Se multiplican las mentiras sobre la masacre de Pando

Menos mal que hay comisiones internacionales que están investigando los sucesos de Pando.

Menos mal que esas comisiones nos harán conocer informes fidedignos e imparciales sobre lo allí ocurrido, poniendo las cosas en su debido lugar.

Porque en este momento, y seguramente mucho más en los momentos que vendrán, hay personas que están trabajando aceleradamente para enredar las informaciones, de modo que la verdad quede perdida en una maraña de contradicciones que deje a todos con más dudas que certidumbres.

Y es que, en efecto, representantes políticos de la oposición como Roger Pinto, Lourdes Millares o Paulo Bravo, en alianza con medios de comunicación social como las redes televisivas UNITEL, PAT y varias más han ido haciendo circular, de manera cínica y mañosa, las más extrañas, antojadizas y, obviamente, mentirosas versiones sobre la matanza.

Esas personas, grupos políticos, y medios de comunicación de la derecha, han venido insistiendo, por ejemplo, en que en Porvenir no hubo una masacre sino un enfrentamiento.

En que hay muertos y heridos de ambos bandos.

En que en los hechos participaron cubanos y venezolanos que resultaron muertos, y que luego fueron trasladados a Venezuela en un avión que llegó a media noche sin que nadie se enterara.

Que los campesinos iban armados y que tenían el plan de tomar la prefectura violentamente.

En esa línea de falseamiento de la realidad, no sería de extrañar que terminaran afirmando que las zanjas que hicieron con maquinaria pesada para emboscar y detener la marcha campesina, tenían como objetivo la reparación de algún trecho del camino.

O que la gente de la prefectura estaba yendo en los camiones a un día de campo y llevaba las armas para cazar pajaritos.

O, por último, que fueron los campesinos los que se pusieron en el camino de las balas para luego culpar de su muerte al prefecto Leopoldo Fernández.

Por ello, de be insistirse, resulta fundamental la presencia de comisiones externas que a la brevedad posible emitan sus informes señalando con claridad lo acontecido.

Ahora, al margen de impulsar las averiguaciones sobre la masacre, lo que corresponde es el desmantelamiento de los grupos de sicarios que, según muchas denuncias continúan operando amenazando a campesinos, buscando a dirigentes y quemando sus viviendas porque, al parecer, el Estado de Sitio no llegó al área rural los señalados grupos paramilitares, entre los cuales se conoce que hay muchos de nacionalidad brasilera y peruana, presuntamente ligados también a bandas del narcotráfico, pasan y repasan la frontera boliviana con el Brasil con el afán de amedrentar a los campesinos.

Testimonios de personas que llegaron de Pando señalan que en el agro se vive un clima de permanente temor, el cual constituye, de por sí, una grave violación a los derechos humanos.

El gobierno central, entonces, debe reforzar sus contingentes militares en Pando, para devolver la tranquilidad a los campesinos.

Paralelamente a ello proseguir con la captura de dirigentes cívicos y miembros de la prefectura que estuvieron involucrados en la matanza.

Fueron muchos los que intervinieron en la emboscada y son pocos los confinados o detenidos a los cuales se les está pidiendo declaraciones.

Como muchos de estos responsables han buscado refugio en el Brasil, debe hacerse también una gestión diplomática, de modo que sean expulsados de esa nación para que rendan cuentas ante la justicia boliviana.

Por último todo el manejo mal intencionado que UNITEL, PAT, el periódico cruceño El Mundo y otros medios de comunicación social vienen haciendo sobre la matanza de Pando, debe llevar a la población a ratificarse en la necesidad de construir un agudo sentido crítico frente a los mensajes comunicacionales.

A saber que ningún medio es imparcial ya que todos responden por lo general a la visión política de sus propietarios o, más aún, a la defensa de los intereses económicos que los mismos detentan.

De esta medida, el cambio estructural que los bolivianos reclaman debe contemplar también una modificación y un cambio profundo en el tipo y en la clase de comunicación social que el pueblo merece como un derecho fundamental.