El estatuto que nunca podrá ser

¿Se estarán dando cuenta los habitantes de Santa Cruz, del engaño de que fueron víctimas por parte de sus dirigentes cívicos y de la prefectura?

¿Estarán advirtiendo que les mintieron y que les hicieron creer cosas que nunca podrán cumplirse en la realidad?

Les dijeron, por ejemplo que, una vez aprobado su estatuto autonómico en el refrendo departamental al cual convocaron, lo pondrían inmediatamente en ejecución para ser inmediatamente autónomos.

Pero ocurre que pasaron ya muchos meses de ese referendo, y el señalado estatuto no pudo jamás ponerse en ejecución.

Y, peor todavía, ahora tendrá que ser revisado y corregido y deberá acomodarse a la nueva Constitución Política del Estado que seguramente será aprobada por la gran mayoría del pueblo el próximo 25 de enero.

En ese estatuto se indicaba, entre otras cosas, que toda la política sobre tierras, su distribución y redistribución e, inclusive, la firma de los títulos ejecutoriales, estaría a cargo del prefecto que se denominaría gobernador.

Ello no será así, porque el tema de las tierras, en todo el país, será manejado desde el gobierno central, como una competencia privativa, sin participación de la prefectura o gobernación.

En el estatuto cruceño se plantea, igualmente, que desde la indicada prefectura, o gobierno departamental, se definiría toda la política referente a la migraciones hacia ese departamento.

En otras palabras, que las clases dominantes, empresarios y latifundistas, iban a decidir qué clase de migraciones se aceptaba y en qué condiciones rechazando automáticamente, por supuesto, todas las que llegaran desde el occidente, concretamente de collas aymaras o quechuas.

Esa atribución ha sido absolutamente rechazada y ahora, en la nueva Constitución, se establece que toda las políticas de migración interna o colonización, serán de responsabilidad del gobierno central, porque el territorio boliviano es de todos los bolivianos.

Las clases dirigentes de Santa Cruz, gente de la prefectura y del comité cívico, pretendían manejar a su albedrío, sin intervención del Estado central los recursos naturales tales como el agua, o los bosques, o los minerales, o los hidrocarburos.

Eso tampoco será posible porque en la nueva Constitución, las señaladas atribuciones estarán en manos del gobierno central, de modo que las autoridades departamentales deberán acomodarse a esas decisiones.

En su afán de tener todo bajo su poder, los grupos dominantes de Santa Cruz planteaban, en su estatuto, la elección, a través de su asamblea legislativa departamental, de varias autoridades del área judicial, entre las cuales estaban los miembros de la curte superior de distrito, el fiscal de distrito, el consejo de la judicatura, los vocales electorales y hasta el defensor del pueblo.

Manejando la justicia de acuerdo a sus presiones e influencias, se aseguraban todo el poder departamental dejando absolutamente a un lado al gobierno central.

Pero esa pretensión tampoco se podrá concretar, porque las autoridades judiciales mantendrán una estructura de carácter nacional.

Enemigas de las autonomías indígenas, los grupos dominantes de Santa Cruz las negaban, concretándose a darles algunas prerrogativas para la descentralización de los pueblos originarios, pero siempre dependiendo de la prefectura o gobernación.

El nuevo texto constitucional, que será aprobado el 25 de enero, reconoce a los pueblos indígenas y originarios su plena autonomía, a la altura de la autonomía departamental, sin subordinación a ella, de modo que por ese lado el estatuto cruceño ha quedado también desmarcado.

Inclusive en materia de salud y de educación, la prefectura y el comité cívico cruceño pretendían un manejo exclusivo, dejando a un lado las políticas nacionales.

Tal cosa tampoco será posible porque ambas áreas serán de competencia nacional, con adecuaciones a las realidades regionales.

En resumen, que los grupos de poder de Santa Cruz, pretendían todo el poder en todos los órdenes de la actividad.

Por autonomía entendían la constitución de un nuevo Estado, independiente, paralelo al Estado boliviano, y con el cual podrían tener relaciones, así como las tendrían con otros países.

Toda esta pretensión se les vino abajo, porque ahora no tendrán otro remedio que renunciar a esas competencias y acomodar su estatuto a lo que marque y señale la nueva Constitución Política del Estado.

Como se observa, pues, las clases dominantes de Santa Cruz les hicieron creer, a los cruceños, cosas que jamás podrán ser realidad.

¿No habrá llegado el momento de que los habitantes de Santa Cruz, que fueron a votar ingenuamente por el Sí, en el referendo sobre su estatuto autonómico, ahora les pidan cuentas tanto al prefecto Costas como a Marinkovic, presidente de su comité cívico, por el engaño al que los sometieron?