En este momento, en nuestro país, hay procesos de cambio que apuntan a fortalecer al Estado en el largo plazo. .
Eso es lo que señala un informe sobre desarrollo humano, elaborado hace poco tiempo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El fortalecimiento del Estado, dice el informe, no significa simplemente que su autoridad legal y burocrática llegue a todo el país.
Implica, más bien, construir un Estado que refleje el pluralismo estructural de la sociedad.
Que refleje a todos los sectores que conforman la Nación.
Ahora, qué aspectos identifica el informe, para señalar que esos proceso de cambo para fortalecer al Estado, están ocurriendo.
Primero, dice, está emergiendo una economía de base ancha, en la que florece la diversificación productiva, más allá del gas y de la minería.
Esto implica miles de nuevos productores que pueden generar decenas de miles de nuevos empleos y la posibilidad de ampliar la base tributaria de centenas a millones de nuevos contribuyentes.
Esta afirmación del informe de Naciones Unidas coincide, como se ve, con el tipo de economía que se está planteando para el futuro, y que se halla ya claramente señalada en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
Esa economía descarta el dogmatismo con que se manejó el modelo neoliberal y plantea que en Bolivia coexistan y se articulen tres formas económicas: una de corte capitalista con control del Estado, otra estatal donde el Estado asume ciertos roles empresariales, y otra comunitaria, y que rescata las modalidades con las que tradicionalmente han trabajado las comunidades campesinas, incluyendo cooperativas y otras formas de organización.
En segundo término, dice el informe de Naciones Unidas, en Bolivia se está avanzando en el reconocimiento legal de lo que ya sucede de hecho respecto a la autonomía de los gobiernos departamentales y de los pueblos indígenas.
Estos procesos de descentralización autonómica pueden acercar las necesidades de la gente a sus autoridades locales y regionales, para construir autoridad legal, legitimidad y soberanía estatal más fuertes.
Aquí debe advertirse que el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considera un fortalecimiento las autonomías no sólo departamentales, sino también las indígenas.
Y ello porque entiende que una autonomía sólo departamental corre el riesgo de volver a concentrar el poder sólo en los círculos privilegiados de cada departamento, vale, decir, en los sectores económicamente poderosos, postergando nuevamente a las mayorías, particularmente campesinas e indígenas, secularmente postergadas.
Como un tercer elemento, el informe de Naciones Unidas observa que hay un proceso de movilidad social parcial que promueve nuevas élites sociales y políticas en el país, aunque todavía subsisten enormes desigualdades en el acceso a los derechos sociales y a la representación política.
No es suficiente, dice el informe, contar con cuantiosos recursos fiscales para reducir la exclusión y la desigualdad social.
Junto a los sectores minoritarios, económicamente poderosos han ido apareciendo en Bolivia, en los últimos tiempos, otros grupos, en diversos sectores de la actividad, que también están logrando acumulación e influencia económica, aunque todavía de manera muy precaria, da a entender el informe.
Pero, aunque esto está ocurriendo y constituye un indicio de movilidad social, lo cierto es que aun persisten escandalosas desigualdades sociales, que deben ser corregidas en los plazos corto y mediano, y ello obliga al Estado a jugar roles mucho más contundentes en ese propósito.
Implica que, definitivamente, ya no es el mercado solamente el que ha de marcar las pautas del funcionamiento de la economía, sino que el Estado tiene que intervenir necesariamente, favoreciendo a los sectores menos pudientes, tomando iniciativas empresariales, y frenando los excesos del sector privado.
Como un cuarto elemento de la transformación del Estado boliviano, fenómeno que ya está ocurriendo, el informe de Naciones Unidas se refiere al campo internacional, señalando que en el mismo están surgiendo nuevas oportunidades para una inserción activa de nuestro país.
La mejor manera de hacerlo, dice, es impulsar una agenda latinoamericana de integración y comercio, y el mejor instrumento es el potencial de la economía del gas natural boliviano.
En este punto es necesario resaltar los esfuerzos que Bolivia realiza, junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua, para construir un proceso alternativo de integración y desarrollo en la región latinoamericana, bautizado con el nombre de Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA.
Esta iniciativa, como bien se conoce, se está levantando como una respuesta al Acuerdo de Libre Comercio que plantean los Estados Unidos, y con el cual se busca poner, definitivamente, las economías de nuestros países, al servicio de la gran economía del norte.
La integración que postula Bolivia, se basa en criterios de soberanía, dignidad e igualdad y, sobre todo, de emancipación del poder económico subyugador que llega de los Estados Unidos.
En Bolivia, entonces, según observa con claridad Naciones Unidas, hay procesos de cambio que apuntan a transformar positivamente el futuro del país.
Esos esfuerzos deben continuar, desestimando y rechazando los intentos de los grupos de la derecha dominante, que se oponen al cambio para mantener antiguos privilegios.
martes, 19 de febrero de 2008
Avanzan los planes para quebrar Bolivia
Las autonomías no están contempladas en la actual Constitución Política del Estado.
Sí se las contempla en la nueva Constitución que fue presentada por la Asamblea Constituyente, pero ese nuevo texto constitucional debe ser todavía, sometido a referendo, para su aprobación por parte de los bolivianos.
Una vez que ese referendo ocurra y que la nueva Constitución entre en vigencia, entonces sí las autonomías tendrán estado legal y se podrán aprobar los respectivos estatutos autonómicos.
Pero esos señalados estatutos autonómicos deberán acomodarse al espíritu y a las normas de la nueva Constitución, y no salirse de ese marco legal de ninguna manera.
Porque los estatutos señalan las formas de funcionamiento de las autonomías, la manera en que las mismas deberán administrarse, los campos en los cuales podrán actuar y los límites que tendrán sus competencias, y nada de eso deberá contradecir los principios estipulados en el nuevo texto constitucional.
El salirse de ese marco jurídico, el buscar la aprobación de estatutos al margen de lo que señalan las leyes, es simplemente ingresar en el terreno de la rebeldía, de la sedición, y la sedición es un delito que tiene claramente estipuladas sus sanciones legales.
A ese terreno, pues, es al que están ingresando los prefectos y cívicos de algunos departamentos, pretendiendo aprobar ilegalmente, a través de referendos, los estatutos autonómicos de sus regiones.
Dicen, los señalados cívicos y prefectos, que los departamentos cuentan ya con gobiernos locales que fueron elegidos por voto popular, y que esos gobiernos locales tienen atribuciones para convocar a los indicados referendos.
Pero no entienden que para que un referendo se dé en las actuales condiciones, deberá contar, previamente con el aval del Congreso Nacional, según establece el artículo 6 parágrafo 3 de la Ley del Referendo.
Ahora, al margen de estas consideraciones legales, lo que aquí importa es la intención que subyace en las decisiones que vienen adoptando algunos prefectos y dirigentes cívicos.
Y esa intención está claramente ligada a los planes separatistas que han venido impulsando desde hace ya bastante tiempo.
Si una región del país, si un departamento, decide hacer su autonomía al margen de lo establecido por las leyes, rechazando o no tomando en cuenta la nueva Constitución, entonces querrá decir que esa región o ese departamento se está separando de facto, en los hechos, del resto de la Nación.
Querrá decir que esa región funcionará sólo con sus propias leyes, que acatará sus propias decisiones, que hará sus propias consultas y que actuará en suma, como un Estado independiente a margen del Estado boliviano.
Los cívicos y prefectos que convocan a referendos para aprobar sus estatutos autonómicos, se hallan claramente en esa línea.
No quieren saber nada de la nueva Constitución y por ello buscan argumentos para decir que es ilegal.
Quieren hacer su propio gobierno, manejado por los grupos privilegiados de sus regiones, al margen del gobierno nacional,
Quieren, según establecen en sus estatutos, contar con sus propios sistemas impositivos, con su propia policía, con su propio defensor del pueblo, con su propia corte electoral, con su propio contraloría.
Quieren adoptar, a través de las prefecturas, o gobiernos locales, políticas en torno a la distribución y redistribución de la tierra, al manejo de los recursos naturales, a las relaciones con otros países.
Están buscando, a través de esos mecanismos y de esas y otras atribuciones, tener su propio país, el que se consolidaría en el territorio que conforma la llamada media luna, vale decir, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, el Chaco de Chuquisaca y hasta el norte de La Paz.
Exacerbando sentimientos regionales están dispuestos a movilizar a sus poblaciones para arrastrarlas en esa peligrosísima aventura que podría sumir a la nación en un sangriento caos.
Porque es obvio que cualquier intento separatista tendría que ser rechazado, con intervención de instituciones como las Fuerzas Armadas, que tienen como misión cuidar la integridad del territorio nacional, defender el Estado de derecho y defender al gobierno y a las autoridades legalmente constituidos.
Este plan separatista fue diseñado hace ya muchos años, y viene avanzando progresiamente en nuestro país.
Se tradujo en el rechazo a la Asamblea Constituyente, en varios intentos de sabotaje y obstaculización de la misma como con el asunto de los dos tercios, en la introducción de temas sensibles e imposibles de ser resueltos como el de la capitalidad plena o sede de los poderes, en la agresión a asambleístas de sectores indígenas, en el rechazo a la nueva Carta Magna, y ahora en la convocatoria a referendos para aprobar los ilegales estatutos autonómicos.
Los próximos pasos buscarán la confrontación directa de regiones y, lo que ya se dijo, la separación y división de hecho, del territorio boliviano.
El panorama, como bien puede advertirse, es peligroso, y obliga a los bolivianos con sentimiento de Patria, a movilizarse para impedir que esos planes sigan progresando.
Sí se las contempla en la nueva Constitución que fue presentada por la Asamblea Constituyente, pero ese nuevo texto constitucional debe ser todavía, sometido a referendo, para su aprobación por parte de los bolivianos.
Una vez que ese referendo ocurra y que la nueva Constitución entre en vigencia, entonces sí las autonomías tendrán estado legal y se podrán aprobar los respectivos estatutos autonómicos.
Pero esos señalados estatutos autonómicos deberán acomodarse al espíritu y a las normas de la nueva Constitución, y no salirse de ese marco legal de ninguna manera.
Porque los estatutos señalan las formas de funcionamiento de las autonomías, la manera en que las mismas deberán administrarse, los campos en los cuales podrán actuar y los límites que tendrán sus competencias, y nada de eso deberá contradecir los principios estipulados en el nuevo texto constitucional.
El salirse de ese marco jurídico, el buscar la aprobación de estatutos al margen de lo que señalan las leyes, es simplemente ingresar en el terreno de la rebeldía, de la sedición, y la sedición es un delito que tiene claramente estipuladas sus sanciones legales.
A ese terreno, pues, es al que están ingresando los prefectos y cívicos de algunos departamentos, pretendiendo aprobar ilegalmente, a través de referendos, los estatutos autonómicos de sus regiones.
Dicen, los señalados cívicos y prefectos, que los departamentos cuentan ya con gobiernos locales que fueron elegidos por voto popular, y que esos gobiernos locales tienen atribuciones para convocar a los indicados referendos.
Pero no entienden que para que un referendo se dé en las actuales condiciones, deberá contar, previamente con el aval del Congreso Nacional, según establece el artículo 6 parágrafo 3 de la Ley del Referendo.
Ahora, al margen de estas consideraciones legales, lo que aquí importa es la intención que subyace en las decisiones que vienen adoptando algunos prefectos y dirigentes cívicos.
Y esa intención está claramente ligada a los planes separatistas que han venido impulsando desde hace ya bastante tiempo.
Si una región del país, si un departamento, decide hacer su autonomía al margen de lo establecido por las leyes, rechazando o no tomando en cuenta la nueva Constitución, entonces querrá decir que esa región o ese departamento se está separando de facto, en los hechos, del resto de la Nación.
Querrá decir que esa región funcionará sólo con sus propias leyes, que acatará sus propias decisiones, que hará sus propias consultas y que actuará en suma, como un Estado independiente a margen del Estado boliviano.
Los cívicos y prefectos que convocan a referendos para aprobar sus estatutos autonómicos, se hallan claramente en esa línea.
No quieren saber nada de la nueva Constitución y por ello buscan argumentos para decir que es ilegal.
Quieren hacer su propio gobierno, manejado por los grupos privilegiados de sus regiones, al margen del gobierno nacional,
Quieren, según establecen en sus estatutos, contar con sus propios sistemas impositivos, con su propia policía, con su propio defensor del pueblo, con su propia corte electoral, con su propio contraloría.
Quieren adoptar, a través de las prefecturas, o gobiernos locales, políticas en torno a la distribución y redistribución de la tierra, al manejo de los recursos naturales, a las relaciones con otros países.
Están buscando, a través de esos mecanismos y de esas y otras atribuciones, tener su propio país, el que se consolidaría en el territorio que conforma la llamada media luna, vale decir, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, el Chaco de Chuquisaca y hasta el norte de La Paz.
Exacerbando sentimientos regionales están dispuestos a movilizar a sus poblaciones para arrastrarlas en esa peligrosísima aventura que podría sumir a la nación en un sangriento caos.
Porque es obvio que cualquier intento separatista tendría que ser rechazado, con intervención de instituciones como las Fuerzas Armadas, que tienen como misión cuidar la integridad del territorio nacional, defender el Estado de derecho y defender al gobierno y a las autoridades legalmente constituidos.
Este plan separatista fue diseñado hace ya muchos años, y viene avanzando progresiamente en nuestro país.
Se tradujo en el rechazo a la Asamblea Constituyente, en varios intentos de sabotaje y obstaculización de la misma como con el asunto de los dos tercios, en la introducción de temas sensibles e imposibles de ser resueltos como el de la capitalidad plena o sede de los poderes, en la agresión a asambleístas de sectores indígenas, en el rechazo a la nueva Carta Magna, y ahora en la convocatoria a referendos para aprobar los ilegales estatutos autonómicos.
Los próximos pasos buscarán la confrontación directa de regiones y, lo que ya se dijo, la separación y división de hecho, del territorio boliviano.
El panorama, como bien puede advertirse, es peligroso, y obliga a los bolivianos con sentimiento de Patria, a movilizarse para impedir que esos planes sigan progresando.
¿De qué sectores llega la intolerancia en nuestro país?
Una de las banderas que están levantando los prefectos y comités cívicos que se oponen al gobierno, es el de la defensa de la democracia.
Se dicen defensores de la democracia y exigen el respeto pleno a las diferencias y a las diversidades que existen en nuestro país, en un marco de amplia tolerancia .
Y, en contraposición, acusan al gobierno actual de ser totalitario y de cercenar las libertades de los ciudadanos.
Y esta, como bien se ve, es una forma mañosa de confundir las cosas y de desorientar al ciudadano.
Porque si hubo un sector que siempre ha demostrado intolerancia y espíritu dictatorial, es el de la clase dominante que se asienta en los departamentos orientales, y en otros como Tarija y Chuquisaca.
Esos sectores se adueñaron de la tierra y de los recursos naturales, y acumularon fortunas al amparo de dictaduras y de gobiernos neoliberales o de derecha.
Paralelamente a ello siempre mantuvieron una actitud de desprecio hacia los campesinos e indígenas de sus mismas regiones, actitud que fue demostrada fehacientemente en varias oportunidades, en los últimos tiempos.
La ciudadanía recuerda, por ejemplo, los ataques que gente del comité cívico de Santa Cruz lanzó contra indígenas del oriente que habían acudido a manifestarse en la capital oriental.
Detenidos en su intento de marchar por las calles cruceñas, un dirigente indígena declaró: “yo no sabía que Santa Cruz tenía dueños”, reflejando exactamente lo que ocurría en aquel momento.
Los bolivianos recuerdan también las agresiones violentas que sufrieron pobladores del Plan 3000, en Santa Cruz, por parte de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, simplemente porque no se plegaron a un paro decretado por el indicado comité cívico.
En la memoria también se encuentran los ataques de grupos armados por latifundistas del oriente, contra campesinos que reclamaban por tierras que les habían sido avasalladas.
Y también se encuentran muy frescas en la memoria, imágenes de los choques violentos ocurridos en Sucre, cuando gente de los sectores dominantes arremetió contra los asambleístas de origen indígena.
El odio contra los indígenas se manifestó en frases como “chola sucia”, o “el que no salta es llama”, o “indio, vete a tu pocilga”, que estuvieron en las bocas de muchos sucrenses en aquellos días cuando se pretendía cerrar la Asamblea Constituyente.
Esa actitud discriminatoria, debe recordarse también, fue la que tuvieron los patrones que, en pasadas décadas, antes de la Reforma Agraria, se hacían servir con los campesinos, usándolos como fuerza gratuita de trabajo, tanto en sus haciendas como en sus casas.
O la que aun en nuestros días mantienen otros patrones que, como señores feudales, aun esclavizan a familias enteras allí, por las tierras del Chaco.
Demasiados ejemplos tiene la historia sobre la discriminación y el odio racial que gente de los sectores dominantes desarrolló contra los campesinos y pueblos indígenas.
Entonces, como muy bien se observa, no es el gobierno actual el que está fomentando la intolerancia, sino que la intolerancia ha sido una norma de conducta de las clases privilegiadas que se hicieron dueñas del poder político y del poder económico, a lo largo de todos los tiempos, en nuestra nación.Los miembros de las prefecturas y de los comités cívicos exigen que el gobierno dé paso inmediatamente a las autonomías departamentales arguyendo que esa es la voluntad de sus regiones.
Argumentan que las autonomías departamentales representan una desconcentración del poder y una distribución de la riqueza entre todos, para combatir la pobreza en un clima democrático.
Sin embargo, paralelamente, también rechazan las autonomías indígenas, lo cual constituye una nueva muestra del racismo y de la discriminación que los animan.
No aceptan a los indígenas, rechazan que las naciones indígenas sean también autónomas, protagonizan agresiones violentas contra estos sectores, los insultan de mil maneras comparándolos con animales, y luego, en el colmo del cinismo, acusan al gobierno de no respetar la democracia y de no tolerar las diferencias en nuestro país.
Y claro, al actuar así, confunden a algunos ciudadanos que no tuvieron el tiempo ni el espacio necesarios para hacer análisis objetivos y serenos sobre la situación actual.
Lo cierto, lo evidente, lo históricamente incontrastable, es que el racismo, la discriminación, la intolerancia, siempre vino de los sectores dominantes y se estrelló contra indígenas, campesinos y gente de los sectores populares.
El que ahora gente de esos sectores dominantes, como el prefecto Mario Cossío de Tarija, quiera aparecer como defensora de la democracia, es una aberración que los ciudadanos honestos no pueden aceptar.
Se dicen defensores de la democracia y exigen el respeto pleno a las diferencias y a las diversidades que existen en nuestro país, en un marco de amplia tolerancia .
Y, en contraposición, acusan al gobierno actual de ser totalitario y de cercenar las libertades de los ciudadanos.
Y esta, como bien se ve, es una forma mañosa de confundir las cosas y de desorientar al ciudadano.
Porque si hubo un sector que siempre ha demostrado intolerancia y espíritu dictatorial, es el de la clase dominante que se asienta en los departamentos orientales, y en otros como Tarija y Chuquisaca.
Esos sectores se adueñaron de la tierra y de los recursos naturales, y acumularon fortunas al amparo de dictaduras y de gobiernos neoliberales o de derecha.
Paralelamente a ello siempre mantuvieron una actitud de desprecio hacia los campesinos e indígenas de sus mismas regiones, actitud que fue demostrada fehacientemente en varias oportunidades, en los últimos tiempos.
La ciudadanía recuerda, por ejemplo, los ataques que gente del comité cívico de Santa Cruz lanzó contra indígenas del oriente que habían acudido a manifestarse en la capital oriental.
Detenidos en su intento de marchar por las calles cruceñas, un dirigente indígena declaró: “yo no sabía que Santa Cruz tenía dueños”, reflejando exactamente lo que ocurría en aquel momento.
Los bolivianos recuerdan también las agresiones violentas que sufrieron pobladores del Plan 3000, en Santa Cruz, por parte de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, simplemente porque no se plegaron a un paro decretado por el indicado comité cívico.
En la memoria también se encuentran los ataques de grupos armados por latifundistas del oriente, contra campesinos que reclamaban por tierras que les habían sido avasalladas.
Y también se encuentran muy frescas en la memoria, imágenes de los choques violentos ocurridos en Sucre, cuando gente de los sectores dominantes arremetió contra los asambleístas de origen indígena.
El odio contra los indígenas se manifestó en frases como “chola sucia”, o “el que no salta es llama”, o “indio, vete a tu pocilga”, que estuvieron en las bocas de muchos sucrenses en aquellos días cuando se pretendía cerrar la Asamblea Constituyente.
Esa actitud discriminatoria, debe recordarse también, fue la que tuvieron los patrones que, en pasadas décadas, antes de la Reforma Agraria, se hacían servir con los campesinos, usándolos como fuerza gratuita de trabajo, tanto en sus haciendas como en sus casas.
O la que aun en nuestros días mantienen otros patrones que, como señores feudales, aun esclavizan a familias enteras allí, por las tierras del Chaco.
Demasiados ejemplos tiene la historia sobre la discriminación y el odio racial que gente de los sectores dominantes desarrolló contra los campesinos y pueblos indígenas.
Entonces, como muy bien se observa, no es el gobierno actual el que está fomentando la intolerancia, sino que la intolerancia ha sido una norma de conducta de las clases privilegiadas que se hicieron dueñas del poder político y del poder económico, a lo largo de todos los tiempos, en nuestra nación.Los miembros de las prefecturas y de los comités cívicos exigen que el gobierno dé paso inmediatamente a las autonomías departamentales arguyendo que esa es la voluntad de sus regiones.
Argumentan que las autonomías departamentales representan una desconcentración del poder y una distribución de la riqueza entre todos, para combatir la pobreza en un clima democrático.
Sin embargo, paralelamente, también rechazan las autonomías indígenas, lo cual constituye una nueva muestra del racismo y de la discriminación que los animan.
No aceptan a los indígenas, rechazan que las naciones indígenas sean también autónomas, protagonizan agresiones violentas contra estos sectores, los insultan de mil maneras comparándolos con animales, y luego, en el colmo del cinismo, acusan al gobierno de no respetar la democracia y de no tolerar las diferencias en nuestro país.
Y claro, al actuar así, confunden a algunos ciudadanos que no tuvieron el tiempo ni el espacio necesarios para hacer análisis objetivos y serenos sobre la situación actual.
Lo cierto, lo evidente, lo históricamente incontrastable, es que el racismo, la discriminación, la intolerancia, siempre vino de los sectores dominantes y se estrelló contra indígenas, campesinos y gente de los sectores populares.
El que ahora gente de esos sectores dominantes, como el prefecto Mario Cossío de Tarija, quiera aparecer como defensora de la democracia, es una aberración que los ciudadanos honestos no pueden aceptar.
Más sobre la actitud radical del prefecto tarijeño
O el gobierno retira el texto constitucional aprobado en Oruro, o no hay posibilidad de diálogo.
Eso es lo que en resumen señaló el prefecto de Tarija Mario Cossìo, haciendo de portavoz de los otros prefectos de la llamada media luna, quienes sostuvieron una reunión en pasados días.
O el gobierno retira el texto constitucional entregado al país para su aprobación definitiva en próximo referendo, o el diálogo está cerrado, dio a entender el señalado prefecto.
Eso expresó y esa es, como se ve, una condición que, justamente, está cerrando el camino de ninguna concertación futura.
Porque el gobierno obviamente que no ha de retirar ese proyecto de nueva Constitución entregado por la Asamblea Constituyente.
Primero porque el gobierno, aunque quisiera, no tiene ninguna autoridad para hacer tal cosa, ya que el nuevo texto constitucional ha sido un trabajo de la Asamblea y no del gobierno y, segundo, porque es sólo la Asamblea Constituyente la que tendría el derecho y la potestad de efectuar todavía algunos cambios, en la medida en que se reúna en plenario en el transcurso de los siguientes meses,
La nueva Constitución, según el prefecto Cossió, no representa el sentimiento nacional y no refleja las aspiraciones de todos los bolivianos, ni es producto de un pacto social.
Y ello no es verdad, porque la nueva Constitución ha seguido un largo proceso de legitimación antes de su aprobación definitiva.
El prefecto Cossió y los otros prefectos deben recordar que durante casi dos años, una gran cantidad de instituciones, organizaciones y representaciones de la sociedad civil, discutieron largamente sobre diversos aspectos de la realidad nacional, sacando luego sus conclusiones y planteamientos que fueron canalizados hacia la Asamblea Constituyente.
Posteriormente, representantes de la Asamblea estuvieron en todos los departamentos, volviendo a recibir recomendaciones, propuestas y pedidos de los sectores sociales, completando así el señalado proceso.
Más tarde, fueron las 21 comisiones de la Asamblea las que debatieron los temas y sacaron informes en mayoría y en minoría, y sólo después se cumplieron las sesiones plenarias para sacar el texto final.
Ahora, si el proceso fue así, como que exactamente lo fue, no es posible afirmar, alegremente, que el nuevo texto constitucional no refleja las aspiraciones de todos los bolivianos.
Por supuesto que refleja esas aspiraciones, las cuales se encaminan a un cambio profundo en la estructura social, política, cultural y económica de la nación boliviana.
Los bolivianos expulsaron del poder a los partidos t6radicionales, neoliberales, y luego dieron la orden para un gran cambio social, el cual está claramente reflejado en el nuevo texto constitucional.
Dice el prefecto Cossió que la nueva Constitución no es producto de un pacto social entre los bolivianos, y ello es otra afirmación falsa, porque los asambleístas que aprobaron el nuevo documento eran representantes de las agrupaciones políticas que obtuvieron la mayoría de los votos en las últimas elecciones.
Esos asambleístas, que representaban a toda la sociedad, fueron los que aprobaron el nuevo texto a través, justamente, de un pacto social y político.
Otra cosa es que algunos repreee4ntantes, irresponsables, se hubieran retirado del debate o del pacto, o hubieran trabajado para hacerlo fracasar, pero de ello el pueblo ya no tiene la culpa.
Sostiene luego, el prefecto Cossió, que la nueva Constitución es ilegal porque fue aprobada dentro de un liceo militar, pero se olvida que, en esos días, era imposible trabajar en al teatro Mariscal Sucre por la acción de grupos que querían hacer fracasar la Asamblea.
Se olvida de la violencia, de las persecuciones, de las actitudes racistas y discriminadoras, del hostigamiento, de las amenazas de muerte, y de todas las otras acciones organizadas e impulsadas por los sectores dominantes de Sucre.
Se olvida que la ley de convocatoria a la Asamblea decía que la misma debía cumplirse en Sucre, en cualquier lugar de Sucre, y que efectivamente se cumplió en Sucre.
Se olvida que luego el Congreso nacional modificó esa ley determinando que los últimos tramos de la Asamblea se realizaran en cualquier otro lugar del país, y que dentro de ese marco legal se aprobó la ciudad de Oruro.
Entonces, como puede verse con absoluta claridad, el nuevo texto constitucional es absolutamente legal y legítimo, y recoge las aspiraciones de la gran mayoría de los bolivianos, y es producto de un nuevo pacto social en el país.
El no reconocer esa legalidad, y el exigir que el indicado texto sea retirado por el gobierno, para nuevamente ser discutido otra vez en Sucre, es simplemente un absurdo,
Un pretexto para cerrar el diálogo y para acelerar el proyecto de desintegración, de desmembración, de división del país, en el cual están empeñados los sectores dominantes del oriente, atrincherados en algunas prefecturas y en algunos comités cívicos.
Y esa es, sencillamente, una actitud sediciosa que no puede ser tolerada de ningún modo.
Eso es lo que en resumen señaló el prefecto de Tarija Mario Cossìo, haciendo de portavoz de los otros prefectos de la llamada media luna, quienes sostuvieron una reunión en pasados días.
O el gobierno retira el texto constitucional entregado al país para su aprobación definitiva en próximo referendo, o el diálogo está cerrado, dio a entender el señalado prefecto.
Eso expresó y esa es, como se ve, una condición que, justamente, está cerrando el camino de ninguna concertación futura.
Porque el gobierno obviamente que no ha de retirar ese proyecto de nueva Constitución entregado por la Asamblea Constituyente.
Primero porque el gobierno, aunque quisiera, no tiene ninguna autoridad para hacer tal cosa, ya que el nuevo texto constitucional ha sido un trabajo de la Asamblea y no del gobierno y, segundo, porque es sólo la Asamblea Constituyente la que tendría el derecho y la potestad de efectuar todavía algunos cambios, en la medida en que se reúna en plenario en el transcurso de los siguientes meses,
La nueva Constitución, según el prefecto Cossió, no representa el sentimiento nacional y no refleja las aspiraciones de todos los bolivianos, ni es producto de un pacto social.
Y ello no es verdad, porque la nueva Constitución ha seguido un largo proceso de legitimación antes de su aprobación definitiva.
El prefecto Cossió y los otros prefectos deben recordar que durante casi dos años, una gran cantidad de instituciones, organizaciones y representaciones de la sociedad civil, discutieron largamente sobre diversos aspectos de la realidad nacional, sacando luego sus conclusiones y planteamientos que fueron canalizados hacia la Asamblea Constituyente.
Posteriormente, representantes de la Asamblea estuvieron en todos los departamentos, volviendo a recibir recomendaciones, propuestas y pedidos de los sectores sociales, completando así el señalado proceso.
Más tarde, fueron las 21 comisiones de la Asamblea las que debatieron los temas y sacaron informes en mayoría y en minoría, y sólo después se cumplieron las sesiones plenarias para sacar el texto final.
Ahora, si el proceso fue así, como que exactamente lo fue, no es posible afirmar, alegremente, que el nuevo texto constitucional no refleja las aspiraciones de todos los bolivianos.
Por supuesto que refleja esas aspiraciones, las cuales se encaminan a un cambio profundo en la estructura social, política, cultural y económica de la nación boliviana.
Los bolivianos expulsaron del poder a los partidos t6radicionales, neoliberales, y luego dieron la orden para un gran cambio social, el cual está claramente reflejado en el nuevo texto constitucional.
Dice el prefecto Cossió que la nueva Constitución no es producto de un pacto social entre los bolivianos, y ello es otra afirmación falsa, porque los asambleístas que aprobaron el nuevo documento eran representantes de las agrupaciones políticas que obtuvieron la mayoría de los votos en las últimas elecciones.
Esos asambleístas, que representaban a toda la sociedad, fueron los que aprobaron el nuevo texto a través, justamente, de un pacto social y político.
Otra cosa es que algunos repreee4ntantes, irresponsables, se hubieran retirado del debate o del pacto, o hubieran trabajado para hacerlo fracasar, pero de ello el pueblo ya no tiene la culpa.
Sostiene luego, el prefecto Cossió, que la nueva Constitución es ilegal porque fue aprobada dentro de un liceo militar, pero se olvida que, en esos días, era imposible trabajar en al teatro Mariscal Sucre por la acción de grupos que querían hacer fracasar la Asamblea.
Se olvida de la violencia, de las persecuciones, de las actitudes racistas y discriminadoras, del hostigamiento, de las amenazas de muerte, y de todas las otras acciones organizadas e impulsadas por los sectores dominantes de Sucre.
Se olvida que la ley de convocatoria a la Asamblea decía que la misma debía cumplirse en Sucre, en cualquier lugar de Sucre, y que efectivamente se cumplió en Sucre.
Se olvida que luego el Congreso nacional modificó esa ley determinando que los últimos tramos de la Asamblea se realizaran en cualquier otro lugar del país, y que dentro de ese marco legal se aprobó la ciudad de Oruro.
Entonces, como puede verse con absoluta claridad, el nuevo texto constitucional es absolutamente legal y legítimo, y recoge las aspiraciones de la gran mayoría de los bolivianos, y es producto de un nuevo pacto social en el país.
El no reconocer esa legalidad, y el exigir que el indicado texto sea retirado por el gobierno, para nuevamente ser discutido otra vez en Sucre, es simplemente un absurdo,
Un pretexto para cerrar el diálogo y para acelerar el proyecto de desintegración, de desmembración, de división del país, en el cual están empeñados los sectores dominantes del oriente, atrincherados en algunas prefecturas y en algunos comités cívicos.
Y esa es, sencillamente, una actitud sediciosa que no puede ser tolerada de ningún modo.
miércoles, 13 de febrero de 2008
Una buena idea: crear un comando conjunto de las fuerzas militares de la región sudamericana
Una buena idea: crear un comando conjunto de las fuerzas militares de la región sudamericana
La propuesta surgió del presidente Hugo Chávez de Venezuela, y la retrógrada oposición boliviana se apresuró a rechazarla.
“Sería importante, dijo el presidente Chávez, crear un comando conjunto de las fuerzas armadas de la región, para que se fortalezcan y actúen conjuntamente en operaciones de defensa.
“No es correcto dijeron los representantes de la derecha boliviana, eso sería provocar innecesariamente a los Estados Unidos, crear susceptibilidades en otros países y originar una carrera armamentista”.
Además, de modo muy curioso, expresaron que una medida así atentaría contra la soberanía de nuestro país.
Ahora, al margen de la opinión de esos políticos bolivianos de oposición, lo cierto es que la idea del presidente Chávez es verdaderamente importante.
Porque, a la integración económica y política de nuestros países se sumaría una integración militar, la cual contribuiría enormemente a fortalecer la región sudamericana.
Ya desde el pasado, antes de que nuestras naciones se consolidaran, hombres visionarios como Simón Bolívar, o José Martí o Andrés de Santa Cruz, siempre vieron la necesidad de establecer formas de unidad para superar los negativos regionalismos.
El ejemplo de la importancia de ese accionar conjunto, unido, lo habían ido dando los Estados Unidos, en el norte, constituyendo una poderosa nación a partir de la integración de sus numerosos estados.
Bolívar advirtió, con mucha anticipación, que ese coloso estaba destinado a someter a las naciones sudamericanas, si es que estas no se unificaban.
Con voz profét6ica el Libertador sostuvo que “los Estados Unidos de América parecen estar destinados por la Providencia a sembrar de miseria a nuestros pueblos, en nombre de la libertad.
Esas predicciones, como se ve en la actualidad, se cumplieron al cien por ciento, porque los Estados Unidos crecieron y prosperaron en una relación completamente asimétrica con nuestras naciones del sur, s0metiéndolas a diferentes formas de explotación por las vías comercial y política.
Esa relación de dominio, la mayor parte del tiempo pacífica, adoptó también formas violentas con invasiones armadas a países como Panamá, Granada, Haití y otras de la región.
Es tradicional, de otro lado, la obsecuencia de los altos mandos militares de los países sudamericanos, con relación a los gobiernos de Estados Unidos.
A título de intercambio y de cooperación, nuestras naciones se vieron siempre llenas de militares norteamericanos que se inmiscuían a fondo en los temas de las defensas nacionales.
Esa presencia creció en otros momentos cuando, por ejemplo, surgieron movimientos guerrilleros que buscaban a través de esa vía, un cambio de estructuras en nuestros países.
En esas ocasiones el mando de las fuerzas armadas nacionales pasó a depender directamente de los Estados Unidos.
Una cosa similar, por ejemplo, está pasando actualmente en Colombia, país que no resuelve el problema de la lucha armada planteada por la guerrilla desde hace más de 40 años.
Inclusive en la lucha contra el narcotráfico, a través de la DEA, se observó la permanente intervención de los Estados Unidos en Bolivia.
Con esas políticas las fuerzas armadas de los países del sur no fueron más que apéndices al servicio de las estrategias militares norteamericanas.
Lo extraordinario fue que, obedeciendo esas políticas, las indicadas fuerzas armadas actuaron, sin miramientos, en varias ocasiones, contra sus propios pueblos, como ocurrió en las épocas de las dictaduras.
Los dictadores, impuestos por los Estados Unidos, sometían a sangre, tortura y fuego a los dirigentes sindicales o políticos, o a activistas de los derechos humanos, o a personas que se atrevían a predicar por la justicia y las libertades.
Entendiendo estos antecedentes, es que resulta sumamente positiva la propuestas del presidente Chávez, para crear un comando conjunto que unifique el accionar las fuerzas armadas de nuestros países.
En la unión está la fuerza, dice una frase muy antigua, de modo que es por ese camino por el que ahora se debería avanzar.
De otro lado, esta alianza en el área militar tiene ya varios antecedentes en el mundo, y uno de ellos es el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, que unifica las fuerzas armadas de países occidentales que ganaron la última guerra mundial.
La cooperación entre esas fuerzas es permanente, sus sistemas de defensa son integrados y conjuntos, el entrenamiento de sus soldados y la definición de sus líneas estratégicas de acción son también comunes.
Entonces si ellas, las fuerzas armadas de las potencias occidentales se unificaron, ¿por qué no lo podrían hacer también las fuerzas militares de nuestros países sudamericanos?
Ahora, es obvio que esa unificación debe pasar por compartir un mismo enfoque político, una misma visión de los problemas de la región, una misma voluntad de integración y hermandad, un mismo ideario de liberación, el que sostenían el Libertador Bolívar y otros pro hombres del pasado.
La propuesta ha sido muy importante y ahora parece que ha llegado el momento de avanzar en ella.
La integración, para ser efectiva, no debe ser económica, social y política, sino también militar.
La propuesta surgió del presidente Hugo Chávez de Venezuela, y la retrógrada oposición boliviana se apresuró a rechazarla.
“Sería importante, dijo el presidente Chávez, crear un comando conjunto de las fuerzas armadas de la región, para que se fortalezcan y actúen conjuntamente en operaciones de defensa.
“No es correcto dijeron los representantes de la derecha boliviana, eso sería provocar innecesariamente a los Estados Unidos, crear susceptibilidades en otros países y originar una carrera armamentista”.
Además, de modo muy curioso, expresaron que una medida así atentaría contra la soberanía de nuestro país.
Ahora, al margen de la opinión de esos políticos bolivianos de oposición, lo cierto es que la idea del presidente Chávez es verdaderamente importante.
Porque, a la integración económica y política de nuestros países se sumaría una integración militar, la cual contribuiría enormemente a fortalecer la región sudamericana.
Ya desde el pasado, antes de que nuestras naciones se consolidaran, hombres visionarios como Simón Bolívar, o José Martí o Andrés de Santa Cruz, siempre vieron la necesidad de establecer formas de unidad para superar los negativos regionalismos.
El ejemplo de la importancia de ese accionar conjunto, unido, lo habían ido dando los Estados Unidos, en el norte, constituyendo una poderosa nación a partir de la integración de sus numerosos estados.
Bolívar advirtió, con mucha anticipación, que ese coloso estaba destinado a someter a las naciones sudamericanas, si es que estas no se unificaban.
Con voz profét6ica el Libertador sostuvo que “los Estados Unidos de América parecen estar destinados por la Providencia a sembrar de miseria a nuestros pueblos, en nombre de la libertad.
Esas predicciones, como se ve en la actualidad, se cumplieron al cien por ciento, porque los Estados Unidos crecieron y prosperaron en una relación completamente asimétrica con nuestras naciones del sur, s0metiéndolas a diferentes formas de explotación por las vías comercial y política.
Esa relación de dominio, la mayor parte del tiempo pacífica, adoptó también formas violentas con invasiones armadas a países como Panamá, Granada, Haití y otras de la región.
Es tradicional, de otro lado, la obsecuencia de los altos mandos militares de los países sudamericanos, con relación a los gobiernos de Estados Unidos.
A título de intercambio y de cooperación, nuestras naciones se vieron siempre llenas de militares norteamericanos que se inmiscuían a fondo en los temas de las defensas nacionales.
Esa presencia creció en otros momentos cuando, por ejemplo, surgieron movimientos guerrilleros que buscaban a través de esa vía, un cambio de estructuras en nuestros países.
En esas ocasiones el mando de las fuerzas armadas nacionales pasó a depender directamente de los Estados Unidos.
Una cosa similar, por ejemplo, está pasando actualmente en Colombia, país que no resuelve el problema de la lucha armada planteada por la guerrilla desde hace más de 40 años.
Inclusive en la lucha contra el narcotráfico, a través de la DEA, se observó la permanente intervención de los Estados Unidos en Bolivia.
Con esas políticas las fuerzas armadas de los países del sur no fueron más que apéndices al servicio de las estrategias militares norteamericanas.
Lo extraordinario fue que, obedeciendo esas políticas, las indicadas fuerzas armadas actuaron, sin miramientos, en varias ocasiones, contra sus propios pueblos, como ocurrió en las épocas de las dictaduras.
Los dictadores, impuestos por los Estados Unidos, sometían a sangre, tortura y fuego a los dirigentes sindicales o políticos, o a activistas de los derechos humanos, o a personas que se atrevían a predicar por la justicia y las libertades.
Entendiendo estos antecedentes, es que resulta sumamente positiva la propuestas del presidente Chávez, para crear un comando conjunto que unifique el accionar las fuerzas armadas de nuestros países.
En la unión está la fuerza, dice una frase muy antigua, de modo que es por ese camino por el que ahora se debería avanzar.
De otro lado, esta alianza en el área militar tiene ya varios antecedentes en el mundo, y uno de ellos es el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, que unifica las fuerzas armadas de países occidentales que ganaron la última guerra mundial.
La cooperación entre esas fuerzas es permanente, sus sistemas de defensa son integrados y conjuntos, el entrenamiento de sus soldados y la definición de sus líneas estratégicas de acción son también comunes.
Entonces si ellas, las fuerzas armadas de las potencias occidentales se unificaron, ¿por qué no lo podrían hacer también las fuerzas militares de nuestros países sudamericanos?
Ahora, es obvio que esa unificación debe pasar por compartir un mismo enfoque político, una misma visión de los problemas de la región, una misma voluntad de integración y hermandad, un mismo ideario de liberación, el que sostenían el Libertador Bolívar y otros pro hombres del pasado.
La propuesta ha sido muy importante y ahora parece que ha llegado el momento de avanzar en ella.
La integración, para ser efectiva, no debe ser económica, social y política, sino también militar.
Más resoluciones del ALBA
Varias son las cosas importantes que ha dejado la VI Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA, cumplida hace poco en Caracas. En relación a Bolivia, el ALBA hizo conocer una declaración en la que manifiesta su plena solidaridad con el proceso de cambio que aquí se viene desarrollando.
“Apoyamos, dice la declaración, el proceso de cambio en democracia que el pueblo boliviano ha impulsado por medi0 de un mecanismo constituyente que ha recogido su voluntad soberana para plasmarla en un proyecto de nueva Consti6tución que será sometido a la voluntad popular”.
Advirtiendo que este proceso boliviano está siendo atacado y obstaculizado por fuerzas reaccionarias y racistas de la extrema derecha, atrincheradas en algunos comités cívicos, la declaración del ALBA pide a la comunidad internacional que ayude a que en Bolivia se respete la institucionalidad y a las autoridades democráticamente elegidas.
“Convocamos a las fuerzas democráticas del mundo, señala la declaración, a solidarizarse con los bolivianos quienes, a pesar de las provocaciones, han apostado mayoritariamente por la deliberación democrática para construir una sociedad más justa y equitativa”.
Este respaldo, pues, viene a fortalecer el proceso de cambio boliviano y constituye, además, una advertencia para los sectores de la extrema derecha que quieran intentar alguna aventura desestabilizadora de la democracia o de desintegración del país mediante acciones separatistas.
Pero no sólo en el área política Bolivia recibió el apoyo de los países del ALBA.
Ese respaldo se manifestó igualmente en el campo deportivo, con una alusión expresa a los afanes de alguna gente incrustada en la FIFA, que está maniobrando para vetar la realización de competencias internacionales en estadios con alturas superiores a los 2.700 metros
Ese interés de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, más bien de algunos países integrantes de ese organismo constituye, como bien se advierte, una forma más de dominación, de discriminación, de imposición de políticas imperiales, las cuales se imponen hasta en una actividad noble como es el deporte.
Los intereses económicos que dirigen las políticas del sistema no toman en cuenta para nada los derechos de los pueblos, que también sienten y vibran con la pasión que el fútbol conlleva.
A ese derecho elemental a jugar donde uno nace y vive, y a recibir a otros países en las mismas condiciones y lugares, se antepone el afán económico de algunas potencias, que vulneran principios elementales de justicia y equidad.
La dominación imperial, pues, no sólo es social, política y económica, sino también deportiva, como muy bien se advierte.
En otro orden de cosas, la Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para las Américas, hizo conocer una advertencia que resulta sumamente importante.
Advirtió que la administración del presidente norteamericano George Bush, se irá haciendo cada vez más peligrosa, en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales de dicho país.
“Alertamos al mundo, dice la declaración, acerca del empeño guerrerista del imperialismo norteamericano”.
“La crisis financiera por la que atraviesa Estados Unidos, y el fracaso de su intervención en Irak, están contribuyendo a aumentar su desesperación, y ello los puede llevar a acciones que pongan en peligro la paz de nuestra región.
La declaración puede parecer un tanto exagerada, pero lo evidente es que existe ya un antecedente de que las cosas son así como se advirtió en la Cumbre del ALBA.
George W. Bush desarrollo la campaña de su reelección presidencial enarbolando una bandera belicista que hablaba de imponer mano dura contra el terrorismo y contra las naciones a las que califica como terroristas.
Su intervención violenta en Afganistán y en Irak, que a ojos del ciudadano común norteamericano, que se caracteriza por su mediocridad y por su incapacidad para realizar análisis políticos, le dieron un suficiente respaldo ciudadano para ganar las pasadas elecciones.
Claro que, en la actualidad, ese ingenuo ciudadano se ha desencantado de la política de Bush, y ese desencanto lo ha llevado a quitarle su respaldo, de modo que, en este momento, el presidente norteamericano tiene el apoyo más bajo que registro ningún presidente en la historia norteamericana, desde el escándalo de Watergate.
Pero, de cualquier forma, si en el pasado su política bélica le permitió afianzarse ene el poder, George W. Bush puede intentar repetir la estrategia para favorecer a sus candidatos.
Atacar a los países latinoamericanos que, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador, buscan liberarse de las políticas del imperio, puede ser ahora la nueva bandera para ganar las elecciones norteamericanas.
Por ello la declaración del ALBA advierte de este peligro señalando que, en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, el actual gobierno de Estados Unidos puede volverse mucho más peligroso.
Lo importante es que ahora, alrededor del ALBA se ha constituido un bloque de naciones, dispuestas no sólo a desarrollar planes económicos, sociales y políticos conjuntos, sino también a resguardarse de agresiones directas que lleguen desde los centros del poder imperial, y eso es tremendamente positivo.
“Apoyamos, dice la declaración, el proceso de cambio en democracia que el pueblo boliviano ha impulsado por medi0 de un mecanismo constituyente que ha recogido su voluntad soberana para plasmarla en un proyecto de nueva Consti6tución que será sometido a la voluntad popular”.
Advirtiendo que este proceso boliviano está siendo atacado y obstaculizado por fuerzas reaccionarias y racistas de la extrema derecha, atrincheradas en algunos comités cívicos, la declaración del ALBA pide a la comunidad internacional que ayude a que en Bolivia se respete la institucionalidad y a las autoridades democráticamente elegidas.
“Convocamos a las fuerzas democráticas del mundo, señala la declaración, a solidarizarse con los bolivianos quienes, a pesar de las provocaciones, han apostado mayoritariamente por la deliberación democrática para construir una sociedad más justa y equitativa”.
Este respaldo, pues, viene a fortalecer el proceso de cambio boliviano y constituye, además, una advertencia para los sectores de la extrema derecha que quieran intentar alguna aventura desestabilizadora de la democracia o de desintegración del país mediante acciones separatistas.
Pero no sólo en el área política Bolivia recibió el apoyo de los países del ALBA.
Ese respaldo se manifestó igualmente en el campo deportivo, con una alusión expresa a los afanes de alguna gente incrustada en la FIFA, que está maniobrando para vetar la realización de competencias internacionales en estadios con alturas superiores a los 2.700 metros
Ese interés de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, más bien de algunos países integrantes de ese organismo constituye, como bien se advierte, una forma más de dominación, de discriminación, de imposición de políticas imperiales, las cuales se imponen hasta en una actividad noble como es el deporte.
Los intereses económicos que dirigen las políticas del sistema no toman en cuenta para nada los derechos de los pueblos, que también sienten y vibran con la pasión que el fútbol conlleva.
A ese derecho elemental a jugar donde uno nace y vive, y a recibir a otros países en las mismas condiciones y lugares, se antepone el afán económico de algunas potencias, que vulneran principios elementales de justicia y equidad.
La dominación imperial, pues, no sólo es social, política y económica, sino también deportiva, como muy bien se advierte.
En otro orden de cosas, la Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para las Américas, hizo conocer una advertencia que resulta sumamente importante.
Advirtió que la administración del presidente norteamericano George Bush, se irá haciendo cada vez más peligrosa, en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales de dicho país.
“Alertamos al mundo, dice la declaración, acerca del empeño guerrerista del imperialismo norteamericano”.
“La crisis financiera por la que atraviesa Estados Unidos, y el fracaso de su intervención en Irak, están contribuyendo a aumentar su desesperación, y ello los puede llevar a acciones que pongan en peligro la paz de nuestra región.
La declaración puede parecer un tanto exagerada, pero lo evidente es que existe ya un antecedente de que las cosas son así como se advirtió en la Cumbre del ALBA.
George W. Bush desarrollo la campaña de su reelección presidencial enarbolando una bandera belicista que hablaba de imponer mano dura contra el terrorismo y contra las naciones a las que califica como terroristas.
Su intervención violenta en Afganistán y en Irak, que a ojos del ciudadano común norteamericano, que se caracteriza por su mediocridad y por su incapacidad para realizar análisis políticos, le dieron un suficiente respaldo ciudadano para ganar las pasadas elecciones.
Claro que, en la actualidad, ese ingenuo ciudadano se ha desencantado de la política de Bush, y ese desencanto lo ha llevado a quitarle su respaldo, de modo que, en este momento, el presidente norteamericano tiene el apoyo más bajo que registro ningún presidente en la historia norteamericana, desde el escándalo de Watergate.
Pero, de cualquier forma, si en el pasado su política bélica le permitió afianzarse ene el poder, George W. Bush puede intentar repetir la estrategia para favorecer a sus candidatos.
Atacar a los países latinoamericanos que, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador, buscan liberarse de las políticas del imperio, puede ser ahora la nueva bandera para ganar las elecciones norteamericanas.
Por ello la declaración del ALBA advierte de este peligro señalando que, en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, el actual gobierno de Estados Unidos puede volverse mucho más peligroso.
Lo importante es que ahora, alrededor del ALBA se ha constituido un bloque de naciones, dispuestas no sólo a desarrollar planes económicos, sociales y políticos conjuntos, sino también a resguardarse de agresiones directas que lleguen desde los centros del poder imperial, y eso es tremendamente positivo.
¡Albricias! Nació el Banco del ALBA
La Alternativa Bolivariana para las Américas, luego de la VI Cumbre presidencial cumplida en pasados días, ha dado muestras de que está avanzando de manera muy vigorosa.
Y la demostración más contundente de ello ha sido la puesta en marcha del denominado Banco del Alba con un capital inicial de 1.000 millones de dólares.
Tradicionalmente, cuando necesitaron de inversiones para atender proyectos de desarrollo, los países latinoamericanos tuvieron que acudir a dos entidades bancarias internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, a los que se sumaban algunos organismos menores como la Corporación Andina de Fomento CAF.
Estos bancos internacionales apoyaron estos requerimientos financieros, pero casi siempre estuvieron atados a las directivas emanadas por los países capitalistas, concretamente Estados Unidos, y aplicadas por el Fondo Monetario Internacional.
En otras palabras, que aquellos países que aceptaban las directivas del Fondo Monetario Internacional eran sujetos de crédito, y los que o no aceptaban o no podían cumplir con dichos mandatos, simplemente eran postergados.
Si un país, por ejemplo, dejaba de aplicar las políticas de ajuste impuestas por el FMI, quedaba relegado en sus requerimientos financieros.
Si un país, como otro ejemplo, no podía cumplir con los pagos de su deuda externa, también quedaba al margen de ese apoyo económico.
Entonces, para acceder a los planes de apoyo al desarrollo establecidos por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, había que estar muy bien con el imperio.
Las naciones así, se veían coartadas de ejecutar sus propias políticas en los campos económico o social,, porque antes de ello debían evaluar si lo que hacían iba a tono con los lineamientos del capitalismo internacional.
El Banc0 del Alba, entonces, ha venido a constituirse en una alternativa a esa política financiera que, en lugar de apoyar un real desarrollo de los países latinoamericanos, más bien los postergaba, privilegiando primero los intereses del norte.
A los fondos del Alba podrán acceder, en condiciones ventajosas, los países que han empezado a caminar por una vía de soberanía.
Es verdad que mil millones de dólares no constituyen un capital demasiado grande para atender todos los requerimientos que puedan llegar, pero también es evidente que ese capital inicial tiene la perspectiva de ir creciendo de manera progresiva, hasta constituir un fondo adecuado para sus fines.
Lo importante es que los créditos que se otorgarán a través de ese Banco, no estarán atados a ningún condicionamiento de los centros capitalistas de poder.
El Banco del Alba, entonces, viene a ser un instrumento que apoyará los planes de liberación económica de los países latinoamericanos, liberación que debe marchar de forma paralela a la liberación política que encaren los pueblos de la región.
Porque nuestras naciones latinoamericanas, sin han tenido un dogal de hierro alrededor del cuello, ha sido el de las políticas económicas que provenían del norte y a las que tenían que someterse sin ningún remedio.
O se cumplía con el Fondo Monetario Internacional, o el país quedaba económicamente bloqueado, sin créditos de ninguna clase, sin derecho alguno al reclamo.
Con una fuente crediticia alternativa, como es el Banco del Alba, ese dogal prácticamente ya no existirá, y nuestros países tendrán un marco de acción más grande, para encarar sus propias vías de desarrollo, acordes con sus particulares realidades sociales y económicas.
Ahora, es indudable que la creación del Banco del Alba debe estar constituyéndose en un motivo de grave preocupación para los Estados Unidos, país acostumbrado a marcar las políticas económicas mundiales.
Con el Banco del Alba se le va de las manos uno de los hilos con los que digitaba esas políticas.
Es probable que, en esa medida, comience a ejecutar alguna forma de boicot al funcionamiento de dicho banco, pero lo evidente es también que en el mundo se viven ya otros tiempos.
Tiempos donde han surgido otros bloques económicos mundiales, como pueden ser la China, el Japón, la Unión Europea, los países árabes, que le han salido a competir al imperio.
El mundo unipolar al que aspiraban los Estados Unidos parece más bien avanzar hacia un mundo más pluralizado, donde ya no haya hegemonía de una sola potencia, sino donde la norma sea el equilibrio de varios poderes.
Máxime si, como ocurre actualmente, la economía norteamericana está entrando en una crisis que se parece ya demasiado a una recesión.
Nació, pues, el Banco del Alba, con la voluntad de países como Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, y ese es un nacimiento que debe ser saludado con mucho entusiasmo, porque constituye un avance más de nuestros pueblos latinoamericanos, en sus luchas de liberación.
Y la demostración más contundente de ello ha sido la puesta en marcha del denominado Banco del Alba con un capital inicial de 1.000 millones de dólares.
Tradicionalmente, cuando necesitaron de inversiones para atender proyectos de desarrollo, los países latinoamericanos tuvieron que acudir a dos entidades bancarias internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, a los que se sumaban algunos organismos menores como la Corporación Andina de Fomento CAF.
Estos bancos internacionales apoyaron estos requerimientos financieros, pero casi siempre estuvieron atados a las directivas emanadas por los países capitalistas, concretamente Estados Unidos, y aplicadas por el Fondo Monetario Internacional.
En otras palabras, que aquellos países que aceptaban las directivas del Fondo Monetario Internacional eran sujetos de crédito, y los que o no aceptaban o no podían cumplir con dichos mandatos, simplemente eran postergados.
Si un país, por ejemplo, dejaba de aplicar las políticas de ajuste impuestas por el FMI, quedaba relegado en sus requerimientos financieros.
Si un país, como otro ejemplo, no podía cumplir con los pagos de su deuda externa, también quedaba al margen de ese apoyo económico.
Entonces, para acceder a los planes de apoyo al desarrollo establecidos por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, había que estar muy bien con el imperio.
Las naciones así, se veían coartadas de ejecutar sus propias políticas en los campos económico o social,, porque antes de ello debían evaluar si lo que hacían iba a tono con los lineamientos del capitalismo internacional.
El Banc0 del Alba, entonces, ha venido a constituirse en una alternativa a esa política financiera que, en lugar de apoyar un real desarrollo de los países latinoamericanos, más bien los postergaba, privilegiando primero los intereses del norte.
A los fondos del Alba podrán acceder, en condiciones ventajosas, los países que han empezado a caminar por una vía de soberanía.
Es verdad que mil millones de dólares no constituyen un capital demasiado grande para atender todos los requerimientos que puedan llegar, pero también es evidente que ese capital inicial tiene la perspectiva de ir creciendo de manera progresiva, hasta constituir un fondo adecuado para sus fines.
Lo importante es que los créditos que se otorgarán a través de ese Banco, no estarán atados a ningún condicionamiento de los centros capitalistas de poder.
El Banco del Alba, entonces, viene a ser un instrumento que apoyará los planes de liberación económica de los países latinoamericanos, liberación que debe marchar de forma paralela a la liberación política que encaren los pueblos de la región.
Porque nuestras naciones latinoamericanas, sin han tenido un dogal de hierro alrededor del cuello, ha sido el de las políticas económicas que provenían del norte y a las que tenían que someterse sin ningún remedio.
O se cumplía con el Fondo Monetario Internacional, o el país quedaba económicamente bloqueado, sin créditos de ninguna clase, sin derecho alguno al reclamo.
Con una fuente crediticia alternativa, como es el Banco del Alba, ese dogal prácticamente ya no existirá, y nuestros países tendrán un marco de acción más grande, para encarar sus propias vías de desarrollo, acordes con sus particulares realidades sociales y económicas.
Ahora, es indudable que la creación del Banco del Alba debe estar constituyéndose en un motivo de grave preocupación para los Estados Unidos, país acostumbrado a marcar las políticas económicas mundiales.
Con el Banco del Alba se le va de las manos uno de los hilos con los que digitaba esas políticas.
Es probable que, en esa medida, comience a ejecutar alguna forma de boicot al funcionamiento de dicho banco, pero lo evidente es también que en el mundo se viven ya otros tiempos.
Tiempos donde han surgido otros bloques económicos mundiales, como pueden ser la China, el Japón, la Unión Europea, los países árabes, que le han salido a competir al imperio.
El mundo unipolar al que aspiraban los Estados Unidos parece más bien avanzar hacia un mundo más pluralizado, donde ya no haya hegemonía de una sola potencia, sino donde la norma sea el equilibrio de varios poderes.
Máxime si, como ocurre actualmente, la economía norteamericana está entrando en una crisis que se parece ya demasiado a una recesión.
Nació, pues, el Banco del Alba, con la voluntad de países como Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, y ese es un nacimiento que debe ser saludado con mucho entusiasmo, porque constituye un avance más de nuestros pueblos latinoamericanos, en sus luchas de liberación.
Las oligarquías latinoamericanas se unen para frenar los cambios
Fuertes vientos de cambio están circulando por los países de Latinoamérica.
Son cambios impulsados por los pueblos, que desean terminar, básicamente, con el modelo neoliberal de acumulación capitalista que viene rigiendo desde hace más de dos décadas.
Ese modelo neoliberal fracasó porque no solucionó los problemas económicos de ningún país, y más bien acentuó de manera dramática la pobreza y el desempleo, y amplió de modo escandaloso la distancia entre pequeños grupos que se apoderaron de todo el dinero, de todos los bienes, y grandes mayorías a las que les tocaron sólo las migajas. Ocurre, entonces, que los pueblos están luchando para que esa situción cambie pero, al mismo tiempo, los grupos de poder, los privilegiados de siempre, están actuando para que esos cambios no ser concreten.
Hace pocos días, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, mostró la extraordinaria similitud entre lo que pasa en Boliv8ia con lo que ocurre en su país.
En Ecuador, los sectores de derecha, desarrollaron una fuerte manifestación, oponiéndose al trabajo de la Asamblea Constituyente.
Y esa manifestación se cumplió en la ciudad de Guayaquil, encabezada por su propio alcalde, un genuino representante de las oligarquías ecuatorianas.
Ese acto, declaró el presidente Correa, es parte de un estrategia que está funcionando en toda la región latinoamericana.
Lo que sucede en el Ecuador, dijo Correa, sucede también en Bolivia.
La oposición boliviana, con los mismos cuentos de que quiere la autonomía o de que está defendiendo la democracia, está conspirando para que no se produzcan los cambios sociales.
Con estos cuentos engañan y mueven inclusive a gente de buena voluntad, y tratan de mostrar al presidente como enemigo de sus ciudades.
“La oligarquía boliviana, declaró el presidente Rafael Correa, está en Santa Cruz y es muy parecida a la oligarquía de Guayaquil, aquí en el Ecuador”.
Esa oligarquía ha dominado durante mucho tiempo la economía y la política boliviana.
Son extremadamente opulentos, más que millonarios, racistas, elitistas y medio ignorantes.
Ahora, entre estas dos oligarquías, la de Santa Cruz, en Bolivia, y la e Guayaquil, en Ecuador, existe una perfecta alianza.
Inclusive, dijo el presidente ecuatoriano, hay acuerdos firmados para llevar a esas regiones autonomías que en verdad no son otra cosa que separatismo.
Hay todas una estrategia regional, en Latinoamericana, para impedir que gobiernos progresistas, como el de Bolivia y el de Ecuador, puedan hacer los cambios por los que la ciudadanía votó, lo que el país tanto necesita.
Esas oligarquías actúan también en naciones como Venezuela, conspirando permanentemente, atentando contra la democracia y, curiosamente,, diciendo que defienden la democracia y que defienden la legalidad.
En este tiempo de globalización, como bien se puede ver, los sectores conservadores, derechistas, han globalizado sus políticas de dominio de los pueblos contando, para ello, con el apoyo de globalizador mayor que son los Estados Unidos.
Lo que corresponde, entonces, es que también se globalice la resistencia y la lucha para acabar con el modelo neoliberal.
Hasta hace una década, el neoliberalismo había copado a todos los países latinoamericanos.
No había ni uno sólo que no hubiera sido obligado a realizar los llamados ajustes estructurales que reducían a lo mínimo el papel del Estado, y que entregaban todo el poder económico y político a los sectores privados.
En ese marco Estados Unidos pretendía dar el último paso para consolidar su dominio completo, a través de un tratado de libre comercio con toda la región.
Pero entonces se empezaron a pronunciar los pueblos y poco a poco han ido haciendo retroceder al neoliberalismo.
Pasó en la Argentina y pasó en Brasil, países que adoptaron medidas económicas contrarias a las que señalaba el fondo Monetario Internacional. Pasó en Venezuela, donde apareció un gobierno revolucionario completamente anti norteamericano, y ocurrió luego en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua, donde se constituyeron otros gobiernos populares opuestos al imperio.
Y hasta ocurrió en Chile y en Uruguay, con gobiernos socialistas que a su manera, tratan de emanciparse de las directivas norteamericanas.
Es indudable que en un futuro inmediato, a través de actos electorales democráticos, paulatinamente también los otros países se irán apartando de las políticas de los Estados Unidos, buscando su soberanía, sus propias vías de desarrollo y recuperando su dignidad.
Estas naciones, como ocurre ya con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Brasil y Argentina, formaron un bloque que ha ido actuando de manera solidaria para, justamente, construir esa vía alternativa.
En esa lucha, como bien se advierte, se tendrá que comenzar por derrotar a las oligarquías de los diferentes países, que tienen mucho poder y que son aliadas de los Estados Unidos.
Una tea rea difícil pero que está avanzando.
Son cambios impulsados por los pueblos, que desean terminar, básicamente, con el modelo neoliberal de acumulación capitalista que viene rigiendo desde hace más de dos décadas.
Ese modelo neoliberal fracasó porque no solucionó los problemas económicos de ningún país, y más bien acentuó de manera dramática la pobreza y el desempleo, y amplió de modo escandaloso la distancia entre pequeños grupos que se apoderaron de todo el dinero, de todos los bienes, y grandes mayorías a las que les tocaron sólo las migajas. Ocurre, entonces, que los pueblos están luchando para que esa situción cambie pero, al mismo tiempo, los grupos de poder, los privilegiados de siempre, están actuando para que esos cambios no ser concreten.
Hace pocos días, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, mostró la extraordinaria similitud entre lo que pasa en Boliv8ia con lo que ocurre en su país.
En Ecuador, los sectores de derecha, desarrollaron una fuerte manifestación, oponiéndose al trabajo de la Asamblea Constituyente.
Y esa manifestación se cumplió en la ciudad de Guayaquil, encabezada por su propio alcalde, un genuino representante de las oligarquías ecuatorianas.
Ese acto, declaró el presidente Correa, es parte de un estrategia que está funcionando en toda la región latinoamericana.
Lo que sucede en el Ecuador, dijo Correa, sucede también en Bolivia.
La oposición boliviana, con los mismos cuentos de que quiere la autonomía o de que está defendiendo la democracia, está conspirando para que no se produzcan los cambios sociales.
Con estos cuentos engañan y mueven inclusive a gente de buena voluntad, y tratan de mostrar al presidente como enemigo de sus ciudades.
“La oligarquía boliviana, declaró el presidente Rafael Correa, está en Santa Cruz y es muy parecida a la oligarquía de Guayaquil, aquí en el Ecuador”.
Esa oligarquía ha dominado durante mucho tiempo la economía y la política boliviana.
Son extremadamente opulentos, más que millonarios, racistas, elitistas y medio ignorantes.
Ahora, entre estas dos oligarquías, la de Santa Cruz, en Bolivia, y la e Guayaquil, en Ecuador, existe una perfecta alianza.
Inclusive, dijo el presidente ecuatoriano, hay acuerdos firmados para llevar a esas regiones autonomías que en verdad no son otra cosa que separatismo.
Hay todas una estrategia regional, en Latinoamericana, para impedir que gobiernos progresistas, como el de Bolivia y el de Ecuador, puedan hacer los cambios por los que la ciudadanía votó, lo que el país tanto necesita.
Esas oligarquías actúan también en naciones como Venezuela, conspirando permanentemente, atentando contra la democracia y, curiosamente,, diciendo que defienden la democracia y que defienden la legalidad.
En este tiempo de globalización, como bien se puede ver, los sectores conservadores, derechistas, han globalizado sus políticas de dominio de los pueblos contando, para ello, con el apoyo de globalizador mayor que son los Estados Unidos.
Lo que corresponde, entonces, es que también se globalice la resistencia y la lucha para acabar con el modelo neoliberal.
Hasta hace una década, el neoliberalismo había copado a todos los países latinoamericanos.
No había ni uno sólo que no hubiera sido obligado a realizar los llamados ajustes estructurales que reducían a lo mínimo el papel del Estado, y que entregaban todo el poder económico y político a los sectores privados.
En ese marco Estados Unidos pretendía dar el último paso para consolidar su dominio completo, a través de un tratado de libre comercio con toda la región.
Pero entonces se empezaron a pronunciar los pueblos y poco a poco han ido haciendo retroceder al neoliberalismo.
Pasó en la Argentina y pasó en Brasil, países que adoptaron medidas económicas contrarias a las que señalaba el fondo Monetario Internacional. Pasó en Venezuela, donde apareció un gobierno revolucionario completamente anti norteamericano, y ocurrió luego en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua, donde se constituyeron otros gobiernos populares opuestos al imperio.
Y hasta ocurrió en Chile y en Uruguay, con gobiernos socialistas que a su manera, tratan de emanciparse de las directivas norteamericanas.
Es indudable que en un futuro inmediato, a través de actos electorales democráticos, paulatinamente también los otros países se irán apartando de las políticas de los Estados Unidos, buscando su soberanía, sus propias vías de desarrollo y recuperando su dignidad.
Estas naciones, como ocurre ya con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Brasil y Argentina, formaron un bloque que ha ido actuando de manera solidaria para, justamente, construir esa vía alternativa.
En esa lucha, como bien se advierte, se tendrá que comenzar por derrotar a las oligarquías de los diferentes países, que tienen mucho poder y que son aliadas de los Estados Unidos.
Una tea rea difícil pero que está avanzando.
Descubren complot contra la Asamblea Constituyente, en Ecuador
En Ecuador, lo mismo que en B0livia, se está nevando a cabo una Asamblea Constituyente para cambiar desde el fondo las estructuras sociales y políticas de ese país.
En Ecuador, lo mismo que en Bolivia, la señalada Asamblea está siendo impulsada por la mayoría de los ecuatorianos que quieren el cambio, y está siendo saboteada por los grupos minoritarios dominantes de derecha que no quieren el cambio.
Esos grupos de derecha, lo mismo que en Bolivia, mienten, inventan historias, hacen correr rumores, distorsionan la verdad y conspiran de todas las formas posibles usando, sobre todo, la mayoría de los medios de comunicación que sonde su propiedad..
Recientemente, según una información procedente de aquel país, fue descubierto un complot contra la Asamblea Constituyente, mediante la utilización de dinero para comprar las conciencias de los asambleístas.
En un video registrado con una cámara escondida, se muestra a un personaje al que la prensa bautizó como el hombre del maletín,, ofreciendo dinero a un asambleísta.
Se trata, dice la noticia, de una confabulación destinada a comprar a miembros de la agrupación Alianza País AP y acabar con la mayoría constituyente, según denuncia de Fernando Bustamante, ministro de gobierno del Ecuador.
Bustamante acusó concretamente al Partido Sociedad Patriótica, que es algo así como la agrupación Podemos en Bolivia.
El hombre del maletín, reconocido como Cao Lay Muñoz, ofrecía nada menos que 250 mil dólares por cada asambleísta que se diera la vuelta, y que entrara a conspirar desde adentro contra la Asamblea.
Como los asambleístas cuyas conciencias se quería comprar llegaban a 25, puede calcularse que los sobornadores habían destinado nada menos que 6 millones de dólares para dicha sucia acción.
El complot, sin embargo, fue descubierto y tiene sus pruebas grabadas, y los culpables serán objeto, seguramente, de una acción penal para que reciban la sanción que corresponda.
Ahora bien, esto que estaba sucediendo en el Ecuador, ha ocurrido de manera habitual en nuestro país, en el pasado.
Particularmente en el Congreso boliviano, era común que senadores y diputados recibieran gruesas sumas de dinero, para acompañar4, levantando la mano, las decisiones de los presidente neoliberales, como Sánchez de Lozada, por ejemplo.
Fue de ese modo, con las conciencias compradas y con los bolsillos llenos, que los parlamentarios del MNR, del MIR, de ADN, de la UCS, de la NFR, aprobaron leyes contra la nación boliviana, como en el caso de la entrega de los hidrocarburos a las empresas transnacionales.
Fue con esas conciencias compradas que se hizo la famosa capitalización, regalando las empresas que Bolivia había levantado a lo largo de muchas décadas y de mucha inversión.
Los parlamentarios de esas épocas, a través de la señalad vía del soborno, apoyaban las políticas neoliberales, y jamás salían en defensa de la Patria, aunque conocían el tremendo daño que se le estaba haciendo con las medidas que se iban adoptando, una tras otra, en todos los campos de la actividad nacional.
En el plan conspirativo contra la Asamblea Constituyente de nuestro país, seguramente hubo muchos ofrecimientos de dinero para hacer variar las conductas de varios asambleístas.
Es el mismo dinero con el que los comités cívicos de algunos departamentos azuzan y arman a bandas de jóvenes, para que actúen violentamente contra la Asamblea y contra los asambleístas, particularmente los perten4ecientes a sectores indígenas y populares.
Entonces, como bien se advierte, la derecha utilizó los mismos recursos para frenar los procesos de cambio, tanto en nuestro país como en el Ecuador.
Debe recordarse, también, que los sectores de la derecha, en Venezuela, urdieron, hace unos años, una conspiración contra el presidente Hugo Chávez y consiguieron desplazarlo del poder por algunas horas, hasta que la reacción del pueblo, encabezado por los paracaidistas de aquella nación, devolvieron el gobierno al señalado presidente.
Casos similares ocurrieron muchísimas veces a lo largo de la historia, en muchas naciones latinoamericanas, y también del mundo, con sectores fascistas, de la derecha radical anti democrática, conspirando para desestabilizar gobiernos populares.
Esos sectores, como es natural, tuvieron, y tienen, el pleno respaldo de los Estados Unidos, país que participó en varias conspiraciones, apoyando a las mismas con sus servicios de inteligencia y hasta con recursos económicos.
Estos, pues, son hechos que el pueblo debe conocer, para entender que los procesos de nuestros países son similares, que las luchas son comunes contra los latifundistas y sectores adinerados dueño del poder, que la lucha es igual en contra el enemigo mayor, que es el imperio capitalista que tiene su centro en el norte.
En Ecuador, lo mismo que en Bolivia, la señalada Asamblea está siendo impulsada por la mayoría de los ecuatorianos que quieren el cambio, y está siendo saboteada por los grupos minoritarios dominantes de derecha que no quieren el cambio.
Esos grupos de derecha, lo mismo que en Bolivia, mienten, inventan historias, hacen correr rumores, distorsionan la verdad y conspiran de todas las formas posibles usando, sobre todo, la mayoría de los medios de comunicación que sonde su propiedad..
Recientemente, según una información procedente de aquel país, fue descubierto un complot contra la Asamblea Constituyente, mediante la utilización de dinero para comprar las conciencias de los asambleístas.
En un video registrado con una cámara escondida, se muestra a un personaje al que la prensa bautizó como el hombre del maletín,, ofreciendo dinero a un asambleísta.
Se trata, dice la noticia, de una confabulación destinada a comprar a miembros de la agrupación Alianza País AP y acabar con la mayoría constituyente, según denuncia de Fernando Bustamante, ministro de gobierno del Ecuador.
Bustamante acusó concretamente al Partido Sociedad Patriótica, que es algo así como la agrupación Podemos en Bolivia.
El hombre del maletín, reconocido como Cao Lay Muñoz, ofrecía nada menos que 250 mil dólares por cada asambleísta que se diera la vuelta, y que entrara a conspirar desde adentro contra la Asamblea.
Como los asambleístas cuyas conciencias se quería comprar llegaban a 25, puede calcularse que los sobornadores habían destinado nada menos que 6 millones de dólares para dicha sucia acción.
El complot, sin embargo, fue descubierto y tiene sus pruebas grabadas, y los culpables serán objeto, seguramente, de una acción penal para que reciban la sanción que corresponda.
Ahora bien, esto que estaba sucediendo en el Ecuador, ha ocurrido de manera habitual en nuestro país, en el pasado.
Particularmente en el Congreso boliviano, era común que senadores y diputados recibieran gruesas sumas de dinero, para acompañar4, levantando la mano, las decisiones de los presidente neoliberales, como Sánchez de Lozada, por ejemplo.
Fue de ese modo, con las conciencias compradas y con los bolsillos llenos, que los parlamentarios del MNR, del MIR, de ADN, de la UCS, de la NFR, aprobaron leyes contra la nación boliviana, como en el caso de la entrega de los hidrocarburos a las empresas transnacionales.
Fue con esas conciencias compradas que se hizo la famosa capitalización, regalando las empresas que Bolivia había levantado a lo largo de muchas décadas y de mucha inversión.
Los parlamentarios de esas épocas, a través de la señalad vía del soborno, apoyaban las políticas neoliberales, y jamás salían en defensa de la Patria, aunque conocían el tremendo daño que se le estaba haciendo con las medidas que se iban adoptando, una tras otra, en todos los campos de la actividad nacional.
En el plan conspirativo contra la Asamblea Constituyente de nuestro país, seguramente hubo muchos ofrecimientos de dinero para hacer variar las conductas de varios asambleístas.
Es el mismo dinero con el que los comités cívicos de algunos departamentos azuzan y arman a bandas de jóvenes, para que actúen violentamente contra la Asamblea y contra los asambleístas, particularmente los perten4ecientes a sectores indígenas y populares.
Entonces, como bien se advierte, la derecha utilizó los mismos recursos para frenar los procesos de cambio, tanto en nuestro país como en el Ecuador.
Debe recordarse, también, que los sectores de la derecha, en Venezuela, urdieron, hace unos años, una conspiración contra el presidente Hugo Chávez y consiguieron desplazarlo del poder por algunas horas, hasta que la reacción del pueblo, encabezado por los paracaidistas de aquella nación, devolvieron el gobierno al señalado presidente.
Casos similares ocurrieron muchísimas veces a lo largo de la historia, en muchas naciones latinoamericanas, y también del mundo, con sectores fascistas, de la derecha radical anti democrática, conspirando para desestabilizar gobiernos populares.
Esos sectores, como es natural, tuvieron, y tienen, el pleno respaldo de los Estados Unidos, país que participó en varias conspiraciones, apoyando a las mismas con sus servicios de inteligencia y hasta con recursos económicos.
Estos, pues, son hechos que el pueblo debe conocer, para entender que los procesos de nuestros países son similares, que las luchas son comunes contra los latifundistas y sectores adinerados dueño del poder, que la lucha es igual en contra el enemigo mayor, que es el imperio capitalista que tiene su centro en el norte.
El prefecto Cossìo y el colmo del desparpajo
La historia del neoliberalismo, en nuestro país, en las últimos dos décadas, ha sido una historia de concentración de los poderes económico y político, en pocas manos.
Grupos de personas ligadas al poder político, acumularon para sí la mayor parte de los bienes que generó la Nación.
Esos grupos se hicieron dueños de la tierra, consolidando tremendos latifundios que ahora resulta muy difícil afectarlos-.
Se hicieron dueños de los recursos naturales, bosques, energía, agua, explotándolos a su gusto y sabor, sin límites de ninguna clase.
Se hicieron dueños de los créditos que ingresaban a Bolivia, para impulsar, supuestamente, proyectos de desarrollo que debían favorecer a sectores populares, pero que sólo terminaban favoreciendo a los ricos..
Se hicieron dueños de las oportunidades interviniendo, por ejemplo, en licitaciones públicas, que las ganaban porque contaban con informaciones y datos que habían obtenido merced a sus vínculos con autoridades de los diferentes gobiernos.
Se hicieron dueños del poder judicial nombrando, y luego manejando, a su antojo, a jueces, fiscales y demás funcionarios de ese poder.
Se hicieron dueños del parlamento utilizando a parlamentarios levanta manos para imponer políticas contrarias a la nación y favorables a sus intereses de clase.
Se hicieron dueños de la política, a través de partidos corruptos como el MIR, la ADN, el MNR, la UCS o la NFR, con los cuales se cuoteaban y copaban todas las entidades del Estado, donde formaban camarillas y feudos que permitían el rápido enriquecimiento de sus militantes.
Esos grupos, pues, se constituyeron en los millonarios del país, aprovechando en su beneficio las riquezas que debían llegar a los sectores populares.
Esa, debe insistirse, debe reiterarse, fue la realidad de Bolivia en las pasadas dos décadas.
Una realidad de concentración del poder económico y del poder político en muy pocas manos, que constituyeron la oligarquía actual.
Lo increíble, ahora es que, muy suelto de cuerpo y muy suelto de lengua, aparece el prefecto de Tarija, Mario Cossío, y acusa al gobierno del presidente Evo Morales de pretender concentrar el poder económico y el poder político en pocas manos.
Cuando lo que está haciendo el actual gobierno, y que es un hecho imposible de negar, es más bien desconcentrar la acumulación de la riqueza y desconcentrar la acumulación de la política, de esas manos en las que las concentró el neoliberalismo.
Ese sentido tiene, por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos, que beneficiaban a una cuantas transnacionales petroleras y a sus aliados criollos, y que ahora benefician a todo el pueblo, permitiendo que existan rentas como la que se otorga a los niños en edad escolar y a los ancianos.
Ese mismo sentido tienen las medidas destinadas a terminar con los latifundios para entregar la tierra a las comunidades y a los campesinos que no la poseen.
Y en esa misma línea van los artículos del nuevo texto constitucional, que garantizan que los recursos naturales son del Estado boliviano, del pueblo boliviano, y que no pueden ser privatizados como ocurría en el pasado.
Entonces, como se ve, el gobierno actual está democratizando el uso de las riquezas nacionales, está democratizando la política permitiendo que las mayorías indígenas también tengan derecho a tomar decisiones de esa índole, está democratizando el poder, haciendo que al lado de las autonomías departamentales, también existan las autonomías indígenas.
Entonces, mirando esta realidad, tan clara, tan evidente, que salta a los ojos hasta del más ciego, aparece el prefecto Cossìo, y acusa al gobierno de concentrar el poder en pocas manos.
El loro aparece diciendo loro, el ladrón aparece diciendo ladrón, el mentiroso aparece acusando a los otros de mentirosos.
¿Cómo es posible que se llegue a tales niveles de sinverguenzura y de cinismo?
El prefecto Mario Cossío, connotado mirista, fue parte de la corrupción inmensa que abatió al país en los últimos 20 años.
Fue parte de todos los vicios que abrumaron a los bolivianos, y que los llevaron a expulsar del poder, con un soberano puntapié, a los políticos tradicionales.
Fue parte, el prefecto Cossío, de la basura política que envileció a Bolivia, llevándola a ser campeona mundial de la corrupción.
Y, sin embargo, ahora aparece como campeón defensor de la democracia, como abanderado de la lucha por los supuestos derechos de las regiones.
¿Es posible imaginar semejante barbaridad?
¡Hasta el lenguaje reivindicativo de los sectores sociales se ha robado este prefecto, olvidándose completamente de su pasado!
Ahora, frente a este hecho, ¿qué deben hacer los bolivianos?
Simplemente acordarse de quiénes fueron los políticos que, incrustados en comités cívicos y en prefecturas, ahora conspiran para destruir el proceso de cambio que reclama el pueblo boliviano.
La lucha por ese cambio, mandato del pueblo, está llegando a sus momentos más cruciales.
Es deber de los bolivianos patriotas, entonces, unirse y organizarse para derrotar a esa reacción que sólo quiere preservar privilegios de los poderosos.
Grupos de personas ligadas al poder político, acumularon para sí la mayor parte de los bienes que generó la Nación.
Esos grupos se hicieron dueños de la tierra, consolidando tremendos latifundios que ahora resulta muy difícil afectarlos-.
Se hicieron dueños de los recursos naturales, bosques, energía, agua, explotándolos a su gusto y sabor, sin límites de ninguna clase.
Se hicieron dueños de los créditos que ingresaban a Bolivia, para impulsar, supuestamente, proyectos de desarrollo que debían favorecer a sectores populares, pero que sólo terminaban favoreciendo a los ricos..
Se hicieron dueños de las oportunidades interviniendo, por ejemplo, en licitaciones públicas, que las ganaban porque contaban con informaciones y datos que habían obtenido merced a sus vínculos con autoridades de los diferentes gobiernos.
Se hicieron dueños del poder judicial nombrando, y luego manejando, a su antojo, a jueces, fiscales y demás funcionarios de ese poder.
Se hicieron dueños del parlamento utilizando a parlamentarios levanta manos para imponer políticas contrarias a la nación y favorables a sus intereses de clase.
Se hicieron dueños de la política, a través de partidos corruptos como el MIR, la ADN, el MNR, la UCS o la NFR, con los cuales se cuoteaban y copaban todas las entidades del Estado, donde formaban camarillas y feudos que permitían el rápido enriquecimiento de sus militantes.
Esos grupos, pues, se constituyeron en los millonarios del país, aprovechando en su beneficio las riquezas que debían llegar a los sectores populares.
Esa, debe insistirse, debe reiterarse, fue la realidad de Bolivia en las pasadas dos décadas.
Una realidad de concentración del poder económico y del poder político en muy pocas manos, que constituyeron la oligarquía actual.
Lo increíble, ahora es que, muy suelto de cuerpo y muy suelto de lengua, aparece el prefecto de Tarija, Mario Cossío, y acusa al gobierno del presidente Evo Morales de pretender concentrar el poder económico y el poder político en pocas manos.
Cuando lo que está haciendo el actual gobierno, y que es un hecho imposible de negar, es más bien desconcentrar la acumulación de la riqueza y desconcentrar la acumulación de la política, de esas manos en las que las concentró el neoliberalismo.
Ese sentido tiene, por ejemplo, la nacionalización de los hidrocarburos, que beneficiaban a una cuantas transnacionales petroleras y a sus aliados criollos, y que ahora benefician a todo el pueblo, permitiendo que existan rentas como la que se otorga a los niños en edad escolar y a los ancianos.
Ese mismo sentido tienen las medidas destinadas a terminar con los latifundios para entregar la tierra a las comunidades y a los campesinos que no la poseen.
Y en esa misma línea van los artículos del nuevo texto constitucional, que garantizan que los recursos naturales son del Estado boliviano, del pueblo boliviano, y que no pueden ser privatizados como ocurría en el pasado.
Entonces, como se ve, el gobierno actual está democratizando el uso de las riquezas nacionales, está democratizando la política permitiendo que las mayorías indígenas también tengan derecho a tomar decisiones de esa índole, está democratizando el poder, haciendo que al lado de las autonomías departamentales, también existan las autonomías indígenas.
Entonces, mirando esta realidad, tan clara, tan evidente, que salta a los ojos hasta del más ciego, aparece el prefecto Cossìo, y acusa al gobierno de concentrar el poder en pocas manos.
El loro aparece diciendo loro, el ladrón aparece diciendo ladrón, el mentiroso aparece acusando a los otros de mentirosos.
¿Cómo es posible que se llegue a tales niveles de sinverguenzura y de cinismo?
El prefecto Mario Cossío, connotado mirista, fue parte de la corrupción inmensa que abatió al país en los últimos 20 años.
Fue parte de todos los vicios que abrumaron a los bolivianos, y que los llevaron a expulsar del poder, con un soberano puntapié, a los políticos tradicionales.
Fue parte, el prefecto Cossío, de la basura política que envileció a Bolivia, llevándola a ser campeona mundial de la corrupción.
Y, sin embargo, ahora aparece como campeón defensor de la democracia, como abanderado de la lucha por los supuestos derechos de las regiones.
¿Es posible imaginar semejante barbaridad?
¡Hasta el lenguaje reivindicativo de los sectores sociales se ha robado este prefecto, olvidándose completamente de su pasado!
Ahora, frente a este hecho, ¿qué deben hacer los bolivianos?
Simplemente acordarse de quiénes fueron los políticos que, incrustados en comités cívicos y en prefecturas, ahora conspiran para destruir el proceso de cambio que reclama el pueblo boliviano.
La lucha por ese cambio, mandato del pueblo, está llegando a sus momentos más cruciales.
Es deber de los bolivianos patriotas, entonces, unirse y organizarse para derrotar a esa reacción que sólo quiere preservar privilegios de los poderosos.
Grupos irregulares de inteligencia conspiraban contra el gobierno
Resulta, pues, que en nuestro país había estado operando un grupo de inteligencia que tenía como objetivo desestabilizar al actual gobierno.
Ese grupo había sido creado por la embajada de los Estados Unidos, en 1987, con el aparente propósito de apoyar la lucha contra el narcotráfico y de investigar a fiscales corruptos.
Sin embargo, el año 2006 dejó de reportar sus acciones a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y se dedicó a la inteligencia política.
Según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, la movilización para impedir que un avión Hércules de Venezuela operara en el aeropuerto de Riberalta a finales del año pasado, fue impulsada por ese grupo.
Dicha movilización se logró haciendo circular la mentirosa versión de que el avión estaba transportando armamento para Bolivia.
Ese mismo grupo, según expresó el ministro Rada, hizo un seguimiento a la misión iraní que llegó a nuestro país en septiembre del 2007 para entablar negociaciones con el gobierno boliviano.
La señalada organización operaba hasta el año 2006 con el nombre de Comando de Operaciones Especiales COPES, y luego se cambió por el de Organización de Estudios Policiales ODEP, como si fuera una entidad dedicada al mejoramiento técnico y profesional de los policías.
Lo que, debe reiterarse, buscaba en el fondo, ese grupo, era espiar al gobierno y desarrollar acciones para desestabilizarlo.
Ahora, al ser un grupo que tenía financiamiento de la embajada de los Estados Unidos, es el embajador de ese país el que deberá responder por las indicadas irregulares actividades.
El gobierno, por su lado, además de pedirle cuentas al embajador Philip Goldberg, ha decidido entablar una acción judicial contra los oficiales que manejaban dicho grupo.
Pero, siempre de acuerdo a versiones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no era la supuesta Organización de Estudios Policiales, la única que financiaba la embajada norteamericana.
Otro era el Grupo de Tarea de Investigación de Delitos Especiales, que fue también creada por la embajada el año 2004 para la lucha contra el crimen.
Ese grupo debía dar sus reportes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero nunca dio informes al ministerio de Gobierno.
Recibía bonos de los Estados Unidos, pero aun se investigan los montos.
Y otro grupo más que, igualmente, financiaba Estados Unidos, era el Grupo de Seguridad Antiterrorista, conformado por policías de la Unidad de Seguridad Física Privada que debía resguardar la embajada de dicho país y que, también, desarrollaba otras tareas, fuera de su misión, como las de investigar atentados terroristas contra diplomáticos.
En resumen, que en nuestro país operaban hasta tres, o quien sabe más, grupos de inteligencia, financiados por Estados Unidos, y de los cuales no tenía mucha noticia el gobierno boliviano.
Todo esto, como bien se entiende, es parte de las formas habituales con las que Estados Unidos interviene en los asuntos internos de los países.
Grupos de inteligencia, perfectamente asesorados y financiados por ese país, que actúan sin el conocimiento de las autoridades nacionales, y que intervienen por debajo en muchísimas acciones de carácter político.
Son cosas que constituyen violaciones directas a las soberanías de los países, por supuesto que también a la soberanía de Bolivia, y de las cuales el ciudadano común no tiene ni la menor sospecha.
Con demasiada frecuencia gente ligada a los comités cívicos del oriente, manifestó quejas por lo que calificó como intervenciones de Venezuela en asuntos bolivianos.
Hasta las muchas campañas de cooperación en los campos educativos o de la salud que ese país ha prestado, fueron calificadas como intromisión en asuntos internos de Bolivia.
Habría que preguntar ahora, a los representantes de esos mismos comités cívicos, qué es lo que dicen sobre el funcionamiento de esos grupos de inteligencia policiales que buscaban desestabilizar al actual gobierno, y que respondían a órdenes del embajador norteamericano.
Las formas que utilizan los Estados Unidos para imponer sus políticas a nuestros países son muchas.
Van desde medidas comerciales directas, hasta disposiciones económicas que hacen operativas a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y hasta financiamientos abiertos o subrepticios a entidades como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
La lucha por la soberanía, por la liberación nacional, entonces, debe darse también en todos esos espacios, para asegurar que la suerte de Bolivia sea decidida por los propios bolivianos y no por potencias extranjeras.
Hecha la denuncia, la opinión pública queda a la espera de conocer las sanciones que necesariamente deben emitirse contra aquellos oficiales de la Policía, que conspiraban contra su propio gobierno, apoyando las políticas norteamericanas desarrollas a través de su embajada.
Ese grupo había sido creado por la embajada de los Estados Unidos, en 1987, con el aparente propósito de apoyar la lucha contra el narcotráfico y de investigar a fiscales corruptos.
Sin embargo, el año 2006 dejó de reportar sus acciones a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y se dedicó a la inteligencia política.
Según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, la movilización para impedir que un avión Hércules de Venezuela operara en el aeropuerto de Riberalta a finales del año pasado, fue impulsada por ese grupo.
Dicha movilización se logró haciendo circular la mentirosa versión de que el avión estaba transportando armamento para Bolivia.
Ese mismo grupo, según expresó el ministro Rada, hizo un seguimiento a la misión iraní que llegó a nuestro país en septiembre del 2007 para entablar negociaciones con el gobierno boliviano.
La señalada organización operaba hasta el año 2006 con el nombre de Comando de Operaciones Especiales COPES, y luego se cambió por el de Organización de Estudios Policiales ODEP, como si fuera una entidad dedicada al mejoramiento técnico y profesional de los policías.
Lo que, debe reiterarse, buscaba en el fondo, ese grupo, era espiar al gobierno y desarrollar acciones para desestabilizarlo.
Ahora, al ser un grupo que tenía financiamiento de la embajada de los Estados Unidos, es el embajador de ese país el que deberá responder por las indicadas irregulares actividades.
El gobierno, por su lado, además de pedirle cuentas al embajador Philip Goldberg, ha decidido entablar una acción judicial contra los oficiales que manejaban dicho grupo.
Pero, siempre de acuerdo a versiones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no era la supuesta Organización de Estudios Policiales, la única que financiaba la embajada norteamericana.
Otro era el Grupo de Tarea de Investigación de Delitos Especiales, que fue también creada por la embajada el año 2004 para la lucha contra el crimen.
Ese grupo debía dar sus reportes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero nunca dio informes al ministerio de Gobierno.
Recibía bonos de los Estados Unidos, pero aun se investigan los montos.
Y otro grupo más que, igualmente, financiaba Estados Unidos, era el Grupo de Seguridad Antiterrorista, conformado por policías de la Unidad de Seguridad Física Privada que debía resguardar la embajada de dicho país y que, también, desarrollaba otras tareas, fuera de su misión, como las de investigar atentados terroristas contra diplomáticos.
En resumen, que en nuestro país operaban hasta tres, o quien sabe más, grupos de inteligencia, financiados por Estados Unidos, y de los cuales no tenía mucha noticia el gobierno boliviano.
Todo esto, como bien se entiende, es parte de las formas habituales con las que Estados Unidos interviene en los asuntos internos de los países.
Grupos de inteligencia, perfectamente asesorados y financiados por ese país, que actúan sin el conocimiento de las autoridades nacionales, y que intervienen por debajo en muchísimas acciones de carácter político.
Son cosas que constituyen violaciones directas a las soberanías de los países, por supuesto que también a la soberanía de Bolivia, y de las cuales el ciudadano común no tiene ni la menor sospecha.
Con demasiada frecuencia gente ligada a los comités cívicos del oriente, manifestó quejas por lo que calificó como intervenciones de Venezuela en asuntos bolivianos.
Hasta las muchas campañas de cooperación en los campos educativos o de la salud que ese país ha prestado, fueron calificadas como intromisión en asuntos internos de Bolivia.
Habría que preguntar ahora, a los representantes de esos mismos comités cívicos, qué es lo que dicen sobre el funcionamiento de esos grupos de inteligencia policiales que buscaban desestabilizar al actual gobierno, y que respondían a órdenes del embajador norteamericano.
Las formas que utilizan los Estados Unidos para imponer sus políticas a nuestros países son muchas.
Van desde medidas comerciales directas, hasta disposiciones económicas que hacen operativas a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y hasta financiamientos abiertos o subrepticios a entidades como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
La lucha por la soberanía, por la liberación nacional, entonces, debe darse también en todos esos espacios, para asegurar que la suerte de Bolivia sea decidida por los propios bolivianos y no por potencias extranjeras.
Hecha la denuncia, la opinión pública queda a la espera de conocer las sanciones que necesariamente deben emitirse contra aquellos oficiales de la Policía, que conspiraban contra su propio gobierno, apoyando las políticas norteamericanas desarrollas a través de su embajada.
Más sobre la manipulación de la información
Un canal de televisión mostró, el pasado martes de ch’alla, imágenes de un grupo de jóvenes carnavaleros que, en Oruro, se expresaban a gritos en contra el presidente Evo Morales.
Eran jóvenes de clase media alta, adinerada y proveniente de los sectores dominantes de nuestro país.
Constituían un grupo reducido y bullicioso y sin mayor significación, pero el canal televisivo se encargó de amplificar la imagen, de enfatizarla, reforzarla y darle relieve, procurando dar a entender que ese rechazo había sido la norma dominante en la indicada manifestación carnavalera.
Paralelamente a ese hecho, en otros varios lugares el presidente Evo Morales fue aplaudido y recibido con expresiones de mucho cariño, pero de las mismas el señalado canal no dijo ni una palabra.
Enfatizó el rechazo expresado al presidente por alguna gente, y ocultó y no quiso destacar para nada la aprobación que el mandatario recibió de parte de otra gente.
Este caso, como bien se ve, permite ver la forma mañosa y manipuladora hasta el hastío, con que actúan muchos medios de comunicación social, cuando tratan temas ligados al campo político.
Distorsionan los hechos, mienten descaradamente, ocultan parte de la información, remarcan lo que les interesa y ocultan lo que no les interesa, ridiculizan a las autoridades aprovechando cualquier desliz o contradicción en que hubieran incurrido, sacan a las informaciones de su contexto y se dedican con especial esmero, a encontrar errores o “meditas de pata” de gente ligada al gobierno, para inmediatamente desacreditarlo.
En suma, no cumplen con su labor de informar sino que usan la información, sus noticieros televisivos, como arma política a favor de los grupos dominantes del país.
Porque, dicho sea de paso, y tal como toda la gente lo sabe, esos medios televisivos son de propiedad, justamente, de gente ligada al poder político, particularmente de Santa Cruz. Ahora bien, los dueños de esos medios de comunicación social pueden argüir que en nuestro país rige la libertad de información y que, dentro de ese marco, ellos pueden decir lo que quieran a través de sus medios, aun cuando con ello vulneren el derecho de la gente a una correcta información.
Pueden decir, en otras palabras, que sus canales de televisión son sus canales de televisión, y que por lo mismo ellos pueden decir a través de ellos, lo que les dé la gana, y en este punto casi no habría forma de contradecirles.
Pero lo grave es que, ante esta permanente manipulación y desinformación no dicen nada las organizaciones de periodistas..
No dice nada, por ejemplo, la Asociación Nacional de la Prensa..
Esa Asociación ha levantado el grito al cielo, en varias ocasiones, cuando creyó que desde el gobierno se vulneraba la libertad de expresión..
Recientemente criticó duramente al presidente Evo Morales, cuando este manifestó su disconformidad por el mal uso que se hace del derecho a mantener en secreto la fuente de información.
La Asociación de la Prensa lamentó que los asesores de comunicación del Primer Mandatario no le recomienden evitar ese tipo de declaraciones que generan una imagen autoritaria del gobierno que se precia de defender la democracia.
Los directivos de la Asociación de Periodistas, entonces, salen en defensa del derecho a la información y del mantenimiento del secreto de la fuente de información, pero jamás se animan a decir ni una sola palabra, ante las tremendas manipulaciones de la información en que incurren muchos medios de comunicación social.
Critican los ataques que sufrieron algunos medios de comunicación, pero jamás se ponen a pensar en las razones por las cuales esos ataques ocurrieron.
Saben que los periodistas son objeto de presión por parte de sus patrones, para que no difundan informaciones que afectan a los sectores de poder, pero no salen en su defensa ni siquiera por solidaridad gremial.
Ahora, ¿por qué la Asociación de Periodistas mantiene esta actitud desequilibrada frente a este fenómeno de manipulación de la opinión pública?
¿Por qué la indicada organización no toma ninguna iniciativa para frenar ese mal uso de la información?
¿Por qué no organizan foros o debates para que estos temas sean puestos en el tapete de la discusión?
¿Por qué no dan paso a la manifestación ciudadana para que se pronuncie sobre el mismo tema?
¿Es que acaso, esta falta de iniciativa, tiene que ver con vínculos entre los directivos de la indicada asociación y los sectores de poder económico del país?
Sea como sea, el derecho a la información es algo que compete a toda la ciudadanía, y no sólo a los periodistas, de modo que el tema debe ser parte de un gran debate a nivel nacional.
A ver si el mismo sirve para que las grandes redes de televisión, ante la reacción ciudadana, moderan la descarada manipulación de la cual han hecho una norma en los últimos años.
Eran jóvenes de clase media alta, adinerada y proveniente de los sectores dominantes de nuestro país.
Constituían un grupo reducido y bullicioso y sin mayor significación, pero el canal televisivo se encargó de amplificar la imagen, de enfatizarla, reforzarla y darle relieve, procurando dar a entender que ese rechazo había sido la norma dominante en la indicada manifestación carnavalera.
Paralelamente a ese hecho, en otros varios lugares el presidente Evo Morales fue aplaudido y recibido con expresiones de mucho cariño, pero de las mismas el señalado canal no dijo ni una palabra.
Enfatizó el rechazo expresado al presidente por alguna gente, y ocultó y no quiso destacar para nada la aprobación que el mandatario recibió de parte de otra gente.
Este caso, como bien se ve, permite ver la forma mañosa y manipuladora hasta el hastío, con que actúan muchos medios de comunicación social, cuando tratan temas ligados al campo político.
Distorsionan los hechos, mienten descaradamente, ocultan parte de la información, remarcan lo que les interesa y ocultan lo que no les interesa, ridiculizan a las autoridades aprovechando cualquier desliz o contradicción en que hubieran incurrido, sacan a las informaciones de su contexto y se dedican con especial esmero, a encontrar errores o “meditas de pata” de gente ligada al gobierno, para inmediatamente desacreditarlo.
En suma, no cumplen con su labor de informar sino que usan la información, sus noticieros televisivos, como arma política a favor de los grupos dominantes del país.
Porque, dicho sea de paso, y tal como toda la gente lo sabe, esos medios televisivos son de propiedad, justamente, de gente ligada al poder político, particularmente de Santa Cruz. Ahora bien, los dueños de esos medios de comunicación social pueden argüir que en nuestro país rige la libertad de información y que, dentro de ese marco, ellos pueden decir lo que quieran a través de sus medios, aun cuando con ello vulneren el derecho de la gente a una correcta información.
Pueden decir, en otras palabras, que sus canales de televisión son sus canales de televisión, y que por lo mismo ellos pueden decir a través de ellos, lo que les dé la gana, y en este punto casi no habría forma de contradecirles.
Pero lo grave es que, ante esta permanente manipulación y desinformación no dicen nada las organizaciones de periodistas..
No dice nada, por ejemplo, la Asociación Nacional de la Prensa..
Esa Asociación ha levantado el grito al cielo, en varias ocasiones, cuando creyó que desde el gobierno se vulneraba la libertad de expresión..
Recientemente criticó duramente al presidente Evo Morales, cuando este manifestó su disconformidad por el mal uso que se hace del derecho a mantener en secreto la fuente de información.
La Asociación de la Prensa lamentó que los asesores de comunicación del Primer Mandatario no le recomienden evitar ese tipo de declaraciones que generan una imagen autoritaria del gobierno que se precia de defender la democracia.
Los directivos de la Asociación de Periodistas, entonces, salen en defensa del derecho a la información y del mantenimiento del secreto de la fuente de información, pero jamás se animan a decir ni una sola palabra, ante las tremendas manipulaciones de la información en que incurren muchos medios de comunicación social.
Critican los ataques que sufrieron algunos medios de comunicación, pero jamás se ponen a pensar en las razones por las cuales esos ataques ocurrieron.
Saben que los periodistas son objeto de presión por parte de sus patrones, para que no difundan informaciones que afectan a los sectores de poder, pero no salen en su defensa ni siquiera por solidaridad gremial.
Ahora, ¿por qué la Asociación de Periodistas mantiene esta actitud desequilibrada frente a este fenómeno de manipulación de la opinión pública?
¿Por qué la indicada organización no toma ninguna iniciativa para frenar ese mal uso de la información?
¿Por qué no organizan foros o debates para que estos temas sean puestos en el tapete de la discusión?
¿Por qué no dan paso a la manifestación ciudadana para que se pronuncie sobre el mismo tema?
¿Es que acaso, esta falta de iniciativa, tiene que ver con vínculos entre los directivos de la indicada asociación y los sectores de poder económico del país?
Sea como sea, el derecho a la información es algo que compete a toda la ciudadanía, y no sólo a los periodistas, de modo que el tema debe ser parte de un gran debate a nivel nacional.
A ver si el mismo sirve para que las grandes redes de televisión, ante la reacción ciudadana, moderan la descarada manipulación de la cual han hecho una norma en los últimos años.
Estados Unidos está perdiendo sus batallas militares y económicas
Dos tipos de informaciones vinculadas a los Estados Unidos, aparecieron con mayor asiduidad en la prensa mundial.
Primero, el recrudecimiento de las acciones violentas en Irak y, segundo, la crisis económica y financiera que afecta al país del norte.
Hace algunos días, señala una noticia procedente de Irak, la policía hizo un horrible descubrimiento en un campo de Muqdadiya, 90 kilómetros al noreste de Bagdad, en Diyala, una de las provincias del norte de Irak.
Se trataba de diez cabezas y nueve cuerpos humanos completos, que habían sido asesinados de manera absolutamente cruel.
Los cadáveres estaban todos esposados y con los ojos vendados. Y tenían heridas de bala.
Las diez cabezas también tenían los ojos vendados y algunas heridas de bala.
Esas personas, entonces, habían sido detenidas, esposadas, y luego ejecutadas de la manera más violenta imaginable.
Paralelamente a ello, los atentados suicidas se han ido multiplicando en diferentes regiones del país, al tiempo que ocurrieron algunos ataques con proyectiles Katyusha, contra una zona donde funcionan el parlamento iraquí y la embajada de los Estados Unidos.
George W. Bush, a comienzos del año pasado, pidió autorización al congreso norteamericano para incrementar el número de soldados en Irak.
El argumento que se utilizó era de que ese aumento en los efectivos militares iba ya, definitivamente, a poner fin a la resistencia, para devolver la paz y la estabilidad a la nación iraquí.
Pero pasó un año entero y esa promesa del presidente Bush no se cumplió para nada y, por el contrario, los atentados y las acciones violentas siguieron creciendo sin nada que los contuviera.
La prensa mundial registra, casi todos los días, noticias de atentados y más atentados que ocurren en diferentes ciudades de Irak, con bombas que van ocasionando números diferene4tsn de muertos y heridos, y edificio y vehículos destruidos.
Esto permite ver que los Estados Unidos simplemente han fracasado en Irak, y que Irak se les ha convertido en nuevo Viet Nam, donde los Estados Unidos no tienen posibilidades reales de vencer.
Y ese fracaso en el campo militar le está significando al país del norte también un fracaso económico, porque mantenerla cuesta mucho dinero.
Tradicionalmente las guerras han sido un negocio para las potencias del mundo.
Un negocio donde los gastos iniciales son luego compensados con las ganancias de sus propias empresas productoras de armamentos, y donde las indemnizaciones se van cobrando de las más diferentes formas a lo largo de muchos años.
En el caso de Irak, Estados Unidos aspiraba a pagar sus gastos de guerra con el propio petróleo iraquí, favoreciendo a empresas norteamericanas que debían suscribir suc7ulentos contratos para la reconstrucción del país.
Pero la cosa no le ha salido a Bush como él quería, porque la guerra prosigue, porque la inestabilidad es creciente en Irak, y porque la señalada confrontación ha desestabilizado a toda esa región del mundo.
Paralelamente a este desastre militar, entonces, Estados Unidos ha ido viendo, en los últimos tiempos, la acentuación de su crisis financiera, con un peligro cierto, que ya es una realidad, de una recesión de graves consecuencias.
La economía norteamericana se está derrumbando, con una devaluación fuerte del dólar en el mercado internacional, pese a las medidas de estabilización que se vienen tomando, y pese a las inyecciones de miles de millones de dólares con los que la Reserva Federal ha querido apoyar al sistema financiero.
Lo que comenzó con una crisis del sistema hipotecario inmobiliario se ha trasladado ya a otros rubros de la economía, demostrando que el sistema económico norteamericano no tiene los pies demasiado sólidos.
Y es que ese sistema está basado, sobre todo, en la especulación financiera y en el uso extensivo del crédito, y ambas formas de operación parecen haber encontrado un límite.
Lo evidente es que la crisis golpea económica golpea a los Estados Unidos, y ello está ocasionando la caída de las bolsas de valores, tanto en Europa, como en Asia, como en América Latina.
Con este panorama tan serio, queda la duda de cuál ha de ser la conducta del presidente Bush, frente a las aventuras bélicas en las que comprometió a su país.
La administración de Bush, como se observa, además de la guerra militar en Irak, debe ahora enfrentar otra guerra, mucho más dura y peligrosa como es la del derrumbe de la economía de su país.
Son dos batallas que han puesto a ese gobierno en una situación de verdadera desesperación porque son batallas que hasta el momento se están perdiendo, y sobre las cuales el pueblo norteamericano le pedirá cuentas a breve plazo.
Primero, el recrudecimiento de las acciones violentas en Irak y, segundo, la crisis económica y financiera que afecta al país del norte.
Hace algunos días, señala una noticia procedente de Irak, la policía hizo un horrible descubrimiento en un campo de Muqdadiya, 90 kilómetros al noreste de Bagdad, en Diyala, una de las provincias del norte de Irak.
Se trataba de diez cabezas y nueve cuerpos humanos completos, que habían sido asesinados de manera absolutamente cruel.
Los cadáveres estaban todos esposados y con los ojos vendados. Y tenían heridas de bala.
Las diez cabezas también tenían los ojos vendados y algunas heridas de bala.
Esas personas, entonces, habían sido detenidas, esposadas, y luego ejecutadas de la manera más violenta imaginable.
Paralelamente a ello, los atentados suicidas se han ido multiplicando en diferentes regiones del país, al tiempo que ocurrieron algunos ataques con proyectiles Katyusha, contra una zona donde funcionan el parlamento iraquí y la embajada de los Estados Unidos.
George W. Bush, a comienzos del año pasado, pidió autorización al congreso norteamericano para incrementar el número de soldados en Irak.
El argumento que se utilizó era de que ese aumento en los efectivos militares iba ya, definitivamente, a poner fin a la resistencia, para devolver la paz y la estabilidad a la nación iraquí.
Pero pasó un año entero y esa promesa del presidente Bush no se cumplió para nada y, por el contrario, los atentados y las acciones violentas siguieron creciendo sin nada que los contuviera.
La prensa mundial registra, casi todos los días, noticias de atentados y más atentados que ocurren en diferentes ciudades de Irak, con bombas que van ocasionando números diferene4tsn de muertos y heridos, y edificio y vehículos destruidos.
Esto permite ver que los Estados Unidos simplemente han fracasado en Irak, y que Irak se les ha convertido en nuevo Viet Nam, donde los Estados Unidos no tienen posibilidades reales de vencer.
Y ese fracaso en el campo militar le está significando al país del norte también un fracaso económico, porque mantenerla cuesta mucho dinero.
Tradicionalmente las guerras han sido un negocio para las potencias del mundo.
Un negocio donde los gastos iniciales son luego compensados con las ganancias de sus propias empresas productoras de armamentos, y donde las indemnizaciones se van cobrando de las más diferentes formas a lo largo de muchos años.
En el caso de Irak, Estados Unidos aspiraba a pagar sus gastos de guerra con el propio petróleo iraquí, favoreciendo a empresas norteamericanas que debían suscribir suc7ulentos contratos para la reconstrucción del país.
Pero la cosa no le ha salido a Bush como él quería, porque la guerra prosigue, porque la inestabilidad es creciente en Irak, y porque la señalada confrontación ha desestabilizado a toda esa región del mundo.
Paralelamente a este desastre militar, entonces, Estados Unidos ha ido viendo, en los últimos tiempos, la acentuación de su crisis financiera, con un peligro cierto, que ya es una realidad, de una recesión de graves consecuencias.
La economía norteamericana se está derrumbando, con una devaluación fuerte del dólar en el mercado internacional, pese a las medidas de estabilización que se vienen tomando, y pese a las inyecciones de miles de millones de dólares con los que la Reserva Federal ha querido apoyar al sistema financiero.
Lo que comenzó con una crisis del sistema hipotecario inmobiliario se ha trasladado ya a otros rubros de la economía, demostrando que el sistema económico norteamericano no tiene los pies demasiado sólidos.
Y es que ese sistema está basado, sobre todo, en la especulación financiera y en el uso extensivo del crédito, y ambas formas de operación parecen haber encontrado un límite.
Lo evidente es que la crisis golpea económica golpea a los Estados Unidos, y ello está ocasionando la caída de las bolsas de valores, tanto en Europa, como en Asia, como en América Latina.
Con este panorama tan serio, queda la duda de cuál ha de ser la conducta del presidente Bush, frente a las aventuras bélicas en las que comprometió a su país.
La administración de Bush, como se observa, además de la guerra militar en Irak, debe ahora enfrentar otra guerra, mucho más dura y peligrosa como es la del derrumbe de la economía de su país.
Son dos batallas que han puesto a ese gobierno en una situación de verdadera desesperación porque son batallas que hasta el momento se están perdiendo, y sobre las cuales el pueblo norteamericano le pedirá cuentas a breve plazo.
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