Los pueblos indígenas de Bolivia van por sus autonomias

Los pueblos indígenas del Oriente, del Chaco y de la Amazonía han tomado la decisión definitiva e inquebrantable de avanzar hacia sus propias y particulares autonomías.

De este modo se oponen a ser parte de las autonomías departamentales propugnadas por los prefectos y comités cívicos, y rechazan los estatutos autonómicos que esas prefecturas y esos comités cívicos intentan poner en vigencia.

Una clara resolución en ese sentido, fue aprobada y publicada por la Gran Asamblea Nacional Autonómica de los 34 pueblos indígenas de las señaladas regiones, vale decir, el Oriente, el Chaco y la Amazonía.

La mencionada resolución dice, concretamente, lo siguiente.

“Ratificamos la unidad de los 34 Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía boliviana y nuestra alianza con los sectores sociales que impulsan el proceso constituyente.
Valoramos y rescatamos la resistencia movilizada de nuestras organizaciones, pueblos indígenas, sectores sociales y pueblo cruceño, demostrada el 4 de mayo de 2008, en rechazo del referendo y el estatuto logiero y separatista.

Por mandato de la Gran Asamblea de los 34 Pueblos Indígenas de Oriente, Chaco y Amazonía, por el Territorio y las Autonomías Indígenas, se determina la DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA, de los indicados 34 pueblos, procediéndose a la socialización y aprobación de los estatutos de las autonomías indígenas.

Se exige al Congreso que, junto al referendo revocatorio, se lleve a cabo el referendo constitucional y dirimidor.

Se decide participar activa y masivamente en la campaña por la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en referendo constitucional.

Se determina apoyar y fortalecer el proceso de cambio y el mandato del presidente de la República en el referendo revocatorio.

Se instruye participar activa y masivamente en la campaña por la revocatoria de los mandatos de los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz, porque sus acciones buscan la división, exclusión y negación de los derechos de los pueblos indígenas.

Rechazamos toda convocatoria a diálogo entre el gobierno, las prefecturas y cívicos sin la participación de los pueblos indígenas, que implique la revisión o modificación de la Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente.

Convocamos a todas las organizaciones sociales urbanas y rurales del país a la resistencia, desacato, desobediencia civil y la abstención movilizada contra los estatutos autonómicos departamentales, aprobados ilegalmente.

Desconocemos la validez de los referendos autonómicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija por su ilegalidad y repudiamos el fraude electoral, los hechos de violencia y la malversación de recursos públicos en la realización de los indicados referendos autonómicos departamentales desarrollados por las prefecturas y cortes departamentales electorales.

Exigimos la renovación total de los vocales de las cortes electorales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija por su manifiesta parcialidad con las prefecturas, comités cívicos y las logias de esos departamentos.

Reafirmamos la lucha histórica de los Pueblos Indígenas por la recuperación y consolidación de sus territorios, exigiendo el saneamiento y la titulación inmediata de los Territorios Indígenas, aplicación de las leyes vigentes, debiendo asignarse los recursos económicos suficientes, y en su caso hacer uso de la fuerza pública para su cumplimiento.

Respaldamos la demanda del Pueblo Indígena Guaraní sobre el saneamiento y titulación de su territorio y la liberación de las familias y las comunidades cautivas, y repudiamos los hechos de violencia cometidos por latifundistas, prefectura y cívicos de Santa Cruz.

Exigimos al Congreso Nacional la elección inmediata de los miembros del Tribunal Constitucional y vocales de la Corte Nacional Electoral.

Exigimos al presidente de la República, que las políticas de desarrollo productivo y social del gobierno nacional, sean llevadas a cabo en coordinación y ejecución directa con las organizaciones indígenas representativas, sin intermediación.

La Gran Asamblea Nacional Autonómica de los 34 Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, por el Territorio y las Autonomías Indígenas determina la declaratoria de estado de emergencia y movilización de los Pueblos Indígenas a nivel nacional, hasta la conclusión del proceso constituyente con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y la implementación de las Autonomías Indígenas.

Esa la importante declaración que fue publicada recientemente, y que señala el rumbo de la lucha de las naciones y pueblos indígenas de nuestro país.

Firman el documento, las siguientes organizaciones: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, Coordinadora de Pueblos Indígenas de Santa Cruz, Central de Pueblos Étnico Mojeños de Bolivia, Central de Pueblos Indígenas del Beni, Asamblea del Pueblo Guaraní, Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia, Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, Central de Mujeres Indígenas del Beni, Organización de las Capitanías Weenhayek, Tapietes, Orcaweta, Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando, Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, Central de Pueblos Indígenas de La Paz, Gran Consejo Tsimane, Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, Consejo Educativo Multiétnico Amazónico y Consejo Educativo de Pueblos Originaros.

Como se puede observar a través del documento, las organizaciones indígenas del país han conseguido establecer una gran unidad, con la cual están buscando un profundo cambio social, a través del cual recuperen sus derechos, oponiéndose a los planes de división del país que viene tratando de implementar los grupos de las oligarquías nacionales.

Por la dignidad humana, contra el racismo, la discriminación y la impunidad: declaración de 21 instituciones

 

“Por la dignidad humana, contra el racismo, la discriminación y la impunidad”, es el título de un pronunciamiento emitido por 21 instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Bolivia.

La declaración hace referencia a un informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, en el que ratifica las denuncias sobre situaciones de servidumbre y casi esclavitud que sufren indígenas guaraníes en la región del Chaco boliviano.

La declaración indicada señala lo siguiente.

Las organizaciones e instituciones abajo firmantes suscribimos plenamente el informe ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Bolivia, llevada a cabo del 9 al 13 de junio, en el que deplora la existencia de situaciones de servidumbre y trabajo forzoso en la región del Chaco boliviano, departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, práctica absolutamente prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de los cuales el país es parte.

La Comisión constató la existencia de un alto número de familias del pueblo indígena guaraní, conocidas como comunidades cautivas, que continúan padeciendo situaciones de servidumbre análoga a la esclavitud en la zona de Chaco boliviano, así como el agravamiento de esas condiciones en relación a la última visita del año 2006.

Respaldamos las conclusiones de la Comisión que evidencian que el Estado enfrenta obstáculos en la aplicación de leyes, por parte de diversos sectores políticos y económicos que se resisten a su implementación en la región afectada y condena las violaciones graves a los derechos humanos que se cometen contra el pueblo guaraní.

Frente a esta situación, las instituciones abajo firmantes declaramos que no podemos mantener silencio por más tiempo.

Ya son demasiados casos documentados de agresiones y ataques a sectores indígenas, populares y defensores de Derechos Humanos por parte de grupos de poder y élites regionales que amparan grupos de choque.

Está herida nuestra historia, está lastimada nuestra dignidad, y nos avergüenzan los hechos ocurridos en Sucre y Santa Cruz que humillaron a bolivianos y bolivianas por su condición y origen.

Se están multiplicando declaraciones y acciones racistas y discriminadoras, inaceptables desde cualquier punto de vista.

Se están reproduciendo los mensajes de algunos medios de información masiva en dirección de la xenofobia y la intolerancia transformando la violencia racial como hecho natural.

¿Es que hemos vuelto al régimen colonial?

El racismo está lejos de haberse acabado.

Peor aun, hemos vivido creyendo que el racismo es cosa del pasado, pero ahora despertamos sabiendo que subyace en el interior de las personas, que convivimos con él, que rige nuestras relaciones sociales.

No es casual que los discriminados, los vituperados y los excluidos sean siempre los pobres, los negros, los campesinos, los indígenas y los trabajadores que hacen posible que el país exista, porque son ellos y ellas quienes generan la riqueza nacional, mientras “otros”quieren apropiarse de ella a punta de violencia.

Paradoja de esta sociedad: los que más producen, los que traen los alimentos a nuestros hogares, ellos mismos, los que nos enorgullecen por su cultura milenaria y sólida, son los mismos que reciben el desprecio de ociosos que se enriquecieron robando al Estado y expropiando sus tierras.

¿Y dónde está la justicia?

¿Dónde están los administradores de justicia que deben investigar y sancionar esos hechos de violencia?

¿Por qué no cumplen el mandato que se les ha otorgado como servidores de la sociedad?

Nosotros, presentes, no lo podemos permitir.

Convocamos al país a expresar de las mil formas posibles nuestra condena a la discriminación y al racismo.

Eso señala la declaración, firmada por las siguientes instituciones: Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Amnistía Internacional Bolivia, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional ASOFAN, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Comunidad de Derechos Humanos, Movimiento Franciscano Justicia y Paz, Coordinadora de Lucha contra la Impunidad, asambleas departamentales de los derechos humanos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Beni, Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Plan Interinstitucional Transitorio de Apoyo al Pueblo Guaraní, Centro Afro-boliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario, Movimiento Cultural Saya Afroboliviana, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Fundación Solón, Indymedia La Paz, institución Tijarapa.

Al final la declaración hace una convocatoria a todos los bolivianos y bolivianas con sentido de Patria, diciendo: ¡Únete a la campaña nacional contra el racismo, la discriminación y la impunidad!

Como puede verse, desde el hondo crisol de la Patria se está levantando un clamor que condena el racismo, y una decisión de lucha para aplastar a los racistas: las logias, las oligarquías y las clases dominantes atrincheradas en los comités cívicos y en las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y en la agrupación Podemos.

A todas ellas, que tratan de mantener los privilegios de los poderosos, es preciso derrotarlas si se desea que Bolivia avance hacia un Estado de dignidad y justicia.

El asunto es así, y no da lugar para más contemplaciones.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ratifica la situación de servidumbre, análoga a la esclavitud, del pueblo guaraní

“Un alto número de familias indígenas del pueblo guaraní, conocidas como comunidades cautivas, continúan padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud, en la zona del Chaco boliviano, departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”.

Eso señala de manera contundente un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA.

Una delegación de la señalada Comisión, compuesta por Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich, estuvo en Bolivia, entre los días 9 y 13 de junio, y comprobó que esa situación de semi esclavitud en que viven los guaraníes, no sólo continúa, sino que, en muchos casos, incluso se ha agravado porque ahora, además del trabajo forzoso, sin remuneración y sin libertad, las familias guaraníes sufren de golpeaduras, hostigamiento, agresiones, y malos tratos por parte de los hacendados quienes, de esa manera, cobran venganza por las denuncias que se han hecho públicas en su contra.

“La delegación observa que la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní, es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y comunidades campesinas en Bolivia”, señala un párrafo del comunicado de prensa.

“La Comisión, dice otra parte del documento, reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado para atender esta problemática y constató que el Estado boliviano ha intentado llevar a cabo el saneamiento de tierras en cumplimiento de las leyes 1715 de 1996 y 3545 de 2006, ambas referidas a un proceso de Reforma Agraria.

Sin embargo, la aplicación de estas leyes enfrenta obstáculos por parte de diversos sectores políticos y económicos que se resisten a la implementación de la ley en la región afectada

Esto ha generado incluso hechos de violencia que resultaron en personas gravemente heridas y episodios de secuestros y torturas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las violaciones graves a los derechos humanos que se cometen contra los miembros del pueblo guaraní y la obstaculización, por parte de particulares, de la implementación de las políticas públicas.

Estos hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados”.

La Comisión recibió testimonios de familias guaraníes que, como consecuencia de sus reclamos por la tierra, han sido expulsadas de las haciendas en las que trabajaban, sin que se les haya compensado por el trabajo realizado, y que ahora no cuentan con los mínimos recursos de subsistencia.

Algunas de estas familias fueron desplazadas a otras comunidades que no tienen suficiente tierra para sustentar a la cantidad de personas que allí viven.

Otras comunidades permanecen cautivas en porciones de tierras ubicadas dentro de las haciendas.

Aunque se encuentran en sus territorios ancestrales, se trata de tierras identificadas como propiedad privada de terceros, lo cual coloca a los miembros de estas comunidades en una situación de gran vulnerabilidad, ya que carecen de libertad de movimiento, sufren amenazas y agresiones como consecuencia del ejercicio de la libertad de asociación y no pueden usar sus tradicionales medios de producción debido a la falta de reconocimiento de la titularidad de las tierras.

La Comisión, dice el comunicado de prensa, se trasladó a la comunidad de Itacuatía, ubicada en la zona del Alto Parapetí, provincia de Cordillera del departamento de Santa Cruz.

El pueblo está a 4 horas de camino desde la ciudad de Camiri, por caminos públicos que atraviesan propiedades privadas cerradas con tranqueras, en algunos casos con candados.

Para acceder al lugar, la Comisión debió negociar la apertura de un candado con uno de los hacendados.

Algunos miembros de la comunidad de Itacuatía manifestaron a la Comisión que, por impulsar la reivindicación de sus derechos, se les niega trabajo en las haciendas aledañas y son perseguidos de diferentes maneras.
También relataron a la Comisión que han recibido amenazas y agresiones.

La Comisión recibió además información, sobre severas restricciones al derecho a la libertad de asociación del pueblo guaraní.

Esto incluye persecución y hostigamiento contra los dirigentes y serias dificultades en el acceso al territorio que obstaculiza su contacto con las comunidades.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, sigue diciendo el comunicado de prensa, también observó que las familias guaraníes en situación de servidumbre o trabajo forzado viven en la extrema pobreza y son sometidas a castigos como “huasqueadas” o latigazos, quema de sus cultivos y muerte de sus animales.

Adicionalmente, en el Alto Parapetí la Comisión verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.

Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado nacional en la región del Chaco, y el inefectivo actuar de la Fiscalía.

Esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los derechos humanos.

Reclamando una más clara y contundente intervención del Ministerio Público, la Comisión señala que las investigaciones son difíciles por los muchos obstáculos que se presentan, entre los cuales están la dificultad para el ingreso independiente a la zona, la escasa colaboración de la policía, la inexistencia de mecanismos de protección de víctimas, y testigos y la débil coordinación con los ministerios nacionales competentes.

Frente a la ratificación y comprobación de la explotación humana en que incurren hacendados latifundistas del Chaco boliviano, la Comisión de la Organización de los Estados Americanos reitera que el Estado boliviano tiene la obligación internacional de erradicar la servidumbre y el trabajo forzoso de todo su territorio, y que debe tomar de manera inmediata todas las medidas necesarias para cumplir con esta obligación.

Igualmente, el Estado debe adoptar otras disposiciones para enfrentar y resolver los obstáculos legales, institucionales, políticos y de cualquier otra índole que estén obstaculizando el trabajo de saneamiento de tierras del programa de gobierno. .

Ante el contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, habría que preguntarle al Cardenal Julio Terraza, si todavía necesita más pruebas de la explotación que sufren los pueblos guaraníes.

Y habría que preguntarle si ahora la Iglesia Católica se pronunciará sobre este dramático problema de esclavitud en Bolivia, en el siglo XXI, o si continuará callando, en complicidad con los esclavistas.

La conspiración de Transredes

Con la nacionalización de las acciones de TR-Holdings, se asestó un duro golpe político al corazón de la oposición, dice un artículo aparecido recientemente en el periódico La Época de la ciudad de La Paz.

La señalada entidad TR-Holdings era la propietaria de la mayoría de las acciones de Transredes, la empresa encargada del transporte de hidrocarburos dentro y hacia fuera del país.

Esas acciones fueron nacionalizadas, a través del pago de 48 dólares por cada acción, de modo que la totalidad de los oleoductos, gasoductos, maquinarias y bienes de la empresa pasaron a manos del Estado boliviano.

Ahora, ¿por qué es que esa nacionalización de Transredes representa un duro golpe al corazón de la oposición

Porque, según señala La Época, Transredes era la principal fuente de financiamiento para los sectores de la oposición que han promovido los referendos separatistas.

Esta empresa, por ejemplo, durante los problemas ocurridos en Camiri en febrero de 2007, cerró las válvulas de los gasoductos a pesar de una prohibición expresa del presidente Evo Morales.

La misma Transredes había establecido relaciones comerciales con prefectos de la oposición, como Mario Cossió de Tarija, pasando por alto al gobierno nacional.

En el mismo mes de febrero del 2007 Transredes suspendió, por alrededor de 15 horas, de manera injustificada, el abastecimiento de gas a los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, con el claro afán de agudizar los conflictos que se vivieron en aquel momento.

El operador político de TR-Holdings, accionista mayoritario de Transredes, era una señor llamado Oscar Serrate, según denunció Andrés Solíz Rada, primer ministro de hidrocarburos del gobierno del presidente Morales.

Este señor Serrate, que ocupaba el cargo de vicepresidente de relaciones internacionales de Transredes, fue acusado de utilizar la bandera de las autonomías para negociar directamente con los prefectos del oriente y de Tarija y de promover la contratación de jóvenes paramilitares para la Unión Juvenil Cruceñista.

También se lo acusa de haber intervenido en otros delitos como el tráfico de tierras.

Las denuncias de la conspiración fueron formuladas por el propio presidente Morales, también en febrero del 2007, y ratificadas por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien señaló que la empresa era la principal fuente de financiamiento de la oposición para promover referendos separatistas.

Reveladas las anteriores informaciones es posible comprender de dónde provenían los dineros para financiar todas las acciones desarrolladas por los sectores de oposición, comités cívicos, prefecturas, la agrupación Podemos y otras, para desestabilizar y provocar la caída del actual gobierno.

Los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, por ejemplo viajaron en gran número a Chuquisaca, durante todo el mes de noviembre del año pasado, para desarrollar acciones violentas y para agredir a los miembros de la Asamblea Constituyente.

También se trasladaron al Beni y a Pando para actuar en contra de las organizaciones indígenas y campesinas, intentando obligar a la gente a votar a favor de los estatutos autonómicos.

Estuvieron igualmente, hace algunas semanas otra vez en Chuquisaca, para ser protagonistas fundamentales de las agresiones, heridas, golpes y humillaciones que sufrieron campesinos de aquel departamento.

Todas estas movilizaciones, según se entiende, cuestan mucha plata, porque a los miembros de la indicada Unión Juvenil se les paga el transporte, muchas veces por avión, además de alojamiento y viáticos y hasta una especie de sueldo, para acudir a los sitios donde deben desarrollar sus agresivas acciones.

Inicialmente se conocía que esos dineros para contratar a los indicados paramilitares provenían de los fondos del IDH que manejan las prefecturas.

Ahora se entiende que, además de esos dineros, había otros que proporcionaba la indicada empresa Transredes.

Es probable que, en esta misma línea, otras de las transnacionales petroleras también hayan estado en el financiamiento de la conspiración.

Ya en años pasados, las indicadas transnacionales pagaban suculentos sueldos a especialista petroleros, a periodistas y a analistas políticos, como Cayetano Llobet, para justificar la privatización de las empresas del Estado.

Más tarde, cuando advino el gobierno del presidente Morales, se les siguió pagando fajos gruesos de dólares, para que se opusieran a la nacionalización de los hidrocarburos.

En esas ocasiones, según recuerda la población, participaban en debates y mesas redondas, y daban conferencias y hacían múltiples declaraciones, diciendo a la población, por ejemplo, que si se nacionalizaban los hidrocarburos Bolivia enfrentaría tremendos juicios en tribunales internacionales y tendría que pagar multimillonarias sumas para indemnizar a las empresas.

También decían que nuestro país se vería bloqueado financieramente y que no recibiría más apoyo internacional de ninguna clase, y que sin ese apoyo, Bolivia entraría en franca bancarrota con graves consecuencias para su población.

Todo eso, como se ve, no resultaron más que burdas mentiras que mostraron cómo las empresas petroleras compraban conciencias de bolivianos que se prestaban a sus juegos.

Esas acciones, entonces, han continuado, financiándose esta vez las conspiraciones contra el proceso de cambio que se plantea en Bolivia.

Muy bien, pues, por el gobierno nacional, que nacionalizó Transredes, y con ello dejó sin una de sus fuentes de financiamiento a la oposición.

Lo importante de todo es que, con estas revelaciones, los bolivianos van comprendiendo de qué manera se mueve el capitalismo para desestabilizar gobiernos, y cómo entra en coordinación con grupos oligárquicos de los diferentes países, que apoyan sus planes de dominación.

Es, pues, contra ese tremendo poder, que se deberá seguir luchando, hasta que se logre la definitiva dignificación de Bolivia con la aprobación y puesta en marcha de la nueva Constitución Política del Estado.

Periódico El País de Madrid distorsiona informaciones sobre Bolivia

“Los movimientos cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, encabezan un movimiento de restauración colonialista que el periódico español El País está abiertamente alentando”.

Esa es la grave denuncia que formuló recientemente el señor Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

La misma denuncia, pero en forma de reclamo, la formuló el señor Clavero al mismísimo periódico El país, de Madrid, pidiendo que actúe de manera más ética y correcta, en la publicación de informaciones que se refieren a Bolivia.

El indicado periódico español, según se conoció en la carta que Clavero le hizo llegar, está manejando de manera muy mañosa y mal intencionada, los hechos políticos que se han ido dando en Bolivia en los últimos tiempos.

Por ejemplo, en toda una media página desplegó una foto a todo color, donde indígenas aparecen quemando ánforas en el pasado refrendo de Santa Cruz, pero no publicó ni una sola línea de las torturas sufridas por otros campesinos en la principal plaza de la ciudad de Sucre.

Clavero pregunta en su carta si para el periódico El país de Madrid, es más grave quemar ánforas que torturar, agredir y humillar a personas.

La carta enviada por Clavero al señalado periódico, dice lo siguiente en una de sus partes centrales.


“Respecto a América Latina es notorio el sesgo de su política, no sólo editorial, como podría ser legítimo, sin también en todo lo que interesa a las secciones de opinión y a buena parte de las de información”.

“El día de hoy, lunes 2 de junio, se publica la usual crónica sobre Bolivia, apoyando claramente a los llamados “comités cívicos”, que han emprendido una carrera de consumación de hechos contra las reivindicaciones y esperanzas de una clara mayoría de la ciudadanía, y además con el despliegue en colores y a media página de una foto de quema de urnas por parte de indígenas, urnas de un referendo convocado y realizado al margen de la Constitución en vigor y contra el nuevo proyecto constitucional”.

“No es la primera vez que hacen ustedes, señores de El País, una especie de montaje.

“Hace sólo unas semanas tuvieron fotos, pues han llegado a todas las redacciones, de indígenas torturados públicamente en las calles de Sucre por las juventudes de los comités cívicos y no dieron ni siquiera la noticia.

“¿No existe para ustedes una diferencia entre quemar cosas y torturar personas?

“Piensan por lo visto que es más grave lo primero, si son indígenas quienes lo hacen.

“Lo que se ve es que definitivamente, no existe en El país la separación entre información y opinión por la que tanto luchó este periódico en otros tiempos, como tampoco existe el menor código moral que proscribe la doble moral.

“El contenido de los estatutos autonómicos, sigue diciendo la carta del representante de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas es grave, por sus contenidos discriminatorio, por el contexto de agresividad racista de los grupos que los propugnan, y por el objetivo de impedir la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas.

“Dicho de otra forma los comités cívicos encabezan un movimiento de restauración colonialista que el periódico El país está abiertamente alentando.

“Sus corresponsales, quienes no parece que estén recorriendo Bolivia o que ni siquiera se encuentren allí, han acabado alguna crónica con el augurio de un “estallido étnico”, ¡por culpa de los indígenas!, según irresponsablemente dicen.

“¿Es que no tienen ustedes ya límites en la manipulación?

“Tienes intereses económicos por supuesto y no sólo en el sector mediático.

“Permítanme que les haga una recomendación.

“Abandonen el doble rasero, la doble moral, lo más vergonzoso de todo por ser lo más caracterizadamente colonialista.

Esa la importante denuncia formulada por Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, contra la manipulación que, sobre las noticias de Bolivia, hace el periódico El País de Madrid, España.

Ahora, ¿por qué el indicado periódico español tergiversa y manipula las noticias referente a Bolivia, favoreciendo a los grupos de las oligarquías de nuestro país?

Pues, porque los dueños del señalado periódico son también accionistas de la empresa petrolera transnacional Repsol, que fue nacionalizada por el gobierno del presidente Evo Morales.

Entonces es natural que los indicados dueños, ordenen a los directores de su periódico, que traten de desprestigiar tanto al gobierno boliviano, como a los movimientos indígenas que respaldan al gobierno.

De otro lado es importante recordar que los empresarios del periódico El País son también propietarios de la mayoría de las acciones del periódico La Razón y de la red de televisión ATB de la ciudad de La Paz.

Por ello es que el periódico La Razón y la indicada red televisiva tienen líneas informativas y editoriales contrarias al proceso de cambio boliviano, contrarias a los sectores indígenas y populares, y favorable a los grupos derechistas y oligárquicos del oriente.
Como puede comprobarse una vez más, los medios comunicación social privados, no sólo de Bolivia sino también de otros países, manipulan las informaciones a favor de los sectores derechistas y en contra de los intereses de los sectores populares y de sus luchas por mejores condiciones de vida.

Es contra esa permanente manipulación que los ciudadanos bolivianos deben defenderse, desarrollando su sentido crítico, y conociendo de dónde vienen las noti8cias que reciben.

Pronunciamientos contra los hechos ocurridos en Sucre

Pasan las semanas y no se hace ninguna investigación ni se establecen sanciones, contra los grupos racistas que humillaron y golpearon a campesinos en la ciudad de Sucre, el pasado sábado 24 de mayo, azuzados por el Comité Interinstitucional que funciona en dicha ciudad.

Al parecer, las autoridades judiciales sucrenses están optando porque pase el tiempo y el asunto se vaya diluyendo, sin determinar sanciones para nadie, pese a los muchos pronunciamientos de condena que se han conocido en los pasados días.

Uno de esos pronunciamientos, inclusive, provino de los centros de estudiantes de la propia Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

El señalado pronunciamiento, decía lo siguiente:

Por cuanto, la razón de ser de los seres humanos en un país democrático, es la de poder manifestarnos en cualquier ámbito en el marco de los derechos humanos y universales.

Los ciudadanos de toda índole, residentes de la ciudad y del cmap, tienen los mismos derechos de escuchar y ser escuchados.

Por la intolerancia, la muestra de racismo y de humillación.

Por las actitudes reaccionarias que se viven en nuestra ciudad y departamento de Chuquisaca.

Por las expresiones de violencia de actores extremistas y reaccionarios que maltrataron a hermanos campesinos en fecha 24 de mayo, resuelve.

Primero, repudiar enfática y rotundamente la presencia de jóvenes denominados Juventud Crucerñista que de alguna manera entendemos que tuvieron que ver en el exagerado maltrato físico y psicológico a los hermanos campesinos de Chuquisaca.

Segundo, desconocemos la representación que se atribuye la denominada Juventud Conciencia de Chuquisaca y a su promotor Yamil Pillco, ex miembro de la FUL.

Aclaramos que no representa a nadie más que a su persona en la coyuntura de oportunista y protagonista.

Tercero, exigimos la renuncia del rector Jaime Barrón al Comité Interinstitucional por politizar y desvirtuar a la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Cuarto, exigimos a los miembros del Comité Interinstitucional dé los nombres de los principales actores de los hechos violentos de agresión a los hermanos campesinos.

Paralelamente a ese pronunciamiento de los centros de estudiantes de la universidad de Chuquisaca, se conoció otro de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz.

Ese pronunciamiento decía:

La comunidad universitaria, representada por el Honorable Consejo Universitario, ante los hechos sucedidos en la ciudad de Sucre, donde ciudadanos han sido sometidos a tratos inhumanos y degradantes, segregación racial y discriminación, hace conocer lo siguiente,

Primero, la UMSA repudia y condena los hechos ocurridos el pasado sábado 24 de mayo del presente año.

Estos actos de humillación y degradación al ser humano son una flagrante violación a los Derechos Humanos y un desconocimiento a los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La libertad, igualdad y derecho a la libre determinación han sido avasallados.

Segundo, exigimos a las autoridades competentes, tales como el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, realizar las investigaciones correspondientes para determinar y condenar a los autores que produjeron estos actos.

Tercero, la UMSA será siempre y en todo momento la defensora e impulsora de los derechos humanos y libertades ciudadanas, en virtud de los principios y fines de la Universidad Boliviana consolidados con el proceso democrático.

El respeto a la dignidad humana y a la vida, expresados en el derecho a la organización, la libertad de pensamiento, libre circulación y difusión de ideas son los principios que antepondrá esta Casa de Estudios Superiores, independientemente de cualquier condición social o identidad cultural.

Cuarto, expresamos nuestro respeto y cumplimiento al ordenamiento jurídico constitucional, velando por la estabilidad y vigencia de las instituciones de la democracia y de las autoridades legítimamente constituidas.

Rechazamos enfáticamente los llamados a la desobediencia civil, autonomías de facto y todas las acciones o declaraciones contrarias al Estado de Derecho y la paz social.

Quinto, demandamos e invitamos a todos los sectores de nuestra sociedad a trabajar por el restablecimiento de la paz social, el respeto a la vida, la dignidad humana y la UNIDAD DEL PAÍS, como única garantía en la construcción de una nueva Bolivia, sobre la base de un pacto social con desarrollo sustentable y justicia social.

Además de los indicados dos pronunciamientos de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y de los centros de estudiantes de la Universidad
San Francisco Xavier de Chuquisaca, se conoció otro de la Asociación Nacional de la Prensa.

El mismo, en una parte importante, decía “condenamos con indignación la acción perpetrada contra la periodista de Radio ACLO Sucre Marianela Paco y el corte de los cables de transmisión de televisión Boliviana en la ciudad de Trinidad.

La Asociación Nacional de la Prensa considera inaceptable, repudiable y salvaje las agresiones de estos grupos intolerantes contra la periodista Paco el 24 de mayo y el cortado a machetazos de los cables de transmisión del vehículo de televisión boliviana, el 1º de junio en Trinidad para impedir las transmisiones de este canal estatal.

Es seguro que las expresiones de condena a lo ocurrido en Sucre, y a otros atentados en otros distritos del país, continuarán en los siguientes días.

Habrá que ver si las autoridades judiciales de Sucre tienen real interés para iniciar las investigaciones de los hechos, encontrar a los culpables y castigarlos o si, por el contrario, entran en complicidad con ellos, apañando su conducta violenta y racista...

Pronunciamiento de UNITAS por las agresiones contra campesinos

“En defensa de nuestros derechos”, es el título de una declaración emitida en pasadas fechas por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social UNITAS, la cual se refiere a los abusos que, en repetidas ocasiones, han ido sufriendo los pueblos indígenas en los últimos tiempos.

La señalada declaración dice lo siguiente:

“La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social UNITAS, impulsada por la oportunidad que abre el Comité Interinstitucional de Sucre para reintroducir en el debate público sentidos más críticos sobre el acontecer sociopolítico del país, y en particular sobre el racismo manifestado en la ciudad de Sucre, expresa públicamente su solidaridad con las mujeres y hombres indígenas y campesinos que sufrieron, el sábado 24 de mayo, agresiones que afectan no sólo su integridad física sino su dignidad humana.

Esa situación, sumada a los lamentables hechos de violencia también en contra de la población indígena, campesina y originaria registrados el 28 de abril en la región de Alto Parapetí, Santa Cruz, y el 11 de enero del 2007 en Cochabamba, basada en el respeto de los derechos a partir de la identidad de la cultura y el sentido común de los diversos actores de la sociedad.

Más aun estos sucesos alimentan un contexto en el que desaparece el horizonte del bien común y dan cuenta de la profundización de las desigualdades, de la agudización de las contradicciones y de la subordinación ciudadana a grupos de poder político y económico, que conciben la “gobernabilidad democrática” de manera unilateral y autoritaria.

Por tanto, haciendo uso del derecho a exigir el cumplimiento de la ley, UNITAS, demanda al gobierno nacional actuar de manera inmediata sancionando a los responsables de la humillación sufrida por campesinos.

Asimismo, conmina a los autores materiales y responsables ideológicos de tan deplorables hechos que indignan a todo el país, para que pidan disculpas públicas por las agresiones cometidas en contra de ciudadanos y ciudadanas chuquisaqueños.

Insta a la autoridades judiciales a identificar y juzgar a los responsables dentro de un proceso legal imparcial y transparente.

Exige a las autoridades municipales y nacionales, las garantías necesarias para que sus instituciones asociadas en Sucre, y en todo los departamentos donde impunemente actúan grupos fascistas, puedan disfrutar el derecho de ser pensar, creer, trabajar y manifestarse libremente sin ser perseguidos o agredidos como en el caso de la compañera Marianela Paco, periodista de Radio ACLO, que fue golpeada por grupos violentos mientras transmitía en vivo el ataque que sufría un grupo de campesinos en la ciudad de Sucre.

Así como otras instituciones asociadas a UNITAS, dedicadas a promover el desarrollo y el pensamiento crítico, la Fundación Acción Cultural Loyola ACLO, incorporó la dimensión comunicacional a su trabajo logrando una participación creciente de la población boliviana, de modo tal que los destinatarios se han convertido en emisores, en interlocutores, en actores de un proceso compartido de comunicación social, en tanto el camino que se propone implica discernir entre lo que unos y otros sienten, creen, piensan, en tanto aprender implica cambiar.

Por ello, condenamos las acusaciones del Comité Interinstitucional en contra de Rafael García Mora, Director General de la Fundación ACLO y presidente de ERBOL, y de la labor que realiza Radio ACLO Sucre para desarrollar la personalidad y el sentido de la dignidad del ser humano, fortalecer el respeto de las libertades fundamentales y facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática.

Responsabilizamos a los miembros del Comité Interinstitucional, Aydeé nava, Jaime Barrón Fidel Herrera, John Cava y sus seguidores, por haber promovido la violencia y la confrontación entre hermanos bolivianos por no respetar las reglas comunes de convivencia y de integración social.

Censuramos la ineficacia de las instituciones del Estado que gobiernan y regulan el funcionamiento de nuestra sociedad, al no garantizar la seguridad pública, tarea permanente y necesaria en cualquier punto del territorio nacional.

Criticamos el cada vez más degradado manejo político que hacen los grupos cívicos departamentales liderados por las élites cruceñas y alineadas al proyecto de la “media luna”, y la sumisión del pueblo sucrense a un reducido número de personas que se atribuye su legítima representación y que manipula sus demandas y aspiraciones.

Consideramos que es tiempo de dejar atrás las consignas, las palabras de desprecio, las actitudes racistas.

Es momento de comprender nuestra propia experiencia histórica, entender las causas de la resistencia al modelo dominante que generó pobreza, desigualdad, discriminación y subordinación de millones de hombres y mujeres, campesinos, indígenas y originarios, un sistema que no protegió sus derechos, ni les posibilitó el acceso a recursos, bienes y servicios, que los excluyó de la vida pública impidiendo su participación en las decisiones locales, departamentales y nacionales”.

Ese el importante pronunciamiento UNITAS, firmado por 28 instituciones que desempeñan funciones en diferentes regiones de nuestro país, entre las cuales se encuentra el Centro de Educación Popular Qhana.

Más sobre la manipulación de los medios privados de comunicación social

La cosa ocurre todos los días.

A veces de manera escandalosa y a veces con tintes más moderados o sutiles, pero siempre ocurre.

Una manipulación permanente de los medios de comunicación social privados, que no dicen las cosas como son en realidad, que muestran sólo partes de la verdad y a veces, hasta que mienten directamente demostrando mucha falta de moral.

Un ejemplo de lo señalado se puede encontrar en dos informaciones aparecidas en las primera páginas del periódico El Diario, los días martes 3 y miércoles 4 del presente mes de junio.

En efecto, el día martes 3 de junio, apareció una nota que tenía el siguiente titular: “Atropellos a la democracia dañan imagen de Bolivia en el mundo”.

Luego el texto de la nota, en sus primeros y destacados párrafos, indicaba que “Los constantes atropellos a la democracia y al Estado de derecho que propina el gobierno del Movimi9ento al Socialismo hacen ver a Bolivia como ejemplo de país fracaso...”

Sólo un poco más adelante, la nota aclara que ese concepto fue formulado por la señora Sandra Yánez, diputada de la agrupación Podemos.

Esta, que puede no parecer, es pues una clara manipulación porque dice las cosas a medias y porque, usando una afirmación ajena, busca influenciar políticamente en el lector.

Muchas personas leen el periódico quedándose solamente en los titulares., habitualmente por falta de tiempo.

Varios otros se detienen ante un puesto de periódicos y echan una rápida mirada a los indicados titulares, para luego seguir su camino.

Pocos son los que tienen plata para comprar periódico y más pocos todavía los que leen en la totalidad las notas que se presentan.

Entonces, aquellas personas que se quedan en los titulares, entenderán, en la nota señalada como ejemplo, que, efectivamente, la imagen de Bolivia se está viendo menoscabada en el mundo, y que la culpa de ese daño a la imagen de la Patria la tiene el gobierno del MAS, por sus constantes atropellos a la democracia y al Estado de derecho.

Entenderán también, las indicadas personas, como un mensaje secundario, que esos atentados constantes contra las libertades y la democracia, nos están mostrando como un país fracasado o como un país fracaso, como dice la nota.

En resumen, que esa situación no puede seguir, y que los ciudadanos tienen el deber de modificarla.

¿Y cómo la podrían modificar?

Pues, simplemente, exigiendo al gobierno que ya no atente contra la democracia o, en su defecto, trabajando para tumbarlo.

Ese mensaje recibirán, pues, los lectores apurados, y sólo los pocos que lean toda la información, sabrán que esa afirmación sobre el país, no viene precisamente del exterior, de los gobiernos o de los pueblos de otros lados del mundo, sino que es una simple opinión de una diputada de una agrupación política de derecha, que critica, por principio, todas las cosas que hace el gobierno, sin importar que sean buenas o malas.

Una simple opinión de una simple diputada, que seguramente no tiene mucho que ver con la realidad es, de pronto, utilizada por el periódico El Diario, en este caso, para predisponer al público en contra del gobierno del presidente Morales.

Con una clara intención política se le da, a dicha nota, una dimensión y una relevancia que, indudablemente, no tiene por ningún lado.

Si el periódico quería ser honesto, podía haber aclarado, antes de insertar su titular, que la afirmación sobre la imagen dañada de Bolivia en el exterior, correspondía a la diputada Yánez de Podemos, para que la gente supiera que se trataba de eso, de una opinión, y no anduviera creyendo que los gobiernos o la gente de otros países tienen esa mala opinión de Bolivia, cuando es al revés.

Ahora, al ser sólo una simple opinión, ¿por qué el periódico la puso en primera página como si fuera una noticia de gran importancia nacional?

Pues, porque tenía, como ya se dijo, la clara intención influenciar políticamente en le público lector.

En esta misma línea de ejemplos, en su edición del día miércoles 4 de junio, el mismo periódico El Diario, en su primera página, incluyó otra nota, cuyo titular señalaba “Detención de ciudadano es el inicio de “terrorismo de Estado”-

Un poco más arriba del titular, en letras algo menores se enfatiza la afirmación con un enunciado que decía “Al mejor estilo de las dictaduras”.

La nota, referida al incidente con la captura del ciudadano Sandoval, acusado de atentar contra dignatarios de Estado en Sucre tenía, como se observa claramente, el afán de sostener que en nuestro país desde el gobierno se han comenzado a aplicar medidas arbitrarias que no significan otra cosa que terrorismo de Estado.

Y, más grave todavía, se trata de comparar las medidas del gobierno actual con las medidas que aplicaban las dictaduras de pasadas décadas.

Lo mismo que en el caso anterior, sólo en el transcurso de la nota, se aclara que esa afirmación fue formulada por algunos parlamentarios opositores al gobierno.

En otras palabras, que la señalada afirmación no era nada más que una opinión que debía ser mostrada como una opinión que, igualmente, no tenía mayor relevancia, ni merecía estar en la primera página del periódico.

Así, pues, es cómo se manejan las cosas desde una mayoría de los medios privados de comunicación social de nuestro país.

Así es cómo se intenta crear una opinión pública contraria al gobierno y favorable a los sectores de oposición, en este caso, empresarios privados y latifundistas, que también son dueños de los señalados medios de comunicación, y favorable a opositores como los integrantes de la agrupación Podemos, también afines a esos grupos de poder.

Ahora, ¿qué podrá hacer el ciudadano común para defenderse de esta perniciosa y cada vez más abierta y descarada manipulación?

Pues, desarrollar su sentido crítico, su capacidad de análisis, y no creer directamente lo que dicen esos medios.

Pensar en quiénes son los dueños de los mismos, y entender que esos dueños, parte de las clases dominantes del país, siempre han de buscar, primero, defender sus propios intereses antes que los intereses de la Patria.

La “prudente” jerarquía de la Iglesia Católica

¿Qué está pasando con la Iglesia Católica?

O, más bien, ¿qué está pasando con la jerarquía de la Iglesia Católica, que parece apartarse cada vez más de fundamentales postulados evangélicos?

El pueblo boliviano, sus sectores más empobrecidos, postergados y secularmente explotados, como son los campesinos e indígenas, se encuentra en una dura batalla por cambiar la situación de injusticia que tradicionalmente vivió nuestra Nación, pero la Iglesia no se pronuncia.

Mantiene una prudente política de neutralidad anti evangélica entre los pobres y los poderosos y, en muchos casos, hasta se inclina por los sectores dominantes.

Probablemente piensan los responsables jerárquicos de la Iglesia, que esa neutralidad es necesaria, para que la misma juegue un rol activo en la mediación política en la que ahora se halla inmersa.

Pero, con mediación o sin mediación, la Iglesia jamás debería traicionar la palabra central del Evangelio.

Y esa palabra manifiesta una opción clarísima, que es la opción por los pobres.

La Iglesia Católica, si quiere ser fiel a las enseñanzas de Cristo, no puede colocarse del lado del poder, del lado de los explotadores, del lado de los ricos, pero parece que esa opción medio que está siendo olvidada por algunas altas autoridades de la Iglesia.

El pasado 24 de mayo, un grupo de campesinos sufrió una humillación que será recordada eternamente por la historia de Bolivia.

Matones al servicio de las clases dominantes de Sucre, del comité interinstitucional que allí funciona, hirieron, golpearon, maltrataron e hicieron arrodillarse a los campesinos, amenazándolos con lincharlos e insultándolos con los términos más oprobiosos, y la Iglesia Católica no abrió la boca.

Ante ese hecho vergonzoso y que lastimó a todo el pueblo boliviano, se pronunciaron muchísimas instituciones, de adentro y de afuera del país, condenándolo y exigiendo sanciones para los culpables, pero la Iglesia Católica no dijo nada.

Sí lo hizo el padre Rafael García Mora, un jesuita digno y valiente, director de ACLO Sucre, denunciando hasta con nombres y apellidos a los responsables del maltrato y de los atentados que sufrió la gente de su institución, pero las autoridades máximas de la Iglesia Católica permanecieron mudas, casi convalidando el abuso.

Unas semanas antes, en la localidad de San Ignacio de Velasco, el sacerdote Adalid Vega Veizaga fue interceptado por matones de la Unión Juvenil Cruceñista, que lo golpearon hasta dejarlo medio muerto, acusándolo de haber boicoteado el referendo autonómico cruceño, y la jerarquía de la Iglesia Católica, hasta el momento, tampoco dijo nada.

Ni protestó por la agresión, ni presentó ninguna demanda contra nadie, ni reclamó justicia.

Se quedó también callada, a lo mejor para no molestar a la gente del comité cívico cruceño que organiza, ordena y financia a la llamada Unión Juvenil Cruceñista.

Ese silencio, ese callarse ante el abuso de los poderosos, ¿tiene relación con el mensaje cristiano?

El no salir en defensa de los pobres, de los campesinos, ¿no es alejarse del Evangelio?

¿Qué hubiera hecho Cristo, nuestro Señor, si hubiera visto las agresiones que sufrían los campesinos allí en Sucre?

¿Y qué hubiera hecho si presenciaba la golpiza contra uno de sus pastores, como ocurrió en San Ignacio de Velasco con el padre Vega Veizaga?

¿Se hubiera quedado en silencio, aceptando que ello pasara, sin decir ni una palabra contra los agresores?

Seguramente que no, que Cristo se habría interpuesto entre los campesinos y las manos furiosas que los golpeaban, que hubiera protegido a los débiles.

Pero la jerarquía de la Iglesia católica no hizo, ni de lejos, nada que se pareciera a ello, permaneció prudentemente callada, y con ello no sólo que se está alejando de las fuentes del Evangelio, sino que está también creando distancia con muchos de sus creyentes.

Ante esa conducta de cuidadosa prudencia de algunas de las autoridades de la Iglesia Católica, habría que recordar una de las oraciones del Padre Luis Espinal, el sacerdote mártir cuando se refería, justamente, a la prudencia. .

Esa oración decía: “Hay un límite imperceptible entre prudencia y cobardía.

Llamamos prudencia a la seguridad y a la flojera, llamamos prudencia al no comprometerse.

Todos nos hablan de prudencia, Señor, pero de una prudencia que no es tuya, que en vano buscamos en tu Evangelio.

Jesucristo, te damos gracias porque tú no fuiste prudente, ni diplomático, porque no callaste para escapar de la cruz; porque fustigaste a los poderosos sabiendo que te jugabas la vida.

Los que te mataron, esos fueron los prudentes.

No nos dejes ser tan prudentes que queramos contentar a todos.

Tu palabra es hiriente como espada de dos filos.

Además de las bienaventuranzas también pronunciaste las maldiciones, es un texto subversivo.

No queremos una prudencia que nos lleve a la omisión y nos haga imposible la cárcel.

La terrible prudencia de acallar los gritos de los hambrientos y de los oprimidos.

Danos sinceridad para no llamar prudencia a la cobardía, al conformismo, a la comodidad.

No es de prudentes el ser cristianos y el seguir a Cristo.

No es prudente “vender lo que se tiene y darlo a los pobres”.

Es imprudente entregar la vida por Dios y por los hermanos.

Que cuando sintamos la tentación de la prudencia recordemos que tú “has escogido la debilidad del mundo para derrotar a los fuertes, y has escogido a lo estúpidos para confundir a los sabios”.

Porque la prudencia del mundo es enemiga de Dios.

De esa forma oró el Padre Luis Espinal, y esa oración debería ser repetida y practicada por quienes conforman la jerarquía de la Iglesia Católica que, al parecer, prudentemente, se callaron ante el maltrato de los campesinos en Sucre y en la región de Alto Parapetí, en el Chaco cruceño, y ante la golpiza a un hombre indefenso, en la plaza de Santa Cruz, sólo por tener una cara con rasgos indígenas, y ante los asaltos y atentados contra sedes de los campesinos, en Cochabamnba y el Beni, y ante la agresión contra el padre Adalid Vega Veizaga.

¿Para qué sirvieron las consultas sobre los estatutos autonómicos?

El fraude fue gigantesco y se dio de mil maneras en las últimas consultas sobre los estatutos autonómicos desarrolladas en Pando y Beni..

Las urnas, en Pando, fueron llevadas de un lado para otro y algunas inclusive, pasaron por domicilios particulares, antes de ser entregadas a la corte departamental electoral.

Urna en mano, algunas personas, que no pertenecían a la Corte, se fueron casa por casa, intentando obligar a las personas, a depositar su voto.

En una mesa donde habían 119 inscritos, resultaron votando los 119.

Lo grave fue que después apareció un vecino, que estaba inscrito en la señalada mesa junto con varios miembros de su familia, y dijo que ni él ni su familia habían acudido a votar y, entonces, ¿cómo era que aparecieron los 119 votos cuando los jurados electorales debían registrar esa ausencia?

Faltando apenas un par de horas para el cierre de las votaciones, se conocieron datos de que la abstención era de un 50.1 % de los votos.

Según la ley de referendo, si los votantes no sobrepasan el 50 % la consulta debe anularse, de modo que ese peligro se estaba cerniendo sobre el indicado acto.

De pronto, como por arte de magia, en la última hora y media de las votaciones, empezaron a llegar resultados de las provincias que señalaban que, en las tales regiones, la abstención había llegado apenas a un 20 por ciento.

Y fue con ese 20 % que se promedió la abstención general, y se la rebajó y así, de ese modo, se anunció que el Sí había ganado.

Ahora, el dato de que la abstención, en algunas regiones rurales era sólo de un 20 % constituía, a todas luces, una verdadera patraña, porque fue, justamente en esas zonas donde la resistencia al referendo había sido mayor.

La Corte departamental indudablemente había presionado a la empresa particular que manejaba los cómputos para que disminuyera el índice de abstención, y tal parece que la empresa hizo la magia respectiva para dar el triunfo al Sí

Entonces, por cualquier lado que se la mire, las consultas en Pando y Beni no fueron nada más que monumento a la mentira y al engaño

Porque las convocatorias fueron ilegal al no haber sido aprobadas por el Congreso de la República: porque no estuvieron autorizadas ni reconocidas por la Corte Nacional Electoral: porque hubo una clarísima parcialidad de las cortes departamentales electorales que hasta hicieron propaganda por el Sí; porque las irregularidades en las mesas de votación fueron muchísimas:, porque no hubo observadores nacionales imparciales, ni mucho menos internacionales, que verificaran la rectitud de la consulta.

Pero al margen de lo señalados, para algo sí sirvieron las consultas sobre los estatutos autonómicos tanto en Pando como en Beni.

Sirvieron para dar paso a una rebelión de los pueblos indígenas y de los sectores campesinos de ambos departamentos que, a decir del presidente Evo Morales, ahora es imparable.

Beni y Pando, como todo el mundo sabe, fueron regiones dominadas tradicionalmente por algunas familias de latifundistas.

Esas pocas familias, desde el pasado, eran dueñas de la tierra, dueñas de los 4ecursos naturales y hasta dueñas de las personas que trabajaban en sus campos.

De esas pocas familias dominantes salían los caciques que imponían su voluntad en la región, y salían los políticos que, como Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, o Suárez Sattori, prefecto del Beni, incursionaban en la política, en los partidos neoliberales para, desde los sitios de poder del gobierno, preservar y proteger sus intereses familiares y personales en sus respectivos distritos.

Los sectores indígenas y campesinos, al servicio de esos clanes familiares, apenas sobrevivían y tenían organizaciones sociales muy débiles, sin mucha capacidad para reclamar por los abusos que sufrían, y menos para desarrollar alguna acción política más o menos contundente.

Alejados de las escuelas o centros de estudio, con poco acceso a las informaciones nacionales, sin conocer mucho sobre lo que ocurría en el país, no podían desarrollar una conciencia clara sobre sus particulares situaciones de explotación,

Pero de pronto ocurrió toda esa vorágine de las autonomías, planteadas por los sectores dominantes para preservar sus propios intereses y, entonces, de una forma u otra, los sectores sociales se vieron obligados a entender de este asunto y a reflexionar sobre lo que las autonomías significaban.

Debieron analizar temas como el de quiénes acumulan las riquezas, la tierra y los recursos naturales y quiénes no.

Sobre quiénes se aprovechan de quiénes para acumular fortunas.

Sobre quiénes habían elaborado el estatuto autonómico, y quiénes no habían sido ni siquiera consultados, y menos tomados en cuenta, en el mismo.

Sobre el proceso de cambio que se impulsaba desde la Asamblea Constituyente, y sobre la oportunidad histórica que se les planteaba para cambiar su suerte, y entonces la conciencia surgió clara y poderosa.

Y al calor de esa conciencia, de esa toma de postura política, indígenas y campesinos, que andaban débiles y dispersos, de pronto se unificaron y adoptaron la decisión de entrar en la lucha.

Y una primera manifestación de esa lucha fue el rechazo del estatuto autonómico elaborado por los ricos, y la decisión orgánica de abstenerse y boicotear la consulta.

Y ahora que la rebelión contra los patrones y los ricos ha comenzado, ya no va a detenerse, hasta que esas clases dominantes sean derrotadas, y hasta que indígenas y campesinos alcancen pleno reconocimiento a sus derechos.

Con la trampa de las autonomías y de los estatutos autonómicos, las clases dominantes del oriente intentaban proteger su poder y privilegios, desmarcándose del Estado.

La cosa les ha salido al revés, porque han unificado a los pueblos indígenas, que ahora entienden por dónde va la cosa y saben a quiénes hay que combatir y cómo se4 debe combatirlos.

Para eso sirvieron las consultas de los estatutos autonómicos, ya que fracasaron para dar a las clases dominantes, las contundentes victorias que buscaban.

¿Por qué no pueden funcionar los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija?

¿Por qué no pueden funcionar los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni y Pando?

Porque contienen una gran cantidad de artículos arbitrarios y excesivos, que contravienen normas elementales de la leyes establecidas en la Constitución Política del Estado.

Un ejemplo de esa arbitrariedad, es el parágrafo 2 del artículo 6ª del estatuto beniano, que busca regular las migraciones de bolivianos de otras regiones del país, hacia el indicado departamento.

El mencionado parágrafo dice textualmente “Las migraciones e inmigraciones de grupos organizados de ciudadanos bolivianos y extranjeros que deseen asentarse en el departamento del Beni, necesariamente deberán ser aprobadas por dos tercios del total de miembros de la Asamblea Legislativa Departamental...”

Eso quiere decir que los ciudadanos bolivianos que deseen radicar en ese departamento, deberán demostrar condiciones y cualidades ante la Asamblea departamental , para que esta les autorice el asentamiento.

¿Y cuáles serían esas condiciones y cualidades que deberá demostrar la gente de otras regiones que desee trabajar tierras del Beni.

Deberá, por ejemplo, demostrar que tiene dinero, de modo que los pobres quedarán prohibidos de asentarse en tierras benianas.

Deberá, seguramente, manifestar su apoyo al gobierno departamental de los ricos y oligarcas, y comprometerse a no decir ni media palabra contra ellos, bajo pena de ser expulsado del departamento.

Deberá, del mismo modo, abstenerse de participar en actividades políticas, dejando esa prerrogativa sólo para la gente nacida en el Beni.

Deberá, en resumen, ser tratado como un ciudadano de segunda, con muchos de sus derechos restringidos, pese a ser un ciudadano boliviano.

Demás está decir que estarán totalmente prohibidos de migrar hacia el Beni, los grupos indígenas aymaras y quechuas, a los cuales se acusa de ser levantiscos y rebeldes.

En este caso, como se ve, se estaría dando a los bolivianos, no benianos, el mismo trato que se da a los extranjeros que desean venir a radicar en Bolivia, lo cual es una aberración.

Este control de la migración tiene el propósito, además, de preservar las tierras del oriente sólo para la gente rica, empresarios, latifundistas y grupos de poder del indicado departamento, ocurriendo lo mismo en Santa Cruz y Pando.

Otro ejemplo de la arbitrariedad de los estatutos que buscan implementar las oligarquías del oriente, se refiere a las competencias del poder judicial.

Los artículos 36, 37 y 38 del estatuto beniano plantean que “será atribución de la Asamblea Legislativa normar, reglamentar i fiscalizar las facultades que el poder judicial reconozca o atribuya al departamento”.

Eso significa que habrá un sistema judicial descentralizado que podrá actuar y decidir de manera autónoma en todos los casos, prescindiendo y rompiendo con la instancia nacional.

En otras palabras, que los grupos dominantes que gobiernen el departamento, o sea los ricos, tendrán la justicia absolutamente bajo su control, sin que haya ninguna instancia que se pueda inmiscuir en sus resoluciones.

Un tercer ejemplo de las arbitrariedades de los estatut6os del oriente, se refiere a la tuición sobre las fuerzas armadas y la policía.

El numeral 14 del artículo 30 propone que el gobernador tenga como atribución la de “ejercer autoridad técnica operativa sobre unidades militares y policiales de su jurisdicción relacionada con defensa civil, acción cívica, seguridad ciudadana y orden público”.

Eso quiere decir que las fuerzas policiales y militares asentadas en el departamento deberán obedecer órdenes del prefecto, ahora conocido como gobernador.

Ya no órdenes ni instrucciones de sus jefes nacionales sino, directamente, del prefecto o gobernador.

Esto, como bien se ve, representa, simplemente, el rompimiento del orden jerárquico y de las estructuras de mando policiales y militares.

Ambas instituciones, conviene reiterarlo, tienen un carácter nacional, de modo que su funcionamiento no puede, ni mucho menos, ser descentralizado.

Además de las anteriores, hay una larga lista de ámbitos de actividad sobre los cuales la Asamblea Legislativa y la prefectura tendrían competencia privativa, o sea, capacidad de decidir sin intervención del gobierno central.

Esas áreas serían, por ejemplo, la de los recursos naturales, cuya explotación sin control alguno, quedaría en manos de los grupos de poder.

La de la de la tierra y territorio, garantizando su posesión a los empresarios y latifundistas.

Las del medio ambiente y biodiversidad, migraciones y asentamientos humanos, orden público y seguridad ciudadana, economía y extracción forestal, sanidad agropecuaria e inocuidad alimenticia, áreas protegidas, tierras comunitarias de origen, transporte y comunicaciones, energía e hidrocarburos, medios de comunicación, comercio internacional, minería y espacio aéreo, suelo y subsuelo.

En otras palabras, todo.

Lo cual significará que los departamentos autonómicos serán pequeñas repúblicas, manejadas por los grupos más ricos y poderosos, donde el Estado nacional no tendrá nada que hacer.

Ni participar en planificaciones, ni supervisar actividades, ni vigilar gastos, no pedir cuentas de ningún tipo.

Por todas esas razones, es que los estatutos autonómicos que van aprobando los grupos oligárquicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija no pueden ni podrán jamás, entrar en vigencia.

Y eso significa que las clases dominantes han perpetrado un engaño muy grande en contra de aquellos ciudadanos que los apoyaron en sus consultas, creyendo que así apoyaban a sus autonomías.

Una batalla que parece inevitable

Por un lado el gobierno ha ido insistiendo en la necesidad de un diálogo, para encontrar puntos de conciliación a los enfrentamientos políticos que se plantean en el país.

Por el otro los grupos dominantes de la ultra derecha, representados en los comités cívicos y en las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y en la agrupación Podemos, han ido avanzando en sus planes separatistas, buscando hacer aprobar, en ilegales referendos, estatutos autonómicos que sólo les favorecen a ellos.

“Hablaremos después de los referendos”, dijeron los dirigentes cívicos y prefectos de los indicados departamentos.

Pero ese “hablaremos después de los referendos”, debe entenderse como, “impondremos después de los referendos”.

Lo cual quiere decir que, con el argumento de que la población respaldó sus estatutos, plantearán que esos estatutos sean reconocidos y respetados por el gobierno y constituyan la base de cualquier negociación.

Y que, además, el proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, sea modificado y se adecue a lo que los estatutos señalan. .
Y si ello no ocurre dirán que, por mandato de sus poblaciones, ellos continuarán adelante con sus planes, buscando constituir un nuevo Estado, separado de Bolivia.

Este plan separatista, conviene reiterarlo una vez más, ha sido ya abiertamente planteado en muchas ocasiones por gente de las oligarquías.

En el cierre de campaña por el “Sí”, en el departamento del Beni, pudo verse, en pasados días, junto al estrado donde estaban los oradores, una gigantografía con un mapa en color verde de la llamada “media luna”, y donde aparecía la leyenda: “este es mi país”.

No hay, pues, por dónde perderse, en cuanto a las reales intenciones de los sectores dominantes del oriente.

Es obvio que esos sectores no aceptan, para nada, que la mitad de la gente de sus departamentos, y algo más de la mitad en el caso de Pando, haya preferido abstenerse de la consulta sobre los estatutos, demostrando con ello su oposición a los mismos.

Para ellos, el “Sí” ganó por encima del 80 %, y eso les basta para seguir adelante con su proyecto.

Pero, entonces, mirando las cosas con objetividad, ¿se puede realmente confiar en que un diálogo avance y permita un acuerdo entre todos los bolivianos?

¿Se podría esperar que las oligarquías, por algún súbito acto de conciencia renuncien a los beneficios que los estatutos les significan, para abrazar a los sectores sociales permitiendo que ellos también tengan parte en el reparto de los bienes?

Por supuesto que no, que no puede pensarse en ello.

Que jamás renunciarán ni a la posesión ilimitada de la tierra, ni al dominio de los recursos naturales, ni al manejo absoluto de los dineros departamentales.

Pero, y entonces, ¿qué ocurrirá con el diálogo que han empezado a generar el gobierno y algunos partidos de oposición, además de prefectos del occidente del país, con mediación de la Iglesia, de la OEA y hasta de algunos observadores de países amigos?

Ese diálogo, es posible que sí avance.

Que genere acuerdos que abran la posibilidad de una solución negociada a los problemas políticos del país.

Pero en ese acuerdo, según lo que ya desde ahora se avizora, no estarán los grupos de la oligarquía.

Será un acuerdo y un diálogo entre los sectores populares y las organizaciones sociales, representadas por el gobierno y por el Movimiento al Socialismo, y por partidos y sectores de clase media, donde los grupos económicamente dominantes, los ricos, no estarán presentes.

¿Qué panorama, entonces, es el que se vislumbra, frente a esa situación, que, aunque es hipotética, se acerca más que ninguna a la realidad?

Pues que, de todos modos, de cualquier manera, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, la confrontación que hoy existe se irá profundizado hasta alcanzar niveles muy peligrosos,
Esa confrontación tendrá su primera batalla, en el referendo revocatorio del próximo 10 de agosto.

Allí se verá cuál de los sectores está mejor parado y se fortalecerá con un mayor apoyo político, y cuál no tiene suficiente respaldo a nivel nacional.

La segunda batalla ocurrirá cuando se intenten adoptar disposiciones para hacer funcionar los estatutos autonómicos.

Cuando, por ejemplo, desde las prefecturas se pretenda regular las migraciones de gente de otros distritos, o se trate de establecer una policía departamental, o se invadan competencias del poder judicial tratando de desarrollar una justicia exclusivamente departamental, o cuando se busquen hacer exportaciones directas a países vecinos, o cuando se procuren algunos acuerdos comerciales o de otra índole, también con países vecinos, sobrepasando las atribuciones del gobierno nacional, o cuando se desarrollen planes para explotar recursos nacionales estratégicos sin autorización del Estado.

En todos estos, y muchos otros casos más que se presentarán, habrán duros enfrentamientos como los sucedidos, por ejemplo, cuando se intentaron sanear tierras de la región de Alto Parapetí, en el Chaco cruceño.

Una tercera batalla tendrá que ver con el castigo a todas aquellas personas que agredieron a campesinos en Sucre y, más antes, en Santa Cruz, Beni y Pando, o que quemaron casas, o que amenazaron y desarrollaron formas de amedrentación a ciudadanos que se oponían a los planes de los comités cívicos.

Esos grupos, como los de la Unión Juvenil Cruceñista, deberán ser desmantelados y sus miembros juzgados y sancionados, si se desea restablecer la justicia en el país.

Una cuarta batalla será la que deberán librar las naciones originarias, consolidando sus propias autonomías, rompiendo y enfrentando los estatutos departamentales.

Y, por último una quinta batalla será la del gobierno, restableciendo su vigencia y control de todo el territorio nacional, impidiendo que ciertos grupos tengan el atrevimiento de hasta prohibir la presencia del presidente en algunos distritos.

Serán tremendas batallas que conllevarán el uso de la fuerza y que parece que inevitablemente ocurrirán, como un precio inevitable al cambio que espera el país.

Una investigación que no se hará

Desde varios sectores de la sociedad boliviana se reclamó una investigación inmediata sobre los hechos ocurridos en Sucre el pasado 24 de mayo, y una sanción para los que humillaron, agredieron e hirieron a campesinos.

¿Y qué es lo que se respondió desde el poder judicial, allí en Sucre?

Que se investigaría, pero sin presiones de ninguna clase.

Ahora, ¿qué quiere decir eso de que se investigará pero sin aceptar presiones de ningún tipo?

Simplemente que no se investigará.

Que se dejará pasar el tiempo, que se hará como que se investiga, que se convocará a algunas personas para que formulen largas declaraciones, que se dirá que se están acumulando pruebas, que, en resumen, se buscará que el proceso se vaya dilatando hasta que la gente se vaya más o menos olvidando del asunto.

Así se obró en el caso de los sucesos ocurridos, también en Sucre, en noviembre del año pasado.

En esa ocasión, grupos violentos agredieron e hirieron a asambleístas de los pueblos indígenas y casi llegaron a lincharlos.

En esa misma ocasión se hicieron manifestaciones públicas donde proliferaron los insultos cargados de odio racial.

Por último, en esos acontecimientos, tres personas perdieron la vida heridas por armas de fuego que, se decía, eran reglamentarias y pertenecían o a la Policía o a las Fuerzas Armadas,

Ante los reclamos de los sectores sociales, el Fiscal General y otras autoridades judiciales dijeron que se iba a investigar, pero pasaron los meses y no se investigó nada, y las cosas se fueron diluyendo hasta casi olvidarse.

Peor que eso, hasta se perdieron algunas pruebas, como fue el caso de los proyectiles disparados, que se los tenía y que ahora no se sabe dónde están, y probablemente porque esos proyectiles iban a demostrar que no se había disparado con armas ni de la Policía ni de las Fuerzas Armadas.

En la ciudad de Santa Cruz, en varias oportunidades, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista atacaron a pobladores de los sectores populares, intentando obligarles a acatar paros decretados por el comité cívico de ese departamento.

Los heridos, golpeados y maltratados por esos ataques sumaron muchas decenas, y las fotos aparecidas en la prensa o las imágenes de televisión mostraron hasta los rostros de los agresores.

Las autoridades judiciales, ante las denuncias públicas, dijeron que iban a investigar y por supuesto que no investigaron nada.

En otra ocasión, en la plaza principal de Santa Cruz, un ciudadano fue golpeado brutalmente y puesto casi al borde de la muerte, sólo porque tenía un rostro con rasgos indígenas.

Las autoridades de la justicia afirmaron que se iba a investigar y aunque ya pasaron dos años, de la tal investigación no se supo ningún resultado.

También se dijo que se investigarían, sin que hasta ahora se conozca nada, las agresiones que sufrieron pobladores guaraníes en la región de Alto Parapetí, en Santa Cruz, cuando grupos de personas al servicio de los latifundistas, se opusieron a las tareas de saneamiento de tierras que el gobierno intentaba allí realizar

Y lo mismo en el caso del sacerdote Adalid Vega Veizaga, molido a golpes en San Ignacio de Velasco, por gente de la Unión Juvenil Velasquista.

En resumen, que proliferan y se multiplican los hechos de violencia, agresiones, ataques y hasta muertes por acción de grupos violentos al servicio de las oligarquías del país, y los encargados de la justicia jamás, nunca, por ningún motivo, ni investigan, ni identifican, ni dan ningún informe, ni menos castigan a los culpables.

¿Y por qué no lo hacen?

¿Por qué esos grupos de choque, de tendencias criminales y racistas, pueden actuar, cada vez más alevosamente, en la más grande impunidad?

Pues, simplemente, porque entre los grupos de las oligarquías del país y muchas altas autoridades del poder judicial, hay una clara alianza.

Las autoridades judiciales, con pocas excepciones, se hallan al servicio de esos grupos de poder, de modo que no van a realizar ningún esfuerzo por ejecutar ninguna tarea que vaya a poner en evidencia las acciones ilegales de los señalados grupos.

Por el contrario, los van a proteger y van a desplegar todas las triquiñuelas y argucias legales para apañar sus alevosas acciones.

Ahora, ¿por qué jueces y fiscales actúan de esa manera?

Porque jueces y fiscales, en su gran mayoría, fueron elegidos en sus cargos, años anteriores, por los partidos neoliberales que manejaban el Congreso y que eran parte de la estructura de dominación que en el país existía.

Entonces los jueces y los fiscales les están devolviendo favores a los políticos que los eligieron, que son los mismos que integran los comités cívicos y las prefecturas del oriente, y que son los mismos que constituyen parte de los grupos oligárquicos de la Nación

Las cosas son simplemente así, y no hay por dónde perderse.

Entonces es casi imposible que el Fiscal General, ahora, ni investigue, ni los encuentre ni menos castigue a los cobardes agresores racistas que hirieron y humillaron a los campesinos, en Sucre, el pasado 24 de mayo.

Las cosas, como en los muchísimos casos anteriores, se irán diluyendo y se perderán en una nebulosa con múltiples contradicciones a las que las autoridades judiciales darán curso para, justamente, impedir que avance ningún proceso.

Por eso se están adelantando a decir que investigarán, pero que no aceptarán presiones para esa investigación.

La pregunta, ante esta iniquidad, que es permanente y que es normal, es ¿qué se podrá hacer para cambiar la justicia y para cambiar a jueces y fiscales que tan mal la llevan?

Simplemente elegirlos por voto directo, con participación de todo el pueblo, según la moral, la idoneidad y los merecimientos de los postulantes, de modo que los magistrados judiciales respondan por sus actos al propio pueblo, y no estén comprometidos con los partidos políticos.

¿Y cuándo se podrá hacer esa elección directa de los magistrados judiciales?

Cuando sea aprobado y entre en vigencia el proyecto de nueva Constitución Política del Estado entregado por la Asamblea Constituyente.