Con la nacionalización de las acciones de TR-Holdings, se asestó un duro golpe político al corazón de la oposición, dice un artículo aparecido recientemente en el periódico La Época de la ciudad de La Paz.
La señalada entidad TR-Holdings era la propietaria de la mayoría de las acciones de Transredes, la empresa encargada del transporte de hidrocarburos dentro y hacia fuera del país.
Esas acciones fueron nacionalizadas, a través del pago de 48 dólares por cada acción, de modo que la totalidad de los oleoductos, gasoductos, maquinarias y bienes de la empresa pasaron a manos del Estado boliviano.
Ahora, ¿por qué es que esa nacionalización de Transredes representa un duro golpe al corazón de la oposición
Porque, según señala La Época, Transredes era la principal fuente de financiamiento para los sectores de la oposición que han promovido los referendos separatistas.
Esta empresa, por ejemplo, durante los problemas ocurridos en Camiri en febrero de 2007, cerró las válvulas de los gasoductos a pesar de una prohibición expresa del presidente Evo Morales.
La misma Transredes había establecido relaciones comerciales con prefectos de la oposición, como Mario Cossió de Tarija, pasando por alto al gobierno nacional.
En el mismo mes de febrero del 2007 Transredes suspendió, por alrededor de 15 horas, de manera injustificada, el abastecimiento de gas a los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, con el claro afán de agudizar los conflictos que se vivieron en aquel momento.
El operador político de TR-Holdings, accionista mayoritario de Transredes, era una señor llamado Oscar Serrate, según denunció Andrés Solíz Rada, primer ministro de hidrocarburos del gobierno del presidente Morales.
Este señor Serrate, que ocupaba el cargo de vicepresidente de relaciones internacionales de Transredes, fue acusado de utilizar la bandera de las autonomías para negociar directamente con los prefectos del oriente y de Tarija y de promover la contratación de jóvenes paramilitares para la Unión Juvenil Cruceñista.
También se lo acusa de haber intervenido en otros delitos como el tráfico de tierras.
Las denuncias de la conspiración fueron formuladas por el propio presidente Morales, también en febrero del 2007, y ratificadas por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien señaló que la empresa era la principal fuente de financiamiento de la oposición para promover referendos separatistas.
Reveladas las anteriores informaciones es posible comprender de dónde provenían los dineros para financiar todas las acciones desarrolladas por los sectores de oposición, comités cívicos, prefecturas, la agrupación Podemos y otras, para desestabilizar y provocar la caída del actual gobierno.
Los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, por ejemplo viajaron en gran número a Chuquisaca, durante todo el mes de noviembre del año pasado, para desarrollar acciones violentas y para agredir a los miembros de la Asamblea Constituyente.
También se trasladaron al Beni y a Pando para actuar en contra de las organizaciones indígenas y campesinas, intentando obligar a la gente a votar a favor de los estatutos autonómicos.
Estuvieron igualmente, hace algunas semanas otra vez en Chuquisaca, para ser protagonistas fundamentales de las agresiones, heridas, golpes y humillaciones que sufrieron campesinos de aquel departamento.
Todas estas movilizaciones, según se entiende, cuestan mucha plata, porque a los miembros de la indicada Unión Juvenil se les paga el transporte, muchas veces por avión, además de alojamiento y viáticos y hasta una especie de sueldo, para acudir a los sitios donde deben desarrollar sus agresivas acciones.
Inicialmente se conocía que esos dineros para contratar a los indicados paramilitares provenían de los fondos del IDH que manejan las prefecturas.
Ahora se entiende que, además de esos dineros, había otros que proporcionaba la indicada empresa Transredes.
Es probable que, en esta misma línea, otras de las transnacionales petroleras también hayan estado en el financiamiento de la conspiración.
Ya en años pasados, las indicadas transnacionales pagaban suculentos sueldos a especialista petroleros, a periodistas y a analistas políticos, como Cayetano Llobet, para justificar la privatización de las empresas del Estado.
Más tarde, cuando advino el gobierno del presidente Morales, se les siguió pagando fajos gruesos de dólares, para que se opusieran a la nacionalización de los hidrocarburos.
En esas ocasiones, según recuerda la población, participaban en debates y mesas redondas, y daban conferencias y hacían múltiples declaraciones, diciendo a la población, por ejemplo, que si se nacionalizaban los hidrocarburos Bolivia enfrentaría tremendos juicios en tribunales internacionales y tendría que pagar multimillonarias sumas para indemnizar a las empresas.
También decían que nuestro país se vería bloqueado financieramente y que no recibiría más apoyo internacional de ninguna clase, y que sin ese apoyo, Bolivia entraría en franca bancarrota con graves consecuencias para su población.
Todo eso, como se ve, no resultaron más que burdas mentiras que mostraron cómo las empresas petroleras compraban conciencias de bolivianos que se prestaban a sus juegos.
Esas acciones, entonces, han continuado, financiándose esta vez las conspiraciones contra el proceso de cambio que se plantea en Bolivia.
Muy bien, pues, por el gobierno nacional, que nacionalizó Transredes, y con ello dejó sin una de sus fuentes de financiamiento a la oposición.
Lo importante de todo es que, con estas revelaciones, los bolivianos van comprendiendo de qué manera se mueve el capitalismo para desestabilizar gobiernos, y cómo entra en coordinación con grupos oligárquicos de los diferentes países, que apoyan sus planes de dominación.
Es, pues, contra ese tremendo poder, que se deberá seguir luchando, hasta que se logre la definitiva dignificación de Bolivia con la aprobación y puesta en marcha de la nueva Constitución Política del Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario