Con la nueva Carta Magna, los ciudadanos esperan una limpieza a fondo del poder judicial

Una de las mejores cosas que le van a ocurrir a nuestro país, en un plazo muy breve, es que se va a poder barrer con toda la lacra de jueces, fiscales y magistrados que han venido administrando la justicia hasta este momento.

Todos esos operadores de justicia, que la han convertido en la institución más corrupta y arbitraria de las que existen en nuestra nación.

Magistrados que se niegan a juzgar a Sánchez de Lozada, dilatando el juicio con innumerables artimañas, desoyendo el clamor de las centenares de víctimas del llamado octubre negro.

Jueces que dejan amontonarse los años, esperando que prescriba el proceso judicial, sin adoptar ninguna medida definitiva para sentenciar a Alberto “Chito” Valle, el ex prefecto paceño acusado de innumerables delitos durante su gestión.

Vocales de la Corte Suprema que emiten disposiciones para la liberación de Leopoldo Fernández, el ex prefecto de Pando, acusado de asesinato de campesinos.

Fiscales que miran tranquilos cómo se asaltan instituciones del Estado, y se golpea y humilla a campesinos, y se incendia y coloca bombas contra domicilios particulares, sin intervenir para nada.

Funcionarios judiciales que aceleran o retardan los procesos, de acuerdo al monto de los sobornos y de las coimas que les llegan.

Jueces ligados a los viejos grupos de poder, que siguen protegiendo a los viejos políticos de los partidos tradicionales, devolviéndoles favores del pasado.

En suma, un asqueroso fango que embarra todo, y del cual la ciudadanía está absolutamente cansada.

Menos mal que, a breve plazo, ese manoseo político va a terminar, cuando los bolivianos tengan la oportunidad de elegir directamente, por voto popular, a otros magistrados que les garanticen una mejor y oportuna justicia.

La nueva Constitución Política del Estado, que el pueblo deberá aprobar el próximo 25 de enero determina, justamente, esa modalidad para elegir magistrados del poder judicial.

Ya no serán los partidos representados en el Parlamento, los que elijan a esos funcionarios, de acuerdo al número de cuotas que les tocan.

Ya no serán el presidente de la República, ni los jefes políticos los que impongan a sus candidatos, para luego, a través de ellos, manejar la justicia a su antojo.

Ahora jueces y fiscales serán elegidos directamente por la población, de acuerdo a su capacidad profesional y, sobre todo, de acuerdo a sus antecedentes de honestidad, independencia y probidad.

Limpiándose las cabezas de las instituciones de la justicia, es posible pensar en que la limpieza llegará también al cuerpo, en un proceso de recuperación de esa institución que es fundamental para la buena marcha de la nación.

La parte que asegura esa transformación en la justicia, y que está contenida en la nueva Constitución, dice lo siguiente.

“La función judicial es única.

“La justicia ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces.

“La jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales.

“La jurisdicción indígena, originaria y campesina, se ejerce por sus propias autoridades.

“Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

“La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía.

“El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

“Está integrado por magistradas y magistrados que serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

“Las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

Como se puede ver por esos aspectos señalados en la nueva Carta Magna, el funcionamiento de la justicia tendrá nuevas bases, superando muchos de los vicios que la ensuciaron en el pasado.

Es de esperar que, junto a esos cambios estructurales en el poder judicial haya también un cambio en la mentalidad de abogados y funcionarios judiciales.

Para que la justicia se limpie de la porquería en que está envuelta, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en ella, y para que abogados y funcionarios judiciales se sientan orgullos del ejercicio de su profesión