Periodistas vendidos y comprados

Trabajaba en un medio de comunicación social y cobraba un sueldo, y trabajaba para el prefecto Leopoldo Fernández en la prefectura, cobrando otro sueldo.

Obviamente que ese periodista jamás iba a publicar en su canal televisivo, o en su radio, o en su periódico, ninguna noticia que fuera contraria al mencionado prefecto.

Por el contrario lo iba a defender de cualquier ataque, viniera de donde viniera, e iba a rechazar la publicación de cualquier noticia que afectara su imagen o que contradijera su política.

Ese periodista, actuando de esa manera, seguramente que estaba medio resolviendo sus problemas económicos pero, al mismo tiempo, estaba vulnerando los códigos de ética del gremio.

Muchos periodistas de Pando, dice una reciente denuncia del gobierno, estaban en esa misma condición.

Vendidos al prefecto y defendiendo al prefecto mientras, a través de sus medios de comunicación, decían que defendían la verdad y que estaban al servicio de la sociedad.

Pero de este cuadro de corrupción, los periodistas eran, seguramente, los menores pecadores, los de los pecados veniales.

Los grandes, los de los pecados mortales eran, y son, los propietarios de los medios de comunicación que también establecían una relación prebendal con la prefectura de Pando y con el prefecto.

El periodista asalariado, por lo general un joven con responsabilidades y poca plata, aceptaba ser cooptado, o comprado por necesidad, y por necesidad vendía su pluma, o sus notas periodísticas.

Los otros, los empresarios, los dueños vendían a su medio por entero, para acceder a los contratos prefecturales.

La denuncia del gobierno habla de que en esta venal relación estaban UNITEL, PAT, ATB, Radio Fides, el Sistema Pandino de Televisión, y periódicos y radios del departamento.

Los medios de comunicación social en Pando, entonces, estaban desarrollando una suerte de dictadura mediática, negándole a la población la posibilidad de conocer la realidad de los acontecimientos.

Todos juntos, estos medios, vendidos o comprados, con muchos periodistas, vendidos o comprados, actuaban para construir una opinión pública favorable al prefecto Fernández, y susceptible de apoyar todas las acciones que el prefecto pudiera adoptar en el campo político.

Ahora bien, esta compra de periodistas y de analistas políticos, y medios de comunicación social, no es, ni mucho menos, nueva ni reciente.

Por el contrario, ha sido un fenómeno extendido en nuestro país a lo largo del tiempo.

Se puede recordar, por ejemplo, la década pasada, cuando se implemento la privatización de las empresas del estado, con el falso nombre de capitalización.

Como ese hecho de entregar las empresas del estado a la voracidad de las transnacionales podía provocar un gran rechazo nacional, entonces era necesario desplegar una gran campaña a través de los medios de comunicación social para convencer al ciudadano de que la medida era buena.

Y ahí estuvieron Carlos Mesa con su PAT y el padre Perez con su radio Fides, y Cayetano Llobet con sus espacios de análisis, y Humberto Vacaflor con sus publicaciones económicas.

Y muchos otros periodistas por el estilo, echándolas a la capitalización, y diciendo que el estado era un pésimo administrador, y que había que librar a las empresas del manejo y de la corrupción política, y que había que hacerlas eficientes con un manejo privado, y mejor si los manejadores era gente que venía del exterior y que tenía gran experiencia en el mundo empresarial y de los negocios.

¿Cuántas miles de horas de televisión y cuantas miles de horas de programas de radio habrán sido puestas por estos analistas y periodistas al servicio de la famosa capitalización que, al final, no fue otra cosa que un monstruoso engaño contra el país?.

Y, más tarde, cuando el pueblo avanzaba en su lucha por el cambio, y reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos debe recordarse como esos mismos personajes ligados a la prensa, Carlos Mesa, Cayetano Llobet, el padre Perez Iribarne, armaban una gran defensa de las petroleras, haciendo flamear el estandarte de la famosa “seguridad jurídica”, y augurando al país tremendos riesgos, y juicios multimillonarios, y cercos financieros internacionales, si dicha medida se concretaba.

Un famoso Anexo D, que era la caja chica de las empresas petroleras transnacionales andaba, en esa época, emitiendo muchos jugosos cheques que llegaban a los medios de comunicación social que las defendían y, obviamente, a periodistas y analistas que se habían constituido en sus abogados, vendiendo sus plumas, sus micrófonos y la totalidad de sus medios.

Es probable que, a los periodistas vendidos, o comprados, en Pando por el prefecto Leopoldo Fernández, les caiga la censura moral de la población, y el castigo de los tribunales de ética de sus gremios.

Y eso estará muy bien.

Pero, ¿y a los grandes venales?.

¿A los grandes mercenarios del periodismo, conocidos ahora como Cayetanos, cuando les llegará la sanción moral que merecen?.