“En defensa de nuestros derechos”, es el título de una declaración emitida en pasadas fechas por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social UNITAS, la cual se refiere a los abusos que, en repetidas ocasiones, han ido sufriendo los pueblos indígenas en los últimos tiempos.
La señalada declaración dice lo siguiente:
“La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social UNITAS, impulsada por la oportunidad que abre el Comité Interinstitucional de Sucre para reintroducir en el debate público sentidos más críticos sobre el acontecer sociopolítico del país, y en particular sobre el racismo manifestado en la ciudad de Sucre, expresa públicamente su solidaridad con las mujeres y hombres indígenas y campesinos que sufrieron, el sábado 24 de mayo, agresiones que afectan no sólo su integridad física sino su dignidad humana.
Esa situación, sumada a los lamentables hechos de violencia también en contra de la población indígena, campesina y originaria registrados el 28 de abril en la región de Alto Parapetí, Santa Cruz, y el 11 de enero del 2007 en Cochabamba, basada en el respeto de los derechos a partir de la identidad de la cultura y el sentido común de los diversos actores de la sociedad.
Más aun estos sucesos alimentan un contexto en el que desaparece el horizonte del bien común y dan cuenta de la profundización de las desigualdades, de la agudización de las contradicciones y de la subordinación ciudadana a grupos de poder político y económico, que conciben la “gobernabilidad democrática” de manera unilateral y autoritaria.
Por tanto, haciendo uso del derecho a exigir el cumplimiento de la ley, UNITAS, demanda al gobierno nacional actuar de manera inmediata sancionando a los responsables de la humillación sufrida por campesinos.
Asimismo, conmina a los autores materiales y responsables ideológicos de tan deplorables hechos que indignan a todo el país, para que pidan disculpas públicas por las agresiones cometidas en contra de ciudadanos y ciudadanas chuquisaqueños.
Insta a la autoridades judiciales a identificar y juzgar a los responsables dentro de un proceso legal imparcial y transparente.
Exige a las autoridades municipales y nacionales, las garantías necesarias para que sus instituciones asociadas en Sucre, y en todo los departamentos donde impunemente actúan grupos fascistas, puedan disfrutar el derecho de ser pensar, creer, trabajar y manifestarse libremente sin ser perseguidos o agredidos como en el caso de la compañera Marianela Paco, periodista de Radio ACLO, que fue golpeada por grupos violentos mientras transmitía en vivo el ataque que sufría un grupo de campesinos en la ciudad de Sucre.
Así como otras instituciones asociadas a UNITAS, dedicadas a promover el desarrollo y el pensamiento crítico, la Fundación Acción Cultural Loyola ACLO, incorporó la dimensión comunicacional a su trabajo logrando una participación creciente de la población boliviana, de modo tal que los destinatarios se han convertido en emisores, en interlocutores, en actores de un proceso compartido de comunicación social, en tanto el camino que se propone implica discernir entre lo que unos y otros sienten, creen, piensan, en tanto aprender implica cambiar.
Por ello, condenamos las acusaciones del Comité Interinstitucional en contra de Rafael García Mora, Director General de la Fundación ACLO y presidente de ERBOL, y de la labor que realiza Radio ACLO Sucre para desarrollar la personalidad y el sentido de la dignidad del ser humano, fortalecer el respeto de las libertades fundamentales y facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática.
Responsabilizamos a los miembros del Comité Interinstitucional, Aydeé nava, Jaime Barrón Fidel Herrera, John Cava y sus seguidores, por haber promovido la violencia y la confrontación entre hermanos bolivianos por no respetar las reglas comunes de convivencia y de integración social.
Censuramos la ineficacia de las instituciones del Estado que gobiernan y regulan el funcionamiento de nuestra sociedad, al no garantizar la seguridad pública, tarea permanente y necesaria en cualquier punto del territorio nacional.
Criticamos el cada vez más degradado manejo político que hacen los grupos cívicos departamentales liderados por las élites cruceñas y alineadas al proyecto de la “media luna”, y la sumisión del pueblo sucrense a un reducido número de personas que se atribuye su legítima representación y que manipula sus demandas y aspiraciones.
Consideramos que es tiempo de dejar atrás las consignas, las palabras de desprecio, las actitudes racistas.
Es momento de comprender nuestra propia experiencia histórica, entender las causas de la resistencia al modelo dominante que generó pobreza, desigualdad, discriminación y subordinación de millones de hombres y mujeres, campesinos, indígenas y originarios, un sistema que no protegió sus derechos, ni les posibilitó el acceso a recursos, bienes y servicios, que los excluyó de la vida pública impidiendo su participación en las decisiones locales, departamentales y nacionales”.
Ese el importante pronunciamiento UNITAS, firmado por 28 instituciones que desempeñan funciones en diferentes regiones de nuestro país, entre las cuales se encuentra el Centro de Educación Popular Qhana.
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