¿Qué puede decir ahora, el Cardenal Julio Terrazas?

¿Y qué puede comentar ahora el Cardenal Julio Terrazas?

En la región de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, el párroco de la colonia San Martín, padre Adalid Vega Veizaga fue golpeado brutalmente por miembros de la Unión Juvenil Velasquista, que constituye uno de los brazos provinciales de la Unión Juvenil Cruceñista.

El Padre Vega Veizaga, según relató él mismo, se había trasladado de la colonia San Martín a San Ignacio de Velasco, acompañado de un grupo de jóvenes de colegio para inscribirlos en el servicio pre militar.

Allí en San Ignacio de Velasco, fue interceptado por los matones de la señalada Unión Juvenil Velasquista, quienes lo acusaron de haber interferido en la votación por el estatuto autonómico y, a continuación, lo golpearon salvajemente, dejándolo prácticamente entre la vida y la muerte.

El hecho fue denunciado por varios vecinos de la indicada localidad, y ratificado por el obispo de San Ignacio, padre Carlos Sleiter.

Ahora bien, ocurrida esta agresión tan cobarde, ¿qué comentarios le podrán merecer al Cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad de la Iglesia Católica boliviana?

¿Qué reflexiones? ¿Qué consideraciones?

¿Estará dispuesto, el Cardenal Julio Terrazas, a condenar, ahora sí, a la gente de la indicada Unión Juvenil Cruceñista?

¿O querrá que le hagan llegar pruebas de que la agresión existió y de que los agresores fueron gente de la señalada Unión Juvenil, como lo señaló el mismo agredido padre Adalid Vega Veizaga?

La señalada organización juvenil, como perfectamente lo sabe todo el mundo, es parte integrante del Comité Cívico de Santa Cruz.

Está manejada y dirigida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, y está financiada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, así como por la prefectura del indicado departamento.
De modo que, de la intención de agredir al padre
Veizaga, en San Ignacio de Velasco, el indicado Comité Cívico cruceño ha debido tener pleno conocimiento.

O, a lo mejor, fue el mismo Comité Cívico cruceño el que dio la orden para la agresión porque, en delitos de este tipo, como perfectamente lo saben todos, hay una parte ejecutora, que lleva a cabo el hecho, y otra parte intelectual que idea, planea, financia y ordena el delito.

Hecha esta lógica consideración, ¿reflexionará el Cardenal Julio Terrazas, sobre el grado de responsabilidad que tiene el Comité Cívico cruceño, en este lamentable caso?

Y, paralelamente, ¿tomará en cuenta que fue ese Comité Cívico el que impulsó de manera ilegal, mañosa y ladina, la consulta sobre el estatuto autonómico el pasado 4 de mayo?

¿Y pensará que él, utilizando su jerarquía cardenalicia, , respaldó, avaló y convalidó ese ilegal acto acudiendo a votar muy temprano, de manera urgente, y con el clarísimo ánimo de inducir a otros ciudadanos a hacer lo mismo?

¿Estará muy contento, el Cardenal Julio Terrazas, de haber apoyado la iniciativa de un Comité Cívico que, por un lado, desarrolla toda una acción fuera de la ley para imponer un estatuto y, por el otro, alienta agresiones brutales contra ciudadanos y hasta contra sacerdotes, como fue el caso del párroco de la colonia San Martín, que no aceptan la ilegalidad y que no están con ese proyecto?

¿Comentará algo, el Cardenal Terrazas, sobre este penoso caso, y reclamará la acción de la justicia, o se limitará a callar y a pedir diálogo entre los bolivianos?

Ahora, mirando lo acontecido, no puede el ciudadano dejar de recordar lo sucedido un sábado 22 de marzo de 1980, con el sacerdote jesuita Luis Espinal Camps.

El padre Espinal fue secuestrado cuando retornaba a su casa, introducido a una movilidad y llevado al matadero municipal de la ciudad de La Paz.

Allí lo torturaron durante largas horas, le quebraron el hueso esternón con un culatazo y, al final lo acribillaron con 17 balazos.

Sus asesinos eran paramilitares que respondían a las órdenes del coronel Luis Arce Gómez, quien fue después ministro del interior durante la dictadura del General Luis García Meza.
Esos paramilitares, posteriormente asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y fueron culpables de la tortura y muerte de muchísimos otros dirigentes sindicales y políticos del campo popular.

Esos mismos paramilitares, psicópatas, sañudos, sin moral de ninguna clase, de tendencias criminales, tenían la misma mentalidad de la gente que conforma la Unión Juvenil Cruceñista, que en meses pasados cometieron tantas agresiones contra diferentes ciudadanos y que ahora golpearon en grupo y a mansalva, al sacerdote Adalid Vega Veizaga.

Si son capaces de golpear a un sacerdote hasta casi matarlo, no ha de ser extraño que, en el futuro, con apoyo de sus patrones, gente de la prefectura y del Comité Cívico cruceños, también lleguen a asesinar a otros ciudadanos, e incluso a otros sacerdotes que se pongan al lado del pueblo, como lo hicieron con el padre Luis Espinal, en 1980.

¿Estará pensando, el Cardenal Julio Terrazas, sobre estas claras relaciones entre unos y otros hechos, o andará despistado, señalando que lo sucedido con el padre Vega Veizaga es un caso fortuito o, peor aun, se limitará a pedir pruebas de lo ocurrido, y a reclamar la unión de los bolivianos?

Un sacerdote fue cobarde y cruelmente agredido por gente de la Unión Juvenil Cruceñista, allí en San Ignacio de Velasco.

El pueblo espera a ver la actitud que adoptará la Iglesia Católica y, particularmente, el Cardenal Julio Terrazas, en torno a este hecho.

La lucha boliviana es de clases sociales, y no de departamentos

“Santa Cruz dice...”, Tarija plantea...”, “Chuquisaca reclama...”, “La media luna se moviliza...”.

Esos son los términos con los que se ha ido manejando, en los principales medios de comunicación social privados del país, la lucha y las tensiones políticas de los últimos tiempos.

Como si fuera una lucha de regiones.

Como si se tratara de las divergencias entre cuatro o cinco departamentos del país contra el departamento de La Paz o, más propiamente, contra el gobierno central del presidente Evo Morales.

Esa manera de plantear las cosas, pretende hacer ver un país dividido entre las regiones del oriente y del sur del país, contra otras del occidente.

También se trata de mostrar una pugna entre una región progresista, pujante y modernizante, contra otra atrasada, anacrónica, subdesarrollada.

Inclusive, esta forma de diferenciar las posiciones, encierra elementos raciales, señalando que en el oriente están los blancos, los descendientes de europeos, los altos, los que hablan inglés, en tanto que en el occidente están los bajos, los indígenas, los que se limitan a sus idiomas nativos, como muy suelta de lengua lo expresó una tontita ex Miss Bolivia, de nombre Gabrielita Oviedo.

La tal diferenciación, conviene remarcarlo, ha sido repetida miles de veces por los medios de comunicación social privados, y así ha inducido a buena parte de los bolivianos, a mirar el problema político de Bolivia.

Esta forma de entender las cosas, sin embargo, es absolutamente falsa, como lo demostró la consulta llevada a cabo en Santa Cruz, el pasado 4 de mayo.

Porque, efectivamente, la nación boliviana sí está dividida en dos bandos, pero no regionales, sino en dos bandos caracterizados por su acumulación económica, y por el usufructo que hicieron del poder en las pasadas décadas.

En un lado están los que acumularon tremendas fortunas, medrando del modelo liberal y de las dictaduras militares que sometieron a la nación boliviana desde las épocas del presidente Barrientos Ortuño.

Las clases sociales dominantes que, a lo largo de más de 40 años, se fueron haciendo dueñas de la tierra, de los recursos naturales, del sistema financiero, de los dineros que en forma de donaciones o de préstamos entraron del exterior, y que a la corta o a la larga tuvo que pagar el pueblo.

Gente que se agrupó en partidos como el MNR, la ADN, el MIR, la UCS, la NFR, que se inventó unos inmorales pactos de gobernabilidad y que a través de ellos controló el gobierno, el congreso y el poder judicial y, obviamente, la administración pública, repartiéndola en feudos que constituían minas de oro para sus militantes.

En un lado, entonces, se ubicaron esos sectores, concentrándose principalmente en el oriente, desarrollando una mentalidad conservadora, racista, soberbia, y con el horizonte puesto en los centros del imperio norteamericano.

En el otro lado están los sectores populares, los pobres, los que no disfrutaron sino sufrieron el modelo neoliberal.

Los sectores campesinos y las naciones indígenas originarias, que trabajan la tierra sin apoyo crediticio de nadie, y que siempre salen perdiendo en el intercambio comercial del campo y de la ciudad, sosteniendo, con sus alimentos baratos, a los demás sectores de la sociedad.

Personas y familias que, desde la fundación de la República, ocuparon un lugar secundario, contentándose siempre con una mínima parte en el reparto de los bienes nacionales, parte que no les permitía cubrir sus gastos básicos de alimentación o vestido, y que los obligaba a multiplicarse en los más diversos oficios para completar su salario.

Gente que apenas alcanzaba a completar los primeros años de una educación básica, que tenía una menor expectativa de vida, muchas veces semejante a la de poblaciones atrasadas del África.

Personas que, como por obra del destino, estaban condenadas a cumplir el rol de sirvientes de las clases que se pavoneaban creyéndose superiores, sin mostrar argumentos valederos para ello.

Bolivia, pues, estuvo y está dividida de esa manera, en clases sociales que hoy están en pugna nuevamente, y no en regiones geográficas como tratan de mostrar los medios privados de comunicación social.

En Santa Cruz, el 4 de mayo, con motivo de la consulta sobre el estatuto autonómico, chocaron los campesinos y naciones originarias y pobladores de sectores populares, contra las clases dominantes representadas en el comité cívico y en la prefectura.

En Chuquisaca, cuando se armaban los jaleos por el asunto de la capitalidad plena, chocaron los grupos de la burguesía contra los sectores indígenas que habitan las provincias, y contra los constituyentes que representaban a los indígenas y campesinos de otras regiones del país.

En aquellos momentos, debe recordarse, afloró como nunca el odio racial que cruza de modo transversal la lucha de clases que se plantea en Bolivia.

Para ser, entonces, más precisos en sus informaciones, los medios de comunicación privados, cuando se refieran a las tensiones políticas de nuestro país, deberían hablar de las clases dominantes de Santa Cruz y no de todo Santa Cruz, porque esas clases dominantes son una minoría que, con su poder económico, han conseguido dominar el comité cívico y la prefectura, desde donde proyectan su plan de dominio departamental.

Del mismo modo, se debería hablar de la burguesía de Chuquisaca y no de todo el departamento de Chuquisaca, porque el comité interinstitucional allí conformado no representa para nada a las poblaciones campesinas e indígenas, que son la mayoría del departamento.

Esa manera de diferenciar las cosas ha de ser útil, para que los bolivianos miremos con más precisión lo que acontece en el campo político, en el campo de las luchas sociales y para que, de acuerdo a esa mirada, sepamos con cuál sector nos identificamos.

Si con los millonarios racistas, conservadores, y de tendencias fascistas que intentan volver al viejo estado neoliberal con estatutos separatistas, o con los sectores populares y de clases medias, que buscan el cambio para hacer una nación donde se repartan mejor los bienes que a todos nos pertenecen.

Un Consejo Sudamericano de Defensa para oponerse al dominio militar del imperio

La iniciativa está en marcha, y cuenta con el apoyo de varios países de la región.

Crear el Consejo Sudamericano de Defensa de modo que se definan políticas comunes en este campo, y se integren las industrias militares de las diferentes naciones.

Para cumplir con este objetivo ha visitado Bolivia Nelson Jobim, representante del ministerio de defensa del Brasil, quien ha sostenido reuniones con el presidente Evo Morales y con otras autoridades del gobierno boliviano.

. De lo que se trata es de que los países sudamericanos interesados en este objetivo, puedan actuar conjuntamente, con una misma estrategia y bajo un solo mando, ante cualquier emergencia bélica que provenga de cualquier lugar del mundo.

También, de manera conjunta. se delinearían tareas de capacitación para jóvenes oficiales, intercambio de experiencias y simulacros de operaciones en los diferentes territorios de la región.
Este proyecto, según se comentó, se encuentra enmarcado en los grandes planes de integración regional, económica, social a los que apuntan, cada vez con mayor urgencia, una mayor parte de los países sudamericanos, y dentro de los cuales se halla la constitución de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR.

Como es natural, esta iniciativa está siendo observada con demasiado recelo por parte del actual gobierno de los Estados Unidos.

Esa nación, la primera potencia militar del mundo, quisiera que se influencia y predominio en este campo, en la zona sudamericana, se mantuviera incólume, como hasta hace algún tiempo.

Que sus agregados militares tengan alta influencia en los diferentes gobiernos, que sus tropas controlen sitios estratégicos de los países sudamericanos a través de sus bases militares, que sus academias sean los únicos centros donde se adiestren los nuevos oficiales de las diferentes fuerzas armadas.

Inclusive les gustaría que nuestras naciones, a través de diferentes acuerdos, sean aliadas de las guerras de dominio que los norteamericanos desarrollan en lugares como Irak o Afganistán.

Pero parece que las cosas están cambiando y que, a pesar suyo, los Estados Unidos deberán aceptar que en Sudamérica se constituya un Consejo de Defensa, con estrategias y políticas militares que se desmarquen de sus directivas, y donde participen países con gobiernos que no son de su agrado, como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil o la Argentina.

En la década de los años 60, 70 y 80, conviene recordar, funcionó en Panamá la llamada Escuela de las Américas.

Era un centro sostenido y administrado por los Estados Unidos, y donde acudían a recibir entrenamiento especializado, oficiales de las diferentes naciones sudamericanas.

Allí, además de capacitación en los distintos campos del ámbito militar, se sometía a los oficiales a un sostenido adoctrinamiento en teorías anticomunistas.

La idea era formar militares fanáticamente enemigos de cualquier forma de socialismo de modo que, retornando a sus países los mismos llevaran a la práctica todo tipo de acciones encaminadas a erradicar esas teorías.

En la Escuela de las Américas, alrededor de los
años 70, se difundió un conjunto de ideas que constituían la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional.

La misma sostenía que, en aquella época, la posibilidad de conflictos bélicos entre las naciones había disminuido grandemente por la acción de organismos internacionales como la OEA o las Naciones Unidas, o por la acción mediadora de los mismos Estados Unidos.

Que, en ese sentido, los enemigos de los países no se encontraban más allá de los fronteras.

Que el enemigo estaba, más bien dentro de los países, y que estaba constituido por grupos subversivos que se habían ido multiplicando, por sindicatos de orientación socialista, por intelectuales que difundían ese mismo tipo de ideas, inclusive por defensores de los derechos humanos.

Esos, se decía en la Escuela de las Américas de Panamá, esos eran los verdaderos enemigos que ponían en riesgo la seguridad de las naciones y a los que había que combatir sin misericordia hasta hacerlos desaparecer.

Esa batalla se la debía efectuar de cualquier forma, no importando que se vulneraran las leyes, que se tuviera que utilizar la tortura o que fuera necesarios desarrollar acciones de directo aniquilamiento del enemigo.

Los oficiales que concurrieron a la indicada Escuela de las Américas, aprendieron perfectamente esas teorías y, efectivamente, retornando a sus países, las aplicaron como alumnos aventajados de sus maestros norteamericanos.

Y así advino una oleada de dictadores y represores que hicieron correr sangre del pueblo, de arriba para abajo, en toda la región latinoamericana.

Fueron los que participaron en el Plan Cóndor, los que instalaron centros de tortura, los que hicieron desaparecer miles de personas, los que asesinaron sin piedad.

En el Brasil se distinguió el dictador Ernesto Geisel, en la Argentina Rafael Videla, en Chile Augusto Pinochet, y así en otros países, todos con sus innumerables séquitos de sanguinarios acólitos..

En Bolivia aparecen en esa galería del terror, gente como los generales René Barrientos Ortuño, Hugo Bänzer Suárez, Luis García Meza o como el coronel Luis Arce Gómez.

Esa abominable experiencia, además de las invasiones directas a determinados países protagonizadas por los Estados Unidos para imponer su dominio imperial, hacen ver la importancia de la conformación de un Consejo Sudamericano de Defensa, completamente apartado de la influencia norteamericana.

En el hemisferio norte, potencias militares occidentales son parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN.

Esos países reivindican su derecho a una acción conjunta para defenderse de enemigos que supuestamente atenten contra su estilo de vida y contra su libertad.

Con ese mismo criterio, reivindicado los mismos argumentos, las naciones sudamericanas deben también crear su propia organización de apoyo mutuo y defensa militar, en caso de agresiones de supuestos enemigos.

Sólo que, en este caso, uno de los enemigos debe ser visualizado, justamente, como los Estados Unidos de Norteamérica.

La consigna del momento es autoabastecernos de alimentos o morir

Exportar o morir era el lema que se manejó en nuestro país en décadas pasadas, en consonancia con el modelo de libre mercado en que Bolivia estaba sumida.

Ahora la situación ha cambiado.

Se nos vino encima una crisis de alimentos de magnitud mundial, de modo que otra debe ser la consigna nacional: garantizar nuestra seguridad alimenticia o, realmente, morir.

Bolivia puede seguir exportando sus excedentes para captar divisas, pero si no asegura alimentos, a largo plazo, para el consumo de su población, puede enfrentar situaciones muy dramáticas por la protesta social.

Políticas urgentes sobre este mismo tema ya se están adoptando en otras naciones.

Un ejemplo de lo señalado tiene que ver con el arroz, producto de consumo esencial en gran parte del mundo.

La India y Pakistán, grandes productores del grano, han comenzado a imponer restricciones a su exportación.

En varias regiones de los Estados Unidos, se han adoptado disposiciones para racionar la venta de arroz, con el fin de evitar su acaparamiento.

En México,,como otro ejemplo, se fijaron controles al precio de la tortilla de maíz, y se removieron las cuotas y tarifas a la importación de leche y azúcar.

Otras naciones están diseñando rápidas políticas para resolver el problema de la escasez y subida del precio de la harina, que ha de incidir notablemente en la elevación del precio del pan.

Ante este panorama un sector que cobra una relevancia verdaderamente significativa en nuestro país es, pues, el del pequeño productor.

Este pequeño productor es el que, tradicionalmente, ha abastecido de alimentos baratos a la población boliviana.

Enfrentando, inclusive, la competencia desleal que le venía de afuera por la apertura de fronteras que el modelo neoliberal aplicaba, los pequeños productores del occidente de Bolivia, garantizaron que al pueblo no le faltaran los productos básicos para abastecer su canasta familiar.

Contrariamente a ello, los grandes exportadores y agroindustriales del oriente dirigieron su producción al exterior, atendiendo sólo en mínima proporción las necesidades del mercado interno.

Inclusive, como se vio en pasados meses con el tema del aceite, usaron sus productos como arma política para chantajear y combatir al gobierno, provocando desabastecimientos artificiales.

Es, en consecuencia, al pequeño productor que se deben volcar las medidas de apoyo del Estado, porque es este sector el que viene a adquirir una importancia estratégica ante la situación mundial de la escasez de alimentos.

Paralelamente a ello, el gobierno está obligado a impulsar sus propios planes urgentes para producir productos de primera necesidad.

Algo positivo en este sentido, ha sido la idea de implementar y poner a funcionar, a breve plazo, varias fábricas de productos lácteos que hagan competencia, por ejemplo, a los productos PIL que hoy están en manos de capitales extranjeros.

Es vital, en esta misma línea, producir trigo para no seguir dependiendo de las importaciones o donaciones que provienen del exterior, particularmente de los Estados Unidos, y que han acentuado la dependencia nacional sirviendo, inclusive, en varios momentos, como arma política para derribar gobiernos populares.

Las políticas de producción y abastecimiento de alimentos así como el mantenimiento de los precios de los mismos en condiciones estables, deben ser prioridad del Estado.

Las próximas, y dramáticas, batallas de las naciones estarán vinculadas al campo de los alimentos.

Esas batallas se las puede encarar de manera adecuada si se cuenta con una participación consciente de la población, con políticas diametralmente opuestas a las marcadas por el neoliberalismo, que privilegiaba los intereses de pequeños grupos de poder, en desmedro de los intereses de las mayorías.

La consigna exportar o morir, en consecuencia, ya no tiene más cabida en el país.

Ahora cobra valor la otra consigna que dice: autoabastecernos de alimentos esenciales o, realmente, morir.

La historia no se repetirá

La conspiración tiene ahora una nueva consigna: adelanto de elecciones.

En torno a esa postura están cerrando filas los prefectos y comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, una parte de la agrupación Podemos y la otra agrupación Unidad Nacional.

En su momento el tema de los dos tercios fue el argumento para desestabilizar la democracia y cerrar el paso al proceso de cambio que se busca en el país.

Después saltó el otro tema de la capitalidad plena y posteriormente el del rechazo al proyecto de nueva Constitución que emergía de la Asamblea Constituyente.

Últimamente se trabajó con la aprobación, aunque fuera ilegal, de los estatutos autonómicos y con el rechazo a las medidas de saneamiento de tierras que intenta llevar adelante el gobierno nacional.

Ahora se maneja el pretexto de la crisis política del país, planteando como única salida el acortamiento del mandato del presidente Evo Morales y el adelanto de las elecciones.

Para ello, dicen los dirigentes de las clases dominantes de Santa Cruz, estarían en condiciones, inclusive, de dejar en suspenso los referendos sobre los señalados estatutos autonómicos.

El asunto es, de cualquier manera, sea como sea, a cualquier costo, sacar del gobierno al presidente Morales.

Tumbar al indio, como juraron hacerlo las oligarquías del oriente, en el mismo momento en que Evo Morales asumió la presidencia de la Nación, en enero del 2006.

Ahora bien, ¿cuál es el cálculo político que los sectores dominantes del oriente vienen haciendo, al plantear ese adelanto de elecciones?

Primero, consideran que, en un nuevo acto electoral donde ya no participe como candidato el presidente Morales, el Movimiento al Socialismo perderá mucho del caudal político anteriormente obtenido.

Segundo, que en esa misma medida, los sectores de la derecha, con un candidato que goce de algunas simpatías populares, como por ejemplo René Joaquino de Potosí, tendrán muchas posibilidades de alcanzar buenos resultados.

En consecuencia, tercero, buscan cambiar la correlación de fuerzas que existe actualmente en el campo político y, como consecuencia de ello, cuarto, aspiran a recuperar el poder perdido en octubre del 2003.

Con ese nuevo poder político proyectan, quinto, dejar en suspenso indefinidamente el tratamiento y aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado.

Eventualmente, ante reclamos de los sectores populares, plantearían, sexto, desarrollar un nuevo proceso constituyente con la elección, por supuesto, de una nueva Asamblea Constituyente en la que tengan mayor representación.

Paralelamente, con más representantes en el Congreso y con dominio del ejecutivo detendrían, séptimo, el proceso de saneamiento de tierras que trata de ejecutar actualmente el gobierno, protegiendo a los latifundios y a los latifundistas.

Octavo, sin mayores observaciones a la ilegalidad de sus procesos, seguirían adelante con la aprobación de sus estatutos autonómicos, procurando que los mismos constituyan una realidad irreversible.

Noveno, como objetivo central, aparte de librarse del presidente Morales, las oligarquías del oriente pretenden frenar definitivamente, el proceso de cambio en el que el país está inmerso.

Volver al sistema político y económico anterior, para que tornen a dominar los grupos económicos y políticos que siempre dominaron.

Ese es el cálculo que vienen haciendo y al cual están apostando desesperadamente, las grupos oligárquicos del país.

Pero, ¿podrán ir adelante con su propósito?

En 1985, el presidente Hernán Siles Zuazo se vio obligado a aceptar el acortamiento de su mandato, ante la crisis económica que vivía la Nación, ante el cerco político de la derecha, que dominaba el Congreso, y ante el abandono de la izquierda que también lo acorralaba con demandas sociales.

Pero el presidente Siles Zuazo no tenía el inmenso respaldo popular del que goza el presidente Evo Morales.

En esa época, las arcas del Estado estaban vacías, y no tenían las reservas fiscales que tiene ahora el Banco Central, como producto de medidas tan patrióticas y tan atinadas como la nacionalización de los hidrocarburos.

Tampoco, en aquellos momentos estaban, las naciones originarias y los sectores campesinos y populares, en actitud de combate, confiando en un cambio histórico que les favorezca a través de una nueva Constitución, vigilando para que nadie se atreva a tocar a su presidente.

Son, obviamente otros tiempos y otras circunstancias, de modo que no se puede pensar, simplonamente, en que la historia se va a repetir.

Al presidente Siles Zuazo le sucedió Víctor Paz Estensoro, y 20 años de neoliberalismo con sus ajustes estructurales que si bien equilibraron la economía venciendo a la hiperinflación, originaron, a la larga, un orden de tremenda injusticia, corrupción, partidocracia, concentración de la riqueza en pocas manos, desempleo y aumento brutal de flagelos sociales como el desempleo o la desnutrición y mortalidad infantiles.

Al presidente Evo Morales, le sucederá, conforme quiere el pueblo, una nación con mayor justicia y equidad, y unos ciudadanos bolivianos, del campo y de la ciudad, recuperando y disfrutando de derechos secularmente usurpados.

Sería mejor, entonces, que los sectores de la oligarquía evalúen de otra manera la situación y venciendo los temores que los angustian, concurran al referendo revocatorio y se sometan a la voluntad popular entendiendo, como ya se dijo, que la historia, en este caso, no se ha de repetir.

Los privilegiados y los postergados

Unos recibieron todo y no dieron nada, y los otros no recibieron nada y lo dieron todo.

Ahora, ¿quiénes fueron los que recibieron todo y no dieron nada?

Los grandes exportadores y agroindustriales del oriente.

¿Y quiénes no recibieron nada y lo dieron todo?

Los pequeños productores del país, particularmente del occidente.

En unos y otros, entonces, hubo diferentes formas de actuar frente al país y de responderle al país.

El modelo neoliberal, vigente durante los últimos 20 años, otorgó todos los privilegios a los señalados agroindustriales y exportadores del oriente, principalmente de Santa Cruz.

Como la consigna del momento era exportar o morir, para ganar espacios en el mercado internacional, se les dieron las más grandes facilidades, de modo que pudieran constituirse en el motor de la economía nacional.

Se les entregaron tierras sin límites, se les dieron créditos sin medida, se les consiguieron insumos baratos para que expandieran los cultivos de sus producciones exportables, se les entregó diesel subvencionado, se les perdonó y refinanció sus deudas bancarias, se les otorgó toda la asistencia necesaria cuando hubo desastres naturales y, en suma, se los trató como a los niños mimados del país.

Con su trabajo, con su iniciativa, con su esfuerzo, decían sus defensores, esos agroexportadores van a ser quienes dinamicen la economía y le otorguen a Bolivia la posibilidad de insertarse adecuadamente en el duro mundo de competencia que se mueve más allá de nuestras fronteras.

La lógica del modelo implantado en 1985 mostraba, pues, a ese sector, como al abanderado del desarrollo boliviano.

Pero corrió el tiempo, y los hechos mostraron que nada de lo señalado se había vuelto realidad y que el rol de los indicados agroexportadores más bien había sido contraproducente con las expectativas nacionales.

Porque los agroexportadores recibieron créditos y no los devolvieron llegando, inclusive, a hacer quebrar algunos bancos con los cuales operaban.

Sus exportaciones aumentaban, sí, como en el caso de la soya, pero requerían de un mercado que les daba todas las preferencias del mundo, en este caso el de la Comunidad Andina, por no ser suficientemente competitivas.

Sus aportes al Estado boliviano eran mínimos y no constituían esa inyección importante que se esperaba pero, eso sí, sus aportes a sus propios bolsillos eran muy generosos y no aceptaban restricción alguna.

Y, lo más grave de todo, lo más escandaloso, lo más abominable era que, en la gente de ese sector dominante de Santa Cruz, ensoberbecida por su auge económico, se había ido incubando un sentimiento que nada tenía de boliviano y que, por el contrario, desarrollaba una mentalidad racista, de desprecio al compatriota, principalmente al indígena, fascista a todas luces y que apuntaba, en última instancia a la división de Bolivia.

En otras palabras, que ese sector agroexportador, con sus excepciones por supuesto, había recibido todo de la nación boliviana pero, en cambio, correspondía a Bolivia con la traición, intentando descuartizarla.

Contrariamente a ese proceso, el otro sector, el de los pequeños productores, no recibió ningún apoyo de los gobiernos neoliberales del pasado.

Fue dejado simplemente a su suerte, sin apoyo económico y sin muchos programas que impulsaran su producción.

Y, por el contrario, con una apertura de fronteras que permitía que el mercado boliviano se saturara de productos agrícolas del extranjero, que le significaban una grave, y desleal, competencia, conspirando contra su economía.

A pesar de ello, en esas condiciones adversas, los pequeños productores siguieron batallando y, lo más importante, abasteciendo de alimentos esenciales a la población boliviana.

El Estado boliviano no los apoyaba, pero ellos apoyaban al Estado.

El Estado no los compensaba, pero ellos continuaban trabajando por el país, con una mentalidad de país, jugando su destino al de la nación boliviana.

Jamás, en las cabezas y en el alma de estos pequeños productores asomó, ni pudo haber asomado, ni el menor sentimiento de rechazo a su Patria o de elaboración de ideas siniestras para constituir nuevos países dentro del territorio boliviano, como había ocurrido con los grupos dominantes de Santa Cruz

Ahora, como Bolivia vive un momento diferente, con un gobierno popular, esa lógica de tratamiento a los dos sectores está cambiando.

Ahora se pretende dar un apoyo real y más efectivo, justamente, s los pequeños productores y a las comunidades campesinas, para que mejoren su economía y para que sigan contribuyendo a la nación mejor de lo que lo hicieron antes, y se busca que los grandes empresarios, antes de exigir más, primero respondan a lo que el Estado ha hecho por ellos.

Esta modificación en el tratamiento a los dos sectores, realizado en la más estricta justicia, ha originado reacciones de los indicados grandes exportadores, que quisieran seguir disfrutando de sus privilegios.

Pero ello no ha de ser posible porque ahora, a pesar de las oposiciones, y de los obstáculos y de las conspiraciones, ha comenzado a vivirse un tiempo de cambio que se deberá profundizar con el aporte de todos.

¿Cristianos del silencio?

Bolivia vivió, en los últimos 20 años, bajo un régimen neoliberal de tremenda injusticia.

Bajo un modelo que concentraba los bienes en pocas manos, que concentraba la tierras en unas cuantas familias, que concentraba el poder en unas cuantas personas de unos cuantos partidos.

En un sistema social donde la corrupción alanzaba niveles absolutamente escandalosos, y donde la justicia, comprometida con el poder, mamaba de prebendas que justamente ese poder central le otorgaba.

Y todo, mientras la pobreza se extendía sin misericordia, y el desempleo azotaba a cientos de miles de bolivianos, y las familias se desintegraban, y aumentaban la violencia y la inseguridad, y la gente tenía que irse del país para ganar el salario que aquí no conseguía.
Todo eso, y más vivió Bolivia, con sus empresas descapitalizadas por una mal llamada capitalización y con sus riquezas naturales entregadas a los transnacionales extranjeras.
Pero, frente a ese drama monumental, que destrozaba la Nación, la Iglesia Católica no se pronunció, o si se pronunció, lo hizo tan tímidamente que nadie la escuchó.

Siguió, impertérrita, bendiciendo los actos oficiales, participando de las reuniones diplomáticas, celebrando los tradicionales té deums con participación de las autoridades de los gobiernos neoliberales.

¿No hubiera correspondido que, ante la situación de explotación y miseria que se daba en Bolivia, la Iglesia gritara fuerte, pidiendo por lo menos que se moderaran las medidas del neoliberalismo ortodoxo?

No lo hizo y, en esa medida, fue cómplice del desastre en que se sumió la nación boliviana.

¿Y por qué actuó así, una Iglesia que, en el pasado, se opuso firmemente a las dictaduras?

¿Es que se dejó, también, deslumbrar por las falacias de un modelo económico que prometía un gran desarrollo y que, al final sólo multiplicó la pobreza?

Sea como sea, la Iglesia Católica no habló sobre los males sociales, y de ese modo se pareció mucho a esos “cristianos del silencio”, que condenó el sacerdote Luis Espinal en una de sus oraciones.

En la misma, Luis Espinal, el sacerdote mártir, decía: “Hay cristianos mudos, que mientras no les toquen a ellos, se quedan tranquilos aunque se cuartee el mundo.

“No protestan por las injusticias, porque están esclavizados al Estado por la persecución o por el oportunismo.

“Otros, tal vez, porque no tienen nada que aportar.

Para ellos la fe es una cosa etérea, que no tiene nada que ver con la vida, vale sólo de nubes arriba.

“Te pedimos, Señor, por los cristianos del silencio.

“Que tu palabra les queme las entrañas, y les haga superar la coacción.

“Que no callen como si no tuvieran nada que decir.

“Tú sabes lo que le conviene a tu Iglesia, si un fervor de catacumbas o la rutina de una “protección” oficial.

“Dale lo que sea mejor, aunque sea la cárcel y la pobreza.

“Líbranos del silencio del ahíto ante la injusticia social.

“Líbranos del silencio “prudente” para no comprometernos.

“Tememos haber limitado tu Evangelio; ahora ya no tiene aristas ni sobresalta a nadie.

“Hemos querido convencernos que se te puede servir a ti y al dinero.

“Señor, libra a tu Iglesia de todo resabio mundano.

“Que no parezca una sociedad más, con sus caciques, sus accionistas, sus privilegios, sus funcionarios y su burocracia.

“Que nunca tu Iglesia sea Iglesia del Silencio, ya que es depositaria de tu Palabra.

“Que pregone libremente sin reticencias ni cobardías.

“Que no calle nunca, ni ante el guante blanco ni ante las armas”.

Eso dijo Luis Espinal, antes de que los paramilitares del coronel Luis Arce Gómez lo secuestraran, torturaran y asesinaran con 17 balazos en el Matadero Municipal, un 22 de marzo de 1980.
Condenó a los cristianos que lo son sólo de “boca para afuera”, que conviven, haciéndose los despistados, con las más crueles injusticias, y que critican la rebeldía de los pobres, cuando los pobres se levantan reclamando justicia.

¿No estará en esa misma posición, ahora, en estos tiempos, la Iglesia Católica?

¿No será esa Iglesia del silencio cuando no quiere reconocer la servidumbre de los guaraníes en el Chaco, o cuando parece convalidar la existencia de latifundios en el oriente, o cuando se calla ante los abominables estallidos de racismo ocurridos en Sucre, o cuando avala un estatuto separatista e ilegal?

¿No estará prefiriendo escuchar los aplausos de los poderosos antes que el clamor de los pobres?

Son simplemente preguntas, que la Iglesia debe responder, y cuando se dice Iglesia se habla del Cardenal, de los obispos, del clero y de los fieles del país.

Al final, la Iglesia Católica, parece, nomás, inclinarse a la derecha

En octubre del 2003, cuando el pueblo salió a las calles, y enfrentó las balas y la represión, protestando por la política neoliberal que estaba regalando los hidrocarburos a las transnacionales petroleras, la Iglesia Católica no tomó ninguna postura.

Se limitó a emitir algunos comunicados donde simplemente llamaba al diálogo y al reencuentro de los bolivianos, sin considerar si los reclamos de las organizaciones sociales eran justos o injustos.

El año pasado, cuando grupos enloquecidos del Comité Interinstitucional de Sucre, agredían a varios constituyentes indígenas, poniendo en peligro sus vidas, y llenándolos de insultos racistas, la Iglesia Católica no dijo nada.

Permaneció en silencio, como si el odio racista que afloraba a raudales no fuera algo abominable a los ojos de Dios y contrario al mensaje del Evangelio.

Más tarde, cuando saltó al debate público el tema de la servidumbre y semi esclavitud en que vivían, y viven, cientos de familias del Chaco cruceño, situación conocida desde siempre, el Cardenal Julio Terrazas se atrevió a pedir pruebas de esa situación.

Como era de esperar las pruebas aparecieron por montones, pero el Cardenal no modificó su postura, dejando expuesta su duda sobre las graves violaciones contra los derechos humanos de los guaraníes.

El pasado 4 de mayo, cuando se multiplicaban los argumentos que demostraban la ilegalidad de la consulta sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz, consulta aislada de todo apoyo internacional, el Cardenal acudió a votar, dándole así su bendición.

De manera muy clara, la Iglesia Católica expresó su reparo a varios artículos del proyecto de nueva Constitución Política del Estado, pero no se tomó ni la menor molestia para hacer el mismo trabajo de análisis del estatuto cruceño..
De esa manera convalidó el carácter racista, discriminatorio, concentrador de la riqueza en pocas manos, contrario a los derechos de los indígenas y separatista del mencionado documento.

Todas estas conductas, como perfectamente se puede observar, muestran con claridad que la Iglesia Católica, que se dice apolítica, sí ha tomado una posición política, y esa posición está al lado de los sectores dominantes del país.

Tímida, o ingenua, poco comprometida, con muy poca claridad en sus pronunciamientos, simplemente pide el diálogo y la unidad de los bolivianos.

Está observando, la Iglesia Católica, la lucha que libran las naciones originarias por reparar injusticias de siglos, de manera democrática, a través de una nueva Constitución, pero no las apoya.

No se pronuncia, no dice nada, como si temiera molestar los poderosos intereses de las oligarquías latifundistas y de los sectores dominantes del país.

¿Es esta la clase de Iglesia que requiere el pueblo?

¿Una Iglesia con pastores que no luchan por los más pobres, por los excluidos, por los que menos tienen, y que parecen, a momentos, aliarse con los poderosos?

Podrán, obispos y cardenales de la Igle4sia Católica, desmentir estas apreciaciones, pero una mirada rápida a sus actuaciones de los últimos años, da a entender que hay un alejamiento de conceptos vitales sustentados en su doctrina social.

Esta conducta ha llevado al presidente Evo Morales, que habla directo y con franqueza, a acusar a la Iglesia de parecerse a un sindicato opositor.

Podrán, algunos creyentes, escandalizarse por semejantes palabras, pero más allá de escandalizarse, deberán analizar si el presidente tiene o no razón.

Pero no fue sólo el presidente quien censuró la conducta que, en los últimos tiempos, fue asumiendo la Iglesia Católica, frente a la coyuntura p0olítica que vive el país.

Las voces de censura se multiplicaron particularmente de dirigentes populares que quisieran una Iglesia con mayor sensibilidad social.

Ahora, frente a esta situación de censura que parece aumentar, ¿no será que la jerarquía eclesiástica debe realizar alguna auto critica constructiva?

Al final, obispos y cardenales, o Cardenal, son humanos y, por ello, proclives a errores.

¿No será un error esa su conducta que los inclina más hacia la derecha, donde están los ricos, que hacia la izquierda, donde están los pobres?

Sobre todo esto deben pensar los obispos y el Cardenal, y si por ahí intuyen que algún error existe, corregirlo ahora y no muchísimo después, como aconteció con el Papa anterior, Juan Pablo II, que pidió perdón por errores históricos de su Iglesia, cuando esos errores ya habían hecho demasiado daño.

¿Qué escenario vivirá Bolivia en los próximos meses?

¿Qué escenario se plantea para nuestro país, en un futuro inmediato, una vez que se conoce que el referendo revocatorio, o aprobatorio, va parea adelante?

¿Qué cosas van a suceder en esos noventa días que deberán transcurrir para que tal referendo se concrete?

Primero, es posible que se dé una baja en la incertidumbre política que se vivía en el país, a raíz del enfrentamiento, cada vez más exacerbado entre las oligarquías del oriente y el gobierno boliviano.

El razonamiento será que como todo deberá resolverse en las urnas, es mejor ya no enervar el panorama nacional con nuevos ataques al adversario.

Los que demuestren serenidad, prudencia y buen juicio tendrán, obviamente, mejor posibilidad de recibir el apoyo ciudadano, que los alocados o los violentos o los energúmenos, y entonces todos querrán mostrarse juicioso.

Segundo, se ha de plantear, ya inmediatamente, una despiadada batalla mediática.

Como nunca tendrán importancia los medios de comunicación social, para buscar incidencia en los diferentes sectores de la opinión pública nacional.

Unitel, PAT, ATB, Red Uno y otros canales privados de televisión, además de algunos periódicos y radios, volverán a rediseñar sus estrategias para, reforzándose unos a otros, canalizar las aguas de la consulta a favor de las oligarquías.

Serán tres meses de un bombardeo inmisericorde, en los que se atacará las figuras del presidente y del vicepresidente, y se enaltecerá a los prefectos alineados con los sectores dominantes.

Esa campaña tendrá la forma de noticiosos, de supuestos debates, de cuñas televisivas y radiofónicas, y hasta de programas culturales y de otra índole.

Tercero, en el escenario nacional aparecerán posibles candidatos, para una hipotética situación de defenestración del presidente y vicepresidente o de algunos prefectos.

No será raro que el ex presidente Carlos Mesa comience a ser entrevistado, con cualquier motivo, por los canales televisivos o por algunos periódicos, para reproyectar su figura política.

De la misma manera, aunque su prestigio político está en el sótano, no faltará algún despistado que trate de reimpulsar la figura de Jorge “Tuto” Quiroga.

Se conoce, por ejemplo, que el prefecto Paceño José Luis Paredes, se atrevió a señalar nada menos que a, Manfred Reyes Villa, como potencial candidato presidencial.

También se sabe que muchas personas se han ido acercando a René Joaquino de Potosí, para animarlo a entrar a una eventual pugna electoral

Cuarto, se configurarán verdaderas campañas electorales por parte de algunos prefectos, particularmente de los que tienen conciencia de que no trabajaron suficientemente, o de que se manifestaron en contra de algunos sentimientos de los pobladores.

En esta medida, por ejemplo, uno de los que podría irse despidiendo es el prefecto cochabambino Mánfred Reyes Villa, quien se mostró aliado de los prefectos del oriente, y para cuyo despido por la vía constitucional, ya con anterioridad se vinieron recolectando firmas.

Y otro que se halla en la misma cuerda floja es el prefecto paceño José Luis Paredes, también por hacerle el juego a los prefectos del oriente, y por ponerse reiteradamente en contra del gobierno.

El intento de ataque contra su canal de televisión es una muestra de cómo van las cosas con este político.

Quinto habrá una acentuación de las campañas para cooptar dirigentes populares, analistas políticos, periodistas y hasta autoridades que se manifestaron en contra de los comités cívicos.

Los sectores de la derecha cuentan con muchos recursos para intentar sobornar y acallar a sus eventuales enemigos.

De la misma manera ha de haber una acentuación de las campañas de amedrentación contra estos mismos dirigentes populares, analistas y periodistas.

Si no logran comprarlos con dinero, apelarán a la amenaza y hasta al ataque directo, en el más tradicional estilo fascista.

Un ejemplo claro de lo señalado, fue la detención, por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, como si fueran policías, de pobladores del Plan 3000 mil que acudieron a la Corte Departamental Electoral, llevando pruebas del fraude que se consumaba.

En lugar de felicitarles por su valor civil, se los encarceló y envió, a dos de ellos y por orden del juez José Fernández, a la cárcel de Palmáosla, desoyendo, inclusive, un habeas corpus presentado oportunamente.

Sexto, en Santa Cruz se buscará implementar algunas medidas aparentemente favorables a la población, contempladas en el estatuto autonómico.

El prefecto Costas sabe que si el 40 % de abstención que hubo el 4 de mayo, se convierte en votos en su contra, deberá irse de la prefectura, y entonces procurará ganarse a la población que no lo apoya.

También en esta etapa que se avecina, se presentará una lucha en torno al problema de la parcialidad o imparcialidad de las cortes departamentales electorales.

La corte departamental electoral de Santa Cruz, por ejemplo, ha perdido ya todo prestigio moral para llevar adelante el referendo revocatorio, por los muchísimos casos de fraude comprobados en que incurrió en la consulta del 4 de mayo, de modo que recomponerla será un atarea obligatoria.

La nación boliviana, pues, vivirá tres meses absolutamente politizados, en los que se irá definiendo la suerte futura del país, y del proceso de cambio que se desarrolla.

La consulta fracasó y no hay por dónde perderse

El comité cívico, la prefectura, los sectores oligárquicos de Santa Cruz, querían mostrar un absoluto y contundente triunfo en la consulta planeada para el domingo 4 de mayo.

Deseaban ese triunfo brillante para levantarlo como una bandera, a los ojos del país y del mundo, y para negociar con el gobierno, desde una posición de ventaja.

“Nos respalda nuestro pueblo, iban a decir, de modo que si negociamos lo haremos de poder a poder, de igual a igual, de Estado a Estado y, en todo caso, no negociaremos ni uno solo de los artículos de nuestro estatuto autonómico”.

Eso iban a decir pero ahora no podrán hacerlo, porque el resultado de la consulta fue el de un absoluto fracaso, y eso no lo puede negar nadie.

Ahora, ¿cuáles son los aspectos por los cuales se puede afirmar que la consulta fue un fracaso?

Primero, por el fraude manifiesto que se produjo, y que fue demostrado con miles de papeletas que estaban marcadas con el “Sí”, y que debían aparecer, o que en algunos casos inclusive ya estaban, dentro de las diferentes urnas.

Esas papeletas y esas ánforas fueron quemadas en provincias y en sectores populares de la capital cruceña.

Segundo, por el altísimo grado de abstención que se registró en la consulta y que, según los lugares, osciló entre un 40, un 60 y hasta un 100 por ciento, lo cual le quita toda legitimidad.

Tercero, por la presión, el hostigamiento y el ataque directo que sufrió la ciudadanía por parte de grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista.

Estos grupos circulaban abiertamente en camiones y movilidades livianas, que los transportaban a los sitios donde decidían actuar, a pesar del supuesto auto de buen gobierno emitido por la prefectura.

Cuarto, por la resistencia de indígenas, campesinos y sectores populares que, en las provincias y en la ciudad capital, bloquearon caminos, quemaron material electoral, se abstuvieron y efectuaron denuncias y declaraciones a la prensa nacional e internacional, expresando su repudio a la consulta.

Fueron notorios, en esa resistencia, los casos de San Julián, Yapacaní, Santa Fe, Puerto Rico, Cuatro Cañadas, Montero, Camiri, o en el Plan 3000, la Retamas, Montero y otros.

Quinto, por los choques violentos que se dieron durante toda la jornada, y que arrojaron un saldo de varias decenas de heridos y hasta de un muerto, una persona de 68 años.

Los resultados de esos choques podrían haber sido mucho más graves, si es que la policía no actuaba buscando separar a los bandos.

Sexto, por la ausencia de personas u organismos imparciales que pudieran hacer un seguimiento o controlar los escrutinios y que pudieran verificar la imparcialidad del proceso o garantizar una votación transparente.

Séptimo, por la ausencia de observadores internacionales solventes, que pudieran dar fe de la legitimidad de la consulta.
Ahora, más allá de sus objetivos, ¿qué efectos produjo la consulta realizada en Santa Cruz el 4 de mayo?

Un primer efecto fue que permitió conocer, primero, la magnitud, verdaderamente grande, del rechazo a la misma, por parte de una gran mayoría de la población boliviana.

Ese rechazo se observó en las tremendas movilizaciones desarrolladas en las ciudades de Cochabamba, Oruro, La Paz, El Alto y en otros distritos del país.

En segundo lugar demostró que se ha vuelto a consolidar, de manera muy estrecha, la alianza entre campesinos, indígenas, obreros, mineros y gente de clases medias de la población boliviana, en contra de los planes que pretenden la división del país.

Estos sectores, a tiempo de rechazar la consulta y sus supuestos resultados, plantearon su apoyo al proceso de cambio que se desarrolla en el país y exigieron la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado.

En tercer término, mostraron un cuadro clarísimo de la profunda división que existe dentro del mismo departamento de Santa Cruz, entre gente de los diferentes sectores.

Conocidos los señalados aspectos, emergen claras y lógicas algunas conclusiones.

Primero, los resultados que pretende mostrar la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, no pueden ser reconocidos, no tienen legitimidad ni legalidad.

Segundo, no es posible pensar en ningún diálogo nacional, que tenga como base de negociación los mencionados resultados.

Tercero, a partir de ahora, el enfrentamiento entre las oligarquías del oriente y el conjunto del pueblo boliviano, lejos de aliviarse o de allanarse a través de un diálogo pacificador y franco, más bien se van a agudizar hasta extremos sumamente peligrosos.

El país, pues, a partir de ahora, comenzará una etapa de mucha mayor tensión, que se prolongará por mucho tiempo y que envolverá a todos los bolivianos, hasta su resolución final, donde deberá predominar uno de los sectores.

Pronunciamiento de UNITAS sobre la consulta cruceña del 4 de mayo

Antes de la consulta cruceña sobre el estatuto autonómico, desarrollada el domingo 4 de mayo, la Unión Nacional de Instituciones de Trabajo de Acción Social UNITAS, hizo conocer su posición en un documento publicado en todo el país.

Por su importancia, ante el delicado momento por el que atraviesa nuestra Patria, es necesario reiterar el contenido del mencionado documento.

El mismo tiene el título de “Ante la ilegalidad y la ilegitimidad del Referéndum Autonómico del 4 de mayo. ¡Por la democracia y la unidad del país!”, y dice lo siguiente:

“Frente a las acciones del comité cívico de Santa Cruz y de las autoridades prefecturales que han sometido al pueblo cruceño, y por ende a todo el país, a una presión política para que se acepte la ilegalidad del referéndum autonómico diseñado en función a sus intereses particulares y declarándose independientes del gobierno central, manifestamos lo siguiente:

Primero, a más de 25 años de democracia, es fundamental mantener en pie el principio político de que la decisión mayoritaria del pueblo boliviano es vivir en democracia.

La democracia boliviana fue recuperada y sostenida con esfuerzo y sangre popular y ahora enfrenta uno de sus mayores desafíos por desarrollar equidad, justicia e inclusión.

Segundo, las acciones de los grupos de poder político y económico, pretenden fracturar la institucionalidad del Estado boliviano para mantener sus privilegios y justificar la tenencia ilegal de la tierra y el latifundio, la privatización de los recursos naturales y la negación histórica de los derechos indígenas.

Tercero, con la descarada manipulación informativa, el matonaje político y un sinfín de mentiras para hacer uso político de legítimos sentimientos regionales y nacionales, el referéndum autonómico del 4 de mayo ha sido convocado sin que el pueblo cruceño haya elegido a sus representantes para redactar el Estatuto y sin la participación de la Corte Nacional Electoral, instancia legal que puede garantizar la transparencia de la consulta.

Cuarto, como instituciones de la sociedad civil, exigimos la inmediata y plena restitución de la institucionalidad pública.

No es posible que sigamos sin un Tribunal Constitucional, que se cometan atropellos y acciones violentas de tipo criminal, que grupos armados atenten contra organizaciones obreras y populares y contra organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, sin que los mecanismos estatales cumplan con su responsabilidad de hacer cumplir la ley, de sancionar a los responsables y de proteger la integridad de ciudadanos y ciudadanas

Quinto, reivindicamos la urgencia de concluir con la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue otros fundamentos éticos y políticos a la impostergable reorganización del Estado boliviano.

Sexto, la Asamblea Constituyente, cuyos representantes fueron electos democráticamente en todo el país, recibió el mandato del pueblo boliviano para que el régimen de autonomía departamental se aplique luego de promulgarse la nueva Constitución Política del Estado.

Por tanto, más allá de los resultados del referéndum del 4 de mayo, la Autonomía en Santa Cruz no tiene marco legal constitucional.

Ese el documento emitido por UNITAS, la red interinstitucional que agrupa a más de 30 organizaciones de trabajo de acción social en el país.

Un pronunciamiento concreto, que ratifica la ilegalidad de la consulta cruceña del 4 de mayo y, como consecuencia de ello, la ilegalidad de sus resoluciones.

Cabe resaltar de dicho pronunciamiento, el pedido para que se concluya el proceso de transformación estructural del país, aprobándose el texto de la nueva Constitución, mediante el referéndum respectivo.

Ese pedido, debe recordarse, fue planteado también por las organizaciones populares que se movilizaron el mismo domingo 4 de mayo, rechazando la consulta de Santa Cruz.

El gobierno debe tomar en cuenta este reclamo, que se está multiplicando en todo el país, y que constituye la forma más efectiva de derrotar a los grupos de la oligarquía que pugnan por dividir la nación boliviana.

Más sobre la consabida manipulación de los medios privados de comunicación social

“El Sí arrolla con un 86 %”, decía el principal titular que apareció en el periódico La Razón de la ciudad de La Paz, el día lunes 5 de mayo, un día después de la consulta cruceña sobre su estatuto autonómico.

Ese mismo día el periódico La Prensa, también en primera página, con grandes titulares, señalaba: “Arrasa el Sí, y Evo llama a los prefectos al diálogo autonómico”.

Por su lado, el matutino El Diario, igualmente ese lunes 5 de mayo, se refería al asunto, diciendo: “El Sí triunfó con más del 84 % de votos en consulta autonómica”.

En resumen que tres de los principales periódicos de la ciudad de La Paz, coincidían en un triunfo contundente del Sí.

Dos de ellos, La Razón y La Prensa, utilizaban los términos “arrolla” y “arrasa”, para enfatizar el supuesto apoyo que el pueblo de Santa Cruz había brindado al señalado estatuto.

El Diario, más prudente, menos sensacionalista, mencionaba sólo el triunfo y publicaba la cifra de más de un 84 por ciento.

Ahora bien, considerando el número de personas que habían votado, podía pensarse que esos titulares se apegaban a la verdad de lo sucedido.

Pero, considerando el número de personas que estaban inscritas para votar, y que no habían votado, las cosas variaban de manera fundamental.

Porque ocurría que más de un 40 % de la población, había decidido no votar.

De más de 900 mil inscritos, según se conoció, sólo habían votado un poquito más de 500 mil, lo que significaba que alrededor de 400 mil habían tomado la determinación de abstenerse, aspecto que implicaba un rechazo automático a la consulta.

En otras palabras que de cada diez ciudadanos cruceños legalmente habilitados para votar, cinco votaron y cuatro no lo hicieron.

Ahora, de esos cinco que votaron, un 86 % dijeron Sí al estatuto y un 14 % dijeron No.

Si se suma la cifra de los que dijeron No con el porcentaje de los que se abstuvieron, resulta que el 50 % o un poco más de los cruceños, están en contra del estatuto.

Entonces, los titulares de los periódicos indicados, La Razón, La Prensa y El Diario, no reflejaban a cabalidad lo que había sucedido en Santa Cruz.

Porque enfatizaban y remarcaban el 86 % del Sí, de los que habían votado, por no decían nada de la abstención del 40 % de los inscritos.

Si los periódicos hubieran querido ser absolutamente veraces sobre lo acontecido el domingo 4 de mayo, a tiempo de publicar la cifra con la que ganaba el Sí, en el mismo titular, debían haber incorporado el porcentaje de la abstención.

Porque ese porcentaje de abstención era tan alto, casi la mitad de los inscritos, que constituía una especial noticia, un dato tremendamente importante.

Si la abstención hubiese bordeado cifras menores, por ejemplo un 10 o un 15 % como ocurría en otras elecciones, quien sabe el hecho no hubiera merecido mayores comentarios.

Pero el 40 % por ciento de abstención por supuesto que era una cifra significativa, que daba un indicio muy claro sobre la aceptación o rechazo que el estatuto estaba teniendo.

Una forma objetiva de manejar este informe hubiera sido, como se ve, poner ambos datos, el de la cantidad de votos que recibía el Sí, junto con el alto grado de abstención.

Pero no se lo hizo así, y entonces no se actuó con la veracidad que el pueblo exige de los medios de comunicación que le informan sobre los acontecimientos.

En el caso de El Diario, el titular, como se señaló, fue un poco más mesurado.

En cambio, los titulares de La Prensa y de La Razón, fueron absolutamente tendenciosos, porque hablaban de un triunfo “arrollador” o “arrasador”, lo cual no reflejaba para nada lo que había sucedido realmente en Santa Cruz.

Este ejemplo muestra claramente, la manera tendenciosa, manipuladora con que los medios de comunicación privados manejan las informaciones.

Destacan lo que sus dueños quieren que se destaque, y minimizan lo que sus dueños quieren que se minimice.

Y sus dueños, conviene repetirlo, están ligados a los grupos de poder del país, que defienden los intereses de esos grupos de poder, y que se hallan sumamente distanciados de los sectores populares.

En el caso de los periódicos, por lo mismo que las noticias quedan impresas, parece existir un poquito más de equilibrio.

Pero, en el caso de los canales privados de televisión, la manipulación, la distorsión y la mentira directa, son cosas absolutamente normales en el tratamiento de las noticias.

El día domingo 4 de mayo, las redes televisivas Unitel, PAT, Red Uno y otras más, parecieron ser parte del comité cívico cruceño, por la forma en que informaban, atentando así gravemente, contra el derecho del ciudadano, a una información correcta, ceñida a la verdad.

Estos hechos deben llevar, pues, a los bolivianos, a prevenirse contra estas manipulaciones, a veces sutiles y a veces descaradas y abiertas, y a desarrollar una conciencia crítica sobre lo que los medios de comunicación les presentan como información.

De otro lado, este tema de los medios privados de comunicación ligados a los intereses de latifundistas y grupos económicamente poderosos del país, debe comenzar a ser objeto, ya mismo, de un gran debate nacional, por parte de la ciudadanía.

¡Qué pena lo del Cardenal Terrazas!

¡Qué pena lo del Cardenal Julio Terrazas!

¡Se puso, definitivamente, al lado de los poderosos!

Ya en anteriores semanas, el Cardenal cometió la grave impertinencia de pedir pruebas sobre la existencia de servidumbre y explotación humana en la región del Chaco.

Pidió pruebas y le llovieron las pruebas pero, con sus desacertadas palabras ya había convalidado la conducta explotadora de patrones y dueños de tierras en esa región.

Muchos pudieron pensar que aquellas expresiones fueron un desliz, un error humano y que, detrás de ellas, no había ningún afán por proteger o favorecer a los indicados latifundistas.

Pero no, no había sido así.

Porque el día domingo 4 de mayo el Cardenal se fue a votar y, al votar, les hizo el perfecto juego a los sectores dominantes de Santa Cruz.

Votó el Cardenal Terrazas, y luego posó para las fotografías, al lado de autoridades y dirigentes que impulsaban el ilegal estatuto.

¿Es que nadie le habrá explicado al Cardenal Julio Terrazas, que el estatuto cruceño es discriminador, y es racista, y es separatista, y atenta contra los derechos humanos, y vulnera la actual Constitución Política del Estado?

¿Nadie le habrá contado, al Cardenal Terrazas, que el señalado estatuto fue elaborado para defender los intereses de los poderosos y para acallar las reivindicaciones de los pobres?

Pero votó el Cardenal, y allí dejó claramente establecida su opción, a favor de los dominadores y en contra de los dominados.

Porque mientras en Santa Cruz, los oligarcas salían adelante con su plan de engañar a la población, llevándola a votar con trampas y argucias, y con grandes campañas a través de sus medios de comunicación social, en otras regiones del país, el pueblo protagonizaba inmensas movilizaciones, rechazando los indicados estatutos.

¿No habrá visto, el Cardenal Terrazas, las marchas de los sectores populares en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Potosí, en El Alto, o las manifestaciones en Tarija o en Chuquisaca?

¿No habrá escuchado, en esos actos, los discursos de los dirigentes y las expresiones de la gente, que se había concentrado sin presiones de ninguna clase, a simple convocatoria y con claridad de conciencia, repudiando los planes de división del país, urdidos por los oligarcas?

Y, mirando el fraude de las papeletas previamente marcadas, y la resistencia de indígenas, campesinos y sectores populares, y el avasallamiento de la Unión Juvenil Cruceñista, y los enfrentamientos entre sectores con decenas de heridos y un muerto, ¿no habrá meditado el Cardenal Terrazas sobre la real intención de la gente que pugnaba por el estatuto?

Los hechos del domingo 4 de mayo, mostraron claramente cómo está dividido el país.

En un lado los poderosos, en el otro el pueblo.

En un lado los racistas y discriminadores, en el otro los que reclaman por sus derechos y porquen no se los discrimine más.

En un lado los adinerados y latifundistas que aprovecharon del poder al amparo de las dictaduras y de los gobiernos neoliberales del pasado, y en el otro los sectores que sufrieron las medidas neoliberales que los llevaron al extremo de la pobreza.

Así, más o menos, está dividido el país y, de acuerdo a su conciencia, los bolivianos, en este momento, están decidiendo a que lado se colocan.

Considerando el mensaje del Evangelio, considerando el camino y la preferencia que el mismo Jesucristo demostró, lo que correspondía era que el Cardenal se colocara al lado de los pobres.

Pero prefirió ponerse del lado de los poderosos, y fue a votar, y así le echó la bendición a un estatuto separatista, racista, ilegal y discriminador.

A él, al Cardenal y a varios de sus obispos y a los grupos dominantes de Santa Cruz, les ha debido parecer que esa decisión era la adecuada.

Pero a la gran mayoría de los creyentes, seguramente que esa decisión les defraudó, y los apartó, en mayor o menor medida, de la Iglesia que pregonan.

La pregunta es, ¿cuántos católicos no habrán decidido apartarse de su Iglesia, temporal o definitivamente, mirando que sus autoridades eclesiales, mirando que sus pastores, se alejan tanto de las enseñanzas del Evangelio?

¿No será por situaciones como estas, por errores como estos, que la Iglesia Católica pierde y pierde fieles y vocaciones sacerdotales en todo el mundo, mientras otras creencias religiosas crecen?

Muy mal, pues, por el Cardenal Terrazas, que se fue a votar, favoreciendo los planes de los oligarcas y enajenándose la voluntad de millones de bolivianos que no quieren la división del país.

Puede tener, el Cardenal Terrazas, muchos argumentos para explicar su conducta, pero lo que parece claro es que el Espíritu Santo no lo ha estado inspirando en sus últimas decisiones.

El estatuto que no podrá implementarse

Pasó la consulta cruceña sobre el estatuto autonómico, y ahora viene el enfrentamiento.

Porque esa consulta fue declarada ilegal desde un comienzo, porque sus resultados son absolutamente cuestionados dada la infinita cantidad de irregularidades que se presentaron y, sobre todo, porque el mencionado estatuto no está contemplado en la actual Constitución Política del Estado y choca de frente contra el proyecto de nueva Constitución.

No ha de haber, según se advierte, manera alguna de que el señalado estatuto se ponga en vigencia y se concrete en la realidad, y eso va a constituir una grave frustración para los cruceños que votaron por el Sí.

Pero, entonces, si el estatuto no ha de poder ponerse en vigencia dentro del actual, ni del próximo, marco jurídico de la Nación, ¿qué camino les quedará a sus propugnadores para asegurarse de que funcione, y no defraudar así a sus seguidores?

Simplemente optar por el camino del separatismo y de la independencia.

Ese es el callejón sin salida que ellos mismos se fabricaron, al actuar con la intolerancia con que lo hicieron.

Pero, ¿será tan sencillo separarse del país o dividir al país?

¿Pensarán que basta con decir “somos independientes” para que la tal independencia se concrete?

¿Es que andarán pensando, los dirigentes cívicos y de la prefectura cruceña, que son una mayoría tan grande como para salir adelante tranquilamente con su propósito?

En la consulta del domingo 4 de mayo, se demostró que, dentro del departamento de Santa Cruz existe una gran división, particularmente entre las provincias y la ciudad capital.

Las provincias, a juzgar por su dramática resistencia, no están con las logias ni con las oligarquías cruceñas.

Entonces esas provincias se opondrán rotundamente a los planes de división y, por el contrario, trabajarán por su propia autonomía regional o indígena, pero dentro del marco establecido por la ley.

¿Cómo pensarán actuar, los oligarcas cruceños, para someter esa resistencia?

¿Utilizar a sus matones de la Unión Juvenil Cruceñista?

De otro lado, según se observó el mismo domingo 4 de mayo, de manera espontánea, sin que nadie los obligue, ni los presione, ni les pague nada, cientos de miles de ciudadanos, campesinos, trabajadores, obreros, gente de clase media, se movilizaron en gigantescas marchas y concentraciones, rechazando, justamente, los planes separatistas.

Varios de los oradores, en estos actos públicos cumplidos en Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí y otros distritos, no sólo condenaron las ideas de división del país, sino que convocaron a marchar sobre Santa Cruz para cancelar esos propósitos.

¿Qué pensarán hacer, los cívicos y gente de la prefectura de Santa Cruz, para enfrentar esa inmensa oleada humana que se halla ya en movimiento para frenar sus intenciones divisionistas?

¿Cómo planearán hacer para detener esa presión que, si las cosas llegan a un extremo, puede convertirse en verdaderas marchas sobre el oriente?

De la misma manera, el Consejo Superior de Defensa de la Nación, COSDENA, emitió un pronunciamiento rechazando la consulta cruceña, por ser ilegal y anti constitucional, y reiterando que las Fuerzas Armadas velarán por la integridad del territorio nacional e impedirán cualquier intento de dividir la Nación.

Pero, entonces, ¿cómo pensarán, los cívicos y sectores oligárquicos de Santa Cruz, que van a oponerse a esa posible actuación de las Fuerzas Armadas?

¿A lo mejor están pensando en crear sus propias fuerzas armadas o en pedir el auxilio de los Estados Un idos?

Las oligarquías de Santa Cruz han podido avanzar con sus planes, hasta concretar la consulta del 4 de mayo y hasta proclamar su triunfo ”chuto”, mentiroso, y tramposo, con ayuda de sus medios de comunicación social.

Pero lo que parece evidente, es que ahora no podrán dar ni un paso más en la aplicación o en la puesta en práctica de los artículos del mencionado estatuto.

A no ser, como se dijo, que se declaren un país independiente que ya no responda para nada a la nación boliviana ni a sus leyes.

Y eso no será posible porque los bolivianos no lo permitirán.

Por lo tanto, a los cruceños que festejaban alegremente la noche del domingo 4 de mayo, en la plaza de Santa Cruz, lo que ahora les queda por esperar, son momentos de frustración, porque su bailado estatuto no funcionará.

El estatuto que no podrá implementarse

Pasó la consulta cruceña sobre el estatuto autonómico, y ahora viene el enfrentamiento.

Porque esa consulta fue declarada ilegal desde un comienzo, porque sus resultados son absolutamente cuestionados dada la infinita cantidad de irregularidades que se presentaron y, sobre todo, porque el mencionado estatuto no está contemplado en la actual Constitución Política del Estado y choca de frente contra el proyecto de nueva Constitución.

No ha de haber, según se advierte, manera alguna de que el señalado estatuto se ponga en vigencia y se concrete en la realidad, y eso va a constituir una grave frustración para los cruceños que votaron por el Sí.

Pero, entonces, si el estatuto no ha de poder ponerse en vigencia dentro del actual, ni del próximo, marco jurídico de la Nación, ¿qué camino les quedará a sus propugnadores para asegurarse de que funcione, y no defraudar así a sus seguidores?

Simplemente optar por el camino del separatismo y de la independencia.

Ese es el callejón sin salida que ellos mismos se fabricaron, al actuar con la intolerancia con que lo hicieron.

Pero, ¿será tan sencillo separarse del país o dividir al país?

¿Pensarán que basta con decir “somos independientes” para que la tal independencia se concrete?

¿Es que andarán pensando, los dirigentes cívicos y de la prefectura cruceña, que son una mayoría tan grande como para salir adelante tranquilamente con su propósito?

En la consulta del domingo 4 de mayo, se demostró que, dentro del departamento de Santa Cruz existe una gran división, particularmente entre las provincias y la ciudad capital.

Las provincias, a juzgar por su dramática resistencia, no están con las logias ni con las oligarquías cruceñas.

Entonces esas provincias se opondrán rotundamente a los planes de división y, por el contrario, trabajarán por su propia autonomía regional o indígena, pero dentro del marco establecido por la ley.

¿Cómo pensarán actuar, los oligarcas cruceños, para someter esa resistencia?

¿Utilizar a sus matones de la Unión Juvenil Cruceñista?

De otro lado, según se observó el mismo domingo 4 de mayo, de manera espontánea, sin que nadie los obligue, ni los presione, ni les pague nada, cientos de miles de ciudadanos, campesinos, trabajadores, obreros, gente de clase media, se movilizaron en gigantescas marchas y concentraciones, rechazando, justamente, los planes separatistas.

Varios de los oradores, en estos actos públicos cumplidos en Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí y otros distritos, no sólo condenaron las ideas de división del país, sino que convocaron a marchar sobre Santa Cruz para cancelar esos propósitos.

¿Qué pensarán hacer, los cívicos y gente de la prefectura de Santa Cruz, para enfrentar esa inmensa oleada humana que se halla ya en movimiento para frenar sus intenciones divisionistas?

¿Cómo planearán hacer para detener esa presión que, si las cosas llegan a un extremo, puede convertirse en verdaderas marchas sobre el oriente?

De la misma manera, el Consejo Superior de Defensa de la Nación, COSDENA, emitió un pronunciamiento rechazando la consulta cruceña, por ser ilegal y anti constitucional, y reiterando que las Fuerzas Armadas velarán por la integridad del territorio nacional e impedirán cualquier intento de dividir la Nación.

Pero, entonces, ¿cómo pensarán, los cívicos y sectores oligárquicos de Santa Cruz, que van a oponerse a esa posible actuación de las Fuerzas Armadas?

¿A lo mejor están pensando en crear sus propias fuerzas armadas o en pedir el auxilio de los Estados Un idos?

Las oligarquías de Santa Cruz han podido avanzar con sus planes, hasta concretar la consulta del 4 de mayo y hasta proclamar su triunfo ”chuto”, mentiroso, y tramposo, con ayuda de sus medios de comunicación social.

Pero lo que parece evidente, es que ahora no podrán dar ni un paso más en la aplicación o en la puesta en práctica de los artículos del mencionado estatuto.

A no ser, como se dijo, que se declaren un país independiente que ya no responda para nada a la nación boliviana ni a sus leyes.

Y eso no será posible porque los bolivianos no lo permitirán.

Por lo tanto, a los cruceños que festejaban alegremente la noche del domingo 4 de mayo, en la plaza de Santa Cruz, lo que ahora les queda por esperar, son momentos de frustración, porque su bailado estatuto no funcionará.