Barack Obama asumirá el mando supremo de los Estados Unidos en enero del próximo año, y con ello habrá terminado una era y comenzará otra, según coinciden analistas de todo el mundo.
Ahora, si ese cambio fundamental ocurre realmente o no, sólo lo dirá el tiemp0, pero todo apunta a que muchas cosas se modificarán en la primera potencia del mundo, y en las relaciones de esa potencia con los demás países.
Cobra, en este contexto, particular importancia la relación con las naciones latinoamericanas, entre las cuales se encuentra Bolivia.
En los hechos, hace pocos días se reunieron las naciones iberoamericanas en una importante cumbre, y allí surgieron varias propuestas y acuerdos que ahora deben ser tomados en cuenta por los Estados Unidos.
Uno de esos aspectos se refiere a la imperiosa necesidad de reformar el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, de modo que ese organismo no sea ya el gendarme del imperio, ni el instrumento para la ejecución obligatoria de políticas que sólo han beneficiado a las potencias capitalistas.
Estados Unidos, según se conoce, es una de las naciones que más aportan para el funcionamiento del Fondo, razón por la cual esa entidad siempre ha estado al servicio de la potencia, para imponer sus políticas financieras en el mundo.
Ocurrida la crisis de las bolsas, el descalabro de la economía norteamericana y, en esa misma medida, el fracaso del neoliberalismo, lo que queda es trabajar por un nuevo orden económico mundial, aspecto en el cual deberá participar de modo muy activo la nueva administración norteamericana.
Los países iberoamericanos han planteado también la creación de una nueva arquitectura financiera regional, con un sistema monetario común.
Se trata de estructurar una región que alcance mayores niveles de autonomía frente al predominio del dólar, con el fortalecimiento del Banco del Sur para que sirva al desarrollo multinacional de la región, desplazando al Banco Interamericano de Desarrollo y a otros organismos que, si bien apoyaban eventualmente a los países latinoamericanos, lo hacían imponiendo siempre duras exigencias que partían desde los centros capitalistas, concretamente desde los Estados Unidos.
Todo lo indicado, según se observa, implica otro tipo de relaciones entre nuestras naciones y los Estados Unidos, cosa que deberá ser tomada muy en cuenta por el presidente Obama y su gobierno.
Los países de Iberoamérica determinaron también tomar medidas de carácter social, para impedir que aumente la pobreza como consecuencia de la crisis financiera internacional.
Eso significa una intervención más clara y decidida de los Estados en la economía de los diferentes países.
Esa mayor participación estatal implica una modificación del sistema de libre mercado que imponía lo contrario, vale decir, el achicamiento del Estado.
El gobierno norteamericano, así prosiga con su modelo económico, estará obligado a aceptar esta nueva realidad, y a no presionar más con sus políticas económicas, particularmente con los famosos tratados de libre comercio.
Los mecanismos de supervisión, con los que se vigilaba el funcionamiento económico de las naciones pobres, ahora deberán servir también para ejercer estricta vigilancia de las naciones ricas, que fueron las que incurrieron en desfases que precipitaron la crisis actual.
Dicho en otras palabras, las potencias capitalistas demostraron ser muy estrictas con los demás, en la aplicación de medidas y correctivos económicos, y muy permisivas consigo mismas, aspecto que precipitó la crisis actual.
Del presente desbarajuste financiero, dijeron los presidente de los países latinoamericanos, nosotros somos víctimas y no culpables, de modo que ahora nuestros países en desarrollo reclaman una mayor participación en la supervisión y vigilancia de la economía, inclusive de las naciones ricas.
El esfuerzo para superar la crisis debe ser mundial, de modo que si nuestros países van a contribuir a las soluciones, es justo que ahora merezcan un mejor trato en las relaciones comerciales y financieras.
En el caso de Bolivia, lo que se espera es que se abran las condiciones para un nuevo marco de relaciones con la potencia del norte.
Que se restablezcan las relaciones diplomáticas, pero que ya no aparezca un embajador que conspire con los grupos de la extrema derecha boliviana, ni exista una DEA que, en lugar de apoyar la lucha contra las drogas, se dedique a vigilar, perseguir y hostigar a dirigentes sindicales y políticos del campo popular, o a desestabilizar al gobierno boliviano.
Y que la lucha contra el narcotráfico sea compartida, sin presiones ni chantajes como la suspensión del famoso ATPDEA.
En los Estados Unidos habrá un nuevo gobierno que todos, incluyendo la mayoría del pueblo norteamericano, esperan sea un gobierno de cambio.
Hasta que ese cambio comience a ocurrir, habrá que abrir un compás de prudente espera.
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