La Iglesia Católica se pronunció, en pasados días, sobre los hechos ocurridos la noche del jueves 28 de febrero, en la plaza Murillo, cuando grupos sociales cercaron el Palacio Legislativo.
Un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana, dice que la Iglesia “rechaza el ejercicio irresponsable de la presión, ocupando y cercando indebidamente el Palacio Legislativo, una institución representativa del pueblo y fundamental en la vida democrática”.
Luego exige a los responsables de la conducción del país y a los líderes sociales a preservar las libertades personales y la cultura democrática de nuestro pueblo.
“Se debe dejar de lado, dice, venga de donde venga la instrumentalización de grupos sociales para imponer por la fuerza visiones y proyectos políticos sectoriales”.
La Iglesia reafirma su respaldo a las reglas democráticas y al Estado de derecho en nuestro país, y exige a los protagonistas del quehacer político a optar responsablemente por el camino del diálogo y el respeto de la vida y de los derechos y libertades personales.
Y luego invita al pueblo creyente a reanimar su fe y a orar fervientemente para que se recuperen la serenidad, la conciencia responsable de servicio al bien común, el respeto y tolerancia entre todos los bolivianos”.
Todo ello dice la Iglesia Católica y está muy bien, porque su mensaje se ubica en el marco de la paz, que se debe procurar preservar a toda costa en el país, de las leyes y de la defensa de los derechos de las personas.
Sin embargo, lo que un poco ha extrañado es que el indicado comunicado de la Conferencia Episcopal haya sido publicado ahora, en este momento, a raíz de los hechos ocurridos alrededor del Congreso, el pasado jueves 28 de febrero, y nada parecido se hubiera conocido antes cuando, por ejemplo, ocurrieron todos los sucesos de Sucre, el año pasado.
En la ciudad de Sucre hubo no uno sino varios cercos alrededor del Teatro Mariscal Sucre, donde se llevaban a cabo las sesiones de la Asamblea Constituyente.
Grupos radicales al servicio del comité interinstitucional de esa ciudad, impidieron en varios momentos que las deliberaciones siguieran su curso normal.
Esos grupos radicales insultaron, persiguieron y agredieron a varios asambleístas que intentaban discutir el nuevo texto constitucional sólo porque no aceptaban tocar el tema de la capitalidad.
De modo particular fueron hostigados y golpeados, hasta el punto de ver sus vidas en peligro, los representantes de las organizaciones indígenas.
A esos representantes indígenas se los insultó con los peores términos cargados de un furioso odio racial.
La violencia diaria, con vigilias de día y de noche, alcanzó los más salvajes niveles, convirtiendo a la antes tranquila ciudad de Sucre, en un lugar donde se violaban todos los derechos humanos escritos o por escribir.
Y la Iglesia Católica no dijo ni una sola palabra sobre lo que ocurría.
No sacó ningún comunicado condenando la violencia o condenando las presiones y cercos diarios que sufría la Asamblea Constituyente, que era una institución de mayor jerarquía que el Congreso.
Permaneció muda aceptando que el racismo y la discriminación campearan a su sabor, aunque los Evangelios proclaman la absoluta igualdad de los seres humanos y, obviamente, no aceptan el racismo bajo ninguna circunstancia.
O sea que, en un caso, en el caso del cerco al Congreso y de algunos hechos de violencia que allí ocurrieron, la Iglesia Católica se pronunció rápidamente, emitiendo un documento.
Pero no se pronunció sobre lo que fue ocurriendo, a lo largo de varias semanas en Sucre, que eran hechos cien veces más graves que los que acontecieron la noche del jueves 28 de febrero en La Paz.
¿Por qué estas diferencias?
¿Por qué en algunos casos, la Iglesia Católica se pronuncia y en otros no?
¿Qué diferencia había entre lo que sucedió en Sucre con lo que sucedió en La Paz?
¿No merecían, ambos hechos, ser medidos con la misma vara y condenados con la misma condena?
De otro lado, la Iglesia Católica rechaza que los grupos sociales sean instrumentalizados para imponer determinados proyectos políticos sectoriales.
Pero, ¿quién le dijo a la Iglesia Católica que hubo esa instrumentalización?
¿Acaso no pudieron, esos sectores sociales, actuar bajo su propio criterio, con su propia convicción y con su propia voluntad, sin ser necesariamente instrumentalizados?
¿Acaso los sectores sociales están constituidos por personas sin criterio, que pueden ser movidas alegremente por algunos grupos políticos?
¿Es que no se recuerda que el actual proceso de cambio fue impulsado por la acción heroica de los sectores sociales, que salieron a las calles y a los caminos a expulsar a un gobierno porque estaban hastiados de la corrupción de la clase política, y porque no aceptaban que se regalara una riqueza estratégica como es el gas?
¿Qué tiene de extraño, entonces, que esas mismas organizaciones sociales se manifiesten otra vez como saben hacerlo, cuando ven el proceso de cambio en peligro?
Está muy bien que la Iglesia católica condene la violencia y los atropellos contra las personas y vele por la paz, pero debería hacerlo en todas las ocasiones y no sólo en algunas.
De lo contrario podría pecar de falta de ecuanimidad e imparcialidad.
Un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana, dice que la Iglesia “rechaza el ejercicio irresponsable de la presión, ocupando y cercando indebidamente el Palacio Legislativo, una institución representativa del pueblo y fundamental en la vida democrática”.
Luego exige a los responsables de la conducción del país y a los líderes sociales a preservar las libertades personales y la cultura democrática de nuestro pueblo.
“Se debe dejar de lado, dice, venga de donde venga la instrumentalización de grupos sociales para imponer por la fuerza visiones y proyectos políticos sectoriales”.
La Iglesia reafirma su respaldo a las reglas democráticas y al Estado de derecho en nuestro país, y exige a los protagonistas del quehacer político a optar responsablemente por el camino del diálogo y el respeto de la vida y de los derechos y libertades personales.
Y luego invita al pueblo creyente a reanimar su fe y a orar fervientemente para que se recuperen la serenidad, la conciencia responsable de servicio al bien común, el respeto y tolerancia entre todos los bolivianos”.
Todo ello dice la Iglesia Católica y está muy bien, porque su mensaje se ubica en el marco de la paz, que se debe procurar preservar a toda costa en el país, de las leyes y de la defensa de los derechos de las personas.
Sin embargo, lo que un poco ha extrañado es que el indicado comunicado de la Conferencia Episcopal haya sido publicado ahora, en este momento, a raíz de los hechos ocurridos alrededor del Congreso, el pasado jueves 28 de febrero, y nada parecido se hubiera conocido antes cuando, por ejemplo, ocurrieron todos los sucesos de Sucre, el año pasado.
En la ciudad de Sucre hubo no uno sino varios cercos alrededor del Teatro Mariscal Sucre, donde se llevaban a cabo las sesiones de la Asamblea Constituyente.
Grupos radicales al servicio del comité interinstitucional de esa ciudad, impidieron en varios momentos que las deliberaciones siguieran su curso normal.
Esos grupos radicales insultaron, persiguieron y agredieron a varios asambleístas que intentaban discutir el nuevo texto constitucional sólo porque no aceptaban tocar el tema de la capitalidad.
De modo particular fueron hostigados y golpeados, hasta el punto de ver sus vidas en peligro, los representantes de las organizaciones indígenas.
A esos representantes indígenas se los insultó con los peores términos cargados de un furioso odio racial.
La violencia diaria, con vigilias de día y de noche, alcanzó los más salvajes niveles, convirtiendo a la antes tranquila ciudad de Sucre, en un lugar donde se violaban todos los derechos humanos escritos o por escribir.
Y la Iglesia Católica no dijo ni una sola palabra sobre lo que ocurría.
No sacó ningún comunicado condenando la violencia o condenando las presiones y cercos diarios que sufría la Asamblea Constituyente, que era una institución de mayor jerarquía que el Congreso.
Permaneció muda aceptando que el racismo y la discriminación campearan a su sabor, aunque los Evangelios proclaman la absoluta igualdad de los seres humanos y, obviamente, no aceptan el racismo bajo ninguna circunstancia.
O sea que, en un caso, en el caso del cerco al Congreso y de algunos hechos de violencia que allí ocurrieron, la Iglesia Católica se pronunció rápidamente, emitiendo un documento.
Pero no se pronunció sobre lo que fue ocurriendo, a lo largo de varias semanas en Sucre, que eran hechos cien veces más graves que los que acontecieron la noche del jueves 28 de febrero en La Paz.
¿Por qué estas diferencias?
¿Por qué en algunos casos, la Iglesia Católica se pronuncia y en otros no?
¿Qué diferencia había entre lo que sucedió en Sucre con lo que sucedió en La Paz?
¿No merecían, ambos hechos, ser medidos con la misma vara y condenados con la misma condena?
De otro lado, la Iglesia Católica rechaza que los grupos sociales sean instrumentalizados para imponer determinados proyectos políticos sectoriales.
Pero, ¿quién le dijo a la Iglesia Católica que hubo esa instrumentalización?
¿Acaso no pudieron, esos sectores sociales, actuar bajo su propio criterio, con su propia convicción y con su propia voluntad, sin ser necesariamente instrumentalizados?
¿Acaso los sectores sociales están constituidos por personas sin criterio, que pueden ser movidas alegremente por algunos grupos políticos?
¿Es que no se recuerda que el actual proceso de cambio fue impulsado por la acción heroica de los sectores sociales, que salieron a las calles y a los caminos a expulsar a un gobierno porque estaban hastiados de la corrupción de la clase política, y porque no aceptaban que se regalara una riqueza estratégica como es el gas?
¿Qué tiene de extraño, entonces, que esas mismas organizaciones sociales se manifiesten otra vez como saben hacerlo, cuando ven el proceso de cambio en peligro?
Está muy bien que la Iglesia católica condene la violencia y los atropellos contra las personas y vele por la paz, pero debería hacerlo en todas las ocasiones y no sólo en algunas.
De lo contrario podría pecar de falta de ecuanimidad e imparcialidad.
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