Una batalla que parece inevitable

Por un lado el gobierno ha ido insistiendo en la necesidad de un diálogo, para encontrar puntos de conciliación a los enfrentamientos políticos que se plantean en el país.

Por el otro los grupos dominantes de la ultra derecha, representados en los comités cívicos y en las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y en la agrupación Podemos, han ido avanzando en sus planes separatistas, buscando hacer aprobar, en ilegales referendos, estatutos autonómicos que sólo les favorecen a ellos.

“Hablaremos después de los referendos”, dijeron los dirigentes cívicos y prefectos de los indicados departamentos.

Pero ese “hablaremos después de los referendos”, debe entenderse como, “impondremos después de los referendos”.

Lo cual quiere decir que, con el argumento de que la población respaldó sus estatutos, plantearán que esos estatutos sean reconocidos y respetados por el gobierno y constituyan la base de cualquier negociación.

Y que, además, el proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente, sea modificado y se adecue a lo que los estatutos señalan. .
Y si ello no ocurre dirán que, por mandato de sus poblaciones, ellos continuarán adelante con sus planes, buscando constituir un nuevo Estado, separado de Bolivia.

Este plan separatista, conviene reiterarlo una vez más, ha sido ya abiertamente planteado en muchas ocasiones por gente de las oligarquías.

En el cierre de campaña por el “Sí”, en el departamento del Beni, pudo verse, en pasados días, junto al estrado donde estaban los oradores, una gigantografía con un mapa en color verde de la llamada “media luna”, y donde aparecía la leyenda: “este es mi país”.

No hay, pues, por dónde perderse, en cuanto a las reales intenciones de los sectores dominantes del oriente.

Es obvio que esos sectores no aceptan, para nada, que la mitad de la gente de sus departamentos, y algo más de la mitad en el caso de Pando, haya preferido abstenerse de la consulta sobre los estatutos, demostrando con ello su oposición a los mismos.

Para ellos, el “Sí” ganó por encima del 80 %, y eso les basta para seguir adelante con su proyecto.

Pero, entonces, mirando las cosas con objetividad, ¿se puede realmente confiar en que un diálogo avance y permita un acuerdo entre todos los bolivianos?

¿Se podría esperar que las oligarquías, por algún súbito acto de conciencia renuncien a los beneficios que los estatutos les significan, para abrazar a los sectores sociales permitiendo que ellos también tengan parte en el reparto de los bienes?

Por supuesto que no, que no puede pensarse en ello.

Que jamás renunciarán ni a la posesión ilimitada de la tierra, ni al dominio de los recursos naturales, ni al manejo absoluto de los dineros departamentales.

Pero, y entonces, ¿qué ocurrirá con el diálogo que han empezado a generar el gobierno y algunos partidos de oposición, además de prefectos del occidente del país, con mediación de la Iglesia, de la OEA y hasta de algunos observadores de países amigos?

Ese diálogo, es posible que sí avance.

Que genere acuerdos que abran la posibilidad de una solución negociada a los problemas políticos del país.

Pero en ese acuerdo, según lo que ya desde ahora se avizora, no estarán los grupos de la oligarquía.

Será un acuerdo y un diálogo entre los sectores populares y las organizaciones sociales, representadas por el gobierno y por el Movimiento al Socialismo, y por partidos y sectores de clase media, donde los grupos económicamente dominantes, los ricos, no estarán presentes.

¿Qué panorama, entonces, es el que se vislumbra, frente a esa situación, que, aunque es hipotética, se acerca más que ninguna a la realidad?

Pues que, de todos modos, de cualquier manera, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, la confrontación que hoy existe se irá profundizado hasta alcanzar niveles muy peligrosos,
Esa confrontación tendrá su primera batalla, en el referendo revocatorio del próximo 10 de agosto.

Allí se verá cuál de los sectores está mejor parado y se fortalecerá con un mayor apoyo político, y cuál no tiene suficiente respaldo a nivel nacional.

La segunda batalla ocurrirá cuando se intenten adoptar disposiciones para hacer funcionar los estatutos autonómicos.

Cuando, por ejemplo, desde las prefecturas se pretenda regular las migraciones de gente de otros distritos, o se trate de establecer una policía departamental, o se invadan competencias del poder judicial tratando de desarrollar una justicia exclusivamente departamental, o cuando se busquen hacer exportaciones directas a países vecinos, o cuando se procuren algunos acuerdos comerciales o de otra índole, también con países vecinos, sobrepasando las atribuciones del gobierno nacional, o cuando se desarrollen planes para explotar recursos nacionales estratégicos sin autorización del Estado.

En todos estos, y muchos otros casos más que se presentarán, habrán duros enfrentamientos como los sucedidos, por ejemplo, cuando se intentaron sanear tierras de la región de Alto Parapetí, en el Chaco cruceño.

Una tercera batalla tendrá que ver con el castigo a todas aquellas personas que agredieron a campesinos en Sucre y, más antes, en Santa Cruz, Beni y Pando, o que quemaron casas, o que amenazaron y desarrollaron formas de amedrentación a ciudadanos que se oponían a los planes de los comités cívicos.

Esos grupos, como los de la Unión Juvenil Cruceñista, deberán ser desmantelados y sus miembros juzgados y sancionados, si se desea restablecer la justicia en el país.

Una cuarta batalla será la que deberán librar las naciones originarias, consolidando sus propias autonomías, rompiendo y enfrentando los estatutos departamentales.

Y, por último una quinta batalla será la del gobierno, restableciendo su vigencia y control de todo el territorio nacional, impidiendo que ciertos grupos tengan el atrevimiento de hasta prohibir la presencia del presidente en algunos distritos.

Serán tremendas batallas que conllevarán el uso de la fuerza y que parece que inevitablemente ocurrirán, como un precio inevitable al cambio que espera el país.