“Un alto número de familias indígenas del pueblo guaraní, conocidas como comunidades cautivas, continúan padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud, en la zona del Chaco boliviano, departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”.
Eso señala de manera contundente un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA.
Una delegación de la señalada Comisión, compuesta por Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich, estuvo en Bolivia, entre los días 9 y 13 de junio, y comprobó que esa situación de semi esclavitud en que viven los guaraníes, no sólo continúa, sino que, en muchos casos, incluso se ha agravado porque ahora, además del trabajo forzoso, sin remuneración y sin libertad, las familias guaraníes sufren de golpeaduras, hostigamiento, agresiones, y malos tratos por parte de los hacendados quienes, de esa manera, cobran venganza por las denuncias que se han hecho públicas en su contra.
“La delegación observa que la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní, es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y comunidades campesinas en Bolivia”, señala un párrafo del comunicado de prensa.
“La Comisión, dice otra parte del documento, reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado para atender esta problemática y constató que el Estado boliviano ha intentado llevar a cabo el saneamiento de tierras en cumplimiento de las leyes 1715 de 1996 y 3545 de 2006, ambas referidas a un proceso de Reforma Agraria.
Sin embargo, la aplicación de estas leyes enfrenta obstáculos por parte de diversos sectores políticos y económicos que se resisten a la implementación de la ley en la región afectada
Esto ha generado incluso hechos de violencia que resultaron en personas gravemente heridas y episodios de secuestros y torturas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las violaciones graves a los derechos humanos que se cometen contra los miembros del pueblo guaraní y la obstaculización, por parte de particulares, de la implementación de las políticas públicas.
Estos hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados”.
La Comisión recibió testimonios de familias guaraníes que, como consecuencia de sus reclamos por la tierra, han sido expulsadas de las haciendas en las que trabajaban, sin que se les haya compensado por el trabajo realizado, y que ahora no cuentan con los mínimos recursos de subsistencia.
Algunas de estas familias fueron desplazadas a otras comunidades que no tienen suficiente tierra para sustentar a la cantidad de personas que allí viven.
Otras comunidades permanecen cautivas en porciones de tierras ubicadas dentro de las haciendas.
Aunque se encuentran en sus territorios ancestrales, se trata de tierras identificadas como propiedad privada de terceros, lo cual coloca a los miembros de estas comunidades en una situación de gran vulnerabilidad, ya que carecen de libertad de movimiento, sufren amenazas y agresiones como consecuencia del ejercicio de la libertad de asociación y no pueden usar sus tradicionales medios de producción debido a la falta de reconocimiento de la titularidad de las tierras.
La Comisión, dice el comunicado de prensa, se trasladó a la comunidad de Itacuatía, ubicada en la zona del Alto Parapetí, provincia de Cordillera del departamento de Santa Cruz.
El pueblo está a 4 horas de camino desde la ciudad de Camiri, por caminos públicos que atraviesan propiedades privadas cerradas con tranqueras, en algunos casos con candados.
Para acceder al lugar, la Comisión debió negociar la apertura de un candado con uno de los hacendados.
Algunos miembros de la comunidad de Itacuatía manifestaron a la Comisión que, por impulsar la reivindicación de sus derechos, se les niega trabajo en las haciendas aledañas y son perseguidos de diferentes maneras.
También relataron a la Comisión que han recibido amenazas y agresiones.
La Comisión recibió además información, sobre severas restricciones al derecho a la libertad de asociación del pueblo guaraní.
Esto incluye persecución y hostigamiento contra los dirigentes y serias dificultades en el acceso al territorio que obstaculiza su contacto con las comunidades.
La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, sigue diciendo el comunicado de prensa, también observó que las familias guaraníes en situación de servidumbre o trabajo forzado viven en la extrema pobreza y son sometidas a castigos como “huasqueadas” o latigazos, quema de sus cultivos y muerte de sus animales.
Adicionalmente, en el Alto Parapetí la Comisión verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.
Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado nacional en la región del Chaco, y el inefectivo actuar de la Fiscalía.
Esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los derechos humanos.
Reclamando una más clara y contundente intervención del Ministerio Público, la Comisión señala que las investigaciones son difíciles por los muchos obstáculos que se presentan, entre los cuales están la dificultad para el ingreso independiente a la zona, la escasa colaboración de la policía, la inexistencia de mecanismos de protección de víctimas, y testigos y la débil coordinación con los ministerios nacionales competentes.
Frente a la ratificación y comprobación de la explotación humana en que incurren hacendados latifundistas del Chaco boliviano, la Comisión de la Organización de los Estados Americanos reitera que el Estado boliviano tiene la obligación internacional de erradicar la servidumbre y el trabajo forzoso de todo su territorio, y que debe tomar de manera inmediata todas las medidas necesarias para cumplir con esta obligación.
Igualmente, el Estado debe adoptar otras disposiciones para enfrentar y resolver los obstáculos legales, institucionales, políticos y de cualquier otra índole que estén obstaculizando el trabajo de saneamiento de tierras del programa de gobierno. .
Ante el contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, habría que preguntarle al Cardenal Julio Terraza, si todavía necesita más pruebas de la explotación que sufren los pueblos guaraníes.
Y habría que preguntarle si ahora la Iglesia Católica se pronunciará sobre este dramático problema de esclavitud en Bolivia, en el siglo XXI, o si continuará callando, en complicidad con los esclavistas.
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