Agresiones a periodistas

Durante el año 2007 se registraron 60 agresiones a periodistas y una decena de ataques a las redacciones de diferentes medios de comunicación social.

Eso indica un informe anual de la organización internacional Reporteros sin Fronteras.

Por lo que señala el informe, la profesión de periodista se ha venido haciendo cada vez más peligrosa en nuestro país.

De hecho el periodismo es una profesión que conlleva peligro, y de ello son conscientes los hombres y mujeres que se dedican a esta actividad pero, el momento de transformación social y política que encara nuestro país, parece que ha aumentado los márgenes de riesgo a los que se ve expuesta la gente de la prensa.

Ahora, ¿por qué los periodistas son víctimas de agresiones?

Simplemente porque los periodistas son, aunque no quieran serlo, integrantes o representantes de un medio de comunicación social determinado, y la población descarga en ellos la simpatía o la antipatía que el medio les provoca.

Los medios de comunicación social no son canales neutrales, asépticos, o tubos vacíos a través de los cuales circulan los mensajes.

Son sistemas de información y comunicación que tienen una posición determinada sobre los hechos sociales, políticos, económicos o culturales que se desarrollan en la sociedad, y es a partir de ese enfoque, o de ese posicionamiento, que emiten sus mensajes.

Y ese posicionamiento y ese enfoque corresponden al que tienen sus propietarios, directores o principales responsables.

De esa suerte si un medio tiene dueños que sostienen una creencia religiosa o política determinada, el medio reflejará y defenderá esa creencia..

Un propietario que cree en los valores de la democracia, influirá para que su medio defienda la democracia.

Un propietario que crea firmemente en los conceptos básicos del capitalismo, hará que su medio de comunicación defienda esos conceptos.

Un propietario que tenga ideas racistas o discriminadores hará que su medio difunda también una ideología racista y discriminadora.

Y, dentro de ese marco, es bastante limitado lo que los periodistas, que no son propietarios, pueden hacer.

Puede ocurrir, en algunos casos, que el director de un medio de comunicación crea que los periodistas deben tener libertad de acción para recoger sus noticias, para elaborar sus notas, para emitir sus informes.

En ese caso los periodistas “sentirán” ese espacio de libertad y actuarán según y conforme.

Pero, el hecho de conocer quiénes son los dueños o directores del medio y qué posición política tienen, o cómo miran el funcionamiento de la sociedad, o qué opiniones vierten sobre lo que va aconteciendo en el país, hará que los periodista, aun con su margen de libertad, en mayor o menor grado,,se preocupen por no contradecir de modo muy abierto o muy fuerte, lo que esos dueños o responsables sostienen.

El periodista, en otras palabras, debe resignar muchísimo de su postura personal frente a los hecho sociales, para acomodar su trabajo a lo que el medio reclama.

Los hombres y mujeres de prensa, entonces, desarrollan su labor dentro de esa tensión que los obliga a valorar los acontecimientos desde la posición política del medio donde trabajan, la cual tratan de conciliar con la suya.

En esa medida hay periodistas que deben enfrentar profundos conflictos internos, personales, sintiendo que lo que hacen y dicen, no tiene concordancia alguna con sus criterios personales.

Periodistas que saben que trabajan, no por convicción, sino por necesidad, para atender sus urgencias económicas.

Ahora, pro supuesto que también hay de los otros, de los que no tienen convicciones personales muy fuertes, de los que no se hacen cuestionamientos de ese tipo, de los que se acomodan sin mayor problema a lo que sus jefes les señalan, o de los que piensan lo mismo que piensan los dueños del medio.

Esos, por supuesto que trabajarán sin ataduras, y desarrollarán mejor sus potencialidades técnicas y profesionales lo cual, probablemente, les permitirán ascender rápido y ganar puesto de confianza.

Pero, en unos casos o en otros, los periodistas que salen a las calles, o que están al frente de las computadoras de redacción, vienen a constituir la cara visible de los medios de comunicación y, en esa medida, deben encarar también las reacciones que el medio provoca en la población.

En este momento, Bolivia vive un clima de alta tensión política donde se está definiendo el futuro de la nación.

Un momento donde se está planteando un cambio muy profundo que busca modificar la naturaleza del Estado, y ello ha originado que los sectores sociales, y las instituciones, y las organizaciones de los más diferentes tipos, y la ciudadanía en general, y todo el país en su conjunto, incluidos los medios de comunicación social, tomen partido a favor o en contra de ese cambio.

Como el cambio significa que se tocarán intereses de los sectores poderosos que se consideraban dueños del país, y como el cambio promete un mejor futuro para los sectores empobrecidos que antes no tuvieron oportunidades, entonces el enfrentamiento se ha radicalizado, y la lucha política se está dando sin cuartel.

Y como los medios de comunicación social, queriendo o sin querer, han tomado partido por uno u otro de estos dos bandos, entonces es natural que sufran los efectos que toda lucha política entraña.
Lo lamentable, debe insistirse, es que son los periodistas los que deben enfrentar las agresiones aun cuando, muchas veces, no comulgan con las posiciones políticas que su medio sustenta.

La Iglesia católica, mide a todos con la misma vara?

La Iglesia Católica se pronunció, en pasados días, sobre los hechos ocurridos la noche del jueves 28 de febrero, en la plaza Murillo, cuando grupos sociales cercaron el Palacio Legislativo.

Un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana, dice que la Iglesia “rechaza el ejercicio irresponsable de la presión, ocupando y cercando indebidamente el Palacio Legislativo, una institución representativa del pueblo y fundamental en la vida democrática”.

Luego exige a los responsables de la conducción del país y a los líderes sociales a preservar las libertades personales y la cultura democrática de nuestro pueblo.

“Se debe dejar de lado, dice, venga de donde venga la instrumentalización de grupos sociales para imponer por la fuerza visiones y proyectos políticos sectoriales”.

La Iglesia reafirma su respaldo a las reglas democráticas y al Estado de derecho en nuestro país, y exige a los protagonistas del quehacer político a optar responsablemente por el camino del diálogo y el respeto de la vida y de los derechos y libertades personales.

Y luego invita al pueblo creyente a reanimar su fe y a orar fervientemente para que se recuperen la serenidad, la conciencia responsable de servicio al bien común, el respeto y tolerancia entre todos los bolivianos”.

Todo ello dice la Iglesia Católica y está muy bien, porque su mensaje se ubica en el marco de la paz, que se debe procurar preservar a toda costa en el país, de las leyes y de la defensa de los derechos de las personas.

Sin embargo, lo que un poco ha extrañado es que el indicado comunicado de la Conferencia Episcopal haya sido publicado ahora, en este momento, a raíz de los hechos ocurridos alrededor del Congreso, el pasado jueves 28 de febrero, y nada parecido se hubiera conocido antes cuando, por ejemplo, ocurrieron todos los sucesos de Sucre, el año pasado.

En la ciudad de Sucre hubo no uno sino varios cercos alrededor del Teatro Mariscal Sucre, donde se llevaban a cabo las sesiones de la Asamblea Constituyente.

Grupos radicales al servicio del comité interinstitucional de esa ciudad, impidieron en varios momentos que las deliberaciones siguieran su curso normal.

Esos grupos radicales insultaron, persiguieron y agredieron a varios asambleístas que intentaban discutir el nuevo texto constitucional sólo porque no aceptaban tocar el tema de la capitalidad.

De modo particular fueron hostigados y golpeados, hasta el punto de ver sus vidas en peligro, los representantes de las organizaciones indígenas.

A esos representantes indígenas se los insultó con los peores términos cargados de un furioso odio racial.

La violencia diaria, con vigilias de día y de noche, alcanzó los más salvajes niveles, convirtiendo a la antes tranquila ciudad de Sucre, en un lugar donde se violaban todos los derechos humanos escritos o por escribir.

Y la Iglesia Católica no dijo ni una sola palabra sobre lo que ocurría.

No sacó ningún comunicado condenando la violencia o condenando las presiones y cercos diarios que sufría la Asamblea Constituyente, que era una institución de mayor jerarquía que el Congreso.

Permaneció muda aceptando que el racismo y la discriminación campearan a su sabor, aunque los Evangelios proclaman la absoluta igualdad de los seres humanos y, obviamente, no aceptan el racismo bajo ninguna circunstancia.

O sea que, en un caso, en el caso del cerco al Congreso y de algunos hechos de violencia que allí ocurrieron, la Iglesia Católica se pronunció rápidamente, emitiendo un documento.

Pero no se pronunció sobre lo que fue ocurriendo, a lo largo de varias semanas en Sucre, que eran hechos cien veces más graves que los que acontecieron la noche del jueves 28 de febrero en La Paz.

¿Por qué estas diferencias?

¿Por qué en algunos casos, la Iglesia Católica se pronuncia y en otros no?

¿Qué diferencia había entre lo que sucedió en Sucre con lo que sucedió en La Paz?

¿No merecían, ambos hechos, ser medidos con la misma vara y condenados con la misma condena?

De otro lado, la Iglesia Católica rechaza que los grupos sociales sean instrumentalizados para imponer determinados proyectos políticos sectoriales.

Pero, ¿quién le dijo a la Iglesia Católica que hubo esa instrumentalización?

¿Acaso no pudieron, esos sectores sociales, actuar bajo su propio criterio, con su propia convicción y con su propia voluntad, sin ser necesariamente instrumentalizados?

¿Acaso los sectores sociales están constituidos por personas sin criterio, que pueden ser movidas alegremente por algunos grupos políticos?

¿Es que no se recuerda que el actual proceso de cambio fue impulsado por la acción heroica de los sectores sociales, que salieron a las calles y a los caminos a expulsar a un gobierno porque estaban hastiados de la corrupción de la clase política, y porque no aceptaban que se regalara una riqueza estratégica como es el gas?

¿Qué tiene de extraño, entonces, que esas mismas organizaciones sociales se manifiesten otra vez como saben hacerlo, cuando ven el proceso de cambio en peligro?

Está muy bien que la Iglesia católica condene la violencia y los atropellos contra las personas y vele por la paz, pero debería hacerlo en todas las ocasiones y no sólo en algunas.

De lo contrario podría pecar de falta de ecuanimidad e imparcialidad.

Las organizaciones sociales advierten contra la conspiración

“Algunos empresarios pretenden enterrar la democracia y derrocar al Presidente Evo Morales Ayma.

Esa es la clara advertencia que hacen organizaciones sociales y campesinas de La Paz, en una publicación aparecida en la prensa y que tiene la fecha del 1º de marzo del presente año.

La publicación señalada dice lo siguiente:

“La Federación de Empresarios Privados de Bolivia en una franca acción conspirativa, señala que “con la muerte de la democracia todos los bolivianos hemos perdido las libertades básicas”.

Igualmente afirma que “nuestro país está en un sendero de división”, hablan de una “confrontación entre hermanos”, y terminan gritando, “basta de silencio y temor”, “este proceso...no perdurará en el tiempo”.

Algunos malos empresarios se han sumado al golpe de Tuto Quiroga, de Branko Marinkovic y del senador Oscar Ortiz.

Por eso los tres utilizan las mismas palabras y expresiones.

Hablan de “golpe contra la democracia” y de “ex gobierno democrático”, para justificar sus futuras acciones.

Es una barbaridad, sigue diciendo la publicación, que digan que “se han perdido las libertades básicas en Bolivia”, cuando libremente publican solicitadas y declaraciones en todos los medios.

Es una mentira bien calculada cuando afirman en sus solicitada que “no tenemos capacidad de transitar por el país sin el riesgo de perder la vida”, o que “no podemos discrepar en ideas”.

Esas solicitadas no son escritas para los bolivianos.

Todos los bolivianos sabemos que la CAINCO miente cuando dice: “todos los bolivianos hemos sufrido con las heridas de las dictaduras”, cuando es público que varios de sus miembros fueron colaboradores de la dictadura de Bánzer y también del régimen de Sánchez de Lozada.

Esas solicitadas están dirigidas para el extranjero, para intentar aislar al primer gobierno indígena, y así facilitar su golpe de Estado.

El camino del golpe es claro: 1) mostrar que no hay estado de derecho en Bolivia, “la democracia ha muerto”. 2) provocar conflictos por el alza de precios 3) buscar aislar al gobierno a nivel internacional 4) provocar enfrentamiento y caos a través del referendo autonómico que es ilegal y anticonstitucional porque la actual Constitución no contempla las autonomías, y 5) buscar una sucesión constitucional.

La mayoría de los bolivianos y bolivianas, tanto del campo como de las ciudades, queremos profundizar el sistema democrático del país y, en esta coyuntura, la salida pacífica es la realización del referendo sobre la Nueva Constitución Política del Estado para el próximo 4 de mayo.

Que los pequeños sectores oligarcas, fascistas y racistas del país no le tengan miedo a la decisión del soberano.

Las organizaciones y movimientos sociales que hemos ofrendado nuestras vidas para la recuperación de las libertades democráticas, convocamos a todo el pueblo boliviano a cerrar filas en defensa del proceso democrático, la unidad del país y del primer gobierno indígena encabezado por el hermano Evo Morales Ayma.

Como puede verse por el tenor de la publicación, los sectores sociales y populares del país tienen absoluta claridad sobre los pasos que va siguiendo la conspiración.

Acusar al gobierno de vulnerar los derechos humanos y de atentar contra la democracia, aun sabiendo que ello no es verdad; encarecer los precios de los alimentos para provocar la ira popular, de modo que la mima se vuelque contra el gobierno; desprestigiar al país en el orden internacional para restarle al gobierno el apoyo de las naciones; acentuar el clima de división y enfrentamiento, y procurar alguna forma de recambio presidencial.

Evo Morales, se dirá, es el factor principal de la división y del enfrentamiento, de modo que su salida es una condición esencial para pacificar el país.

Con toda esa estrategia los sectores de la derecha boliviana, buscan, básicamente, frenar el proceso de cambio, impedir que sea aprobada la nueva Constitución, a la que igualmente culparán de ser factor de división, y recobrar el poder político que perdieron en octubre del 2003.

Ese su cálculo, sin embargo, no está tomando en cuenta la voluntad del pueblo boliviano que es llevar adelante, de cualquier forma, la transformación del país.

Podría, esto no se puede desechar dentro del terreno de las probabilidades, hasta funcionar en alguna medida el plan de la oligarquía.

Pero ello daría lugar a una explosión social de consecuencias tan terribles que podría arrasar con los grupos minoritarios del oriente, que hoy conspiran tan alegremente.

Esos grupos deberían entender que no pueden jugar con las expectativas del pueblos ni con sus ilusiones.

El cambio ha sido decidido en varias consultas populares, y el cambio se ha de concretar de cualquier manera.

Los conspiradores, entonces, deberían detenerse, y cesar en sus afanes, si no quieren llevar al país a un enfrentamiento del cual podrían arrepentirse.

La carta del Bloque Oriente a Branko Marinkovic

“La Patria no se divide” es el título de una carta pública, aparecida en la prensa en pasados días, y que el Bloque Oriente le hizo llegar a Branko Marinkovic, presidente del comité cívico Pro Santa Cruz.

La carta, clarísima y contundente, y que vale la pena reiterarla en su integridad, dice lo siguiente:

“Señor Marinkovic, hemos leído con atención la carta que usted ha remitido al Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en fecha 28 de febrero del año en curso.

No nos sorprenden sus aseveraciones ni su afán de atención mediática.

Sepa usted que la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro hermoso y diverso país, sin importar su origen ni clase social, es gente honesta, trabajadora y preocupada por el futuro de sus hijos e hijas.

Trabajan de sol a sol, sin explotar a nadie, sin robarle nada a nadie, sin despojar de sus tierras a ningún indígena o campesino pobre, consiguiendo cada centavo con su esfuerzo.

Señor Marinkovic, por mucho tiempo nuestras riquezas han llenado las arcas de fortuna de algunos oligarcas y también más allá de nuestras fronteras, mientras las mayorías fueron despreciadas y humilladas.

Sin embargo ahora vivimos otra época, el cambio es irreversible: la Nacionalización de los Hidrocarburos, la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, la Revolución Agraria, la Revolución Social, entre otras medidas, son conquista del pueblo boliviano.

No le tema a la Nueva Constitución Política del Estado, no le tema a la lucha contra la corrupción, a la investigación de fortunas, a que los servicios básicos sean declarados como derechos humanos, a que no existan más bases militares extranjeras en nuestro territorio, o a la distribución equitativa de la tierra.

Condenamos la actitud desesperada y cobarde de secuestrar al Muruvichá de la Gran Asamblea del Pueblo Guar0aní, Wilson Changaray, y al señor Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, por parte de los Ganaderos en la provincia Cordillera, con el fin de impedir el proceso de saneamiento en las Tierras para liberar a los hermanos cautivos del Pueblo Guaraní.

Señor Branko Marinkovic, usted se auto proclama como demócrata.

¿Cree que el apropiarse indebidamente de las tierras de los indígenas es una actitud democrática? ¿Cree que el especular con productos de primera necesidad y desatar una guerra económica contra la economía popular es patriótico? ¿Cree que explotar a sus trabajadores es digno? ¿Cree que financiar a la Unión Juvenil Cruceñista para golpear a gente inocente es moral?

Sólo le queremos recordar lo que afirma la Federación Internacional de Derechos Humanos respecto a usted, que ha conformado grupos paramilitares y racistas para violar los derechos humanos de las personas.

Sus acciones hablan más que sus palabras, le sugerimos que la próxima vez que convoque a un paro cívico, obligando con la violencia de los grupos fascistas atrincherados en el Comité Cívico, a que la gente sencilla y trabajadora deje sus fuentes de trabajo, por lo menos haga que su millonaria empresa también pare.

Por otro lado estamos esperando a que denuncie a los responsables de los atentados dinamiteros, de los que lanzan granadas de guerra, de los que advierten con la muerte civil, de los que golpean indígenas, de los que queman casas en Santa Cruz.

Nos damos cuenta que detrás del discurso de la autonomía están los intentos de dividir Bolivia.

Algunos preguntan, ¿por qué quieren dividirla?

La respuesta es obvia: quieren dividirla para que la tierra y los recursos naturales queden en pocas manos, quieren mantener los privilegios de pocos en desmedro de los derechos de todos.

Para lograr ese objetivo están dispuestos a conspirar contra la democracia, a dividir el país.

Queremos autonomía, por eso convocamos a que no rechace el camino de construir una autonomía legal y legítima, elijamos democráticamente a quienes redacten nuestros estatutos y no dividamos a Bolivia.

No hemos escuchado decir nada de usted , cuando el vicepresidente del Comité Cívico, señor Luis Núñez, señaló que “ los yescas deben salir de Santa Cruz, caso contrario, atenerse a las consecuencias”, ¿no es eso violencia, racismo y atropello a los derechos humanos?

Señor Marinkovic, usted seguramente defenderá sus intereses, pero sepa que el pueblo sabrá defender democráticamente la unidad de la Patria y luchara por un país en el que los bolivianos y bolivianas vivamos en igualdad, solidaridad, con paz y justicia social.

Bolivia una sola Patria con una sola Constitución.

Ese el tenor de la carta, fechada en Santa Cruz el 1º de marzo del presente año, que el Bloque Oriente le hizo llegar a Branko Marinkovic, presidente del comité cívico cruceño.

Una carta contundente que demuestra que Santa Cruz no es su comité cívico, ni Santa Cruz es su prefectura.

Santa Cruz son sus organizaciones sociales, sus indígenas y campesinos, sus sectores populares, una mayoría, que no apoyan a los sectores de la oligarquía cruceña, y que están dispuestos a lucha porque Bolivia concrete su proceso de cambio y, sobre todo, que están dispuestos a impedir los planes de división que sustentan esos grupos oligárquicos.

Viene la batalla final

Ahora sí las cosas son como deberían ser, y están donde deberían estar.

Porque primero es la Constitución Política del Estado y luego son los estatutos autonómicos.

Porque la Constitución es el máximo documento legal de la nación, que determina su estructura jurídica, sus normas y leyes, su forma de funcionamiento y las condiciones y reglas con las cuales los bolivianos van a convivir.

Y los estatutos deben acomodarse obligatoriamente a ese marco jurídico y legal y a esas reglas y condiciones establecidas en la Constitución.

Porque la Constitución es un documento que tiene validez y vigencia para todo el país, en tanto que los estatutos se refieren sólo a una región determinada.

Lo que se prete4ndía, lamentablemente, era lo contrario.

Aprobar estatutos autonómicos al margen de la Constitución, por encima de la Constitución, sin tomar en cuenta la Constitución.

Como si los departamentos, o las regiones, no fueran parte de la nación, y como si los departamentos o las regiones fueran otro país u otra nación.

Menos mal que el Congreso ha puesto las cosas claras, y ahora la nación boliviana avanza hacia una definición de características históricas.

O chicha o limonada.

O blanco o negro.

Los bolivianos dirán, el próximo 4 de mayo, si se aprueba o no el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.

Y con ello dirán si apoyan, aprueban e impulsan el cambio político y social que el país ha venido reclamando, o si lo rechazan.

Si el voto mayoritario es por el Sí, la vieja nación boliviana, la de las injusticias, la del atraso, la de la discriminación y el racismo habrán quedado atrás, y habrá nacido la nueva Bolivia.

Si el voto mayoritario, por el contrario, es por el No, entonces las cosas volverán a ser lo que eran antes, y seguirá en vigencia la actual Constitución donde, como todos saben, no existe la figura jurídica de la autonomía.

De aquí, hasta el 4 de mayo, entonces, las campañas serán o por el Sí o por el No a la nueva Constitución.

Es obvio que los sectores minoritarios del país, racistas y fascistas, atrincherados en los comités cívicos de la llamada media luna, harán todo lo que esté a su alcance para boicotear el referendo.

Llamarán a la resistencia civil, insistirán en sus referendos autonómicos, desarrollarán manifestaciones y actos públicos rechazando el proyecto de nueva Constitución, entrarán en huelgas de hambre, denunciarán ante el mundo la supuesta ilegalidad del nuevo texto constitucional, convocarán a la gente a no votar, impedirán que las mesas electorales se instalen, agredirán a los jurados electorales, violentarán los lugares de votación y, en resumen, patalearán de mil maneras para que el referendo fracase.

Pero la ley es la ley y debe cumplirse, y esa ley dice que el referendo para definir la aprobación o rechazo de la nueva Constitución, debe realizarse el 4 de mayo.

Está comenzando, entonces, la batalla final.

La lucha definitiva donde se decidirá la suerte de Bolivia por el próximo medio siglo, o más.

No es, como perfectamente se entiende, una batalla por un gobierno o por un partido.

No es una lucha para que un grupo político desplace a otro y se haga dueño del poder para enriquecerse con él, como ocurría en el pasado.

Es una lucha por una nueva forma de Estado, y de eso debemos hacer plena conciencia los bolivianos.

Bolivia es un país que nació y se fundó sobre la base de la injusticia.

Nació con el pecado original de la discriminación y de la falta de reconocimiento a los derechos ciudadanos de sus grandes mayorías.

Creció manejada por grupos privilegiados que, a lo largo de las décadas, se fueron heredando el poder unos a otros, gobernando casi siempre a favor de sus propios intereses y en contra de los intereses del pueblo.

Pero ese pueblo se cansó de esa eterna política de discriminación, y expulsó a patadas a los últimos representantes de esos grupos de privilegio, y decidió que en un cambio profundo se concretara en nuestra dolorida Patria.

Ese proceso de cambio, como bien conoce la población fue largo y difícil y estuvo boicoteado de mil maneras, justamente por esos grupos de privilegiados, por esas clases sociales, que medraron impunemente del sistema anterior.

Un último intento de obstaculizar el cambio había sido, justamente, la decisión de convocar a referendo para la aprobación de un estatuto autonómico elaborado por unas cuantas personas que no habían sido elegidas por nadie para hacerlo.

Como ello no se podía tolerar, como los intentos de diálogo habían fracasado, como no se podía aceptar que esos grupos minoritarios se impusieran a la voluntad de la mayoría, entonces el Congreso adoptó la medida más adecuada y más pertinente: ir al referendo nacional para la aprobación o rechazo de la nueva Constitución.

Y ahora es la hora del voto. La hora del pueblo.

Y lo que el pueblo diga deberá hacerse.

Y además de definir si va o no va la nueva Constitución, también el pueblo dirá su palabra sobre el tema de la tierra, y sobre el tamaño máximo que deben tener las propiedades rurales.

Viene, entonces, la última y definitiva batalla, y a ella debemos entrar todos los bolivianos con absoluta claridad sobre lo que queremos para el futuro de nuestro eternamente martirizado país.

En Bolivia debe predominar el sentido común

Un pequeño grupo de bolivianos, está buscando claramente un enfrentamiento nacional.

Es un grupo que acumuló poder político y mucha riqueza en las últimas décadas, y ahora no quiere compartir ni ese poder ni esas riquezas.

Por ello se opone a la nueva Constitución Política del Estado, que repara injusticias seculares y que brinda oportunidades a los que nunca las tuvieron.

Y por ello trata de imponer, de manera mañosa e ilegal, estatutos autonómicos separatistas y discriminatorios, manipulando a determinados sectores de la población.

Esos grupos minoritarios, enquistados en los comités cívicos y en las prefecturas de la llamada media luna están decididos, si es necesario, a llevar al país a un enfrentamiento interno para preservar privilegios que les fueron concedidos durante las dictaduras y los gobiernos neoliberales del pasado.

La pregunta es si esos sectores de privilegiados, de tendencia ultra derechista saldrán adelante con sus propósitos, o si en el país se impondrá el sentido común de la mayoría de los bolivianos.
Ese sentido común existe y ha sido claramente identificado en un amplio estudio realizado por las Naciones Unidas.

Dice la investigación, publicada con el nombre de Informe Nacional sobre Desarrollo Humano El Estado del Estado en Bolivia, que “detrás de las visiones y prácticas polarizantes que tienden a dividir está emergiendo un sentido común que une a gran parte de los bolivianos y bolivianas”.

“Los actores del sentido común son millones de ciudadanos de a pie, que componen alrededor del 70 % de la población boliviana, y plantean un horizonte de convivencia intercultural y de igualdad social y económica”.

“Son los actores productivos de la economía popular, las familias migrantes que portan nuevas identidades interculturales, y las élites sociales y políticas emergentes que construyen poder continuamente”.

El Estado, dice el Informe, es quizá el actor más importante en la construcción y afirmación del sentido común, porque refleja la complejidad y el pluralismos de la propia sociedad”.

El Informe estudia luego cinco elementos que conforman ese sentido común emergente.

Señala, primero, que la mayoría de los bolivianos demanda abiertamente cambios.

Pero exige, al mismo tiempo, que esos cambios se produzcan en un contexto de concertación y acuerdos amplios que garanticen estabilidad política.

Luego, como un segundo aspecto, el Informe indica que en los últimos cinco años, los bolivianos tenían una percepción negativa del sistema político e, inclusive, del régimen democrático.

Pero que luego, en los últimos dos años, esa percepción ha cambiado de manera significativa.

De acuerdo a varios estudios Bolivia ha registrado cifras récord en términos de apoyo y satisfacción con la democracia.

Los bolivianos, dice el Informe de Naciones Unidas, están más convencidos de que la democracia es preferible a otras formas de gobierno, a pesar de los problemas que debe enfrentar.

Como un tercer aspecto, el indicado Informe señala que existe un consenso básico entre los bolivianos, y ese consenso sostiene que los recursos naturales pertenecen a todos.

“La opinión de cambas, collas, mestizos, indígenas, ricos o pobres es la misma: esos recursos, gas, agua, tierra o minerales, pertenecen a todos y no sólo a los que viven en los departamentos, municipios o comunidades donde se ubica esta riqueza.

En este sentido, si hay una cosa en la que los bolivianos están plenamente de acuerdo es en la nacionalización de los hidrocarburos.

En cuarto lugar, sigue diciendo el Informe, los bolivianos se sienten interculturales y están orgullosos de la diversidad.

“Somos aymaras, mestizos, cambas y collas, somos diversos pero ante todo somos bolivianos y conformamos una pluri nación”, y esta pluri nación, de acuerdo al sentido común de la gran mayoría de los bolivianos, es una nación construida desde el pluralismo y se constituye de territorio con sus recursos naturales y sus habitantes, que pertenecen a grupos étnicos culturales y regionales distintos, y cuya convivencia está regida por la autoridad y legitimidad de un nuevo Estado, y los deberes y obligaciones que manda y dispone una nueva Constitución Política del Estado.

Como último punto, el Informe de Naciones Unidas, justamente, habla del apoyo de los bolivianos al proceso constituyente, y a la esperanza de que la nueva Constitución garantice la construcción de una sociedad diversa con igualdad.

Ese sentido común, detectado por el estudio de Naciones Unidas, viene a ser, pues, la barrera a las pretensiones de los grupos minoritarios de la derecha oligárquica, que quieren el país sólo para ellos.

Bolivia vive un momento de grave tensión y es posible que esa tensión conduzca a enfrentamientos pero, más allá de los mismos, lo que debe predominar es la voluntad de la gran mayoría de los bolivianos y bolivianas que quieren el cambio, ese cambio debe concretarse para que la nación no retorne al modelo anterior, que sólo favorecía a pequeñas élites atrincheradas en las prefecturas y comités cívicos de la llamada media luna.

La conspiración avanza

La conspiración viene de adentro y llega de afuera y se está acelerando.
A algunos podrá parecerles exagerada esta afirmación, pero las señales son claras y no permiten demasiada confusión.

Primero, el embajador norteamericano Philip Goldberg, está muy activo sosteniendo reuniones frecuentes con gente de los comités cívicos y de las prefecturas de la llamada media luna.

Puede entenderse que, en alguna ocasión, un embajador requiera una entrevista con algún representante regional pero, ¿qué sentido tiene que esas reuniones se hayan multiplicado)
¿Cuántas son las cosas y cuáles son esas cosas sobre las que el señalado embajador y los indicados representantes regionales del oriente deben conversar?

Philip Goldberg, según se conoce, parece ser un especialista en desintegrar países.
Uno de sus últimos cargos diplomáticos estuvo en la ex Yugoslavia, justamente en Kosovo, región que ha determinado, en las últimas semanas, su separación de Serbia, dando paso a una crisis de fuertes consecuencias en esa parte del mundo.

Con estos antecedentes queda la obvia preocupación de si el embajador norteamericano no estará impulsando alguna aventura similar en nuestro país.

Segundo, congresistas de los Estados Unidos que visitaron Bolivia hace poco, manifestaron su preocupación por las permanentes declaraciones de autoridades bolivianas, incluido el presidente, contra el embajador norteamericano, acusándolo de intromisión en varios aspectos de la vida nacional.

Dijeron, los congresistas, que esas actitudes creaban molestia en el país del norte, y que debían cesar. Sin embargo, no se refirieron para nada, por ejemplo, a los comprobados hechos de espionaje político que habían sido impulsados desde la embajada norteamericana, usando organizaciones de inteligencia de la misma policía, ni tampoco pidieron excusas ni quisieron reconocer que su embajador andaba en trajines de desestabilización del gobierno. Paralelamente a ello, en los Estados Unidos se fueron multiplicando las trabas para una nueva aprobación del tratado del ATPDEA.

Antes de considerar una ampliación de las facilidades para los exportadores bolivianos, autoridades norteamericanas han ido exigiendo la modificación de algunas condiciones políticas en nuestro país.

En otras palabras, reclaman una modificación de la línea política que Bolivia viene sustentando, y ello no es otra cosa que un claro chantaje.

Internamente, el aspectos más claro de la conspiración está vinculado a la decisión del comité cívico y de la prefectura de Santa Cruz, para llevar a cabo su referendo autonómico el próximo 4 de mayo.

Desarrollar ese referendo ha de significar una definitiva ruptura con el gobierno central el cual, actuando constitucionalmente, se vería obligado a tomar medidas de carácter represivo porque, obviamente, no se podría tolerar que ninguna región actúe fuera del marco establecido por la Constitución.

Ahora, una represión del mencionado ilegal referendo, que sería obligada, seguramente originaría un clima de tremenda convulsión en esa región del país, y ese clima es, justamente, es el que buscan los sectores de la derecha, para avanzar en sus planes de, primero, derribar al gobierno o, segundo, de lograr su separación del resto de la Nación.

Ese propósito está siendo bien mirado, según se sabe, por el embajador Philip Goldberg, especialista en la desintegración de países.

Otro factor interno de la conspiración, está ligado al desabastecimiento y encarecimiento de los alimentos, lo cual origina un malestar profundo en la población.

Es verdad que dicho encarecimiento es de carácter externo y está afectando a muchas otras regiones del mundo.

Es verdad que el fenómeno de la Niña ha provocado problemas en la producción interna de alimentos.

Pero también es cierto que algunos artículos de consumo se han encarecido, sin que existan razones reales para que ello ocurra.

No debe olvidarse, analizando este tema, que la producción de algunos artículos, como el aceite, por ejemplo, se hallan en manos de unos cuantos empresarios del oriente, y que esos empresarios son parte de los sectores dominantes de Santa Cruz, y son parte del comité cívico de ese departamento, son dueños de latifundios, y están resistiendo muchas de las políticas del gobierno.

Muchos de ellos, entonces, aunque seguramente no todos, deben ser parte de la conspiración que está avanzando en el país.

Se conoce, de otro lado, que la gente de los comités cívicos del oriente, está trabajando en el desplazamiento de los dirigentes indígenas que apoyan la política del gobierno.

Se está procurando que esos dirigentes sean reemplazados por otros afines a sus propósitos e, inclusive, se está planeando crear organizaciones paralelas que se acomoden a sus planes.
La conspiración, pues, verdaderamente está avanzando y cuenta con muchos aliados entre los medios de comunicación privados del país.

Ha llegado, entonces, el momento para que las organizaciones sociales, el pueblo en su conjunto, entren en alerta y en movilización, para frenar esos afanes conspirativos que serían muy graves para el país.

El loro dice loro, y el ladrón dice ladrón.

La Unión Juvenil Cruceñista es una “especie de grupo paramilitar promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con la intención de generar violencia”.

Esa es la contundente afirmación de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, y esa es la respuesta que le hizo llegar, la indicada Federación, a una carta enviada por Branco marinkovic., presidente del comité cívico de Santa Cruz.

No contento con quejarse ante la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Branco Marinkovic también se quejó ante la Federación Inte4rnacional de los Derechos Humanos.

Y se quejó contra el gobierno boliviano acusándolo de dictatorial y de violar los derechos de los ciudadanos.

Pero la Asamblea de los Derechos Humanos de Bolivia le respondió explicándole que no es el gobierno el que está violando los derechos de las personas sino que, por el contrario, es su comité cívico el que está en esa actitud, financiando, promoviendo y apoyando el accionar de un grupo tan peligroso como es la Unión Juvenil Cruceñista.

En ese mismo sentido Marinkovic recibió una respuesta similar pero esta vez de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se le dice que, “la Unión Juvenil Cruceñista forma parte de la estructura del comité cívico que preside usted, lo cual preocupa a la comunidad internacional”.

“La Federación condena los atentados que ustedes patrocinan contra el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en Bolivia”, señala la nota.

Luego agrega que “existe gran preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la adopción de una nueva Constitución”

“Es de lamentar, indica, que se hubieran multiplicado los ataques a las personas, por el simple hecho de ser indígenas o porque apoyan al gobierno.

Y, para terminar, le dice a Marinkovic que la denuncia en contra de su comité cívico y de los grupos de choque que financia, se la está haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también al Alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia.

O sea que, nuevamente, Branco Marinkovic fue por lana y salió trasquilado. Intentando confundir las cosas, se dirigió a organizaciones naciones e internacionales de derechos humanos, buscando una condena contra el gobierno boliviano.


Pero las señaladas organizaciones no sólo que no condenaron al gobierno, porque el gobierno no ha violado ningún derecho de nadie, sino que sí condenaron al comité cívico cruceño y a su grupo paramilitar, vale decir, la Unión Juvenil Cruceñista.

Ahora, lo ocurrido hace ver con claridad uno de los aspectos de la estrategia de conspiración que están desarrollando los grupos de la derecha en nuestro país.

Acusan al gobierno de vulnerar las leyes, cuando son ellos los que atropellan las leyes a cada momento.

Acusan al gobierno de haber aprobado un proyecto de Constitución anti constitucional, cuando son ellos que los que buscan aprobar estatutos autonómicos absolutamente ilegales.

Dicen que el gobierno está promoviendo la violencia y la división del país, cuando los intentos de división y las acciones violentas provienen de su lado.

Sostienen que el gobierno está haciendo espionaje político, cuando son ellos los que tienen aparatos de inteligencia que espían a sus adversarios.

En otras palabras que acusan a los otros de lo que ellos son, procurando enmarañar la situación nacional, y crear un ambiente de confusión donde ellos esperan obtener ganancias.

Es, como se ve, una forma de proceder muy ladina y muy artera, pero que se acomoda perfectamente a sus afanes de conspiración.

Pero como no es posible manejar las mentiras siempre de manera impune, ahora a Branco Marinkovic le han salido al frente organizaciones de derechos humanos no solo del país sino también internacionales, que han puesto las cosas en su lugar, indicando quiénes son los que violan los derechos humanos y quienes no.

¿Y cuál fue la actitud de Marinkovic ante estas respuestas?

¿Hizo algún examen de conciencia? ¿Prometió revisar su actitud o las posturas de su comité cívico?

Nada de eso.

Como buen fascista, inmune a las críticas, anunció la creación de su propia oficina de derechos humanos.

Son aspectos que los bolivianos deben tomar en cuenta, ahora que se acercan los momentos de las grandes decisiones nacionales.

Las organizaciones sociales y populares del país se han cansado de la situación de incertidumbre que se advierte en el campo político...

Las organizaciones sociales y populares del país se han cansado de la situación de incertidumbre que se advierte en el campo político, y han pedido definiciones.

En un manifiesto público reclaman la aprobación del nuevo texto constitucional, y rechazan los afanes de los sectores de la oligarquía por dividir el país, originando un clima de división y enfrentamiento.

El señalado pronunciamiento dice lo siguiente: “La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia -´Bartolina Sisa, la Confederación de Maestros de la Educación Rural de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo CONAMAQ, la Confederación Nacional de Rentistas y Jubilados de Bolivia, la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano CIDOB, organizaciones de profesionales, universitarios y estudiantes y el movimiento social boliviano, ante los intentos de división que pretenden llevar adelante grupos de la oligarquía cruceña con el ilegal y anticonstitucional referéndum sobre el estatuto autonómico, resuelven:

1.- Rechazar, condenar y resistir la convocatoria al referéndum sobre el estatuto autonómico en Santa Cruz, fechado para el próximo 4 de mayo, porque lo único que pretenden imponer los sectores neoliberales, fascistas y racistas es la división, la violencia y el enfrentamiento entre bolivianos.

Nosotros apoyamos y defendemos las autonomías departamentales, regionales, provinciales e indígenas reconocidas en la nueva Constitución Política del Estado.

2.- Conminar al Congreso Nacional para que a la brevedad posible convoque a una sesión para aprobar la Ley del Referéndum Dirimidor y el Referéndum para aprobar la nueva Constitución Política del Estado con el objetivo fundamental de garantizar la unidad del país.

3.- Declarar movilización nacional y cerco al Congreso Nacional hasta que se apruebe el Referéndum Dirimitorio y el Referéndum para aprobar la nueva Constitución Política del Estado, movilizando a todas las confederaciones, federaciones departamentales y regionales, con la instrucción de movilizarse hacia la sede de gobierno.

4.- Ratificar que el único camino para encontrar soluciones concertadas en el país es la legalidad, la defensa de la Constitución y el diálogo, y no la división, la ilegalidad y la anti constitucionalidad, por tanto, los hombres y mujeres del campo y la ciudad, nos encontramos en estado de emergencia y movilización, por la defensa de la unidad y de la re fundación del país”.

Ahora, frente a este contundente pronunciamiento, los grupos de la oligarquía de Santa Cruz han ratificado su decisión de ir adelante con el referendo autonómico convocado para el próximo 4 de mayo.

El país, entonces, está llegando a un momento decisivo donde se determinará su futuro.
O predomina el nuevo texto constitucional que representa el cambio que han exigido los bolivianos, o predominan los estatutos autonómicos que significa volver al país neoliberal que sustentan los grupos de la oligarquía.

Lo cierto es que ambos documentos son incompatibles, y que las visiones de país que se hallan insertas en los mismos, son contradictorias y, seguramente, irreconciliables
Y esto, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en el Congreso para encontrar una solución concertada.

Lo ideal sería que, en el marco del diálogo al que aspiran muchísimos bolivianos, en Bolivia sea posible encontrar una solución a la crisis política por la vía pacífica.

Pero si se observan los intereses económicos y políticos que mueven a los sectores dominantes, lo que queda es un profundo sentimiento de escepticismo en torno a esa posible solución.
Todo apunta a que las cosas se van a definir por la vía de las presiones y de la presencia de la gente en las calles y en los caminos.

Porque los grupos neoliberales defenderán a sangre y fuego los grandes privilegios que acumularon en más de 20 años de neoliberalismo y, aun antes, favorecidos por gobiernos dictatoriales.

Y el pueblo boliviano, en su gran mayoría defenderá su anhelo de cambio y transformación por el que luchó y entregó su sangre en pasados años.

Ha llegado, pues, el momento, o los momentos, para que los hombres y mujeres de bien, con sentido de Patria, adopten su postura, abandonando posiciones de indiferencia.

O se consolida el cambio social y político que busca un país soberano, digno y una sociedad más justa y sin discriminación, o se retorna a los días del neoliberalismo, donde un grupo de oligarcas se hacían dueños de la nación y de sus recursos.

Una buena decisión

Oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia ya no recibirán ninguna capacitación en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, que funciona en los Estados Unidos.

Esa decisión fue comunicada a las autoridades norteamericanas y constituye, obviamente, una de las mejores que pudo adoptar el gobierno boliviano.

Porque si ha existido un factor nefasto para la soberanía política de nuestro país en las pasadas décadas, ha sido, justamente, ese entrenamiento especial que recibieron oficiales de las Fuerzas Armadas bolivianas, en los centros de capacitación de los Estados Unidos.

Un ejemplo claro de lo señalado fue la famosa Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá, y que se constituyó en un centro de formación de dictadores y torturadores que, muy bien entrenados, desarrollaron en sus países políticas de represión que son parte de la historia más triste y más cruel que vivió la región sudamericana en décadas pasadas.

Augusto Pinochet fue un alumno aventajado de la señalada escuela.

Estuvieron también en la misma Rafael Videla de la Argentina y Ernesto Geisel del Brasil, y mucha otra gente que formó parte de gobiernos dictatoriales...

Y, por supuesto, que de Bolivia concurrieron allí, a recibir su adoctrinamiento, bolivianos como Hugo Bánzer Suárez, Luis García Meza o Luis Arce Gómez, además de varios otros.

En la Escuela de las Américas, además de aprender técnicas de torturas y métodos para destruir física y sicológicamente a la gente, los alumnos recibían nociones sobre una llamada doctrina de la seguridad nacional.

Esa doctrina decía que, en los tiempos actuales, las posibilidades de confrontaciones bélicas entre los países habían disminuido grandemente.

Que las naciones tendían cada vez más a aliarse en acuerdos de integración o proyectos comunes, que afirmaban lazos de hermandad y solidaridad.

“Ya han pasado los tiempos, se decía, en que algunos países miraban a otros como a sus potenciales enemigos”.

“El enemigo, entonces, no está afuera, se insistía”.

“El enemigo está adentro de los países y socava los cimientos nacionales con proyectos extremistas”

“A ese enemigo, entonces, hay que detectarlo y combatirlo sin piedad.

“A ese enemigo hay que destruirlo porque si no se lo destruye, ese enemigo destruirá a la sociedad y debilitará a la civilización occidental cristiana que tenemos la obligación de resguardar”.

Obviamente que ese enemigo interno era toda persona que disentía del sistema capitalista.
Toda persona que se atrevía a hablar de los derechos humanos, o que denunciaba las diversas formas de explotación que sufrían los sectores populares...

Esas personas eran calificadas de extremistas, se convertían automáticamente en enemigas del sistema y, a continuación, eran perseguidas, arrestadas, torturadas o asesinadas.

La Escuela de las Américas, pues, formó generaciones de militares fanáticos, de mentalidad ultra derechista que, fieles a las enseñanzas que recibieron, bañaron en sangre a sus pueblos.

Por su triste reputación, por la repulsa internacional que recibió, la mencionada Escuela de las Américas tuvo que ser clausurada, pero lo que no desapareció fue el afán norteamericano de continuar influyendo en las mentes y en las ideas de las nuevas generaciones de oficiales de las fuerzas armadas de nuestros países.

Por ello instituyeron el denominado Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica donde ya no se debe seguir hablando del enemigo interno ni propalando ideas sobre la doctrina de la seguridad nacional, pero donde, seguramente, se debe comentar ampliamente sobre el nuevo peligro “que se cierne sobre el mundo y que es el terrorismo internacional”.

Obviamente que, en ese concepto, el mundo debe entenderse sólo como los Estados Unidos.
Por todo ello, entonces, resulta saludable que Bolivia haya decidido ya no mandar a sus oficiales al mencionado Instituto.

Porque las Fuerzas Armadas tienen que jugar otro rol en la construcción de Bolivia, y no ya el rol de seguidores de las políticas que se incuban en los Estados Unidos.

Más que seguir doctrinas foráneas, que respondan a los intereses norteamericanos, se trata de construir una doctrina nacional, que se acomode mejor a los nuevos desafíos de nuestro país.
Bolivia requiere de militares patriotas, que coadyuven a los propósitos de cambio que reclama el pueblo, que ayuden a edificar una nación soberana y digna, sin ataduras a potencias extranjeras.
Es saludable, pues, desde todo punto de vista, la decisión del gobierno de ya no enviar militares bolivianos, a formarse en la escuela militar de los Estados Unidos.

El colmo de todos los colmos del mundo

¿Cuál es el colmo del boxeador?, preguntaba un amigo aficionado a las bromas
Atarse los guatos de los zapatos con guantes de box.

¿Y cuál es el colmo del zapatero?, volvía a preguntar con una risa contenida.
Tener una mujerzuela y un hijo clavo.

Y yendo en esta misma línea, ese mismo amigo preguntaba: ¿y cuál es el colmo de todos los colmos del mundo?

No sé, ¿cuál es?, le pregunté.

Que el presidente del comité cívico de Santa Cruz, pretenda crear su propia Asamblea de Derechos Humanos.

La ocurrencia fue, evidentemente, tan graciosa, y tan ceñida a la verdad, que mereció una gran carcajada mía, y las de varias personas que me acompañaban.

Porque, evidentemente, el como de todos los colmos del mundo, es que aquella gente especializada en violar los derechos humanos, de pronto decida organizar y hacer funcionar su propia y particular asamblea de defensa de los derechos humanos.

El comité cívico de Santa Cruz mantiene, paga, sostiene, ampara, azuza e impulsa el funcionamiento de la llamada Unión Juvenil Cruceñista, y esa Unión Juvenil Cruceñista, junto con otra gente del señalado comité, en pasados meses molió a golpes a un ciudadano que pasaba por la plaza principal de Santa Cruz, sólo porque tenía un rostro moreno de rasgos indígenas, semejante a los de los collas.

En otra ocasión, la misma Unión Juvenil Cruceñista, arremetió, garrotes y cadenas en mano, contra pobladores de barrios populares de Santa Cruz, que se negaban a acatar un paro decretado por el comité cívico.

De la misma manera, cuando los asambleístas buscaban recoger las demandas de la población para incorporarlas en el nuevo texto constitucional, impidieron las reuniones, en recintos de la Universidad Gabriel René Moreno, agrediendo a los representantes de las organizaciones sociales.

En otra oportunidad, esos mismos jóvenes, y otros no tan jóvenes, unionistas, persiguieron y hostigaron a intelectuales que apoyaban el proceso de cambio en Bolivia, y amenazaron a periodistas que no se sometían a sus mandatos.

Luego, allí en Sucre, gente del comité cívico cruceño, y por supuesto los mismos jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, bloquearon el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, y desarrollaron acciones violentas gritando insultos y consignas racistas contra los indígenas.

Por su lado, los teóricos de la nación camba apuntan a organizar un Estado independiente, que sea manejado y tenga como a su núcleo central, a una población blanca, de ascendencia europea, entre los que destaquen por supuesto los croatas.

Entre los símbolos que manejan esos grupos, y que se han visto pintados en vehículos con los que la Unión Juvenil Cruceñista comete sus fechorías, está la svástica hitleriana, que representa un pensamiento profundamente discriminador.

Todas esas acciones y posturas impulsadas por el comité cívico y por la prefectura cruceñas, como puede verse, constituyen claras, flagrantes violaciones a los derechos de las personas.

Y así, con esos antecedentes, ¡pretenden crear su propia asamblea de derechos humanos!
¿No es como para morir de risa...o morir de bronca?

Atentan contra la libertad de información, persiguiendo y acallando a periodistas, ¡y quieren crear su propia asamblea de derechos humanos!

Atentan contra la libertad de expresión y pensamiento, amenazando y hostigando a analistas que apoyan el proceso de cambio, ¡y quieren hacer funcionar su propia asamblea de derechos humanos!.

Insultan con expresiones racistas y atacan a asambleístas de los sectores indígenas, vulnerando el derecho de las personas a no sufrir discriminación por su raza o color de piel, ¡y quieren hacer tener su asamblea de derechos humanos!

Intentan obligar a los ciudadanos a seguir sus consignas políticas, atentando contra la libertad de elección, y ¡pretenden crear su propia asamblea de derechos humanos!

¿No es todo esto una verdadera aberración?

Con esos antecedentes, ¿qué clase de asamblea de derechos humanos querrán constituir?
¿A lo mejor una donde a los sectores dominantes de Santa Cruz se les otorgue el derecho a hacer lo que les da la gana, y a pisotear impunemente a los humildes?

¿Y por qué es que la gente del comité cívico cruceño quiere su propia asamblea de derechos humanos, hecha a su gusto y medida?

Simplemente porque la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, le envió una carta a Branco Marinkovic, presidente del comité cívico cruceño donde, justamente, le demuestra que él, y toda su gente, son los que vulneran los derechos humanos, fomentando el funcionamiento de grupos irregulares, e impulsando posturas discriminadoras y racistas.
Pero entonces ya conocemos el último chiste que anda por ahí circulando, y que fue inventado por mi amigo bromista.

¿Cuál es el colmo de todos los colmos del mundo?

Que la gente del comité cívico de Santa Cruz, tradicionalmente violadora de los derechos humanos, pretenda crear su propia oficina de defensa de los derechos humanos.

Los indígenas también elaboran sus estatutos autonómicos

Los pueblos indígenas del oriente han comenzado a desarrollar sus propios procesos para la elaboración y aprobación de sus estatutos autonómicos.

Estas propuestas serán planteadas en reuniones regionales y luego socializadas para garantizar que toda la población indígena sepa en qué consisten y qué es lo que buscan normar dichos documentos.

Adolfo Chávez, ejecutivo de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB, explicó que para esta aprobación no será necesario recolectar firmas ni convocar a ningún referendo, ya que las autonomías indígenas están amparadas en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas, y que en Bolivia tiene su correlato en una ley expresa sancionada el año pasado.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este proceso de aprobación de estatutos autonómicos que impulsan los pueblos indígenas, con aquellos otros que están desarrollando los comités cívicos de los departamentos de la llamada media luna?

La diferencia, por cierto muy grande, está en que los estatutos autonómicos indígenas serán acomodados al texto de la nueva Constitución Política del Estado, y los estatutos de los comités cívicos, no sólo que no respetan ese proyecto de Constitución sino que, en muchos sentidos, más bien lo contradicen.

Los indígenas, como puede observarse, entienden que el proyecto de nueva Constitución presentado por la Asamblea Constituyente, responde a sus reivindicaciones históricas y les abre un futuro de mayor dignidad, garantizándoles un desarrollo con mayor equidad y justicia.

Los comités cívicos, por el contrario, rechazan el nuevo texto constitucional y apuestan a aprobar sus estatutos al margen de la nueva Carta Magna.

Los unos, los indígenas, se someten a la ley y se comprometen a construir una nueva nación boliviana, soberana, digna y, sobre todo, unida.

Los comités cívicos del oriente no reconocen las leyes nacionales y, con el argumento del estatuto apuntan a edificar un Estado autonómico con atribuciones absolutas, que va más allá del federalismo y que, en última instancia, pone las bases para una futura desmembración de la nación boliviana.

Los indígenas, a través de sus autonomías, quieren el resarcimiento de siglos de injusticia, aspirando a que se les otorguen los derechos y las oportunidades que no tuvieron en el pasado.
La gente de los comités cívicos, a través de sus estatutos, apunta a preservar los intereses y los privilegios de las oligarquías y de los sectores dominantes que usufructuaron del poder en los tiempos neoliberales y aun antes de ellos.

Esos grupos oligárquicos no reconocen a las autonomías indígenas y buscan que las tales autonomías sean solo departamentales.

Dicen que los derechos de los indígenas serán contemplados dentro de las autonomías departamentales, pero los indígenas no aceptan esa postura, señalando que sus derechos sólo podrán ser garantizados por ellos mismos.

Fueron los patrones los que tradicionalmente, a lo largo de muchísimas décadas, prácticamente desde la colonia, sometieron a los indígenas.

Fueron esos patrones los que, en algunos casos, en algunas haciendas, redujeron a los indígenas a una condición de verdadera esclavitud.

No se puede creer, entonces, que esos mismos patrones, ahora atrincherados en los comités cívicos y en las prefecturas de los departamentos de la llamada media luna, de pronto varíen su conducta y acepten reconocer derechos a los pueblos indígenas, a los que discriminan económica, cultural y racialmente.

Según el dirigente Adolfo Chávez, ejecutivo de la CIDOB, lo que los indígenas están buscando es su propio auto gobierno para ser responsables de su propio desarrollo.

“Los indígenas, dentro de sus territorios, tienen sus propios recursos naturales, dice Chávez, y ese es el principal objetivo de los estatutos, que esos recursos sean administrados y manejados por ellos mismos, en el marco de las políticas nacionales”.

Como puede verse, por la voluntad de las naciones originarias, las autonomías indígenas ya no darán marcha atrás, y serán parte de la nueva estructura política del país.

Los comités cívicos y prefecturas de la llamada media luna, entonces, deberán contar con esa realidad, y entender que no les ha de ser posible tener, en sus regiones, el poder absoluto que estaban pretendiendo.

El poder en Bolivia deberá democratizarse, y ese es el propósito de las descentralizaciones y autonomías que se vienen buscando.

Pero democratización del poder significa poder para todos, en condiciones iguales, y no nuevas concentraciones del poder en manos de los poderosos, como ocurrió siempre en Bolivia...

Fue por lana y salió trasquilado

El presidente del comité cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic, tuvo la mala idea, la osadía, el cinismo, el desparpajo de enviar una carta a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, denunciando que en nuestro país estaría comenzando un proceso dictatorial.

Que, de la misma manera, se habría iniciado una “campaña de espionaje y persecución de ciudadanos, por parte del gobierno nacional” reclamando que esto se investigue.

La Asamblea de Derechos Humanos leyó la misiva con atención, y luego le respondió al señor Marinkovic otra carta, en la cual le dice que más que preocuparse por la paja en el ojo ajeno debería mirar la viga que tiene en su propio ojo.

O sea que son el señor Mrinkovic, su comité cívico y los grupos que mantiene, los que realmente están vulnerando constantemente los derechos ciudadanos en nuestro país.

“Le hacemos conocer, dice la nota enviada a Marinkovic, que a invitación del ministro de gobierno, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, hemos visitado las oficinas de Inteligencia del ministerio de gobierbo, cuyas autoridades policiales han transparentado las tareas de inteligencia gubernamentales que todo Estado realiza en resguardo de su seguridad.

Sin embargo nos preocupa la existencia de dos aparatos de inteligencia no gubernamentales, y de los que no se tiene control, financiados por una embajada extrajera.

Por ello hemos exigido la investigación inmediata de estos órganos irregulares que estarían actuando al margen de la Ley y de un Estado de derecho.

“De la misma manera nos preocupan los aparatos de inteligencia irregulares que estarían trabajando en la Unión Juvenil Cruceñista, cuya información sobre su existencia fue surgida de sus propios dirigentes a través de la prensa nacional, quienes indicaron que “sus mecanismos de inteligencia en Sucre trabajaron durante las luctuosas movilizaciones pasadas”.

“Solicitamos que en el marco de un Estado democrático y de derecho, promueva la expulsión pública de estos aparatos irregulares anidados en los unionistas afiliados al comité cívico que usted preside.

“En cuanto a su preocupación con respecto al proceso dictatorial que se estaría iniciando en Bolivia, no existe motivo, sigue diciendo la carta enviada a Marinkovic, porque la libertad de acción que tienen los grupos violentos que pertenecen a los comités cívicos, es una muestra de que en nuestro país, los que históricamente han estado amparados en el poder económico y político, pueden amenazar, insultar, apalear a quienes consideran diferentes, simplemente por llevar una tez más oscura o no compartir la misma opinión.

“Otra muestra de ello es la libertad que tienen los medios de comunicación para realizar campañas sostenidas en contra del gobierno.

La Asamblea de Derechos Humanos, en la misma nota, se refiere luego a las acciones racistas y discriminatorias que han ido ocurriendo constantemente en nuestro país, y dice que esos actos vulneran la gran cantidad de Pactos, Tratados, Convenciones, Declaraciones y Convenios Internacionales que ha firmado y ratificado el Estado boliviano ante la Comunidad Internacional.
“Sin embargo, expresa la carta enviada a Marinkovic, es necesario recordar que el Estado está conformado no sólo por el Poder Ejecutivo, sino también por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, además del Ejercito, la Policía, las Prefecturas , las Alcaldías y otras instancias que, lamentablemente, han sido vulneradoras de derechos humanos en los últimos tiempos.

“Más aún, en estos dos últimos años se ha violado flagrantemente la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Bolivia mediante DS Nº 009345 del 13 de agosto de 1970 y que tiene rango de Ley Nº 1978, desde el 14 de mayo de 1999.

“En estos lamentables acontecimientos existen responsables intelectuales y materiales de haber desatado el racismo en Bolivia, en sus expresiones más retrógradas, anti humanas y contradictorias a los principios básicos que encierra un sistema democrático.

“Con esas actitudes, dice la nota, se desconoce la Ley que señala que “toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada, en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial” y, asimismo, que “la existencia de barreras raciales es incompatible con los ideales de toda la sociedad humana”.

“En el marco de la doctrina de derechos humanos, sigue diciendo la nota enviada a Branco Marinkovic, entendemos como discriminación racial a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objet6o o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos, y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública y, lamentablemente, es precisamente eso lo que algunas prefecturas apoyadas por sus comités cívicos se encuentran promoviendo contra el “colla” o contra el “indio” en Bolivia”

Por último, la nota entregada a Mainkovic le pide ordenar el cese inmediato de todas las acciones violentas dirigidas contra asambleístas, intelectuales y gente de las organizaciones sociales, y la disolución de grupos como la Unión Juvenil Cruceñista o Jóvenes por la Democracia, que dependen de los comités cívicos de la llamada Media Luna, y que incitan al odio y a la violencia racial.

Como bien se advierte, Branco Marinkovic, presidente del comité cívico cruceño, quiso pasarse de listo al mandar su nota a la Asamblea de Derechos Humanos, denunciando que el gobierno está violando esos derechos.

El tiro le salió por la culata porque la Asamblea aprovechó para contestarle y demostrarle que son él y su comité cívico, los que realmente están violando derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestro país..

Entonaron el himno, ¿para qué?

Con merecimientos ganó Blooming la copa Aerosur, venciendo a Wilsterman de Cochabamba, por cinco goles a tres.

Con sus nuevas casacas de color naranja, los jugadores del cuadro cruceño saludaron a su hinchada, prometiendo que este éxito en la copa de verano, que gana en interés a medida que pasan los años, se ha de repetir en el torneo más largo y más exigente de la Liga
Todo, pues, fue alegría, entusiasmo, gritos, saludos, abrazos y besos en la fiesta plena y merecida que se vivió en el estadio Tahuichi Aguilera.

Todo, menos una nota discordante, extraña, que enrareció el ambiente en el que se desarrolló el partido.

Una nota molesta y discriminatoria que deberá ser mejor explicada por los organizadores del torneo.

Y es que, antes de iniciarse las acciones, luego que los equipos habían ingresado a la cancha, se determinó la entonación del himno de Santa Cruz.

Toda una ceremonia, solemne, que fue seguida con respeto por los asistentes, pero que simplemente no tenía razón de ser.

Porque la copa de verano no es nada más que un corto campeonato de pretemporada, de carácter amistoso, con participación de los equipos de mayor hinchada en el país.

Un torneo donde los conjuntos van probando a sus nuevos jugadores, o donde van ensayando esquemas y estrategias que han de intentar aplicar a lo largo del año.

El campeonato sirve, entre otras cosas, para que los fanáticos del fútbol vuelvan a los estadios a mirar a sus equipos, luego del receso de fin de año.

Para que renazcan las ilusiones, como en el caso de Blooming, para que las preocupaciones se acentúen y se vea la urgencia de hacer cambios y ajustes, como en los casos de The Strongest o Aurora, o para que se sepa que se está andando por buen camino, como en los otros casos de Bolívar o Wilsterman, pero nada más.

Entonces, por ningún lado, como se ve, el asunto ameritaba la entonación de todo un himno departamental.

Mucho menos cuando en ninguno de los otros partidos, jugados en otros departamentos, se había cantado el himno de nadie.

Y mucho menos, todavía, cuando en el mismo cotejo con Wilsterman, sólo se entonó el himno cruceño y no así el de Cochabamba.

Si se había decidido encajar los himnos, innecesariamente, en este partido de revancha de una copa amistosa, ¿por qué se escuchó un solo himno y no los dos?

¿Qué sentido tenía este hecho? ¿Por qué los organizadores procedieron así?
La respuesta está en el peligroso ambiente de desafío y de altanería que se viene fomentando e impulsando en Santa Cruz.

En la exacerbación de un orgullo que tiene un claro fin político y que está siendo manipulado por los sectores poderosos que dominan aquel departamento.

Los himnos, lo sabemos todos, tienen la virtud de inflamar el patriotismo, de sacudir las fibras emotivas del ser humano, de poner de relieve la pertenencia a una colectividad, de impulsar a la gente a grandes y heroicas acciones.

Por ello, cuando se lo entona al comienzo de un partido amistoso, sin importancia real, la única explicación que cabe es que en alguna gente, allí en Santa Cruz, existe el afán de hacer crecer sentimientos regionales, supuestamente patrióticos, para fines que no son muy patrióticos.

Sabían, esas personas, que el favorito para ganar el partido era Blooming, tanto porque era local como porque se constituía en el equipo que mejor preparación había tenido.

Y entonces quisieron unir la obtención del título con el logro de otra victoria departamental, como podría ser la aprobación de una autonomía departamental al margen del país.

El triunfo de Blooming, entonces, venía a ser como una versión simbólica del triunfo cruceño en su referendo departamental sobre el tema autonómico.

Levantar los corazones, animar los espíritus para otros triunfos, además de los deportivos, era el claro propósito de los que decidieron la medida.

La cual podía estar bien, si se ubicaba en un ámbito de sano orgullo y de limpia alegría, pero que estuvo mal cuando procuraba responder a propósitos más oscuros e innobles.

Porque está muy bien que se levante el espíritu cruceño, pero está muy mal cuando se lo levanta contra otros bolivianos, o cuando se lo utiliza políticamente para sustentar posturas anti nacionales.

Después de lo sucedido antes del partido entre Blooming y Wilsterman, es fácil ver la estrategia que están aplicando los sectores dominantes de Santa Cruz.

Arrastrar a la población detrás de consignas regionales, aparentemente patrióticas, pero que llevan tras sí objetivos separatistas, y ello es muy peligroso.

Un asunto, como se ve, que debe merecer una mayor reflexión sobre lo que está pasando en nuestro país, en este delicado momento.