo alejarse de las luchas del pueblo, sin entenderlas ni valorarlas como corresponde.
¿No será por conductas como esa, que la Iglesia Católica está perdiendo fieles por miles, todos los días, y que ya no entusiasma a los jóvenes para que fortalezcan su sacerdocio?
El Cardenal Terrazas “habló pestes” sobre Bolivia, allí en el Vaticano
El Cardenal Julio Terrazas se fue al Vaticano, y “habló pestes sobre Bolivia”.
“Hablar pestes” sobre algo o alguien es, en la terminología popular, desprestigiar a ese algo o a ese alguien con mentiras y difamaciones que no tienen sustento en la realidad.
Y eso es lo que hizo el Cardenal Terrazas dirigiéndose al Papa Benedicto XVI, allí en el Vaticano.
Decir medias verdades sobre la situación boliviana, lo cual es simplemente mentir, y desprestigiar al gobierno.
“La llamada refundación de Bolivia, dijo el Cardenal, no está favoreciendo a los bolivianos”.
“Al contrario, señalo el Cardenal, las medidas políticas y los mecanismos jurídicos puestos en marcha hasta hoy, no parecen suficientes ni adecuados para construir juntos una Bolivia para todos”.
“Seguimos con inquietud la reaparición de nuevas exclusiones, el aumento del revanchismo, del odio, del racismo y hasta de la xenofobia que debilitan el Estado de derecho, la institucionalidad de los organismos que deberían garantizar la vigencia de la democracia”.
“El proceso de cambio, continuó diciendo el Cardenal Terrazas, lejos de apuntalar la democracia, la justicia, el respeto por los derechos humanos, la libertad de expresión y todas las otras libertades, está arrastrando al país entero hacia el despeñadero”.
“La desocupación, la pobreza, el hambre, la desnutrición, además de la soberbia y la corrupción, están causando enormes daños a Bolivia y a los bolivianos”, agregó el Cardenal.
Ahora bien, si la refundación de Bolivia no está favoreciendo a los bolivianos, ¿a quién estará favoreciendo?, habría que preguntarle al Cardenal.
¿A los chinos? ¿A los habitantes de Marte?
Los pueblos originarios, los grandes sectores populares votan y vuelven a votar una y otra vez por la refundación de Bolivia, porque sienten en carne propia que esa refundación les está favoreciendo.
Y entonces, ¿acaso no son estos pueblos originarios y estos sectores populares, bolivianos muy bolivianos?
¿O es que, para el Cardenal, sólo son bolivianos aquellos que pertenecen a las oligarquías y a los sectores ricos del oriente?
Dice, el Cardenal, que está ocurriendo una “reaparición de nuevas exclusiones.
Pero, ¡por Dios!, ¿cuáles son esos nuevos excluidos?
¿No nos dirá que son los latifundistas!
En Bolivia han habido, y siguen habiendo, unos solos excluidos, y esos excluidos han sido, justamente, las naciones originarias, para las cuales nunca hubo políticas eficientes que las incluyeran dentro del país.
Por eso, a pesar del cambio de múltiples gobiernos, la gran mayoría de tendencia capitalista, derechista, liberal y neoliberal, los sectores rurales, campesinos e indígenas, se movieron siempre entre la pobreza y la extrema pobreza, como lo certifican todos los organismos internacionales que estudiaron la realidad socio económica de Bolivia.
Para una parte de la población boliviana, para las clases medias y para los grupos de poder, sí hubo estrategias, políticas y normas, que las favorecieron de una u otra manera.
Los grandes privilegiados y favorecidos fueron, como muy bien se conoce, los grandes empresarios y terratenientes del oriente, que tuvieron a su disposición a, prácticamente, todo el Estado boliviano.
Pero a campesinos e indígenas, y gente de sectores populares, esas políticas ni siquiera los consideraron, por eso eran excluidos.
Eso, en este momento, tiende a cambiar con las medidas, justamente del actual gobierno.
Pero el cambio, si bien favorece a los pobres, no excluye a nadie, ni siquiera a los poderosos, y sí incluye a todos.
Entonces, el Cardenal, o está desinformado, o simplemente está mintiendo, cuando afirma que en Bolivia están apareciendo nuevas exclusiones.
Ahora, es verdad que en Bolivia hay altos grados de hambre, de desnutrición y de pobreza, pero ese no es un problema que haya aparecido en este momento, sino que ha sido un mal endémico de nuestro país debido, justamente, a que los gobiernos anteriores, especialmente los neoliberales, nunca adoptaron medidas que permitieran enfrentar adecuadamente el problema.
¿Por qué el Cardenal, no criticó, o condenó o enjuició a los gobiernos derechistas que permitían, tranquilamente, que la riqueza se acumulara en pocas manos, y que la pobreza y la indigencia aumentaran sin medida?
¿Por qué no habló de estos males sociales en el pasado, y no ahora, echando la culpa a un gobierno que tiene menos de tres años en el poder?
Es cierto, por otro lado, que en Bolivia hay odio, racismo y xenofobia pero, ¿de dónde viene ese odio, y ese racismo y esa discriminación?
No nos va a decir, el Cardenal Terrazas, que el racismo y el odio vienen de los sectores indígenas y campesinos.
Esa discriminación, lo ve diariamente todo el país, parte de los sectores dominantes, de grupos descendientes de extranjeros asentados en el oriente, de latifundistas y patrones, que mantienen a los indígenas en condiciones de servidumbre, que los humillan, semidesnudan y torturan y los hacen poner de rodillas y que, inclusive, los aniquilan a bala, como fue ocurriendo en Sucre, en Santa Cruz y en Pando.
¿Y por qué el Cardenal no dijo ni media palabra frente a esos abusos?
Dice que en Bolivia hay odio, racismo y xenofobia, pero no dice de dónde parte o de dónde se manifiesta ese odio y ese racismo, lo cual es muy cómodo, obviamente, porque así, el Cardenal no queda mal ni con Dios ni con el diablo.
Muy negativo, pues, que el Cardenal haya hecho todo un viaje hasta el Vaticano, para hablar mal del proceso de cambio que ocurre en Bolivia, sin decir ese cambio está recibiendo el respaldo de la gran mayoría del pueblo boliviano.
“Hablar pestes” sobre algo o alguien es, en la terminología popular, desprestigiar a ese algo o a ese alguien con mentiras y difamaciones que no tienen sustento en la realidad.
Y eso es lo que hizo el Cardenal Terrazas dirigiéndose al Papa Benedicto XVI, allí en el Vaticano.
Decir medias verdades sobre la situación boliviana, lo cual es simplemente mentir, y desprestigiar al gobierno.
“La llamada refundación de Bolivia, dijo el Cardenal, no está favoreciendo a los bolivianos”.
“Al contrario, señalo el Cardenal, las medidas políticas y los mecanismos jurídicos puestos en marcha hasta hoy, no parecen suficientes ni adecuados para construir juntos una Bolivia para todos”.
“Seguimos con inquietud la reaparición de nuevas exclusiones, el aumento del revanchismo, del odio, del racismo y hasta de la xenofobia que debilitan el Estado de derecho, la institucionalidad de los organismos que deberían garantizar la vigencia de la democracia”.
“El proceso de cambio, continuó diciendo el Cardenal Terrazas, lejos de apuntalar la democracia, la justicia, el respeto por los derechos humanos, la libertad de expresión y todas las otras libertades, está arrastrando al país entero hacia el despeñadero”.
“La desocupación, la pobreza, el hambre, la desnutrición, además de la soberbia y la corrupción, están causando enormes daños a Bolivia y a los bolivianos”, agregó el Cardenal.
Ahora bien, si la refundación de Bolivia no está favoreciendo a los bolivianos, ¿a quién estará favoreciendo?, habría que preguntarle al Cardenal.
¿A los chinos? ¿A los habitantes de Marte?
Los pueblos originarios, los grandes sectores populares votan y vuelven a votar una y otra vez por la refundación de Bolivia, porque sienten en carne propia que esa refundación les está favoreciendo.
Y entonces, ¿acaso no son estos pueblos originarios y estos sectores populares, bolivianos muy bolivianos?
¿O es que, para el Cardenal, sólo son bolivianos aquellos que pertenecen a las oligarquías y a los sectores ricos del oriente?
Dice, el Cardenal, que está ocurriendo una “reaparición de nuevas exclusiones.
Pero, ¡por Dios!, ¿cuáles son esos nuevos excluidos?
¿No nos dirá que son los latifundistas!
En Bolivia han habido, y siguen habiendo, unos solos excluidos, y esos excluidos han sido, justamente, las naciones originarias, para las cuales nunca hubo políticas eficientes que las incluyeran dentro del país.
Por eso, a pesar del cambio de múltiples gobiernos, la gran mayoría de tendencia capitalista, derechista, liberal y neoliberal, los sectores rurales, campesinos e indígenas, se movieron siempre entre la pobreza y la extrema pobreza, como lo certifican todos los organismos internacionales que estudiaron la realidad socio económica de Bolivia.
Para una parte de la población boliviana, para las clases medias y para los grupos de poder, sí hubo estrategias, políticas y normas, que las favorecieron de una u otra manera.
Los grandes privilegiados y favorecidos fueron, como muy bien se conoce, los grandes empresarios y terratenientes del oriente, que tuvieron a su disposición a, prácticamente, todo el Estado boliviano.
Pero a campesinos e indígenas, y gente de sectores populares, esas políticas ni siquiera los consideraron, por eso eran excluidos.
Eso, en este momento, tiende a cambiar con las medidas, justamente del actual gobierno.
Pero el cambio, si bien favorece a los pobres, no excluye a nadie, ni siquiera a los poderosos, y sí incluye a todos.
Entonces, el Cardenal, o está desinformado, o simplemente está mintiendo, cuando afirma que en Bolivia están apareciendo nuevas exclusiones.
Ahora, es verdad que en Bolivia hay altos grados de hambre, de desnutrición y de pobreza, pero ese no es un problema que haya aparecido en este momento, sino que ha sido un mal endémico de nuestro país debido, justamente, a que los gobiernos anteriores, especialmente los neoliberales, nunca adoptaron medidas que permitieran enfrentar adecuadamente el problema.
¿Por qué el Cardenal, no criticó, o condenó o enjuició a los gobiernos derechistas que permitían, tranquilamente, que la riqueza se acumulara en pocas manos, y que la pobreza y la indigencia aumentaran sin medida?
¿Por qué no habló de estos males sociales en el pasado, y no ahora, echando la culpa a un gobierno que tiene menos de tres años en el poder?
Es cierto, por otro lado, que en Bolivia hay odio, racismo y xenofobia pero, ¿de dónde viene ese odio, y ese racismo y esa discriminación?
No nos va a decir, el Cardenal Terrazas, que el racismo y el odio vienen de los sectores indígenas y campesinos.
Esa discriminación, lo ve diariamente todo el país, parte de los sectores dominantes, de grupos descendientes de extranjeros asentados en el oriente, de latifundistas y patrones, que mantienen a los indígenas en condiciones de servidumbre, que los humillan, semidesnudan y torturan y los hacen poner de rodillas y que, inclusive, los aniquilan a bala, como fue ocurriendo en Sucre, en Santa Cruz y en Pando.
¿Y por qué el Cardenal no dijo ni media palabra frente a esos abusos?
Dice que en Bolivia hay odio, racismo y xenofobia, pero no dice de dónde parte o de dónde se manifiesta ese odio y ese racismo, lo cual es muy cómodo, obviamente, porque así, el Cardenal no queda mal ni con Dios ni con el diablo.
Muy negativo, pues, que el Cardenal haya hecho todo un viaje hasta el Vaticano, para hablar mal del proceso de cambio que ocurre en Bolivia, sin decir ese cambio está recibiendo el respaldo de la gran mayoría del pueblo boliviano.
lunes, 10 de noviembre de 2008
Hay expectativa mundial por el cambio que deberá ocurrir en los Estados Unidos
Barack Obama asumirá el mando supremo de los Estados Unidos en enero del próximo año, y con ello habrá terminado una era y comenzará otra, según coinciden analistas de todo el mundo.
Ahora, si ese cambio fundamental ocurre realmente o no, sólo lo dirá el tiemp0, pero todo apunta a que muchas cosas se modificarán en la primera potencia del mundo, y en las relaciones de esa potencia con los demás países.
Cobra, en este contexto, particular importancia la relación con las naciones latinoamericanas, entre las cuales se encuentra Bolivia.
En los hechos, hace pocos días se reunieron las naciones iberoamericanas en una importante cumbre, y allí surgieron varias propuestas y acuerdos que ahora deben ser tomados en cuenta por los Estados Unidos.
Uno de esos aspectos se refiere a la imperiosa necesidad de reformar el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, de modo que ese organismo no sea ya el gendarme del imperio, ni el instrumento para la ejecución obligatoria de políticas que sólo han beneficiado a las potencias capitalistas.
Estados Unidos, según se conoce, es una de las naciones que más aportan para el funcionamiento del Fondo, razón por la cual esa entidad siempre ha estado al servicio de la potencia, para imponer sus políticas financieras en el mundo.
Ocurrida la crisis de las bolsas, el descalabro de la economía norteamericana y, en esa misma medida, el fracaso del neoliberalismo, lo que queda es trabajar por un nuevo orden económico mundial, aspecto en el cual deberá participar de modo muy activo la nueva administración norteamericana.
Los países iberoamericanos han planteado también la creación de una nueva arquitectura financiera regional, con un sistema monetario común.
Se trata de estructurar una región que alcance mayores niveles de autonomía frente al predominio del dólar, con el fortalecimiento del Banco del Sur para que sirva al desarrollo multinacional de la región, desplazando al Banco Interamericano de Desarrollo y a otros organismos que, si bien apoyaban eventualmente a los países latinoamericanos, lo hacían imponiendo siempre duras exigencias que partían desde los centros capitalistas, concretamente desde los Estados Unidos.
Todo lo indicado, según se observa, implica otro tipo de relaciones entre nuestras naciones y los Estados Unidos, cosa que deberá ser tomada muy en cuenta por el presidente Obama y su gobierno.
Los países de Iberoamérica determinaron también tomar medidas de carácter social, para impedir que aumente la pobreza como consecuencia de la crisis financiera internacional.
Eso significa una intervención más clara y decidida de los Estados en la economía de los diferentes países.
Esa mayor participación estatal implica una modificación del sistema de libre mercado que imponía lo contrario, vale decir, el achicamiento del Estado.
El gobierno norteamericano, así prosiga con su modelo económico, estará obligado a aceptar esta nueva realidad, y a no presionar más con sus políticas económicas, particularmente con los famosos tratados de libre comercio.
Los mecanismos de supervisión, con los que se vigilaba el funcionamiento económico de las naciones pobres, ahora deberán servir también para ejercer estricta vigilancia de las naciones ricas, que fueron las que incurrieron en desfases que precipitaron la crisis actual.
Dicho en otras palabras, las potencias capitalistas demostraron ser muy estrictas con los demás, en la aplicación de medidas y correctivos económicos, y muy permisivas consigo mismas, aspecto que precipitó la crisis actual.
Del presente desbarajuste financiero, dijeron los presidente de los países latinoamericanos, nosotros somos víctimas y no culpables, de modo que ahora nuestros países en desarrollo reclaman una mayor participación en la supervisión y vigilancia de la economía, inclusive de las naciones ricas.
El esfuerzo para superar la crisis debe ser mundial, de modo que si nuestros países van a contribuir a las soluciones, es justo que ahora merezcan un mejor trato en las relaciones comerciales y financieras.
En el caso de Bolivia, lo que se espera es que se abran las condiciones para un nuevo marco de relaciones con la potencia del norte.
Que se restablezcan las relaciones diplomáticas, pero que ya no aparezca un embajador que conspire con los grupos de la extrema derecha boliviana, ni exista una DEA que, en lugar de apoyar la lucha contra las drogas, se dedique a vigilar, perseguir y hostigar a dirigentes sindicales y políticos del campo popular, o a desestabilizar al gobierno boliviano.
Y que la lucha contra el narcotráfico sea compartida, sin presiones ni chantajes como la suspensión del famoso ATPDEA.
En los Estados Unidos habrá un nuevo gobierno que todos, incluyendo la mayoría del pueblo norteamericano, esperan sea un gobierno de cambio.
Hasta que ese cambio comience a ocurrir, habrá que abrir un compás de prudente espera.
Ahora, si ese cambio fundamental ocurre realmente o no, sólo lo dirá el tiemp0, pero todo apunta a que muchas cosas se modificarán en la primera potencia del mundo, y en las relaciones de esa potencia con los demás países.
Cobra, en este contexto, particular importancia la relación con las naciones latinoamericanas, entre las cuales se encuentra Bolivia.
En los hechos, hace pocos días se reunieron las naciones iberoamericanas en una importante cumbre, y allí surgieron varias propuestas y acuerdos que ahora deben ser tomados en cuenta por los Estados Unidos.
Uno de esos aspectos se refiere a la imperiosa necesidad de reformar el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, de modo que ese organismo no sea ya el gendarme del imperio, ni el instrumento para la ejecución obligatoria de políticas que sólo han beneficiado a las potencias capitalistas.
Estados Unidos, según se conoce, es una de las naciones que más aportan para el funcionamiento del Fondo, razón por la cual esa entidad siempre ha estado al servicio de la potencia, para imponer sus políticas financieras en el mundo.
Ocurrida la crisis de las bolsas, el descalabro de la economía norteamericana y, en esa misma medida, el fracaso del neoliberalismo, lo que queda es trabajar por un nuevo orden económico mundial, aspecto en el cual deberá participar de modo muy activo la nueva administración norteamericana.
Los países iberoamericanos han planteado también la creación de una nueva arquitectura financiera regional, con un sistema monetario común.
Se trata de estructurar una región que alcance mayores niveles de autonomía frente al predominio del dólar, con el fortalecimiento del Banco del Sur para que sirva al desarrollo multinacional de la región, desplazando al Banco Interamericano de Desarrollo y a otros organismos que, si bien apoyaban eventualmente a los países latinoamericanos, lo hacían imponiendo siempre duras exigencias que partían desde los centros capitalistas, concretamente desde los Estados Unidos.
Todo lo indicado, según se observa, implica otro tipo de relaciones entre nuestras naciones y los Estados Unidos, cosa que deberá ser tomada muy en cuenta por el presidente Obama y su gobierno.
Los países de Iberoamérica determinaron también tomar medidas de carácter social, para impedir que aumente la pobreza como consecuencia de la crisis financiera internacional.
Eso significa una intervención más clara y decidida de los Estados en la economía de los diferentes países.
Esa mayor participación estatal implica una modificación del sistema de libre mercado que imponía lo contrario, vale decir, el achicamiento del Estado.
El gobierno norteamericano, así prosiga con su modelo económico, estará obligado a aceptar esta nueva realidad, y a no presionar más con sus políticas económicas, particularmente con los famosos tratados de libre comercio.
Los mecanismos de supervisión, con los que se vigilaba el funcionamiento económico de las naciones pobres, ahora deberán servir también para ejercer estricta vigilancia de las naciones ricas, que fueron las que incurrieron en desfases que precipitaron la crisis actual.
Dicho en otras palabras, las potencias capitalistas demostraron ser muy estrictas con los demás, en la aplicación de medidas y correctivos económicos, y muy permisivas consigo mismas, aspecto que precipitó la crisis actual.
Del presente desbarajuste financiero, dijeron los presidente de los países latinoamericanos, nosotros somos víctimas y no culpables, de modo que ahora nuestros países en desarrollo reclaman una mayor participación en la supervisión y vigilancia de la economía, inclusive de las naciones ricas.
El esfuerzo para superar la crisis debe ser mundial, de modo que si nuestros países van a contribuir a las soluciones, es justo que ahora merezcan un mejor trato en las relaciones comerciales y financieras.
En el caso de Bolivia, lo que se espera es que se abran las condiciones para un nuevo marco de relaciones con la potencia del norte.
Que se restablezcan las relaciones diplomáticas, pero que ya no aparezca un embajador que conspire con los grupos de la extrema derecha boliviana, ni exista una DEA que, en lugar de apoyar la lucha contra las drogas, se dedique a vigilar, perseguir y hostigar a dirigentes sindicales y políticos del campo popular, o a desestabilizar al gobierno boliviano.
Y que la lucha contra el narcotráfico sea compartida, sin presiones ni chantajes como la suspensión del famoso ATPDEA.
En los Estados Unidos habrá un nuevo gobierno que todos, incluyendo la mayoría del pueblo norteamericano, esperan sea un gobierno de cambio.
Hasta que ese cambio comience a ocurrir, habrá que abrir un compás de prudente espera.
Hasta los norteamericanos habían querido un cambio
Resulta, pues que hasta en los estados Unidos la gente había querido un cambio.
Lo probó de manera fehaciente con la última elección que está llevando a la presidencia a Barack Obama, candidato demócrata de ascendencia negra.
Hace unas tres décadas atrás, eso no se hubiera podido ni pensar,
Porque hace unas tres décadas los negros, en los Estados Unidos, todavía andaban peleando contra la discriminación y por derechos elementales como el derecho al trabajo, a salarios iguales a los de los blancos, o a una educación o salud similares a las que disfrutaban los blancos.
Por los años 60 o 70 los negros peleaban por sus derechos civiles y, en esas luchas, iban dejando cientos de mártires como Martin Luther Kong, el predicador y activista negro que clamaba por una Norteamérica menos injusta y más igualitaria.
Luther King, en sus fervientes llamados al cambio, afirmaba que tenía un sueño, y ese su sueño era una sociedad de hombres con iguales derechos y oportunidades, con fraternidad, y donde las diferencias de color, de creencia religiosa, de etnia, de pensamiento, de raza, de religión, no fueran motivo para ninguna discriminación.
Murió Luther King sin ver cumplido su anhelo, pero es muy probable que en este momento se encuentre feliz, allí donde esté, al ver que no soñaba un imposible.
Que había llegado el día en que un negro subiera a la presidencia del país más poderoso del mundo, para gobernar con una política que, como lo prometió el mismo Barack Obama, será un política de cambio.
Siempre, desde la fundación de los Estados Unidos, por los pasillos, y por los jardines y por las oficinas de la Casa Blanca, resonaban apellidos anglosajones.
Ahora, por primera vez, se escuchará un apellido de ascendencia africana, Obama, que llevará reminiscencias de Kenya, del África negra, de la tierra que, durante siglos, estuvo esclavizada por las potencias europeas, entre ellas Inglaterra, el poder imperial de cuyo seno partieron los emigrantes para colonizar las tierras que después justamente, resultarían los Estados Unidos de Norteamérica.
Es verdad que el senador Barack Obama, ahora presidente electo, tuvo una educación esmerada, como la hubiera tenido un blanco de familia rica.
Es cierto que alcanzó las oportunidades que una gran mayoría de los jóvenes de recursos modestos no tienen, para triunfar en los espacios académicos y de trabajo en los que se desenvolvió
También es evidente que su pensamiento coincide mucho con la forma de pensar de los sectores tradicionales de la política norteamericana.
Pero también resulta verdad que, a pesar de esas coincidencias, ha tenido discrepancias fundamentales con la política ultra conservadora, de extrema derecha, que se impuso en los Estados Unidos en los últimos años.
Con la doctrina neoliberal, de libre mercado, de ortodoxia capitalista extrema, que valoraba primero el dinero, luego las máquinas, luego las oportunidades para hacer dinero aun destrozando el planeta o poniendo un altar a la corrupción y que recién, en quinto o sexto lugar, colocaba al ser humano, al hombre y a la mujer, que no eran consideradas en cuanto a su dignidad intrínseca, sino que eran mirados sólo como un factor más del proceso de producción.
Ese concepto, salvajemente inhumano, es el que ahora se espera sea cambiado en los Estados Unidos, por el nuevo presidente negro.
¿Qué cambios más esperan los norteamericanos, luego de haber elegido a Obama?
Que salgan del poder los grupos de la ultra derecha, los grupos representantes de las corporaciones transnacionales que gobernaron con el presidente George W. Bush en la última década, y que llevaron a los Estados Unidos, y por detrás al mundo, a la tremenda crisis económica que amenaza con ahogar a la humanidad en los próximo años.
Quieren, los estadounidenses, por otro lado, que termine la agresiva política imperial que caracterizó al presidente Bush, que lo llevó a invadir países y a generar guerras aun utilizando la mentira, como en el caso de Irak, donde se dijo que existían armas de destrucción masiva, que nunca habían existido.
Quieren, los norteamericanos, que cambie la mentira como una forma de gobierno.
Que se le hable al pueblo con sinceridad, y no que se le diga por ejemplo, que la economía estaba muy saludable, y que crecía, y que en el futuro esa economía se iba a expandir todavía más, fiel a los preceptos neoliberales, favoreciendo a todo el mundo, cuando en realidad lo que se avecinaba era el desastre, y una quiebra que iba a sacudir los cimientos de todo el sistema.
Esos, y varios otros cambios más, quiere la sociedad norteamericana, y por eso votó por Barack Obama,, el presidente negro que ya de por sí, por ser quien es, constituye un cambio.
Ahora, ¿puede pensarse en que ese cambio ocurrirá también en las relaciones de Estados Unidos con los países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia?
Los presidente latinoamericanos, entre ellos el de Bolivia, han manifestado su esperanza que en ello ocurra.
De todos modos, lo prudente ha de ser esperar, antes de sufrir decepciones que siempre pueden ocurrir.
Pero, sea como sea, en los Estados Unido, lo mismo que en América Latina, lo mismo que en Bolivia, la consigna es el cambio.
Un cambio grande y fundamental, y eso es lo esencial para que la humanidad avance.
Lo probó de manera fehaciente con la última elección que está llevando a la presidencia a Barack Obama, candidato demócrata de ascendencia negra.
Hace unas tres décadas atrás, eso no se hubiera podido ni pensar,
Porque hace unas tres décadas los negros, en los Estados Unidos, todavía andaban peleando contra la discriminación y por derechos elementales como el derecho al trabajo, a salarios iguales a los de los blancos, o a una educación o salud similares a las que disfrutaban los blancos.
Por los años 60 o 70 los negros peleaban por sus derechos civiles y, en esas luchas, iban dejando cientos de mártires como Martin Luther Kong, el predicador y activista negro que clamaba por una Norteamérica menos injusta y más igualitaria.
Luther King, en sus fervientes llamados al cambio, afirmaba que tenía un sueño, y ese su sueño era una sociedad de hombres con iguales derechos y oportunidades, con fraternidad, y donde las diferencias de color, de creencia religiosa, de etnia, de pensamiento, de raza, de religión, no fueran motivo para ninguna discriminación.
Murió Luther King sin ver cumplido su anhelo, pero es muy probable que en este momento se encuentre feliz, allí donde esté, al ver que no soñaba un imposible.
Que había llegado el día en que un negro subiera a la presidencia del país más poderoso del mundo, para gobernar con una política que, como lo prometió el mismo Barack Obama, será un política de cambio.
Siempre, desde la fundación de los Estados Unidos, por los pasillos, y por los jardines y por las oficinas de la Casa Blanca, resonaban apellidos anglosajones.
Ahora, por primera vez, se escuchará un apellido de ascendencia africana, Obama, que llevará reminiscencias de Kenya, del África negra, de la tierra que, durante siglos, estuvo esclavizada por las potencias europeas, entre ellas Inglaterra, el poder imperial de cuyo seno partieron los emigrantes para colonizar las tierras que después justamente, resultarían los Estados Unidos de Norteamérica.
Es verdad que el senador Barack Obama, ahora presidente electo, tuvo una educación esmerada, como la hubiera tenido un blanco de familia rica.
Es cierto que alcanzó las oportunidades que una gran mayoría de los jóvenes de recursos modestos no tienen, para triunfar en los espacios académicos y de trabajo en los que se desenvolvió
También es evidente que su pensamiento coincide mucho con la forma de pensar de los sectores tradicionales de la política norteamericana.
Pero también resulta verdad que, a pesar de esas coincidencias, ha tenido discrepancias fundamentales con la política ultra conservadora, de extrema derecha, que se impuso en los Estados Unidos en los últimos años.
Con la doctrina neoliberal, de libre mercado, de ortodoxia capitalista extrema, que valoraba primero el dinero, luego las máquinas, luego las oportunidades para hacer dinero aun destrozando el planeta o poniendo un altar a la corrupción y que recién, en quinto o sexto lugar, colocaba al ser humano, al hombre y a la mujer, que no eran consideradas en cuanto a su dignidad intrínseca, sino que eran mirados sólo como un factor más del proceso de producción.
Ese concepto, salvajemente inhumano, es el que ahora se espera sea cambiado en los Estados Unidos, por el nuevo presidente negro.
¿Qué cambios más esperan los norteamericanos, luego de haber elegido a Obama?
Que salgan del poder los grupos de la ultra derecha, los grupos representantes de las corporaciones transnacionales que gobernaron con el presidente George W. Bush en la última década, y que llevaron a los Estados Unidos, y por detrás al mundo, a la tremenda crisis económica que amenaza con ahogar a la humanidad en los próximo años.
Quieren, los estadounidenses, por otro lado, que termine la agresiva política imperial que caracterizó al presidente Bush, que lo llevó a invadir países y a generar guerras aun utilizando la mentira, como en el caso de Irak, donde se dijo que existían armas de destrucción masiva, que nunca habían existido.
Quieren, los norteamericanos, que cambie la mentira como una forma de gobierno.
Que se le hable al pueblo con sinceridad, y no que se le diga por ejemplo, que la economía estaba muy saludable, y que crecía, y que en el futuro esa economía se iba a expandir todavía más, fiel a los preceptos neoliberales, favoreciendo a todo el mundo, cuando en realidad lo que se avecinaba era el desastre, y una quiebra que iba a sacudir los cimientos de todo el sistema.
Esos, y varios otros cambios más, quiere la sociedad norteamericana, y por eso votó por Barack Obama,, el presidente negro que ya de por sí, por ser quien es, constituye un cambio.
Ahora, ¿puede pensarse en que ese cambio ocurrirá también en las relaciones de Estados Unidos con los países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia?
Los presidente latinoamericanos, entre ellos el de Bolivia, han manifestado su esperanza que en ello ocurra.
De todos modos, lo prudente ha de ser esperar, antes de sufrir decepciones que siempre pueden ocurrir.
Pero, sea como sea, en los Estados Unido, lo mismo que en América Latina, lo mismo que en Bolivia, la consigna es el cambio.
Un cambio grande y fundamental, y eso es lo esencial para que la humanidad avance.
El estatuto que nunca podrá ser
¿Se estarán dando cuenta los habitantes de Santa Cruz, del engaño de que fueron víctimas por parte de sus dirigentes cívicos y de la prefectura?
¿Estarán advirtiendo que les mintieron y que les hicieron creer cosas que nunca podrán cumplirse en la realidad?
Les dijeron, por ejemplo que, una vez aprobado su estatuto autonómico en el refrendo departamental al cual convocaron, lo pondrían inmediatamente en ejecución para ser inmediatamente autónomos.
Pero ocurre que pasaron ya muchos meses de ese referendo, y el señalado estatuto no pudo jamás ponerse en ejecución.
Y, peor todavía, ahora tendrá que ser revisado y corregido y deberá acomodarse a la nueva Constitución Política del Estado que seguramente será aprobada por la gran mayoría del pueblo el próximo 25 de enero.
En ese estatuto se indicaba, entre otras cosas, que toda la política sobre tierras, su distribución y redistribución e, inclusive, la firma de los títulos ejecutoriales, estaría a cargo del prefecto que se denominaría gobernador.
Ello no será así, porque el tema de las tierras, en todo el país, será manejado desde el gobierno central, como una competencia privativa, sin participación de la prefectura o gobernación.
En el estatuto cruceño se plantea, igualmente, que desde la indicada prefectura, o gobierno departamental, se definiría toda la política referente a la migraciones hacia ese departamento.
En otras palabras, que las clases dominantes, empresarios y latifundistas, iban a decidir qué clase de migraciones se aceptaba y en qué condiciones rechazando automáticamente, por supuesto, todas las que llegaran desde el occidente, concretamente de collas aymaras o quechuas.
Esa atribución ha sido absolutamente rechazada y ahora, en la nueva Constitución, se establece que toda las políticas de migración interna o colonización, serán de responsabilidad del gobierno central, porque el territorio boliviano es de todos los bolivianos.
Las clases dirigentes de Santa Cruz, gente de la prefectura y del comité cívico, pretendían manejar a su albedrío, sin intervención del Estado central los recursos naturales tales como el agua, o los bosques, o los minerales, o los hidrocarburos.
Eso tampoco será posible porque en la nueva Constitución, las señaladas atribuciones estarán en manos del gobierno central, de modo que las autoridades departamentales deberán acomodarse a esas decisiones.
En su afán de tener todo bajo su poder, los grupos dominantes de Santa Cruz planteaban, en su estatuto, la elección, a través de su asamblea legislativa departamental, de varias autoridades del área judicial, entre las cuales estaban los miembros de la curte superior de distrito, el fiscal de distrito, el consejo de la judicatura, los vocales electorales y hasta el defensor del pueblo.
Manejando la justicia de acuerdo a sus presiones e influencias, se aseguraban todo el poder departamental dejando absolutamente a un lado al gobierno central.
Pero esa pretensión tampoco se podrá concretar, porque las autoridades judiciales mantendrán una estructura de carácter nacional.
Enemigas de las autonomías indígenas, los grupos dominantes de Santa Cruz las negaban, concretándose a darles algunas prerrogativas para la descentralización de los pueblos originarios, pero siempre dependiendo de la prefectura o gobernación.
El nuevo texto constitucional, que será aprobado el 25 de enero, reconoce a los pueblos indígenas y originarios su plena autonomía, a la altura de la autonomía departamental, sin subordinación a ella, de modo que por ese lado el estatuto cruceño ha quedado también desmarcado.
Inclusive en materia de salud y de educación, la prefectura y el comité cívico cruceño pretendían un manejo exclusivo, dejando a un lado las políticas nacionales.
Tal cosa tampoco será posible porque ambas áreas serán de competencia nacional, con adecuaciones a las realidades regionales.
En resumen, que los grupos de poder de Santa Cruz, pretendían todo el poder en todos los órdenes de la actividad.
Por autonomía entendían la constitución de un nuevo Estado, independiente, paralelo al Estado boliviano, y con el cual podrían tener relaciones, así como las tendrían con otros países.
Toda esta pretensión se les vino abajo, porque ahora no tendrán otro remedio que renunciar a esas competencias y acomodar su estatuto a lo que marque y señale la nueva Constitución Política del Estado.
Como se observa, pues, las clases dominantes de Santa Cruz les hicieron creer, a los cruceños, cosas que jamás podrán ser realidad.
¿No habrá llegado el momento de que los habitantes de Santa Cruz, que fueron a votar ingenuamente por el Sí, en el referendo sobre su estatuto autonómico, ahora les pidan cuentas tanto al prefecto Costas como a Marinkovic, presidente de su comité cívico, por el engaño al que los sometieron?
¿Estarán advirtiendo que les mintieron y que les hicieron creer cosas que nunca podrán cumplirse en la realidad?
Les dijeron, por ejemplo que, una vez aprobado su estatuto autonómico en el refrendo departamental al cual convocaron, lo pondrían inmediatamente en ejecución para ser inmediatamente autónomos.
Pero ocurre que pasaron ya muchos meses de ese referendo, y el señalado estatuto no pudo jamás ponerse en ejecución.
Y, peor todavía, ahora tendrá que ser revisado y corregido y deberá acomodarse a la nueva Constitución Política del Estado que seguramente será aprobada por la gran mayoría del pueblo el próximo 25 de enero.
En ese estatuto se indicaba, entre otras cosas, que toda la política sobre tierras, su distribución y redistribución e, inclusive, la firma de los títulos ejecutoriales, estaría a cargo del prefecto que se denominaría gobernador.
Ello no será así, porque el tema de las tierras, en todo el país, será manejado desde el gobierno central, como una competencia privativa, sin participación de la prefectura o gobernación.
En el estatuto cruceño se plantea, igualmente, que desde la indicada prefectura, o gobierno departamental, se definiría toda la política referente a la migraciones hacia ese departamento.
En otras palabras, que las clases dominantes, empresarios y latifundistas, iban a decidir qué clase de migraciones se aceptaba y en qué condiciones rechazando automáticamente, por supuesto, todas las que llegaran desde el occidente, concretamente de collas aymaras o quechuas.
Esa atribución ha sido absolutamente rechazada y ahora, en la nueva Constitución, se establece que toda las políticas de migración interna o colonización, serán de responsabilidad del gobierno central, porque el territorio boliviano es de todos los bolivianos.
Las clases dirigentes de Santa Cruz, gente de la prefectura y del comité cívico, pretendían manejar a su albedrío, sin intervención del Estado central los recursos naturales tales como el agua, o los bosques, o los minerales, o los hidrocarburos.
Eso tampoco será posible porque en la nueva Constitución, las señaladas atribuciones estarán en manos del gobierno central, de modo que las autoridades departamentales deberán acomodarse a esas decisiones.
En su afán de tener todo bajo su poder, los grupos dominantes de Santa Cruz planteaban, en su estatuto, la elección, a través de su asamblea legislativa departamental, de varias autoridades del área judicial, entre las cuales estaban los miembros de la curte superior de distrito, el fiscal de distrito, el consejo de la judicatura, los vocales electorales y hasta el defensor del pueblo.
Manejando la justicia de acuerdo a sus presiones e influencias, se aseguraban todo el poder departamental dejando absolutamente a un lado al gobierno central.
Pero esa pretensión tampoco se podrá concretar, porque las autoridades judiciales mantendrán una estructura de carácter nacional.
Enemigas de las autonomías indígenas, los grupos dominantes de Santa Cruz las negaban, concretándose a darles algunas prerrogativas para la descentralización de los pueblos originarios, pero siempre dependiendo de la prefectura o gobernación.
El nuevo texto constitucional, que será aprobado el 25 de enero, reconoce a los pueblos indígenas y originarios su plena autonomía, a la altura de la autonomía departamental, sin subordinación a ella, de modo que por ese lado el estatuto cruceño ha quedado también desmarcado.
Inclusive en materia de salud y de educación, la prefectura y el comité cívico cruceño pretendían un manejo exclusivo, dejando a un lado las políticas nacionales.
Tal cosa tampoco será posible porque ambas áreas serán de competencia nacional, con adecuaciones a las realidades regionales.
En resumen, que los grupos de poder de Santa Cruz, pretendían todo el poder en todos los órdenes de la actividad.
Por autonomía entendían la constitución de un nuevo Estado, independiente, paralelo al Estado boliviano, y con el cual podrían tener relaciones, así como las tendrían con otros países.
Toda esta pretensión se les vino abajo, porque ahora no tendrán otro remedio que renunciar a esas competencias y acomodar su estatuto a lo que marque y señale la nueva Constitución Política del Estado.
Como se observa, pues, las clases dominantes de Santa Cruz les hicieron creer, a los cruceños, cosas que jamás podrán ser realidad.
¿No habrá llegado el momento de que los habitantes de Santa Cruz, que fueron a votar ingenuamente por el Sí, en el referendo sobre su estatuto autonómico, ahora les pidan cuentas tanto al prefecto Costas como a Marinkovic, presidente de su comité cívico, por el engaño al que los sometieron?
Se debe luchar por el derecho a una información liberadora
René Chávez es un terrateniente que posee tres haciendas en la zona de Alto Parapetí, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
En una de estas haciendas, concretamente en la hacienda Itacuatía, viven alrededor de 30 familias de guaraníes en condición de servidumbre.
Eso quiere decir que trabajan para el latifundista Chávez sin percibir ningún salario recibiendo, como compensación por el mismo, solo comida y ropa.
Los mencionados guaraníes sometidos a una situación de semi esclavitud, consideran que esa condición es normal, que el patrón es una especie de padre que les provee de lo necesario para que no se mueran de hambre, que le deben obediencia absoluta, sin conocer ni reflexionar sobre las graves violaciones que están sufriendo en sus derechos de seres humanos.
Ahora bien, este terrateniente René Chávez, reunió un día a los guaraníes que viven en su hacienda, y les prohibió que escuchen las emisiones de la Radio Comunitaria “Ñandutí”, perteneciente a la Asamblea del Pueblo Guaraní.
La indicada emisora, integrante de la Red Patria Nueva, transmite desde la ciudad de Camiri y va hablando todos los días sobre, justamente, los derechos de los pueblos originarios, sobre los derechos que tienen los hombres y mujeres de estos pueblos a vivir una vida digna, a recibir educación, a percibir un salario justo por su trabajo, a tener libertad para tomar sus decisiones personales, a no estar sometido a las arbitrariedades de los patrones.
Todos esos contenidos, elementales para que los guaraníes accedan a niveles de conciencia que los encaminen a su liberación, para el terrateniente Chávez no son otra cosa que mensajes subversivos y entonces, con una clara mentalidad fascista les prohibió que los escuchen.
No le interesó que, de ese modo, estaba cercenando, a esos hombres y mujeres guaraníes, su derecho a la información, su derecho a la educación y su derecho a la elección.
Simplemente les prohibió escuchar las emisiones de Radio “Ñandutí”, amenazando con castigos severas a los que transgredieran esta prohibición.
Para nada quiere, el latifundista René Chávez, que los guaraníes a su servicio conozcan que en Bolivia está ocurriendo un proceso de cambio que apunta, justamente, a terminar con esas tremendas situaciones de injusticia que se arrastran prácticamente desde la Colonia.
Chávez, como se observa, quiere en sus haciendas gente sin ninguna conciencia, que acepte callada sus imposiciones y, sobre todo, que constituya la fuerza de trabajo casi gratuito para proporcionarle a él una vida de lujo y molicie.
Ahora bien, este atentado gravísimo contra el derecho de la gente a la información, se reproduce también en las principales ciudades y en otros ámbitos de nuestro país.
Es verdad que en las ciudades no hay patrones que obliguen a la gente a no escuchar, o leer, o mirar uno u otro medio de comunicación social.
Pero sí hay empresarios de la comunicación, dueños de los medios, que también hacen un trabajo parecido a la prohibición, transmitiendo contenidos que no tienen relación con la realidad, distorsionando las informaciones, mintiendo, confundiendo las cosas y, en resumen, procurando crear corrientes de opinión que vayan a favor de los grupos dominantes.
Salvando las distancias, una mayoría de esos empresarios de los medios privados de comunicación, están haciendo una tarea muy parecida a la que realiza el latifundista René Chávez, que prohibió a los guaraníes a su servicio, escuchar las emisiones de la Radio “Ñandutí”, para que no se les ocurriera sumarse al proceso de cambio que ocurre en el país.
Los grandes medios de comunicación social particularmente redes de televisión, quieren alejar a la población de las ideas de cambio, tapándoles los ojos y los oídos, mostrándole un escenario nacional que está muy alejado de la realidad.
Lo que corresponde, entonces, es que ambas estrategias sean rechazadas y que, dentro del gran cambio estructural y político que sobrevendrá en la Nación, la gente reivindique su derecho a una información liberadora, que la aparte de los esquemas de alineación que tradicionalmente han predominado en nuestro país.
En una de estas haciendas, concretamente en la hacienda Itacuatía, viven alrededor de 30 familias de guaraníes en condición de servidumbre.
Eso quiere decir que trabajan para el latifundista Chávez sin percibir ningún salario recibiendo, como compensación por el mismo, solo comida y ropa.
Los mencionados guaraníes sometidos a una situación de semi esclavitud, consideran que esa condición es normal, que el patrón es una especie de padre que les provee de lo necesario para que no se mueran de hambre, que le deben obediencia absoluta, sin conocer ni reflexionar sobre las graves violaciones que están sufriendo en sus derechos de seres humanos.
Ahora bien, este terrateniente René Chávez, reunió un día a los guaraníes que viven en su hacienda, y les prohibió que escuchen las emisiones de la Radio Comunitaria “Ñandutí”, perteneciente a la Asamblea del Pueblo Guaraní.
La indicada emisora, integrante de la Red Patria Nueva, transmite desde la ciudad de Camiri y va hablando todos los días sobre, justamente, los derechos de los pueblos originarios, sobre los derechos que tienen los hombres y mujeres de estos pueblos a vivir una vida digna, a recibir educación, a percibir un salario justo por su trabajo, a tener libertad para tomar sus decisiones personales, a no estar sometido a las arbitrariedades de los patrones.
Todos esos contenidos, elementales para que los guaraníes accedan a niveles de conciencia que los encaminen a su liberación, para el terrateniente Chávez no son otra cosa que mensajes subversivos y entonces, con una clara mentalidad fascista les prohibió que los escuchen.
No le interesó que, de ese modo, estaba cercenando, a esos hombres y mujeres guaraníes, su derecho a la información, su derecho a la educación y su derecho a la elección.
Simplemente les prohibió escuchar las emisiones de Radio “Ñandutí”, amenazando con castigos severas a los que transgredieran esta prohibición.
Para nada quiere, el latifundista René Chávez, que los guaraníes a su servicio conozcan que en Bolivia está ocurriendo un proceso de cambio que apunta, justamente, a terminar con esas tremendas situaciones de injusticia que se arrastran prácticamente desde la Colonia.
Chávez, como se observa, quiere en sus haciendas gente sin ninguna conciencia, que acepte callada sus imposiciones y, sobre todo, que constituya la fuerza de trabajo casi gratuito para proporcionarle a él una vida de lujo y molicie.
Ahora bien, este atentado gravísimo contra el derecho de la gente a la información, se reproduce también en las principales ciudades y en otros ámbitos de nuestro país.
Es verdad que en las ciudades no hay patrones que obliguen a la gente a no escuchar, o leer, o mirar uno u otro medio de comunicación social.
Pero sí hay empresarios de la comunicación, dueños de los medios, que también hacen un trabajo parecido a la prohibición, transmitiendo contenidos que no tienen relación con la realidad, distorsionando las informaciones, mintiendo, confundiendo las cosas y, en resumen, procurando crear corrientes de opinión que vayan a favor de los grupos dominantes.
Salvando las distancias, una mayoría de esos empresarios de los medios privados de comunicación, están haciendo una tarea muy parecida a la que realiza el latifundista René Chávez, que prohibió a los guaraníes a su servicio, escuchar las emisiones de la Radio “Ñandutí”, para que no se les ocurriera sumarse al proceso de cambio que ocurre en el país.
Los grandes medios de comunicación social particularmente redes de televisión, quieren alejar a la población de las ideas de cambio, tapándoles los ojos y los oídos, mostrándole un escenario nacional que está muy alejado de la realidad.
Lo que corresponde, entonces, es que ambas estrategias sean rechazadas y que, dentro del gran cambio estructural y político que sobrevendrá en la Nación, la gente reivindique su derecho a una información liberadora, que la aparte de los esquemas de alineación que tradicionalmente han predominado en nuestro país.
La demolición de las viviendas, y un ejemplo más del racismo en Santa Cruz
“¡Que atrevimiento la de esos zaparrastrosos”
¡Querer vivir al lado de la gente decente!
¿Acaso pueden estar lado a lado un barrio residencial y un barrio pobretón, de esas viviendas dizque sociales?
No señores.
Eso no se puede permitir porque los terrenos colindantes con el barrio humilde se devaluarán, y ya no se serán atractivos para las personas que quieran ser parte del barrio residencial que se planea levantar ahí cerquita, nomás.
Si los pobres quieren tener sus viviendas, que las tengan, pero alejados de la gente “bien”, que pertenece a otros círculos sociales.
Así razonaron en la alcaldía de Santa Cruz y, ya nomás, con ese impulso característico de los cruceños, tomaron la decisión y se fueron a demoler las viviendas.
Dicen los informes que fueron más de 200, donde debían vivir alrededor de 800 personas.
Después vinieron las explicaciones.
Que el alcalde Percy Fernández no estaba informado.
Que los terrenos donde se construía el Plan de Vivienda Social y Solidaria La Comarca, pertenecían a la provincia Andrés Ibáñez y no a la provincia Warnes.
Que la demolición se ejecutó siguiendo normas y procedimientos legales.
Que, cuando le informaron del hecho, el alcalde Fernández ordenó la inmediata destitución de seis altos funcionarios de la alcaldía.
Se intentó explicar y hasta justificar la acción, pero lo cierto es que los tractores acabaron con las viviendas, y ahora queda el problema de reconstruirlas, y la necesidad de identificar plenamente a los culpables, y la urgencia de desarrollar un proceso judicial que sancione ese crimen social como corresponde.
Es muy seguro que la demolición no hubiera ocurrido, si la gente que iba a habitar la urbanización la Comarca, hubiera sido gente de recursos, cercana a los grupos de poder que dominan Santa Cruz,
Pero no.
Era gente humilde, de bajos ingresos, de esa que desarrolla las tareas menores de la sociedad, la que está en las ocupaciones más bajas y entonces, claro, había que tumbar las viviendas, porque esos terrenos estaban destinado a la construcción de un barrio elegante, con áreas de estacionamiento y supermercados y servicios, con muchos sitios para la recreación.
En resumen, un barrio para la gente que sabe vivir como la gente.
Y no se trata, claro, de ir mezclando a las personas.
Porque si se las mezcla, las que salen perdiendo son las clases superiores, las clases altas, al ser confundidas con las clases bajas.
Y eso sería una aberración si se piensa, sobre todo, que en Santa Cruz se están haciendo esfuerzos muy grandes para conformar una sociedad “mejor”, de gente de ascendencia europea, blancona, o blanqueada, o blancoide, de apellidos tradicionales, de esos que suenan en los latifundios, y con recursos suficientes como para hacer de esa bella región oriental, un nuevo Miami en el corazón de Sudamérica.
Lo lamentable, lo criticable, lo cuestionable, es que esos planes de “superación”, estén siendo obstaculizados por las políticas del indio del Evo, que tiene la ocurrencia de apoyar a la gente humilde.
¿Y no ve?
Por culpa de esas políticas, esos pelagatos que sobreviven con ingresos de hambre, hasta se atreven a disputar los terrenos a los barrios residenciales.
Si entre esa gente que iba a vivir en la urbanización La Comarca, hasta había muchos indígenas.
Unos indígenas alzados, que se están olvidando ya de quienes son sus patrones.
Unos cambas pobretones, unos indígenas contagiados por la prédica de los collas, que ahora hasta quieren acercarse a la ciudad, para llenarla de sus bajas costumbres.
Todo eso, y más, seguramente, siguieron razonando en la alcaldía de Santa Cruz y, aun a riesgo de las críticas que llegarían de todo el país, como que llegaron y siguen llegando, procedieron a la demolición.
Un acto estúpido, irracional, propio de mentes retrasadas, de personas con profundos y aberrantes prejuicios raciales.
Propio, en fin, de toda la caterva dominante cruceña, que tiene en el fascismo su norte y guía.
¡Querer vivir al lado de la gente decente!
¿Acaso pueden estar lado a lado un barrio residencial y un barrio pobretón, de esas viviendas dizque sociales?
No señores.
Eso no se puede permitir porque los terrenos colindantes con el barrio humilde se devaluarán, y ya no se serán atractivos para las personas que quieran ser parte del barrio residencial que se planea levantar ahí cerquita, nomás.
Si los pobres quieren tener sus viviendas, que las tengan, pero alejados de la gente “bien”, que pertenece a otros círculos sociales.
Así razonaron en la alcaldía de Santa Cruz y, ya nomás, con ese impulso característico de los cruceños, tomaron la decisión y se fueron a demoler las viviendas.
Dicen los informes que fueron más de 200, donde debían vivir alrededor de 800 personas.
Después vinieron las explicaciones.
Que el alcalde Percy Fernández no estaba informado.
Que los terrenos donde se construía el Plan de Vivienda Social y Solidaria La Comarca, pertenecían a la provincia Andrés Ibáñez y no a la provincia Warnes.
Que la demolición se ejecutó siguiendo normas y procedimientos legales.
Que, cuando le informaron del hecho, el alcalde Fernández ordenó la inmediata destitución de seis altos funcionarios de la alcaldía.
Se intentó explicar y hasta justificar la acción, pero lo cierto es que los tractores acabaron con las viviendas, y ahora queda el problema de reconstruirlas, y la necesidad de identificar plenamente a los culpables, y la urgencia de desarrollar un proceso judicial que sancione ese crimen social como corresponde.
Es muy seguro que la demolición no hubiera ocurrido, si la gente que iba a habitar la urbanización la Comarca, hubiera sido gente de recursos, cercana a los grupos de poder que dominan Santa Cruz,
Pero no.
Era gente humilde, de bajos ingresos, de esa que desarrolla las tareas menores de la sociedad, la que está en las ocupaciones más bajas y entonces, claro, había que tumbar las viviendas, porque esos terrenos estaban destinado a la construcción de un barrio elegante, con áreas de estacionamiento y supermercados y servicios, con muchos sitios para la recreación.
En resumen, un barrio para la gente que sabe vivir como la gente.
Y no se trata, claro, de ir mezclando a las personas.
Porque si se las mezcla, las que salen perdiendo son las clases superiores, las clases altas, al ser confundidas con las clases bajas.
Y eso sería una aberración si se piensa, sobre todo, que en Santa Cruz se están haciendo esfuerzos muy grandes para conformar una sociedad “mejor”, de gente de ascendencia europea, blancona, o blanqueada, o blancoide, de apellidos tradicionales, de esos que suenan en los latifundios, y con recursos suficientes como para hacer de esa bella región oriental, un nuevo Miami en el corazón de Sudamérica.
Lo lamentable, lo criticable, lo cuestionable, es que esos planes de “superación”, estén siendo obstaculizados por las políticas del indio del Evo, que tiene la ocurrencia de apoyar a la gente humilde.
¿Y no ve?
Por culpa de esas políticas, esos pelagatos que sobreviven con ingresos de hambre, hasta se atreven a disputar los terrenos a los barrios residenciales.
Si entre esa gente que iba a vivir en la urbanización La Comarca, hasta había muchos indígenas.
Unos indígenas alzados, que se están olvidando ya de quienes son sus patrones.
Unos cambas pobretones, unos indígenas contagiados por la prédica de los collas, que ahora hasta quieren acercarse a la ciudad, para llenarla de sus bajas costumbres.
Todo eso, y más, seguramente, siguieron razonando en la alcaldía de Santa Cruz y, aun a riesgo de las críticas que llegarían de todo el país, como que llegaron y siguen llegando, procedieron a la demolición.
Un acto estúpido, irracional, propio de mentes retrasadas, de personas con profundos y aberrantes prejuicios raciales.
Propio, en fin, de toda la caterva dominante cruceña, que tiene en el fascismo su norte y guía.
Se van los fieles, ¿por qué?
Un agudo grito de alarma es el que han lanzado los obispos de la Iglesia Católica reunidos en el Sínodo que se cumple, en estos días, en el Vaticano.
Es que las vocaciones sacerdotales están desapareciendo, y es que grandes masas de fieles están emigrando hacia otras religiones, sectas o creencias filosóficas y esotéricas de lo más diversas.
Se están preocupando mucho los obispos, y están analizando medidas para revertir este fenómeno.
Pero, ¿por qué los fieles se van y por qué a los jóvenes ya no les atrae el sacerdocio?.
¿Será porque la iglesia católica no está a la altura de la realidad del mundo de hoy?.
¿O porque ya no es capaz de dar respuestas y esperanzas y certezas a unos hombres y a unas mujeres que cargan con niveles de angustia e incertidumbres acumuladas en porcentajes extremos?.
¿O será que la iglesia se ha quedado en rituales y ya no acude a sus raíces Evangélicas originales para renovar el sentido de sus acciones?.
Sea lo que sea, lo que se observa como una urgencia, es la necesidad de una profunda reflexión en los niveles jerárquicos de la Iglesia.
Décadas atrás, en sus conferencias y asambleas, los obispos habían determinado que si bien la Iglesia es universal, debía tener una opción preferencial por los pobres.
Que su misión, además de atender las necesidades espirituales debía mirar también las condiciones de vida de los pueblos del mundo, particularmente de América Latina, y denunciar las injusticias y la explotación que esos pueblos sufrían interpelando a los poderes imperiales que constituían causa principal para esa pobreza y esa marginación antievangélicas.
¿Cómo puede un ser hambriento que no alcanza a cubrir sus necesidades de pan, tener tiempo ni energía para atender su espíritu?, reflexionaban los obispos.
¿Cómo se puede insuflar la esperanza en una vida espiritual, más allá de este mundo, a una persona completamente desesperanzada por la condición miserable de su vida terrenal?.
La miseria de inmensas masas humanas, es un clamor que sube al cielo, reclamando justicia, arguían los obispos.
La pobreza material extrema está en grave contradicción con el Evangelio, porque el ser humano es hijo de Dios, y como tal comparte de su dignidad.
¿Y como se puede hacer compatible esa dignidad, que proviene de la Majestad de Dios, con una vida carente de lo más elemental?.
La Iglesia, razonando así, condenaba el materialismo de los regímenes totalitarios que cercenaban las libertades humanas, y también criticaba el más grave materialismo del capitalismo, que valoraba al dinero más que al ser humano, y que había hecho del dólar, y del consumo excesivo, y de la acumulación sin límites, los nuevos ídolos que separaban al hombre y a la mujer de su Creador.
A la luz de ese pensamiento, surgieron en el mundo y particularmente en América Latina, comunidades eclesiales de base, que buscaban lo esencial del Evangelio, que reivindicaban el verdadero amor al prójimo que no condice con el racismo ni con ninguna clase de discriminación, y que interpela a todos para que sean constructores de la civilización del amor.
Eso, y bastante más, era la Iglesia Católica hace algunas décadas atrás, y, al andar así, andaba por el camino correcto.
Pero hoy, lamentablemente, esa senda parece haberse perdido.
Ya no se habla de la preferencia por los pobres, ni se dice que la Iglesia debe acompañar las luchas del pueblo, ni se hace la menor mención a la inequidad del imperio que, que con el neoliberalismo, llevó a la cúspide de su inhumano materialismo, y su lógica de acumulación a expensas de la pobreza y de la miseria de la mayor parte de la humanidad.
La Iglesia empezó a volver a aliarse con los poderes y a bendecir a los representantes del imperio.
En nuestro país, por ejemplo, cuando todo el pueblo lucha por un cambio, la Iglesia permanece alejada de ese afán, sin capacidad para leer la historia actual.
Se golpea, tortura, amenaza, agrede, semidesnuda a campesinos en Sucre, y la jerarquía de la Iglesia mira indiferente, como si estuviera lloviendo.
Abatidos por las balas de sicarios y paramilitares, caen muchos campesinos en Pando, y la Iglesia no dice ni una sola palabra, por el contrario, el cardenal Julio Terrazas habla y pone en duda la existencia de gente en condiciones de servidumbre y semiesclavitud en haciendas del oriente, y se pone claramente al lado de los poderosos apoyándolos, ojalá que ingenuamente en sus planes de desmembración del país.
De tanto ser prudente, la Iglesia ha ido extraviando su camino y alejándose de la palabra de Cristo que condena a los tibios, y que con rotunda energía nos dice que no podemos ser cristianos a medias, y que no podemos amar a Dios, al que no vemos si primero no somos capaces de amar al prójimo al que vemos, sin discriminaciones ni racismos de ninguna clase.
La Iglesia Católica, pues, sobre todo la jerarquía, debería mirar estos temas, al tiempo de preguntarse porque los fieles se están yendo en masa de su seno y porque ya no hay jóvenes que renueven su sacerdocio.
La clave a lo mejor está en que se alejó del Evangelio y entonces ya no convoca ni entusiasma a muchos.
Si esto es así, la respuesta está en volver, genuinamente, al Evangelio de Cristo.
Es que las vocaciones sacerdotales están desapareciendo, y es que grandes masas de fieles están emigrando hacia otras religiones, sectas o creencias filosóficas y esotéricas de lo más diversas.
Se están preocupando mucho los obispos, y están analizando medidas para revertir este fenómeno.
Pero, ¿por qué los fieles se van y por qué a los jóvenes ya no les atrae el sacerdocio?.
¿Será porque la iglesia católica no está a la altura de la realidad del mundo de hoy?.
¿O porque ya no es capaz de dar respuestas y esperanzas y certezas a unos hombres y a unas mujeres que cargan con niveles de angustia e incertidumbres acumuladas en porcentajes extremos?.
¿O será que la iglesia se ha quedado en rituales y ya no acude a sus raíces Evangélicas originales para renovar el sentido de sus acciones?.
Sea lo que sea, lo que se observa como una urgencia, es la necesidad de una profunda reflexión en los niveles jerárquicos de la Iglesia.
Décadas atrás, en sus conferencias y asambleas, los obispos habían determinado que si bien la Iglesia es universal, debía tener una opción preferencial por los pobres.
Que su misión, además de atender las necesidades espirituales debía mirar también las condiciones de vida de los pueblos del mundo, particularmente de América Latina, y denunciar las injusticias y la explotación que esos pueblos sufrían interpelando a los poderes imperiales que constituían causa principal para esa pobreza y esa marginación antievangélicas.
¿Cómo puede un ser hambriento que no alcanza a cubrir sus necesidades de pan, tener tiempo ni energía para atender su espíritu?, reflexionaban los obispos.
¿Cómo se puede insuflar la esperanza en una vida espiritual, más allá de este mundo, a una persona completamente desesperanzada por la condición miserable de su vida terrenal?.
La miseria de inmensas masas humanas, es un clamor que sube al cielo, reclamando justicia, arguían los obispos.
La pobreza material extrema está en grave contradicción con el Evangelio, porque el ser humano es hijo de Dios, y como tal comparte de su dignidad.
¿Y como se puede hacer compatible esa dignidad, que proviene de la Majestad de Dios, con una vida carente de lo más elemental?.
La Iglesia, razonando así, condenaba el materialismo de los regímenes totalitarios que cercenaban las libertades humanas, y también criticaba el más grave materialismo del capitalismo, que valoraba al dinero más que al ser humano, y que había hecho del dólar, y del consumo excesivo, y de la acumulación sin límites, los nuevos ídolos que separaban al hombre y a la mujer de su Creador.
A la luz de ese pensamiento, surgieron en el mundo y particularmente en América Latina, comunidades eclesiales de base, que buscaban lo esencial del Evangelio, que reivindicaban el verdadero amor al prójimo que no condice con el racismo ni con ninguna clase de discriminación, y que interpela a todos para que sean constructores de la civilización del amor.
Eso, y bastante más, era la Iglesia Católica hace algunas décadas atrás, y, al andar así, andaba por el camino correcto.
Pero hoy, lamentablemente, esa senda parece haberse perdido.
Ya no se habla de la preferencia por los pobres, ni se dice que la Iglesia debe acompañar las luchas del pueblo, ni se hace la menor mención a la inequidad del imperio que, que con el neoliberalismo, llevó a la cúspide de su inhumano materialismo, y su lógica de acumulación a expensas de la pobreza y de la miseria de la mayor parte de la humanidad.
La Iglesia empezó a volver a aliarse con los poderes y a bendecir a los representantes del imperio.
En nuestro país, por ejemplo, cuando todo el pueblo lucha por un cambio, la Iglesia permanece alejada de ese afán, sin capacidad para leer la historia actual.
Se golpea, tortura, amenaza, agrede, semidesnuda a campesinos en Sucre, y la jerarquía de la Iglesia mira indiferente, como si estuviera lloviendo.
Abatidos por las balas de sicarios y paramilitares, caen muchos campesinos en Pando, y la Iglesia no dice ni una sola palabra, por el contrario, el cardenal Julio Terrazas habla y pone en duda la existencia de gente en condiciones de servidumbre y semiesclavitud en haciendas del oriente, y se pone claramente al lado de los poderosos apoyándolos, ojalá que ingenuamente en sus planes de desmembración del país.
De tanto ser prudente, la Iglesia ha ido extraviando su camino y alejándose de la palabra de Cristo que condena a los tibios, y que con rotunda energía nos dice que no podemos ser cristianos a medias, y que no podemos amar a Dios, al que no vemos si primero no somos capaces de amar al prójimo al que vemos, sin discriminaciones ni racismos de ninguna clase.
La Iglesia Católica, pues, sobre todo la jerarquía, debería mirar estos temas, al tiempo de preguntarse porque los fieles se están yendo en masa de su seno y porque ya no hay jóvenes que renueven su sacerdocio.
La clave a lo mejor está en que se alejó del Evangelio y entonces ya no convoca ni entusiasma a muchos.
Si esto es así, la respuesta está en volver, genuinamente, al Evangelio de Cristo.
Periodistas vendidos y comprados
Trabajaba en un medio de comunicación social y cobraba un sueldo, y trabajaba para el prefecto Leopoldo Fernández en la prefectura, cobrando otro sueldo.
Obviamente que ese periodista jamás iba a publicar en su canal televisivo, o en su radio, o en su periódico, ninguna noticia que fuera contraria al mencionado prefecto.
Por el contrario lo iba a defender de cualquier ataque, viniera de donde viniera, e iba a rechazar la publicación de cualquier noticia que afectara su imagen o que contradijera su política.
Ese periodista, actuando de esa manera, seguramente que estaba medio resolviendo sus problemas económicos pero, al mismo tiempo, estaba vulnerando los códigos de ética del gremio.
Muchos periodistas de Pando, dice una reciente denuncia del gobierno, estaban en esa misma condición.
Vendidos al prefecto y defendiendo al prefecto mientras, a través de sus medios de comunicación, decían que defendían la verdad y que estaban al servicio de la sociedad.
Pero de este cuadro de corrupción, los periodistas eran, seguramente, los menores pecadores, los de los pecados veniales.
Los grandes, los de los pecados mortales eran, y son, los propietarios de los medios de comunicación que también establecían una relación prebendal con la prefectura de Pando y con el prefecto.
El periodista asalariado, por lo general un joven con responsabilidades y poca plata, aceptaba ser cooptado, o comprado por necesidad, y por necesidad vendía su pluma, o sus notas periodísticas.
Los otros, los empresarios, los dueños vendían a su medio por entero, para acceder a los contratos prefecturales.
La denuncia del gobierno habla de que en esta venal relación estaban UNITEL, PAT, ATB, Radio Fides, el Sistema Pandino de Televisión, y periódicos y radios del departamento.
Los medios de comunicación social en Pando, entonces, estaban desarrollando una suerte de dictadura mediática, negándole a la población la posibilidad de conocer la realidad de los acontecimientos.
Todos juntos, estos medios, vendidos o comprados, con muchos periodistas, vendidos o comprados, actuaban para construir una opinión pública favorable al prefecto Fernández, y susceptible de apoyar todas las acciones que el prefecto pudiera adoptar en el campo político.
Ahora bien, esta compra de periodistas y de analistas políticos, y medios de comunicación social, no es, ni mucho menos, nueva ni reciente.
Por el contrario, ha sido un fenómeno extendido en nuestro país a lo largo del tiempo.
Se puede recordar, por ejemplo, la década pasada, cuando se implemento la privatización de las empresas del estado, con el falso nombre de capitalización.
Como ese hecho de entregar las empresas del estado a la voracidad de las transnacionales podía provocar un gran rechazo nacional, entonces era necesario desplegar una gran campaña a través de los medios de comunicación social para convencer al ciudadano de que la medida era buena.
Y ahí estuvieron Carlos Mesa con su PAT y el padre Perez con su radio Fides, y Cayetano Llobet con sus espacios de análisis, y Humberto Vacaflor con sus publicaciones económicas.
Y muchos otros periodistas por el estilo, echándolas a la capitalización, y diciendo que el estado era un pésimo administrador, y que había que librar a las empresas del manejo y de la corrupción política, y que había que hacerlas eficientes con un manejo privado, y mejor si los manejadores era gente que venía del exterior y que tenía gran experiencia en el mundo empresarial y de los negocios.
¿Cuántas miles de horas de televisión y cuantas miles de horas de programas de radio habrán sido puestas por estos analistas y periodistas al servicio de la famosa capitalización que, al final, no fue otra cosa que un monstruoso engaño contra el país?.
Y, más tarde, cuando el pueblo avanzaba en su lucha por el cambio, y reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos debe recordarse como esos mismos personajes ligados a la prensa, Carlos Mesa, Cayetano Llobet, el padre Perez Iribarne, armaban una gran defensa de las petroleras, haciendo flamear el estandarte de la famosa “seguridad jurídica”, y augurando al país tremendos riesgos, y juicios multimillonarios, y cercos financieros internacionales, si dicha medida se concretaba.
Un famoso Anexo D, que era la caja chica de las empresas petroleras transnacionales andaba, en esa época, emitiendo muchos jugosos cheques que llegaban a los medios de comunicación social que las defendían y, obviamente, a periodistas y analistas que se habían constituido en sus abogados, vendiendo sus plumas, sus micrófonos y la totalidad de sus medios.
Es probable que, a los periodistas vendidos, o comprados, en Pando por el prefecto Leopoldo Fernández, les caiga la censura moral de la población, y el castigo de los tribunales de ética de sus gremios.
Y eso estará muy bien.
Pero, ¿y a los grandes venales?.
¿A los grandes mercenarios del periodismo, conocidos ahora como Cayetanos, cuando les llegará la sanción moral que merecen?.
Obviamente que ese periodista jamás iba a publicar en su canal televisivo, o en su radio, o en su periódico, ninguna noticia que fuera contraria al mencionado prefecto.
Por el contrario lo iba a defender de cualquier ataque, viniera de donde viniera, e iba a rechazar la publicación de cualquier noticia que afectara su imagen o que contradijera su política.
Ese periodista, actuando de esa manera, seguramente que estaba medio resolviendo sus problemas económicos pero, al mismo tiempo, estaba vulnerando los códigos de ética del gremio.
Muchos periodistas de Pando, dice una reciente denuncia del gobierno, estaban en esa misma condición.
Vendidos al prefecto y defendiendo al prefecto mientras, a través de sus medios de comunicación, decían que defendían la verdad y que estaban al servicio de la sociedad.
Pero de este cuadro de corrupción, los periodistas eran, seguramente, los menores pecadores, los de los pecados veniales.
Los grandes, los de los pecados mortales eran, y son, los propietarios de los medios de comunicación que también establecían una relación prebendal con la prefectura de Pando y con el prefecto.
El periodista asalariado, por lo general un joven con responsabilidades y poca plata, aceptaba ser cooptado, o comprado por necesidad, y por necesidad vendía su pluma, o sus notas periodísticas.
Los otros, los empresarios, los dueños vendían a su medio por entero, para acceder a los contratos prefecturales.
La denuncia del gobierno habla de que en esta venal relación estaban UNITEL, PAT, ATB, Radio Fides, el Sistema Pandino de Televisión, y periódicos y radios del departamento.
Los medios de comunicación social en Pando, entonces, estaban desarrollando una suerte de dictadura mediática, negándole a la población la posibilidad de conocer la realidad de los acontecimientos.
Todos juntos, estos medios, vendidos o comprados, con muchos periodistas, vendidos o comprados, actuaban para construir una opinión pública favorable al prefecto Fernández, y susceptible de apoyar todas las acciones que el prefecto pudiera adoptar en el campo político.
Ahora bien, esta compra de periodistas y de analistas políticos, y medios de comunicación social, no es, ni mucho menos, nueva ni reciente.
Por el contrario, ha sido un fenómeno extendido en nuestro país a lo largo del tiempo.
Se puede recordar, por ejemplo, la década pasada, cuando se implemento la privatización de las empresas del estado, con el falso nombre de capitalización.
Como ese hecho de entregar las empresas del estado a la voracidad de las transnacionales podía provocar un gran rechazo nacional, entonces era necesario desplegar una gran campaña a través de los medios de comunicación social para convencer al ciudadano de que la medida era buena.
Y ahí estuvieron Carlos Mesa con su PAT y el padre Perez con su radio Fides, y Cayetano Llobet con sus espacios de análisis, y Humberto Vacaflor con sus publicaciones económicas.
Y muchos otros periodistas por el estilo, echándolas a la capitalización, y diciendo que el estado era un pésimo administrador, y que había que librar a las empresas del manejo y de la corrupción política, y que había que hacerlas eficientes con un manejo privado, y mejor si los manejadores era gente que venía del exterior y que tenía gran experiencia en el mundo empresarial y de los negocios.
¿Cuántas miles de horas de televisión y cuantas miles de horas de programas de radio habrán sido puestas por estos analistas y periodistas al servicio de la famosa capitalización que, al final, no fue otra cosa que un monstruoso engaño contra el país?.
Y, más tarde, cuando el pueblo avanzaba en su lucha por el cambio, y reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos debe recordarse como esos mismos personajes ligados a la prensa, Carlos Mesa, Cayetano Llobet, el padre Perez Iribarne, armaban una gran defensa de las petroleras, haciendo flamear el estandarte de la famosa “seguridad jurídica”, y augurando al país tremendos riesgos, y juicios multimillonarios, y cercos financieros internacionales, si dicha medida se concretaba.
Un famoso Anexo D, que era la caja chica de las empresas petroleras transnacionales andaba, en esa época, emitiendo muchos jugosos cheques que llegaban a los medios de comunicación social que las defendían y, obviamente, a periodistas y analistas que se habían constituido en sus abogados, vendiendo sus plumas, sus micrófonos y la totalidad de sus medios.
Es probable que, a los periodistas vendidos, o comprados, en Pando por el prefecto Leopoldo Fernández, les caiga la censura moral de la población, y el castigo de los tribunales de ética de sus gremios.
Y eso estará muy bien.
Pero, ¿y a los grandes venales?.
¿A los grandes mercenarios del periodismo, conocidos ahora como Cayetanos, cuando les llegará la sanción moral que merecen?.
Los temas basura
Durante veinte minutos, veinte, el canal de televisión PAT estuvo difundiendo, el pasado jueves 9 de octubre, alrededor de las nueve de la mañana, una nota sobre la ruptura amorosa de un futbolista de nuestro medio con una simpática dama que, al parecer, o había sido, o era, una modelo.
El asunto consistía en que ambos personajes, o personajillos, habían tenido una relación, luego medio que se habían distanciado pero que continuaban medio que ligados entre sí, y se veían y no se veían, y se buscaban pero que a momentos dejaban de gustarse y que, en resumen, andaban en una situación de inestabilidad que no se sabía a donde los iba conduciendo.
Un tema que, como se ve, ocurre miles de veces a miles de miles de personas, y que no tienen ninguna importancia, salvo para los que viven o sufren las señaladas situaciones.
Pero sucedió que el periódico El Deber de Santa Cruz, no teniendo mejor cosa de que ocuparse, dedicó un espacio al tema señalando que el romance de la modelo y el futbolista había terminado, porque así lo había declarado el futbolista, y que ambos iban a encaminar sus vidas cada uno por su lado.
Y este, pues, fue el contenido de esos veinte minutos de programa televisivo del Canal PAT, el indicado 9 de octubre a las nueve de la mañana.
Una entrevista a la modelo para que contara como le habían caído las declaraciones del futbolista al periódico El Deber, y si dichas declaraciones eran ciertas, y si después de las mismas se había comunicado con el futbolista y que le había dicho, y si pensaba siempre alejarse, y si estaba tranquila, angustiada, o molesta sobre lo acontecido.
Veinte minutos en los que se repitió una anterior charla telefónica con la modelo sobre el mismo tema, y otra entrevista filmada también sobre lo señalado.
En resumen, una cháchara inaguantable sobre un asunto absolutamente insustancial, banal, trivial, bobo, y sin importancia, con el que PAT castigó a su audiencia.
Mirando esta nota surge otra vez la pregunta de si los medios de comunicación social deben transmitir este tipo de material que no cumple ninguna función ni educativa, ni cultural, ni social, ni informativa, ni nada.
Es probable que algunas personas se manifiesten en sentido de que también los temas baladíes tienen su lugar, y que las notas de la farándula también tienen su audiencia.
En otras palabras, que el canal PAT podía ser disculpado por emitir esas trivialidades.
Pero, ¿se le podría disculpar al canal cuando, a través de sus sectores noticiosos distorsiona sistemáticamente las informaciones?.
Cuando, por ejemplo, insiste en señalar y pretender demostrar que la masacre de Pando no fue una masacre sino un enfrentamiento, que los campesinos que acudían a su ampliado en realidad tenían el propósito de tomar la prefectura, que estaban armados, en que las tomas filmadas donde se ve a campesinos escapando de las balas, tratando de cruzar a nado el río Tahuamano son un montaje, en que la mujer policía que dio la señal para que comenzara la matanza, en realidad estaba pidiendo a los otros policías que se acercaran.
¿Se le podrá perdonar al canal cuando hace de la mentira un asunto cotidiano, y cuando se esfuerza en dar paso a los representantes del latifundio y de la extrema derecha, desprestigiando y no dando lugar a las voces de los sectores populares?.
¿O cuando, finalmente, se hace parte de una permanente conspiración mediática, en alianza con otros medios de comunicación opuestos al cambio, para voltear al gobierno, contribuyendo a crear un clima de desestabilización en el país?.
Lo primero, lo de ocuparse de pavadas, como las peleas circunstanciales de un futbolista y una modelo podría pasar como una idiotez del canal y punto.
Pero lo otro, la maniobra, la desinformación, la distorsión de los hechos, y el bloqueo a las reivindicaciones populares y la conspiración son asuntos tan graves con los que no se deben transigir.
Ahora, en Bolivia existe libertad de información y, en ese marco, el canal PAT puede decir lo que le de la gana.
Pero el pueblo también tiene libertad de elección, entonces debería elegir el no sintonizar dicho canal por higiene mental, para no ser engañado con sus informaciones, y para no tener que soportar estupideces como el tema de la pelea de enamorados entre un futbolista y una modelo.
El asunto consistía en que ambos personajes, o personajillos, habían tenido una relación, luego medio que se habían distanciado pero que continuaban medio que ligados entre sí, y se veían y no se veían, y se buscaban pero que a momentos dejaban de gustarse y que, en resumen, andaban en una situación de inestabilidad que no se sabía a donde los iba conduciendo.
Un tema que, como se ve, ocurre miles de veces a miles de miles de personas, y que no tienen ninguna importancia, salvo para los que viven o sufren las señaladas situaciones.
Pero sucedió que el periódico El Deber de Santa Cruz, no teniendo mejor cosa de que ocuparse, dedicó un espacio al tema señalando que el romance de la modelo y el futbolista había terminado, porque así lo había declarado el futbolista, y que ambos iban a encaminar sus vidas cada uno por su lado.
Y este, pues, fue el contenido de esos veinte minutos de programa televisivo del Canal PAT, el indicado 9 de octubre a las nueve de la mañana.
Una entrevista a la modelo para que contara como le habían caído las declaraciones del futbolista al periódico El Deber, y si dichas declaraciones eran ciertas, y si después de las mismas se había comunicado con el futbolista y que le había dicho, y si pensaba siempre alejarse, y si estaba tranquila, angustiada, o molesta sobre lo acontecido.
Veinte minutos en los que se repitió una anterior charla telefónica con la modelo sobre el mismo tema, y otra entrevista filmada también sobre lo señalado.
En resumen, una cháchara inaguantable sobre un asunto absolutamente insustancial, banal, trivial, bobo, y sin importancia, con el que PAT castigó a su audiencia.
Mirando esta nota surge otra vez la pregunta de si los medios de comunicación social deben transmitir este tipo de material que no cumple ninguna función ni educativa, ni cultural, ni social, ni informativa, ni nada.
Es probable que algunas personas se manifiesten en sentido de que también los temas baladíes tienen su lugar, y que las notas de la farándula también tienen su audiencia.
En otras palabras, que el canal PAT podía ser disculpado por emitir esas trivialidades.
Pero, ¿se le podría disculpar al canal cuando, a través de sus sectores noticiosos distorsiona sistemáticamente las informaciones?.
Cuando, por ejemplo, insiste en señalar y pretender demostrar que la masacre de Pando no fue una masacre sino un enfrentamiento, que los campesinos que acudían a su ampliado en realidad tenían el propósito de tomar la prefectura, que estaban armados, en que las tomas filmadas donde se ve a campesinos escapando de las balas, tratando de cruzar a nado el río Tahuamano son un montaje, en que la mujer policía que dio la señal para que comenzara la matanza, en realidad estaba pidiendo a los otros policías que se acercaran.
¿Se le podrá perdonar al canal cuando hace de la mentira un asunto cotidiano, y cuando se esfuerza en dar paso a los representantes del latifundio y de la extrema derecha, desprestigiando y no dando lugar a las voces de los sectores populares?.
¿O cuando, finalmente, se hace parte de una permanente conspiración mediática, en alianza con otros medios de comunicación opuestos al cambio, para voltear al gobierno, contribuyendo a crear un clima de desestabilización en el país?.
Lo primero, lo de ocuparse de pavadas, como las peleas circunstanciales de un futbolista y una modelo podría pasar como una idiotez del canal y punto.
Pero lo otro, la maniobra, la desinformación, la distorsión de los hechos, y el bloqueo a las reivindicaciones populares y la conspiración son asuntos tan graves con los que no se deben transigir.
Ahora, en Bolivia existe libertad de información y, en ese marco, el canal PAT puede decir lo que le de la gana.
Pero el pueblo también tiene libertad de elección, entonces debería elegir el no sintonizar dicho canal por higiene mental, para no ser engañado con sus informaciones, y para no tener que soportar estupideces como el tema de la pelea de enamorados entre un futbolista y una modelo.
Los cuatro nuevos jinetes del Apocalipsis.
Cuatro son las crisis que están azotando al mundo en este momento.
Una crisis financiera, una crisis ecológica, una alimentaria y otra energética.
Y todas tienen su origen en el despilfarro, en la acumulación inmoral y excesiva, en la depredación de la naturaleza, en la explotación humana, en la especulación y, en resumen, en la lógica de funcionamiento del sistema capitalista.
Un pequeño grupo de potencias llevó a la máxima exacerbación ese modelo de acumulación y ahora es el mundo entero el que paga las consecuencias con las crisis señaladas, que durarán mucho tiempo y que resultarán muy difíciles de ser vencidas.
Lo que corresponde, entonces, es extender la factura de este desastre a esas potencias mundiales para que asuman su responsabilidad en la hecatombe que se avecina.
Debe responder, el modelo neoliberal, por la tremenda hipoteca que está dejando a las próximas generaciones.
Bosques arrasados, atmósfera contaminada, acentuados fenómenos naturales que se traducen en sequías, inundaciones, tsunamis, riadas y arrasamiento de poblaciones,
Escasez, y encarecimiento de alimentos, y ahora una descomunal crisis financiera como efecto de la acumulación de los bienes en pocas manos.
Las cuatro crisis mundiales, la económica, la ecológica, la energética y la alimentaria vienen a ser pues, los cuatro jinetes del desastre metaforizados en el Apocalipsis.
Vienen galopando con furia para aplastar a las poblaciones más débiles, y a los jóvenes y a los niños, llenando de oscuridad y tormentas el cielo del futuro, siguiendo las instrucciones del imperio, que se yergue monstruoso como la bestia del Juicio Final.
Aparecía, el neoliberalismo, el culmén del capitalismo, como un ángel de luz que hablaba de desarrollo, de bienestar, de plena salud económica.
Decían, los panegiristas de ese modelo que las ideologías habían muerto con la caída del Muro de Berlín, que el desarrollo del futuro transitaba por una sola vía y que esa vía estaba siendo abierta y construida por el capital transnacional, para el que había que derribar todas las barreras de modo que corriera en libertad por el planeta esparciendo sus benéficos efectos.
Todo eso decían y todo eso aseguraban, apelando a una terminología que se nutría de vocablos como “modernidad”, “eficiencia”, “eficacia”, “competitividad”, “pragmatismo”, “globalización” y otros.
Pero resulta que toda esa parafernalia no había sido otra cosa que un show, un espectáculo luminoso que ahora está llegando a su fin, dejando paso a una dura y dolorosa realidad: la de la crisis múltiple y planetaria.
Pero la cosa no se puede quedar así.
Se debe hacer una auditoria al sistema para luego pasar la factura a los neoliberales del mundo empezando con sus organismo operadores como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, siguiendo por los último gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros de Europa.
Y, en nuestro país, pasarles la cuenta a los Sánchez de Lozada, a los Banzer, a los Paz Zamora, a los “Tuto” Quiroga, y a los otros políticos tradicionales que con sus pactos de gobernabilidad protegieron al neoliberalismo permitiendo que el mismo quebrara a Bolivia.
Ahora, frente a este desastre universal, se puede aquilatar la mucha importancia que tienen las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos dos años, que apuntan a desmontar el modelo de libre mercado y a edificar otra economía que atienda, primero, las urgencias de los sectores populares, antes que los privilegios de los poderosos.
Una crisis financiera, una crisis ecológica, una alimentaria y otra energética.
Y todas tienen su origen en el despilfarro, en la acumulación inmoral y excesiva, en la depredación de la naturaleza, en la explotación humana, en la especulación y, en resumen, en la lógica de funcionamiento del sistema capitalista.
Un pequeño grupo de potencias llevó a la máxima exacerbación ese modelo de acumulación y ahora es el mundo entero el que paga las consecuencias con las crisis señaladas, que durarán mucho tiempo y que resultarán muy difíciles de ser vencidas.
Lo que corresponde, entonces, es extender la factura de este desastre a esas potencias mundiales para que asuman su responsabilidad en la hecatombe que se avecina.
Debe responder, el modelo neoliberal, por la tremenda hipoteca que está dejando a las próximas generaciones.
Bosques arrasados, atmósfera contaminada, acentuados fenómenos naturales que se traducen en sequías, inundaciones, tsunamis, riadas y arrasamiento de poblaciones,
Escasez, y encarecimiento de alimentos, y ahora una descomunal crisis financiera como efecto de la acumulación de los bienes en pocas manos.
Las cuatro crisis mundiales, la económica, la ecológica, la energética y la alimentaria vienen a ser pues, los cuatro jinetes del desastre metaforizados en el Apocalipsis.
Vienen galopando con furia para aplastar a las poblaciones más débiles, y a los jóvenes y a los niños, llenando de oscuridad y tormentas el cielo del futuro, siguiendo las instrucciones del imperio, que se yergue monstruoso como la bestia del Juicio Final.
Aparecía, el neoliberalismo, el culmén del capitalismo, como un ángel de luz que hablaba de desarrollo, de bienestar, de plena salud económica.
Decían, los panegiristas de ese modelo que las ideologías habían muerto con la caída del Muro de Berlín, que el desarrollo del futuro transitaba por una sola vía y que esa vía estaba siendo abierta y construida por el capital transnacional, para el que había que derribar todas las barreras de modo que corriera en libertad por el planeta esparciendo sus benéficos efectos.
Todo eso decían y todo eso aseguraban, apelando a una terminología que se nutría de vocablos como “modernidad”, “eficiencia”, “eficacia”, “competitividad”, “pragmatismo”, “globalización” y otros.
Pero resulta que toda esa parafernalia no había sido otra cosa que un show, un espectáculo luminoso que ahora está llegando a su fin, dejando paso a una dura y dolorosa realidad: la de la crisis múltiple y planetaria.
Pero la cosa no se puede quedar así.
Se debe hacer una auditoria al sistema para luego pasar la factura a los neoliberales del mundo empezando con sus organismo operadores como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, siguiendo por los último gobiernos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros de Europa.
Y, en nuestro país, pasarles la cuenta a los Sánchez de Lozada, a los Banzer, a los Paz Zamora, a los “Tuto” Quiroga, y a los otros políticos tradicionales que con sus pactos de gobernabilidad protegieron al neoliberalismo permitiendo que el mismo quebrara a Bolivia.
Ahora, frente a este desastre universal, se puede aquilatar la mucha importancia que tienen las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos dos años, que apuntan a desmontar el modelo de libre mercado y a edificar otra economía que atienda, primero, las urgencias de los sectores populares, antes que los privilegios de los poderosos.
La caja se esta destapando, y el olor y es insoportable
Se está comenzando a destapar la caja, y lo que salta a la mirada del pueblo no son sorpresas sino constataciones y confirmaciones de viejas sospechas, percepciones e intuiciones.
La prefectura del departamento de Pando y del ámbito interinstitucional en el que se mueve no es otra cosa que un maloliente lodazal de corrupción, en el que están sumergidas miles de personas afines el ex prefecto Leopoldo Fernández.
Resulta que en los papeles aparecen como construidos e inaugurados cuatro embarcaderos que en la realidad no existen.
Resulta que un lugar donde debía levantarse un complejo educacional, cuyos fondos aparecen como ya erogados, hay solo unas cuantas paredes de adobe, dentro de las cuales hasta árboles han crecido.
Resulta que el viceministerio de lucha contra la corrupción ha iniciado cuatro procesos, en la Corte de Sucre, contra el ex prefecto Fernández, por defraudación de fondos públicos que debían haberse invertido en obras a favor de la comunidad, y cuyo destino no se conoce aunque, obviamente se sospecha que no haya sido otro que las gruesas billeteras de la gente de poder de ese departamento.
También resulta que había habido una lista interminable de parientes del ex prefecto, y de la esposa del ex prefecto, ubicados en puestos de la prefectura y del servicio de caminos y de otras entidades públicas del departamento.
Y que la lista de trabajadores eventuales, que ya no eran tan eventuales, superaba a las tres mil, y que los consultores que intervenían en la realización de estudios y en la ejecución de obras eran personas con los mismos apellidos, ligados todos a la familia de Leopoldo Fernández.
Pando, pues, era una región donde existía un cacique, o emperador, o mandamás de poder ilimitado que manejaba a su antojo los recursos del departamento, distribuyendo regalos a los amigos que se inclinaban y juraban fidelidad.
Y era un lugar donde grupos de sujetos depredadores, asociados en empresas, la mayoría de las veces ilegales, atacaban sin piedad el monte extrayendo madera fina que sacaban de contrabando al Brasil.
Un sitio en el que directivos del comité cívico y otras entidades también intervenían en actividades de contrabando hasta avalándolas con resoluciones oficiales, como la emitida por el directorio de la zona franca de Cobija.
Ese directorio, según se recuerda, presidido por el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, y conformado por Luis Adolfo Flores alcalde de Cobija, por Ana Melena de Suzuki, presidenta del comité cívico, y por Eugenio Fusi, presidente de la cámara departamental de industria y comercio, aprobó una resolución para la nacionalización ilegal de vehículos y motocicletas introducidas al país sin autorización.
Por esa resolución ilegal, también según puede recordarse, las indicadas personas estaban enfrentando un juicio instaurado por la aduana nacional, ante la Fiscalía General de República, por los delitos de contrabando, usurpación de funciones aduaneras instigación pública a no pagar tributos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, evasión de impuestos, y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Por último, el departamento de Pando era una región donde se entrenaban grupos de paramilitares perfectamente apoyados y protegidos por latifundistas, según denuncia de la ex ministra de gobierno Alicia Muñoz, y donde los mencionados grupos, financiados y organizados desde la prefectura, eran autorizados para emboscar y disparar contra campesinos que no estaban en la lista de los afines al prefecto, como ocurrió en la masacre de Porvenir.
Todo eso, pues, se ha ido destapando en los últimos tiempos, mostrando cuales eran los extremos del poder que habían acumulado las oligarquías neoliberales,
privilegios por los cuales conspiraban y buscaban derrocar al gobierno del presidente Evo Morales.
Ahora, conocida la magnitud de lo señalado, el pueblo boliviano debe reafirmarse en su voluntad de cambio.
Porque cuando se habla de cambio es justamente a ese poder delincuencial de las clases dominantes, al que la gente se refiere.
A esa acumulación de fortunas inmensas por vía de la corrupción más cínica.
A esa destrucción del país, y de sus recursos naturales y de sus instituciones, con la corrupción de amplios estamentos sociales, que se movilizan por el camino de la prebenda, aceptando incursionar, con cargo de conciencia o sin ella, en el campo del delito.
Leopoldo Fernández y su gente deben comenzar a pagar por sus delitos innumerables los cuales se están destapando ante la mirada del pueblo.
La prefectura del departamento de Pando y del ámbito interinstitucional en el que se mueve no es otra cosa que un maloliente lodazal de corrupción, en el que están sumergidas miles de personas afines el ex prefecto Leopoldo Fernández.
Resulta que en los papeles aparecen como construidos e inaugurados cuatro embarcaderos que en la realidad no existen.
Resulta que un lugar donde debía levantarse un complejo educacional, cuyos fondos aparecen como ya erogados, hay solo unas cuantas paredes de adobe, dentro de las cuales hasta árboles han crecido.
Resulta que el viceministerio de lucha contra la corrupción ha iniciado cuatro procesos, en la Corte de Sucre, contra el ex prefecto Fernández, por defraudación de fondos públicos que debían haberse invertido en obras a favor de la comunidad, y cuyo destino no se conoce aunque, obviamente se sospecha que no haya sido otro que las gruesas billeteras de la gente de poder de ese departamento.
También resulta que había habido una lista interminable de parientes del ex prefecto, y de la esposa del ex prefecto, ubicados en puestos de la prefectura y del servicio de caminos y de otras entidades públicas del departamento.
Y que la lista de trabajadores eventuales, que ya no eran tan eventuales, superaba a las tres mil, y que los consultores que intervenían en la realización de estudios y en la ejecución de obras eran personas con los mismos apellidos, ligados todos a la familia de Leopoldo Fernández.
Pando, pues, era una región donde existía un cacique, o emperador, o mandamás de poder ilimitado que manejaba a su antojo los recursos del departamento, distribuyendo regalos a los amigos que se inclinaban y juraban fidelidad.
Y era un lugar donde grupos de sujetos depredadores, asociados en empresas, la mayoría de las veces ilegales, atacaban sin piedad el monte extrayendo madera fina que sacaban de contrabando al Brasil.
Un sitio en el que directivos del comité cívico y otras entidades también intervenían en actividades de contrabando hasta avalándolas con resoluciones oficiales, como la emitida por el directorio de la zona franca de Cobija.
Ese directorio, según se recuerda, presidido por el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, y conformado por Luis Adolfo Flores alcalde de Cobija, por Ana Melena de Suzuki, presidenta del comité cívico, y por Eugenio Fusi, presidente de la cámara departamental de industria y comercio, aprobó una resolución para la nacionalización ilegal de vehículos y motocicletas introducidas al país sin autorización.
Por esa resolución ilegal, también según puede recordarse, las indicadas personas estaban enfrentando un juicio instaurado por la aduana nacional, ante la Fiscalía General de República, por los delitos de contrabando, usurpación de funciones aduaneras instigación pública a no pagar tributos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, evasión de impuestos, y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Por último, el departamento de Pando era una región donde se entrenaban grupos de paramilitares perfectamente apoyados y protegidos por latifundistas, según denuncia de la ex ministra de gobierno Alicia Muñoz, y donde los mencionados grupos, financiados y organizados desde la prefectura, eran autorizados para emboscar y disparar contra campesinos que no estaban en la lista de los afines al prefecto, como ocurrió en la masacre de Porvenir.
Todo eso, pues, se ha ido destapando en los últimos tiempos, mostrando cuales eran los extremos del poder que habían acumulado las oligarquías neoliberales,
privilegios por los cuales conspiraban y buscaban derrocar al gobierno del presidente Evo Morales.
Ahora, conocida la magnitud de lo señalado, el pueblo boliviano debe reafirmarse en su voluntad de cambio.
Porque cuando se habla de cambio es justamente a ese poder delincuencial de las clases dominantes, al que la gente se refiere.
A esa acumulación de fortunas inmensas por vía de la corrupción más cínica.
A esa destrucción del país, y de sus recursos naturales y de sus instituciones, con la corrupción de amplios estamentos sociales, que se movilizan por el camino de la prebenda, aceptando incursionar, con cargo de conciencia o sin ella, en el campo del delito.
Leopoldo Fernández y su gente deben comenzar a pagar por sus delitos innumerables los cuales se están destapando ante la mirada del pueblo.
No se firmó la concertación, pero el proceso de cambio sigue adelante
Si les hubiese interesado genuinamente el dialogo los prefectos opositores tendrían que haber suscrito el documento de concertación preparado por el gobierno.
Porque ese documento respondía en un alto porcentaje a los reclamos y planteamientos prefecturales, respondiendo y aclarando puntos relativos particularmente a las autonomías.
Pero no lo hicieron demostrando que, en lo esencial de su posición, subyace un interés político que los lleva a rechazar de manera terminante y definitiva el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
Con esta postura central, que a lo largo de tres semanas estuvo medio secundarizada por las discusiones sobre, justamente, las autonomías y el IDH, los prefectos han retornado a sus regiones, y lo que ahora se viene es el apertrechamiento para la batalla final.
El gobierno entiende que ya los plazos se han vencido suficientemente y pondrá en marcha su estrategia para la aprobación del nuevo texto constitucional.
Ello supondrá una primera lucha en el congreso para vencer a la oposición que intentará bloquear la aprobación del referendo dirimitorio.
Luego, como asunto de esencial importancia, la explicación de la nueva constitución para que los ciudadanos asuman su voto a plena conciencia y, por último, el acto eleccionario, que podría marcar el cambio estructural reclamado por los bolivianos.
Por su lado la oposición prefectural buscará recuperarse de su debilitamiento actual como resultado de la perdida de las prefecturas de La Paz y Cochabamba y de la terrible masacre de Porvenir que mereció la condena y reprobación de todo el país y proseguirá en su propia estrategia, bloqueando todos los pasos del proceso electoral, denunciando supuestas irregularidades, reclamando la revisión del Padrón Electoral y del proceso de carnetización e, inclusive, llegado el momento, boicoteando el acto de votación impidiendo, con sus grupos de choque, que los ciudadanos acudan a depositar su voto en sus distritos.
Y como telón de fondo de esta confrontación final estarán los movimientos sociales que marcharán con una convicción muy pocas veces vistas en la historia del país.
Porque si algo tiene de particular la actual coyuntura política, es esa unánime y altísima conciencia que se ha clarificado en los sectores populares, sobre la urgencia de un cambio social, político y económico, que barra con el neoliberalismo y sus secuelas de exclusión, marginación, desempleo, empobrecimiento y falta de equidad de la sociedad boliviana.
Saben, las organizaciones sociales, cuales son las causas y quienes son los culpables de la situación de desastre que enfrentaba Bolivia y ahora apuntan a modificar esa situación desde sus raícees más profundas aprobando para ello la nueva constitución.
La lucha actual, conviene recordarlo, tiene en un frente a organizaciones campesinas de las zonas altas y bajas del país, unidas en un gran pacto político, a la Central Obrera Boliviana con sus sectores mineros, obreros, gremiales, del magisterio y otros que son también parte de ese pacto, además de las juntas vecinales y amplias capas de la clase media desencantadas de los partidos tradicionales y de los militantes de esos partidos, corruptos y venales, reciclados en la agrupación Podemos que también está agonizando.
En el otro bando están los sectores de la derecha que se están viendo arrinconados por la correlación de fuerzas no solo dentro de nuestro país, sino también en el ámbito latinoamericano.
Dentro de esa derecha, que también tiene sus sectores democráticos, está un núcleo oligárquico, compuesto por latifundistas y empresarios de mentalidad racista, que han venido predominando arrastrando a los demás hacia sus ideas de enfeudamiento territorial y separatismo y quiebra de Bolivia, ideas, a su vez, alentadas por agentes del imperio norteamericano, como era el ex embajador Philip Goldberg.
Por el descalabro del neoliberalismo en Bolivia y por el otro descalabro mucho mayor que enfrenta la economía norteamericana, que va a durar mucho tiempo, se han terminado de estructurar las condiciones para un salto cualitativo de la sociedad boliviana, hacia formas políticas y económicas que se aparten del capitalismo, y que apunten a modelos sociales y comunitarios más adecuados a la realidad de nuestra patria.
La batalla final por el cambio, entonces, a comenzado a ocurrir, y mostrará una particular imagen con las marchas sociales que se anuncian para el 13 de octubre.
Es una fuerza inmensa que no podrá ser detenida, y sobre ello es mejor que reflexionen los prefectos opositores y los grupos de oligarcas que aún se atrincheran en posiciones retrógradas.
Porque ese documento respondía en un alto porcentaje a los reclamos y planteamientos prefecturales, respondiendo y aclarando puntos relativos particularmente a las autonomías.
Pero no lo hicieron demostrando que, en lo esencial de su posición, subyace un interés político que los lleva a rechazar de manera terminante y definitiva el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
Con esta postura central, que a lo largo de tres semanas estuvo medio secundarizada por las discusiones sobre, justamente, las autonomías y el IDH, los prefectos han retornado a sus regiones, y lo que ahora se viene es el apertrechamiento para la batalla final.
El gobierno entiende que ya los plazos se han vencido suficientemente y pondrá en marcha su estrategia para la aprobación del nuevo texto constitucional.
Ello supondrá una primera lucha en el congreso para vencer a la oposición que intentará bloquear la aprobación del referendo dirimitorio.
Luego, como asunto de esencial importancia, la explicación de la nueva constitución para que los ciudadanos asuman su voto a plena conciencia y, por último, el acto eleccionario, que podría marcar el cambio estructural reclamado por los bolivianos.
Por su lado la oposición prefectural buscará recuperarse de su debilitamiento actual como resultado de la perdida de las prefecturas de La Paz y Cochabamba y de la terrible masacre de Porvenir que mereció la condena y reprobación de todo el país y proseguirá en su propia estrategia, bloqueando todos los pasos del proceso electoral, denunciando supuestas irregularidades, reclamando la revisión del Padrón Electoral y del proceso de carnetización e, inclusive, llegado el momento, boicoteando el acto de votación impidiendo, con sus grupos de choque, que los ciudadanos acudan a depositar su voto en sus distritos.
Y como telón de fondo de esta confrontación final estarán los movimientos sociales que marcharán con una convicción muy pocas veces vistas en la historia del país.
Porque si algo tiene de particular la actual coyuntura política, es esa unánime y altísima conciencia que se ha clarificado en los sectores populares, sobre la urgencia de un cambio social, político y económico, que barra con el neoliberalismo y sus secuelas de exclusión, marginación, desempleo, empobrecimiento y falta de equidad de la sociedad boliviana.
Saben, las organizaciones sociales, cuales son las causas y quienes son los culpables de la situación de desastre que enfrentaba Bolivia y ahora apuntan a modificar esa situación desde sus raícees más profundas aprobando para ello la nueva constitución.
La lucha actual, conviene recordarlo, tiene en un frente a organizaciones campesinas de las zonas altas y bajas del país, unidas en un gran pacto político, a la Central Obrera Boliviana con sus sectores mineros, obreros, gremiales, del magisterio y otros que son también parte de ese pacto, además de las juntas vecinales y amplias capas de la clase media desencantadas de los partidos tradicionales y de los militantes de esos partidos, corruptos y venales, reciclados en la agrupación Podemos que también está agonizando.
En el otro bando están los sectores de la derecha que se están viendo arrinconados por la correlación de fuerzas no solo dentro de nuestro país, sino también en el ámbito latinoamericano.
Dentro de esa derecha, que también tiene sus sectores democráticos, está un núcleo oligárquico, compuesto por latifundistas y empresarios de mentalidad racista, que han venido predominando arrastrando a los demás hacia sus ideas de enfeudamiento territorial y separatismo y quiebra de Bolivia, ideas, a su vez, alentadas por agentes del imperio norteamericano, como era el ex embajador Philip Goldberg.
Por el descalabro del neoliberalismo en Bolivia y por el otro descalabro mucho mayor que enfrenta la economía norteamericana, que va a durar mucho tiempo, se han terminado de estructurar las condiciones para un salto cualitativo de la sociedad boliviana, hacia formas políticas y económicas que se aparten del capitalismo, y que apunten a modelos sociales y comunitarios más adecuados a la realidad de nuestra patria.
La batalla final por el cambio, entonces, a comenzado a ocurrir, y mostrará una particular imagen con las marchas sociales que se anuncian para el 13 de octubre.
Es una fuerza inmensa que no podrá ser detenida, y sobre ello es mejor que reflexionen los prefectos opositores y los grupos de oligarcas que aún se atrincheran en posiciones retrógradas.
Se multiplican las mentiras sobre la masacre de Pando
Menos mal que hay comisiones internacionales que están investigando los sucesos de Pando.
Menos mal que esas comisiones nos harán conocer informes fidedignos e imparciales sobre lo allí ocurrido, poniendo las cosas en su debido lugar.
Porque en este momento, y seguramente mucho más en los momentos que vendrán, hay personas que están trabajando aceleradamente para enredar las informaciones, de modo que la verdad quede perdida en una maraña de contradicciones que deje a todos con más dudas que certidumbres.
Y es que, en efecto, representantes políticos de la oposición como Roger Pinto, Lourdes Millares o Paulo Bravo, en alianza con medios de comunicación social como las redes televisivas UNITEL, PAT y varias más han ido haciendo circular, de manera cínica y mañosa, las más extrañas, antojadizas y, obviamente, mentirosas versiones sobre la matanza.
Esas personas, grupos políticos, y medios de comunicación de la derecha, han venido insistiendo, por ejemplo, en que en Porvenir no hubo una masacre sino un enfrentamiento.
En que hay muertos y heridos de ambos bandos.
En que en los hechos participaron cubanos y venezolanos que resultaron muertos, y que luego fueron trasladados a Venezuela en un avión que llegó a media noche sin que nadie se enterara.
Que los campesinos iban armados y que tenían el plan de tomar la prefectura violentamente.
En esa línea de falseamiento de la realidad, no sería de extrañar que terminaran afirmando que las zanjas que hicieron con maquinaria pesada para emboscar y detener la marcha campesina, tenían como objetivo la reparación de algún trecho del camino.
O que la gente de la prefectura estaba yendo en los camiones a un día de campo y llevaba las armas para cazar pajaritos.
O, por último, que fueron los campesinos los que se pusieron en el camino de las balas para luego culpar de su muerte al prefecto Leopoldo Fernández.
Por ello, de be insistirse, resulta fundamental la presencia de comisiones externas que a la brevedad posible emitan sus informes señalando con claridad lo acontecido.
Ahora, al margen de impulsar las averiguaciones sobre la masacre, lo que corresponde es el desmantelamiento de los grupos de sicarios que, según muchas denuncias continúan operando amenazando a campesinos, buscando a dirigentes y quemando sus viviendas porque, al parecer, el Estado de Sitio no llegó al área rural los señalados grupos paramilitares, entre los cuales se conoce que hay muchos de nacionalidad brasilera y peruana, presuntamente ligados también a bandas del narcotráfico, pasan y repasan la frontera boliviana con el Brasil con el afán de amedrentar a los campesinos.
Testimonios de personas que llegaron de Pando señalan que en el agro se vive un clima de permanente temor, el cual constituye, de por sí, una grave violación a los derechos humanos.
El gobierno central, entonces, debe reforzar sus contingentes militares en Pando, para devolver la tranquilidad a los campesinos.
Paralelamente a ello proseguir con la captura de dirigentes cívicos y miembros de la prefectura que estuvieron involucrados en la matanza.
Fueron muchos los que intervinieron en la emboscada y son pocos los confinados o detenidos a los cuales se les está pidiendo declaraciones.
Como muchos de estos responsables han buscado refugio en el Brasil, debe hacerse también una gestión diplomática, de modo que sean expulsados de esa nación para que rendan cuentas ante la justicia boliviana.
Por último todo el manejo mal intencionado que UNITEL, PAT, el periódico cruceño El Mundo y otros medios de comunicación social vienen haciendo sobre la matanza de Pando, debe llevar a la población a ratificarse en la necesidad de construir un agudo sentido crítico frente a los mensajes comunicacionales.
A saber que ningún medio es imparcial ya que todos responden por lo general a la visión política de sus propietarios o, más aún, a la defensa de los intereses económicos que los mismos detentan.
De esta medida, el cambio estructural que los bolivianos reclaman debe contemplar también una modificación y un cambio profundo en el tipo y en la clase de comunicación social que el pueblo merece como un derecho fundamental.
Menos mal que esas comisiones nos harán conocer informes fidedignos e imparciales sobre lo allí ocurrido, poniendo las cosas en su debido lugar.
Porque en este momento, y seguramente mucho más en los momentos que vendrán, hay personas que están trabajando aceleradamente para enredar las informaciones, de modo que la verdad quede perdida en una maraña de contradicciones que deje a todos con más dudas que certidumbres.
Y es que, en efecto, representantes políticos de la oposición como Roger Pinto, Lourdes Millares o Paulo Bravo, en alianza con medios de comunicación social como las redes televisivas UNITEL, PAT y varias más han ido haciendo circular, de manera cínica y mañosa, las más extrañas, antojadizas y, obviamente, mentirosas versiones sobre la matanza.
Esas personas, grupos políticos, y medios de comunicación de la derecha, han venido insistiendo, por ejemplo, en que en Porvenir no hubo una masacre sino un enfrentamiento.
En que hay muertos y heridos de ambos bandos.
En que en los hechos participaron cubanos y venezolanos que resultaron muertos, y que luego fueron trasladados a Venezuela en un avión que llegó a media noche sin que nadie se enterara.
Que los campesinos iban armados y que tenían el plan de tomar la prefectura violentamente.
En esa línea de falseamiento de la realidad, no sería de extrañar que terminaran afirmando que las zanjas que hicieron con maquinaria pesada para emboscar y detener la marcha campesina, tenían como objetivo la reparación de algún trecho del camino.
O que la gente de la prefectura estaba yendo en los camiones a un día de campo y llevaba las armas para cazar pajaritos.
O, por último, que fueron los campesinos los que se pusieron en el camino de las balas para luego culpar de su muerte al prefecto Leopoldo Fernández.
Por ello, de be insistirse, resulta fundamental la presencia de comisiones externas que a la brevedad posible emitan sus informes señalando con claridad lo acontecido.
Ahora, al margen de impulsar las averiguaciones sobre la masacre, lo que corresponde es el desmantelamiento de los grupos de sicarios que, según muchas denuncias continúan operando amenazando a campesinos, buscando a dirigentes y quemando sus viviendas porque, al parecer, el Estado de Sitio no llegó al área rural los señalados grupos paramilitares, entre los cuales se conoce que hay muchos de nacionalidad brasilera y peruana, presuntamente ligados también a bandas del narcotráfico, pasan y repasan la frontera boliviana con el Brasil con el afán de amedrentar a los campesinos.
Testimonios de personas que llegaron de Pando señalan que en el agro se vive un clima de permanente temor, el cual constituye, de por sí, una grave violación a los derechos humanos.
El gobierno central, entonces, debe reforzar sus contingentes militares en Pando, para devolver la tranquilidad a los campesinos.
Paralelamente a ello proseguir con la captura de dirigentes cívicos y miembros de la prefectura que estuvieron involucrados en la matanza.
Fueron muchos los que intervinieron en la emboscada y son pocos los confinados o detenidos a los cuales se les está pidiendo declaraciones.
Como muchos de estos responsables han buscado refugio en el Brasil, debe hacerse también una gestión diplomática, de modo que sean expulsados de esa nación para que rendan cuentas ante la justicia boliviana.
Por último todo el manejo mal intencionado que UNITEL, PAT, el periódico cruceño El Mundo y otros medios de comunicación social vienen haciendo sobre la matanza de Pando, debe llevar a la población a ratificarse en la necesidad de construir un agudo sentido crítico frente a los mensajes comunicacionales.
A saber que ningún medio es imparcial ya que todos responden por lo general a la visión política de sus propietarios o, más aún, a la defensa de los intereses económicos que los mismos detentan.
De esta medida, el cambio estructural que los bolivianos reclaman debe contemplar también una modificación y un cambio profundo en el tipo y en la clase de comunicación social que el pueblo merece como un derecho fundamental.
Comienza la última caminata
El pueblo boliviano ha de iniciar su última caminata para concretar el cambio histórico que ha venido propugnando en los últimos años.
La marcha comenzará el 13 de octubre en Caracollo y llegará a La Paz para tender un cerco al congreso.
No habrán desmanes, ni agresiones, ni violencia, porque esos son métodos fascistas.
Habrá, si, una gran presión social que se extenderá a lo largo de los días y que no ha de cesar hasta que los parlamentarios aprueben la ley de convocatoria a referendo para aprobar el nuevo texto constitucional.
Después llegará la consulta y, al final, venciendo todas las conspiraciones de la derecha Bolivia podrá apoyarse en su nuevo marco jurídico para concretar la transformación de sus estructuras de injusticia.
Los grupos de poder han de intentar quitarle legalidad al referendo señalando los argumentos de siempre.
Que la nueva constitución no es el resultado de un absoluto consenso en el país, que fue aprobada en un recinto militar, que tiene la desaprobación de la mayoría del pueblo, y a hasta que nació bañada en sangre.
Esos argumentos son fútiles, porque, si se recuerda, el periodo preconstituyente fue muy largo.
Se seleccionaron los temas neurálgicos y se establecieron mesas de trabajo en las que participaron una mayoría de los sectores de la sociedad civil, de acuerdo a su especialidad e interés.
De esas mesas emergieron propuestas y conclusiones que tuvieron amplia difusión en la prensa y en otros medios de comunicación.
Posteriormente, una vez instalada la asamblea constituyente los asambleístas concurrieron a los diferentes departamentos del país a seguir recogiendo sugerencia y propuestas de los diferentes sectores sociales, para enriquecer el debate que, a esas alturas ya había sido muy amplio.
Mas tarde el dialogo prosiguió superando innumerables argumentos y objeciones de los grupos minoritarios que, según se vio claramente tenían la consigna de llevar a la asamblea al fracaso.
De modo mañoso, esos grupos introdujeron el tema de la capitalidad y entonces la asamblea se entrampó en un clima de enfrentamiento y violencia donde afloraron sentimientos tan aberrantes como la discriminación y el racismo, que antes habían permanecido tapados por una capa de falsa democracia y, todavía más falsa, igualdad.
A pesar de toda esa conspiración con asambleístas hostigados, perseguidos, heridos, golpeados y a punto de ser asesinados, la asamblea continuó adelante buscando protección en un liceo militar.
De allí, resolución mediante, se fue a Oruro, y Oruro recibió la distinción de ser el distrito donde nació la nueva carta magna.
La oposición se desmarcó de estas últimas etapas, pero ello no le quitó para nada legitimidad al nuevo texto que fue aprobado por una mayoría de los asambleístas y siguiendo todos los procedimientos que la ley señalaba.
El camino, pues, para la aprobación del nuevo proyecto de constitución fue muy difícil por la terminante oposición de los grupos de las oligarquías que no aceptaban, y aún no aceptan perder privilegios que hasta ahora disfrutaron.
Pero ahora ha llegado el momento de las decisiones.
El nuevo texto constitucional no se abre ni se modifica.
Simplemente se lo lleva a referendo y se lo aprueba, si es que el pueblo quiere aprobarlo.
Después, en la medida en que se vayan implementando las nuevas leyes, se lo irá puliendo, resolviendo las contradicciones o falencias que pudiera tener.
Lo importante, lo esencial es que se imponga la voluntad popular predominando sobre los intereses de los grupos de la extrema derecha que se atrincheraron en los comités cívicos y en los latifundios del oriente y del sur del país.
La última marcha, la definitiva, entonces, esta por comenzar y a ella deberán sumarse los bolivianos que acrisolen el sentimiento de patria y que quieran un mejor país.
La marcha comenzará el 13 de octubre en Caracollo y llegará a La Paz para tender un cerco al congreso.
No habrán desmanes, ni agresiones, ni violencia, porque esos son métodos fascistas.
Habrá, si, una gran presión social que se extenderá a lo largo de los días y que no ha de cesar hasta que los parlamentarios aprueben la ley de convocatoria a referendo para aprobar el nuevo texto constitucional.
Después llegará la consulta y, al final, venciendo todas las conspiraciones de la derecha Bolivia podrá apoyarse en su nuevo marco jurídico para concretar la transformación de sus estructuras de injusticia.
Los grupos de poder han de intentar quitarle legalidad al referendo señalando los argumentos de siempre.
Que la nueva constitución no es el resultado de un absoluto consenso en el país, que fue aprobada en un recinto militar, que tiene la desaprobación de la mayoría del pueblo, y a hasta que nació bañada en sangre.
Esos argumentos son fútiles, porque, si se recuerda, el periodo preconstituyente fue muy largo.
Se seleccionaron los temas neurálgicos y se establecieron mesas de trabajo en las que participaron una mayoría de los sectores de la sociedad civil, de acuerdo a su especialidad e interés.
De esas mesas emergieron propuestas y conclusiones que tuvieron amplia difusión en la prensa y en otros medios de comunicación.
Posteriormente, una vez instalada la asamblea constituyente los asambleístas concurrieron a los diferentes departamentos del país a seguir recogiendo sugerencia y propuestas de los diferentes sectores sociales, para enriquecer el debate que, a esas alturas ya había sido muy amplio.
Mas tarde el dialogo prosiguió superando innumerables argumentos y objeciones de los grupos minoritarios que, según se vio claramente tenían la consigna de llevar a la asamblea al fracaso.
De modo mañoso, esos grupos introdujeron el tema de la capitalidad y entonces la asamblea se entrampó en un clima de enfrentamiento y violencia donde afloraron sentimientos tan aberrantes como la discriminación y el racismo, que antes habían permanecido tapados por una capa de falsa democracia y, todavía más falsa, igualdad.
A pesar de toda esa conspiración con asambleístas hostigados, perseguidos, heridos, golpeados y a punto de ser asesinados, la asamblea continuó adelante buscando protección en un liceo militar.
De allí, resolución mediante, se fue a Oruro, y Oruro recibió la distinción de ser el distrito donde nació la nueva carta magna.
La oposición se desmarcó de estas últimas etapas, pero ello no le quitó para nada legitimidad al nuevo texto que fue aprobado por una mayoría de los asambleístas y siguiendo todos los procedimientos que la ley señalaba.
El camino, pues, para la aprobación del nuevo proyecto de constitución fue muy difícil por la terminante oposición de los grupos de las oligarquías que no aceptaban, y aún no aceptan perder privilegios que hasta ahora disfrutaron.
Pero ahora ha llegado el momento de las decisiones.
El nuevo texto constitucional no se abre ni se modifica.
Simplemente se lo lleva a referendo y se lo aprueba, si es que el pueblo quiere aprobarlo.
Después, en la medida en que se vayan implementando las nuevas leyes, se lo irá puliendo, resolviendo las contradicciones o falencias que pudiera tener.
Lo importante, lo esencial es que se imponga la voluntad popular predominando sobre los intereses de los grupos de la extrema derecha que se atrincheraron en los comités cívicos y en los latifundios del oriente y del sur del país.
La última marcha, la definitiva, entonces, esta por comenzar y a ella deberán sumarse los bolivianos que acrisolen el sentimiento de patria y que quieran un mejor país.
Bolivia tiene el modelo alternativo
Resultó, pues que el modelo capitalista neoliberal con el que se planeaba globalizar al mundo tenía cimientos de barro.
Que la lógica de acumulación, de especulación en los mercados financieros, soslayando la realidad económica no era nada más que una burbuja que algún día tenía que reventar, obligando a los especuladores a poner los pies en el suelo.
Un suelo que ahora esta remecido, que tiembla y que amenaza con desmoronar toda la estructura capitalista sobre el asentada.
Estalló la burbuja, se caen las bolsas de valores, quiebran los bancos más poderosos en una cadena de domino, la desorientación y el pánico comienzan a aturdir a las masas humanas de las naciones más desarrolladas, y los países comienzan a imaginar las medidas más rápidas para resguardarse lo más posible de esta hecatombe que, obviamente, ya no es solo norteamericana sino que afecta al planeta.
Ahora bien, en esta perspectiva, ¿cuales son esas medidas preventivas que podrían salvaguardar a las economías de los efectos de la crisis?.
Primero que nada, alejarse lo más posible del epicentro del sismo.
Segundo volcarse al fortalecimiento de una economía interior que apunte al mejoramiento de los sectores productivos y al abastecimiento de alimentos y de artículos esenciales como los medicamentos.
Y luego trabajar en la construcción de formas de funcionamiento económico que resulten una alternativa al modelo neoliberal que esta cayendo, así como en su momento cayó el muro de Berlín.
Dentro de esta búsqueda adquiere, pues, un particular valor el planteamiento económico del actual gobierno que decidió el paulatino desmantelamiento del sistema neoliberal para reemplazarlo con una economía mixta más cercana a la realidad boliviana.
Ese nuevo modelo, en efecto, esta basado en la convivencia de cuatro formas económicas de funcionamiento paralelo.
Una economía de corte liberal, exportador, con obvias inserciones en los mercados del mundo.
Otra economía de carácter comunitario, que sería particularmente fortalecida con miras al abastecimiento del mercado interno, de particular importancia en la crisis que proviene del exterior.
Una tercera economía cooperativista que se movería entre la comunitaria y la capitalista, y una cuarta economía de carácter estatal.
En esta última el Estado recobraría un carácter empresarial en algunas áreas estratégicas de la actividad nacional y, al mismo tiempo, haría el papel de control y fiscalización de las otras economías, para evitar excesos o distorsiones de los mercados.
Bolivia, pues, como previendo la crisis mundial que ahora llegó, tiene en sus manos una respuesta que seguramente será adoptada también por otros países de la región latinoamericana.
Si a esto se suma que, merced a las políticas de recuperación de los recursos naturales, las reservas fiscales han mejorado substancialmente, resulta que nuestro país esta mejor apertrechado que otros para encarar la crisis.
Esto no quiere decir que no sentirá los efectos de la misma porque, efectivamente, no habrá rincón del planeta donde dichos efectos no se sientan, pero la misma podrá ser encarada sin demasiados sobresaltos y, sobre todo, sin comprometer demasiado las perspectivas de crecimiento nacional.
Ha comenzado pues, a desmoronarse el sistema capitalista y ello ha de implicar, como contrapartida el fortalecimiento del socialismo en cualquiera de sus modalidades económicas, sistema sustentado en principios de solidaridad, de búsqueda de un desarrollo equitativo, de un compartir de los bienes producidos, de control de los enriquecimientos excesivos, de rechazo a la explotación humana y de rechazo a la depredación del planeta.
Que la lógica de acumulación, de especulación en los mercados financieros, soslayando la realidad económica no era nada más que una burbuja que algún día tenía que reventar, obligando a los especuladores a poner los pies en el suelo.
Un suelo que ahora esta remecido, que tiembla y que amenaza con desmoronar toda la estructura capitalista sobre el asentada.
Estalló la burbuja, se caen las bolsas de valores, quiebran los bancos más poderosos en una cadena de domino, la desorientación y el pánico comienzan a aturdir a las masas humanas de las naciones más desarrolladas, y los países comienzan a imaginar las medidas más rápidas para resguardarse lo más posible de esta hecatombe que, obviamente, ya no es solo norteamericana sino que afecta al planeta.
Ahora bien, en esta perspectiva, ¿cuales son esas medidas preventivas que podrían salvaguardar a las economías de los efectos de la crisis?.
Primero que nada, alejarse lo más posible del epicentro del sismo.
Segundo volcarse al fortalecimiento de una economía interior que apunte al mejoramiento de los sectores productivos y al abastecimiento de alimentos y de artículos esenciales como los medicamentos.
Y luego trabajar en la construcción de formas de funcionamiento económico que resulten una alternativa al modelo neoliberal que esta cayendo, así como en su momento cayó el muro de Berlín.
Dentro de esta búsqueda adquiere, pues, un particular valor el planteamiento económico del actual gobierno que decidió el paulatino desmantelamiento del sistema neoliberal para reemplazarlo con una economía mixta más cercana a la realidad boliviana.
Ese nuevo modelo, en efecto, esta basado en la convivencia de cuatro formas económicas de funcionamiento paralelo.
Una economía de corte liberal, exportador, con obvias inserciones en los mercados del mundo.
Otra economía de carácter comunitario, que sería particularmente fortalecida con miras al abastecimiento del mercado interno, de particular importancia en la crisis que proviene del exterior.
Una tercera economía cooperativista que se movería entre la comunitaria y la capitalista, y una cuarta economía de carácter estatal.
En esta última el Estado recobraría un carácter empresarial en algunas áreas estratégicas de la actividad nacional y, al mismo tiempo, haría el papel de control y fiscalización de las otras economías, para evitar excesos o distorsiones de los mercados.
Bolivia, pues, como previendo la crisis mundial que ahora llegó, tiene en sus manos una respuesta que seguramente será adoptada también por otros países de la región latinoamericana.
Si a esto se suma que, merced a las políticas de recuperación de los recursos naturales, las reservas fiscales han mejorado substancialmente, resulta que nuestro país esta mejor apertrechado que otros para encarar la crisis.
Esto no quiere decir que no sentirá los efectos de la misma porque, efectivamente, no habrá rincón del planeta donde dichos efectos no se sientan, pero la misma podrá ser encarada sin demasiados sobresaltos y, sobre todo, sin comprometer demasiado las perspectivas de crecimiento nacional.
Ha comenzado pues, a desmoronarse el sistema capitalista y ello ha de implicar, como contrapartida el fortalecimiento del socialismo en cualquiera de sus modalidades económicas, sistema sustentado en principios de solidaridad, de búsqueda de un desarrollo equitativo, de un compartir de los bienes producidos, de control de los enriquecimientos excesivos, de rechazo a la explotación humana y de rechazo a la depredación del planeta.
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