Una investigación que no se hará

Desde varios sectores de la sociedad boliviana se reclamó una investigación inmediata sobre los hechos ocurridos en Sucre el pasado 24 de mayo, y una sanción para los que humillaron, agredieron e hirieron a campesinos.

¿Y qué es lo que se respondió desde el poder judicial, allí en Sucre?

Que se investigaría, pero sin presiones de ninguna clase.

Ahora, ¿qué quiere decir eso de que se investigará pero sin aceptar presiones de ningún tipo?

Simplemente que no se investigará.

Que se dejará pasar el tiempo, que se hará como que se investiga, que se convocará a algunas personas para que formulen largas declaraciones, que se dirá que se están acumulando pruebas, que, en resumen, se buscará que el proceso se vaya dilatando hasta que la gente se vaya más o menos olvidando del asunto.

Así se obró en el caso de los sucesos ocurridos, también en Sucre, en noviembre del año pasado.

En esa ocasión, grupos violentos agredieron e hirieron a asambleístas de los pueblos indígenas y casi llegaron a lincharlos.

En esa misma ocasión se hicieron manifestaciones públicas donde proliferaron los insultos cargados de odio racial.

Por último, en esos acontecimientos, tres personas perdieron la vida heridas por armas de fuego que, se decía, eran reglamentarias y pertenecían o a la Policía o a las Fuerzas Armadas,

Ante los reclamos de los sectores sociales, el Fiscal General y otras autoridades judiciales dijeron que se iba a investigar, pero pasaron los meses y no se investigó nada, y las cosas se fueron diluyendo hasta casi olvidarse.

Peor que eso, hasta se perdieron algunas pruebas, como fue el caso de los proyectiles disparados, que se los tenía y que ahora no se sabe dónde están, y probablemente porque esos proyectiles iban a demostrar que no se había disparado con armas ni de la Policía ni de las Fuerzas Armadas.

En la ciudad de Santa Cruz, en varias oportunidades, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista atacaron a pobladores de los sectores populares, intentando obligarles a acatar paros decretados por el comité cívico de ese departamento.

Los heridos, golpeados y maltratados por esos ataques sumaron muchas decenas, y las fotos aparecidas en la prensa o las imágenes de televisión mostraron hasta los rostros de los agresores.

Las autoridades judiciales, ante las denuncias públicas, dijeron que iban a investigar y por supuesto que no investigaron nada.

En otra ocasión, en la plaza principal de Santa Cruz, un ciudadano fue golpeado brutalmente y puesto casi al borde de la muerte, sólo porque tenía un rostro con rasgos indígenas.

Las autoridades de la justicia afirmaron que se iba a investigar y aunque ya pasaron dos años, de la tal investigación no se supo ningún resultado.

También se dijo que se investigarían, sin que hasta ahora se conozca nada, las agresiones que sufrieron pobladores guaraníes en la región de Alto Parapetí, en Santa Cruz, cuando grupos de personas al servicio de los latifundistas, se opusieron a las tareas de saneamiento de tierras que el gobierno intentaba allí realizar

Y lo mismo en el caso del sacerdote Adalid Vega Veizaga, molido a golpes en San Ignacio de Velasco, por gente de la Unión Juvenil Velasquista.

En resumen, que proliferan y se multiplican los hechos de violencia, agresiones, ataques y hasta muertes por acción de grupos violentos al servicio de las oligarquías del país, y los encargados de la justicia jamás, nunca, por ningún motivo, ni investigan, ni identifican, ni dan ningún informe, ni menos castigan a los culpables.

¿Y por qué no lo hacen?

¿Por qué esos grupos de choque, de tendencias criminales y racistas, pueden actuar, cada vez más alevosamente, en la más grande impunidad?

Pues, simplemente, porque entre los grupos de las oligarquías del país y muchas altas autoridades del poder judicial, hay una clara alianza.

Las autoridades judiciales, con pocas excepciones, se hallan al servicio de esos grupos de poder, de modo que no van a realizar ningún esfuerzo por ejecutar ninguna tarea que vaya a poner en evidencia las acciones ilegales de los señalados grupos.

Por el contrario, los van a proteger y van a desplegar todas las triquiñuelas y argucias legales para apañar sus alevosas acciones.

Ahora, ¿por qué jueces y fiscales actúan de esa manera?

Porque jueces y fiscales, en su gran mayoría, fueron elegidos en sus cargos, años anteriores, por los partidos neoliberales que manejaban el Congreso y que eran parte de la estructura de dominación que en el país existía.

Entonces los jueces y los fiscales les están devolviendo favores a los políticos que los eligieron, que son los mismos que integran los comités cívicos y las prefecturas del oriente, y que son los mismos que constituyen parte de los grupos oligárquicos de la Nación

Las cosas son simplemente así, y no hay por dónde perderse.

Entonces es casi imposible que el Fiscal General, ahora, ni investigue, ni los encuentre ni menos castigue a los cobardes agresores racistas que hirieron y humillaron a los campesinos, en Sucre, el pasado 24 de mayo.

Las cosas, como en los muchísimos casos anteriores, se irán diluyendo y se perderán en una nebulosa con múltiples contradicciones a las que las autoridades judiciales darán curso para, justamente, impedir que avance ningún proceso.

Por eso se están adelantando a decir que investigarán, pero que no aceptarán presiones para esa investigación.

La pregunta, ante esta iniquidad, que es permanente y que es normal, es ¿qué se podrá hacer para cambiar la justicia y para cambiar a jueces y fiscales que tan mal la llevan?

Simplemente elegirlos por voto directo, con participación de todo el pueblo, según la moral, la idoneidad y los merecimientos de los postulantes, de modo que los magistrados judiciales respondan por sus actos al propio pueblo, y no estén comprometidos con los partidos políticos.

¿Y cuándo se podrá hacer esa elección directa de los magistrados judiciales?

Cuando sea aprobado y entre en vigencia el proyecto de nueva Constitución Política del Estado entregado por la Asamblea Constituyente.