Viene la batalla final

Ahora sí las cosas son como deberían ser, y están donde deberían estar.

Porque primero es la Constitución Política del Estado y luego son los estatutos autonómicos.

Porque la Constitución es el máximo documento legal de la nación, que determina su estructura jurídica, sus normas y leyes, su forma de funcionamiento y las condiciones y reglas con las cuales los bolivianos van a convivir.

Y los estatutos deben acomodarse obligatoriamente a ese marco jurídico y legal y a esas reglas y condiciones establecidas en la Constitución.

Porque la Constitución es un documento que tiene validez y vigencia para todo el país, en tanto que los estatutos se refieren sólo a una región determinada.

Lo que se prete4ndía, lamentablemente, era lo contrario.

Aprobar estatutos autonómicos al margen de la Constitución, por encima de la Constitución, sin tomar en cuenta la Constitución.

Como si los departamentos, o las regiones, no fueran parte de la nación, y como si los departamentos o las regiones fueran otro país u otra nación.

Menos mal que el Congreso ha puesto las cosas claras, y ahora la nación boliviana avanza hacia una definición de características históricas.

O chicha o limonada.

O blanco o negro.

Los bolivianos dirán, el próximo 4 de mayo, si se aprueba o no el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.

Y con ello dirán si apoyan, aprueban e impulsan el cambio político y social que el país ha venido reclamando, o si lo rechazan.

Si el voto mayoritario es por el Sí, la vieja nación boliviana, la de las injusticias, la del atraso, la de la discriminación y el racismo habrán quedado atrás, y habrá nacido la nueva Bolivia.

Si el voto mayoritario, por el contrario, es por el No, entonces las cosas volverán a ser lo que eran antes, y seguirá en vigencia la actual Constitución donde, como todos saben, no existe la figura jurídica de la autonomía.

De aquí, hasta el 4 de mayo, entonces, las campañas serán o por el Sí o por el No a la nueva Constitución.

Es obvio que los sectores minoritarios del país, racistas y fascistas, atrincherados en los comités cívicos de la llamada media luna, harán todo lo que esté a su alcance para boicotear el referendo.

Llamarán a la resistencia civil, insistirán en sus referendos autonómicos, desarrollarán manifestaciones y actos públicos rechazando el proyecto de nueva Constitución, entrarán en huelgas de hambre, denunciarán ante el mundo la supuesta ilegalidad del nuevo texto constitucional, convocarán a la gente a no votar, impedirán que las mesas electorales se instalen, agredirán a los jurados electorales, violentarán los lugares de votación y, en resumen, patalearán de mil maneras para que el referendo fracase.

Pero la ley es la ley y debe cumplirse, y esa ley dice que el referendo para definir la aprobación o rechazo de la nueva Constitución, debe realizarse el 4 de mayo.

Está comenzando, entonces, la batalla final.

La lucha definitiva donde se decidirá la suerte de Bolivia por el próximo medio siglo, o más.

No es, como perfectamente se entiende, una batalla por un gobierno o por un partido.

No es una lucha para que un grupo político desplace a otro y se haga dueño del poder para enriquecerse con él, como ocurría en el pasado.

Es una lucha por una nueva forma de Estado, y de eso debemos hacer plena conciencia los bolivianos.

Bolivia es un país que nació y se fundó sobre la base de la injusticia.

Nació con el pecado original de la discriminación y de la falta de reconocimiento a los derechos ciudadanos de sus grandes mayorías.

Creció manejada por grupos privilegiados que, a lo largo de las décadas, se fueron heredando el poder unos a otros, gobernando casi siempre a favor de sus propios intereses y en contra de los intereses del pueblo.

Pero ese pueblo se cansó de esa eterna política de discriminación, y expulsó a patadas a los últimos representantes de esos grupos de privilegio, y decidió que en un cambio profundo se concretara en nuestra dolorida Patria.

Ese proceso de cambio, como bien conoce la población fue largo y difícil y estuvo boicoteado de mil maneras, justamente por esos grupos de privilegiados, por esas clases sociales, que medraron impunemente del sistema anterior.

Un último intento de obstaculizar el cambio había sido, justamente, la decisión de convocar a referendo para la aprobación de un estatuto autonómico elaborado por unas cuantas personas que no habían sido elegidas por nadie para hacerlo.

Como ello no se podía tolerar, como los intentos de diálogo habían fracasado, como no se podía aceptar que esos grupos minoritarios se impusieran a la voluntad de la mayoría, entonces el Congreso adoptó la medida más adecuada y más pertinente: ir al referendo nacional para la aprobación o rechazo de la nueva Constitución.

Y ahora es la hora del voto. La hora del pueblo.

Y lo que el pueblo diga deberá hacerse.

Y además de definir si va o no va la nueva Constitución, también el pueblo dirá su palabra sobre el tema de la tierra, y sobre el tamaño máximo que deben tener las propiedades rurales.

Viene, entonces, la última y definitiva batalla, y a ella debemos entrar todos los bolivianos con absoluta claridad sobre lo que queremos para el futuro de nuestro eternamente martirizado país.