Seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que se recordó, en el mundo, el pasado 8 de abril.
Seis millones de seres humanos sacrificados por una ideología aberrante que pretendía, sin ninguna base científica, ni moral, ni mucho menos religiosa, que unas razas eran superiores a otras y que, por lo tanto, estaban predestinadas a imponer su dominio en el planeta.
Ese predominio, decía Adolfo Hitler, el fanatizado líder del Partido Nacional Socialista alemán, fundado en Munich en 1919, corresponde por derecho natural a la raza aria.
Y, como consecuencia de ello, a otras razas, objetivamente inferiores, les toca simplemente la subordinación o, si es que su papel en el mundo contraría el orden natural o lo sabotea, su eliminación o aniquilación, para que el género humano no tenga obstáculos en su progreso intelectual y biológico.
Los judíos, para los ideólogos del nazismo, eran una raza inferior, perniciosa y ladina, que conspiraba contra los altos ideales del partido, y cuya presencia física en el mundo no podía ser tolerada.
Por eso correspondía su desaparición, entendiendo que los actos encaminados a ello no podían recibir ninguna sanción moral ni menos ser condenados como asesinatos.
No son asesinatos lo que se está cometiendo contra los judíos, justificaban los nazis, sino procesos de limpieza para evitar que contaminen a la raza superior.
El resultado de esta fanática, enloquecida e irracional ideología, sumada a otros argumentos de dominio territorial y de revancha por una anterior derrota militar, en la Primera Guerra Mundial, empujaron al pueblo alemán a la catastrófica aventura de la Segunda Guerra que duró seis años y que dejó un saldo de más 50 millones de muertos, además de otros cientos de millones de heridos, lisiados e inválidos.
Junto a Alemania formaron también parte del Eje, en esa hecatombe mundial, el régimen fascista de Benito Musolini y el Imperio del Japón, ambos igualmente sustentados en ideas de superioridad racial y cultural.
La Guerra comenzó en septiembre de 1939, con una rápida y aniquiladora invasión de Polonia por blindados alemanes pero, antes de ello, entre los años 37 y 38, las juventudes hitlerianas, con sus camisas pardas, se dieron a la tarea de preparar el ambiente para que el pueblo apoyara la aventura que se avecinaba.
Recorrían las calles y llevaban a cabo actos públicos, enardeciendo a la gente con cánticos, himnos y estribillos aparentemente patrióticos.
Llenaban las paredes de consignas y emitían proclamas encaminadas a ese mismo propósito y, sobre todo, empezaban a hostigar a los que calificaban como enemigos del pueblo alemán.
Ese hostigamiento contra judíos, gitanos y gente de otras razas, se fue traduciendo, con el avance del tiempo, en la aparición de listas negras, en las amenazas a ciertas familias, en golpizas a determinados ciudadanos y luego en ataques directos, con la colocación de bombas y la provocación de incendios contra viviendas y negocios.
Con ese mismo espíritu de odio a las otras razas, justificado por ideas aparentemente patrióticas, se fue concretando el Holocausto de los seis millones de judíos, al calor de las sucesivas victorias que, en el primer tiempo de la Guerra, obtenía Alemania en los diferentes frentes de batalla.
Después cambió la historia porque la Guerra varió de curso, los aliados trocaron muchas derrotas en victorias y, al final, el 1º de mayo de 1945 se suicidó Adolfo Hitler y el 2 de mayo de ese mismo año, cayó Berlín,
El Japón siguió resistiendo por algunos meses más, hasta que el 6 de agosto de 1945, ante los ojos desorbitados del mundo, Estados Unidos arrojó la primera bomba atómica contra Hiroshima.
Una segunda bomba arrojada contra la población de Nagasaki, tres días después, el 9 de agosto, determinó la rendición del imperio nipón.
Terminó la Guerra, dejó de correr la sangre, el mundo comenzó a restañar sus heridas y sepultó a sus muertos y, junto con ellos, sepultó, o pareció que sepultaba, las ignominiosas ideologías que proclamaban que unas razas eran supriores a otras, que unos hombres, desde su nacimiento y por herencia biológica, eran superiores a otros.
Pero esas ideas, a pesar de las lecciones de la historia, parecen estar resucitando en la actualidad y cobrando nuevas fuerzas y constituyendo, por ello mismo, una oscura amenaza para la convivencia y para el desarrollo armónico de los pueblos.
Y están resucitando y se están manifestando, cada vez más abiertamente en nuestro país, allí en el oriente boliviano.
Son ideas que, en el caso de Bolivia, se encaminan a despreciar y discriminar al indígena.
Son ideas que plantean estatutos separatistas con los cuales se pretende quebrar nuestra Patria, para crear feudos donde manden los poderosos de acuerdo a sus exclusivos y sectarios intereses.
Son ideas, planteadas aparentemente como patrióticas, como en el caso de la Alemania de Hitler, incubadas en las cabezas de mucha gente del comité cívico de Santa Cruz y de la prefectura de ese departamento y que, lo mismo que en el caso de la Alemania de Hitler, se ciernen como una tormenta, que amenaza con sangre, dolor y enfrentamiento a la nación boliviana.
No se debe perder de vista que, en Santa Cruz, ya aparecieron las listas negras, y las agresiones a ciudadanos sólo por llevar un rostro indígena, y los ataques e incendios de viviendas de personas que no coinciden con el comité cívico, y que ya actúan impunemente los miembros de la Unión Juvenil Cruceñlista, pichones de nazis y fascistas.
Y no se debe perder de vista, tampoco, que mucha gente que hoy es parte de las clases dominantes de Santa Cruz, llegó a Bolivia, como en el caso de los croatas, escapando de la Guerra donde habían perdido, pero trayéndose consigo dinero y, sobre todo, las ideas hitlerianas que luego las diseminaron en ciertos círculos de la sociedad cruceña donde, Dios no lo quiera, parece que están creciendo.
martes, 22 de abril de 2008
¿A qué lado se pondría Eustaquio Méndez, el “Moto”, si volviera a aparecer?
Como dice una popular cueca tarijeña, cantada con donaire por Enriqueta Ulloa
No fueron, entonces, señoritos de levita ni respingados hijos de latifundistas los que bregaron por la independencia de aquella tierra.
Eran hombres recios y mujeres de temple, que habían ido incubando la idea de libertad y que, en esa aspiración, celebraban y comulgaban con los levantamientos heroicos del 25 de mayo en Chuquisaca y del 16 de julio de 1809 en La Paz.
Existía, pues, entre los Montoneros de Méndez y los patriotas de La Paz y Chuquisaca, al margen de las distancias geográficas, un claro hermanamiento que, primero, los impulsaba a expulsar el poder imperial de España y, segundo, les hacía vislumbrar una patria nueva, que aún no existía, y que sería a la postre la República de Bolívar.
Cabalgo el “Moto” Méndez, por el entonces más verde y menos depredado valle tarijeño y con el muñón de la mano derecha fue señalando el horizonte de la aun no creada tricolor boliviana, hostigando sin cesar, con ataques relámpago, a las tropas realistas del general virrey La Serna, que defendía la entonces llamada Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa, nombre del primer español que había llegado a esas tierras.
Relata el historiador Floren Sanabria G, que “para cumplir su misión de auxilio a los altoperuanos llegó, en aquella etapa de la lucha, el coronel Gregorio Araoz de La Madrid a la cabeza de una importante fracción de veteranos luchadores y se dirigió a Tarija derrotando sin esfuerzo, el 8 de abril de 1817, a una unidad realista en la región de Cangrejillos.
En el “Abra del Gallinazo” se le unió el “Moto” con sus Montoneros, abriendo camino para el ingreso del grueso del ejército.
La ciudad de Tarija estaba fuertemente guarnecida por aguerridas unidades españolas como “Los Granaderos del Cuzco”, al mando del coronel Mateo Ramírez, que defendía la plaza porque era, además, gobernador de la provincia.
“El coronel La Madrid, sigue diciendo Floren Sanabria, al amanecer del día 15 de abril de 1817, atacó en los campos de La Tablada de Tolomosa, a fuerzas superiores a la suyas, en tanto que los Montoneros cargaban contra los “Granaderos del Cuzco”.
La Madrid atacaba por el centro y el caudillo José Eustaquio Méndez, con sus escuadrones de caballería, por la izquierda y por la retaguardia.
Otra fracción chapaca, comandada por el coronel Francisco Pérez de Uriondo y su hermano Manuel, y donde destacaban José María Avilés, Pedro Antonio Flores, Manuel Rojas, Mateo Berdeja, Manuel Caínzo, Ramón Rojas y otros guerrilleros, impedían que las fuerzas superiores que se hallaban en la villa, pudieran salir en auxilio de Ramírez.
Cuando estos refuerzos llegaron al lugar, la gloriosa Batalla de La Tablada ya había concluido con el triunfo de los patriotas”.
Este hecho de armas, como bien señalan los estudiosos, tuvo una enorme repercusión en el desarrollo posterior de la guerra y en el resultado final de la campaña libertaria.
Nueve años más tarde, en 1826, sellada la Independencia y creada ya la República de Bolívar, los tarijeños se volvieron a levantar pero esta vez contra los afanes del gobierno de la Argentina que pretendía anexarse ese territorio.
Consultados los tarijeños sobre ese propósito respondieron que “el encargo del heroico pueblo tarijeño es que antes desaparecerá del mapa que dejar de pertenecer a la nueva República por la que hemos luchado”.
Tarija, pues, optó por Bolivia, por la unidad boliviana, siendo merecedora, por ella, al hermoso título de “la muy leal y muy fiel”.
Ahora, en este año 2008, a 191 años de aquel episodio histórico conviene plantear algunas preguntas.
¿Si el “Moto” y los Montoneros volvieran, cabalgarían nuevamente acompañando las luchas del pueblo tarijeño, o se pondrían a favor del actual prefecto Mario Cossío y de las clases dominantes de Tarija?
¿Se tornarían aliados del nuevo poder imperial que atenaza a nuestro país, el de los Estados Unidos o, como en 1817 contra los españoles, lo hostigarían y combatirían hasta lograr su expulsión?
¿Buscarían, el “Moto” y sus Montoneros, el quiebre y la división de Bolivia, como pretenden algunas élites de aquel departamento o, como en 1826, jurarían lealtad a nuestra Patria, prefiriendo “desparecer del mapa antes que dejar de pertenecer a la República por la que habían luchado?
Las respuestas son obvias y se encuentran allí, en el corazón y en la conciencia de la gran mayoría de los bolivianos, que están volviendo a jurar, como en 1826 en Tarija, que la Patria es una y no se desintegra a pesar de los afanes de los separatistas.
De poncho y ojota fueron
los guerrilleros de la lealtad.
El “Moto” y sus montoneros
nos conquistaron la libertad.
los guerrilleros de la lealtad.
El “Moto” y sus montoneros
nos conquistaron la libertad.
No fueron, entonces, señoritos de levita ni respingados hijos de latifundistas los que bregaron por la independencia de aquella tierra.
Eran hombres recios y mujeres de temple, que habían ido incubando la idea de libertad y que, en esa aspiración, celebraban y comulgaban con los levantamientos heroicos del 25 de mayo en Chuquisaca y del 16 de julio de 1809 en La Paz.
Existía, pues, entre los Montoneros de Méndez y los patriotas de La Paz y Chuquisaca, al margen de las distancias geográficas, un claro hermanamiento que, primero, los impulsaba a expulsar el poder imperial de España y, segundo, les hacía vislumbrar una patria nueva, que aún no existía, y que sería a la postre la República de Bolívar.
Cabalgo el “Moto” Méndez, por el entonces más verde y menos depredado valle tarijeño y con el muñón de la mano derecha fue señalando el horizonte de la aun no creada tricolor boliviana, hostigando sin cesar, con ataques relámpago, a las tropas realistas del general virrey La Serna, que defendía la entonces llamada Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarixa, nombre del primer español que había llegado a esas tierras.
Relata el historiador Floren Sanabria G, que “para cumplir su misión de auxilio a los altoperuanos llegó, en aquella etapa de la lucha, el coronel Gregorio Araoz de La Madrid a la cabeza de una importante fracción de veteranos luchadores y se dirigió a Tarija derrotando sin esfuerzo, el 8 de abril de 1817, a una unidad realista en la región de Cangrejillos.
En el “Abra del Gallinazo” se le unió el “Moto” con sus Montoneros, abriendo camino para el ingreso del grueso del ejército.
La ciudad de Tarija estaba fuertemente guarnecida por aguerridas unidades españolas como “Los Granaderos del Cuzco”, al mando del coronel Mateo Ramírez, que defendía la plaza porque era, además, gobernador de la provincia.
“El coronel La Madrid, sigue diciendo Floren Sanabria, al amanecer del día 15 de abril de 1817, atacó en los campos de La Tablada de Tolomosa, a fuerzas superiores a la suyas, en tanto que los Montoneros cargaban contra los “Granaderos del Cuzco”.
La Madrid atacaba por el centro y el caudillo José Eustaquio Méndez, con sus escuadrones de caballería, por la izquierda y por la retaguardia.
Otra fracción chapaca, comandada por el coronel Francisco Pérez de Uriondo y su hermano Manuel, y donde destacaban José María Avilés, Pedro Antonio Flores, Manuel Rojas, Mateo Berdeja, Manuel Caínzo, Ramón Rojas y otros guerrilleros, impedían que las fuerzas superiores que se hallaban en la villa, pudieran salir en auxilio de Ramírez.
Cuando estos refuerzos llegaron al lugar, la gloriosa Batalla de La Tablada ya había concluido con el triunfo de los patriotas”.
Este hecho de armas, como bien señalan los estudiosos, tuvo una enorme repercusión en el desarrollo posterior de la guerra y en el resultado final de la campaña libertaria.
Nueve años más tarde, en 1826, sellada la Independencia y creada ya la República de Bolívar, los tarijeños se volvieron a levantar pero esta vez contra los afanes del gobierno de la Argentina que pretendía anexarse ese territorio.
Consultados los tarijeños sobre ese propósito respondieron que “el encargo del heroico pueblo tarijeño es que antes desaparecerá del mapa que dejar de pertenecer a la nueva República por la que hemos luchado”.
Tarija, pues, optó por Bolivia, por la unidad boliviana, siendo merecedora, por ella, al hermoso título de “la muy leal y muy fiel”.
Ahora, en este año 2008, a 191 años de aquel episodio histórico conviene plantear algunas preguntas.
¿Si el “Moto” y los Montoneros volvieran, cabalgarían nuevamente acompañando las luchas del pueblo tarijeño, o se pondrían a favor del actual prefecto Mario Cossío y de las clases dominantes de Tarija?
¿Se tornarían aliados del nuevo poder imperial que atenaza a nuestro país, el de los Estados Unidos o, como en 1817 contra los españoles, lo hostigarían y combatirían hasta lograr su expulsión?
¿Buscarían, el “Moto” y sus Montoneros, el quiebre y la división de Bolivia, como pretenden algunas élites de aquel departamento o, como en 1826, jurarían lealtad a nuestra Patria, prefiriendo “desparecer del mapa antes que dejar de pertenecer a la República por la que habían luchado?
Las respuestas son obvias y se encuentran allí, en el corazón y en la conciencia de la gran mayoría de los bolivianos, que están volviendo a jurar, como en 1826 en Tarija, que la Patria es una y no se desintegra a pesar de los afanes de los separatistas.
¿Qué sentido puede tener un diálogo después del 4 de mayo?
¿Se puede pensar, sin desairar la razón, que un diálogo honesto y sin condiciones ha de ser posible, una vez que pase el referendo cruceño del 4 de mayo sobre sus estatutos autonómicos?
Por supuesto que no.
Porque es justamente el tenor, el sentido y el carácter de los señalados estatutos lo que debía ser una de las materias del indicado diálogo, de modo que si el mismo ya ha sido aprobado por la presión de los sectores dominantes de Santa Cruz, prácticamente habrá muy poco sobre lo que se pueda hablar.
De modo que, lo que quedará por delante no será ya un diálogo, sino una dura confrontación que se irá manifestando de muchas y diversas maneras a lo largo del tiempo.
De entrada, nomás, el gobierno ha dejado en claro que el referendo cruceño no pasa de ser una consulta ciudadana, cuyos resultados no tienen un efecto vinculante.
Eso significa que nadie en el país, ni el gobierno ni ninguno de los bolivianos, tendrá la obligación de acatar lo que señalen los artículos del estatuto.
Podrán hacerlo aquellos que buenamente lo deseen, pero el estatuto en sí no producirá un efecto jurídico, porque habrá sido realizado al margen de la ley.
Y entonces, ¿qué sentido tiene aprobar un estatuto que nadie estará obligado a cumplir?
De otro lado, un alto porcentaje de los artículos del mencionado documento, no sólo que están al margen, sino que vulneran y chocan frontalmente con aspectos fundamentales de la actual Constitución Política del Estado.
¿Y cómo se puede pensar en un estatuto que no respeta la Constitución y que más bien la contradice de manera flagrante?
¿Cuál de los dos documentos, en este caso, deberá prevalecer?
¿La Constitución Política del Estado, que está en plena vigencia y a la cual todas las autoridades han jurado respetar y a la cual todos los bolivianos debemos acogernos, o el estatuto autonómico redactado por tres o cuatro personas que no recibieron ningún mandato del pueblo para ese cometido y, peor, que sólo un 15 % de la población cruceña conoce?
¿Es que están pensando los cívicos y el prefecto de Santa Cruz que su departamento ya es otro país, donde no valen, no rigen, no tienen vigencia y no son reconocidas las leyes bolivianas?
¿Es que andan tan adelantados en su idea de quebrar Bolivia para constituir otro Estado en el corazón de Sudamérica, como en algún momento se atrevieron a plantear en ciertos espacios de las Naciones Unidas?
Con mucha voluntad, pero también con una enorme ingenuidad, las autoridades de la Iglesia Católica no cesan en su voluntad de hacer posible el diálogo.
Y parece que andan creyendo, sinceramente, que ese diálogo siempre se podrá encaminar, aun después del 4 de mayo.
Pero, si ello ocurre, ¿será un diálogo sobre qué?
¿Cuáles de los problemas que enfrenta el país, podrán ser puestos en debate en el diálogo posterior al referendo?
¿Se hablará sobre la cantidad de nuevos impuestos que la prefectura cruceña deberá poner en vigencia, pidiéndole que no sean muchos?
¿Se pedirá que los latifundistas se pongan la mano en el corazón y permitan que campesinos y naciones originarias también tengan un pedacito de la tierra, aunque sea muy chiquito, al lado de sus latifundios?
¿Se planteará que la nueva policía cruceña, conformada por mucha gente de la llamada Unión Juvenil Cruceñista, trate de vulnerar lo menos posible los derechos humanos?
¿Se insistirá en que, dentro de sus políticas de exportación, Santa Cruz respete lo mejor que pueda los acuerdos comerciales que tiene Bolivia con otros países?
¿Se recomendará que no cierren muy drásticamente el ingreso a Santa Cruz de bolivianos de otras regiones interesados en trabajar la tierra o en desarrollar otros proyectos?
¿Se les exigirá, cordialmente por supuesto, que dejen a un lado su intención de poner en vigencia una cédula de identidad cruceña, para que no choque con la cédula de identidad boliviana?
¿Sobre qué se podrá dialogar una vez que el referendo ya se haya cumplido?
Como bien se advierte, si el diálogo ha de ir adelante, tiene que ser ahora.
Más tarde el diálogo sólo será una burla que el pueblo boliviano ya no se tragará.
Y, entonces, lo único que quedará, y esto hay que repetirlo muchas veces, es la confrontación.
Porque se entiende que el gobierno nacional no podrá permitir que una parte de la Patria se haga independiente, o quiera actuar de manera independiente, y entonces estará obligado a actuar utilizando todos los mecanismos que la ley le otorgue, incluyendo el uso de la fuerza.
Así, pues, están planteadas las cosas y no hay por dónde perderse.
Por supuesto que no.
Porque es justamente el tenor, el sentido y el carácter de los señalados estatutos lo que debía ser una de las materias del indicado diálogo, de modo que si el mismo ya ha sido aprobado por la presión de los sectores dominantes de Santa Cruz, prácticamente habrá muy poco sobre lo que se pueda hablar.
De modo que, lo que quedará por delante no será ya un diálogo, sino una dura confrontación que se irá manifestando de muchas y diversas maneras a lo largo del tiempo.
De entrada, nomás, el gobierno ha dejado en claro que el referendo cruceño no pasa de ser una consulta ciudadana, cuyos resultados no tienen un efecto vinculante.
Eso significa que nadie en el país, ni el gobierno ni ninguno de los bolivianos, tendrá la obligación de acatar lo que señalen los artículos del estatuto.
Podrán hacerlo aquellos que buenamente lo deseen, pero el estatuto en sí no producirá un efecto jurídico, porque habrá sido realizado al margen de la ley.
Y entonces, ¿qué sentido tiene aprobar un estatuto que nadie estará obligado a cumplir?
De otro lado, un alto porcentaje de los artículos del mencionado documento, no sólo que están al margen, sino que vulneran y chocan frontalmente con aspectos fundamentales de la actual Constitución Política del Estado.
¿Y cómo se puede pensar en un estatuto que no respeta la Constitución y que más bien la contradice de manera flagrante?
¿Cuál de los dos documentos, en este caso, deberá prevalecer?
¿La Constitución Política del Estado, que está en plena vigencia y a la cual todas las autoridades han jurado respetar y a la cual todos los bolivianos debemos acogernos, o el estatuto autonómico redactado por tres o cuatro personas que no recibieron ningún mandato del pueblo para ese cometido y, peor, que sólo un 15 % de la población cruceña conoce?
¿Es que están pensando los cívicos y el prefecto de Santa Cruz que su departamento ya es otro país, donde no valen, no rigen, no tienen vigencia y no son reconocidas las leyes bolivianas?
¿Es que andan tan adelantados en su idea de quebrar Bolivia para constituir otro Estado en el corazón de Sudamérica, como en algún momento se atrevieron a plantear en ciertos espacios de las Naciones Unidas?
Con mucha voluntad, pero también con una enorme ingenuidad, las autoridades de la Iglesia Católica no cesan en su voluntad de hacer posible el diálogo.
Y parece que andan creyendo, sinceramente, que ese diálogo siempre se podrá encaminar, aun después del 4 de mayo.
Pero, si ello ocurre, ¿será un diálogo sobre qué?
¿Cuáles de los problemas que enfrenta el país, podrán ser puestos en debate en el diálogo posterior al referendo?
¿Se hablará sobre la cantidad de nuevos impuestos que la prefectura cruceña deberá poner en vigencia, pidiéndole que no sean muchos?
¿Se pedirá que los latifundistas se pongan la mano en el corazón y permitan que campesinos y naciones originarias también tengan un pedacito de la tierra, aunque sea muy chiquito, al lado de sus latifundios?
¿Se planteará que la nueva policía cruceña, conformada por mucha gente de la llamada Unión Juvenil Cruceñista, trate de vulnerar lo menos posible los derechos humanos?
¿Se insistirá en que, dentro de sus políticas de exportación, Santa Cruz respete lo mejor que pueda los acuerdos comerciales que tiene Bolivia con otros países?
¿Se recomendará que no cierren muy drásticamente el ingreso a Santa Cruz de bolivianos de otras regiones interesados en trabajar la tierra o en desarrollar otros proyectos?
¿Se les exigirá, cordialmente por supuesto, que dejen a un lado su intención de poner en vigencia una cédula de identidad cruceña, para que no choque con la cédula de identidad boliviana?
¿Sobre qué se podrá dialogar una vez que el referendo ya se haya cumplido?
Como bien se advierte, si el diálogo ha de ir adelante, tiene que ser ahora.
Más tarde el diálogo sólo será una burla que el pueblo boliviano ya no se tragará.
Y, entonces, lo único que quedará, y esto hay que repetirlo muchas veces, es la confrontación.
Porque se entiende que el gobierno nacional no podrá permitir que una parte de la Patria se haga independiente, o quiera actuar de manera independiente, y entonces estará obligado a actuar utilizando todos los mecanismos que la ley le otorgue, incluyendo el uso de la fuerza.
Así, pues, están planteadas las cosas y no hay por dónde perderse.
A 107 años de su muerte
A 107 años de su muerte, las reivindicaciones del Zárate Willca se hacen realidad en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado
No se conocen con exactitud las circunstancias de su muerte, algunos historiadores dicen que le dieron la “ley de la fuga”, pero lo cierto es que Pablo Zárate, el “temible Willca”, fue asesinado por la clase dominante del país, que veía en él un peligro potencial para sus intereses.
Con su muerte, ocurrida un 26 de abril del año 1901 mientras estaba en prisión, quedó sepultado un nuevo intento de las naciones indígenas aymara y quechua por sacudirse el yugo que los sujetaba desde la Colonia, y que aun continuaba en la época republicana
Zárate, el “temible Willca”, resistió primero la “ley de exvinculación de tierras” decretada por el gobierno de Frías, y que desconocía el carácter comunal con que los pueblos indígenas habían poseído y producido la tierra desde sus antepasados y, posteriormente, contribuyó enormemente al triunfo del General Pando en la llamada Guerra Federal.
Esta Guerra, según relata la historia, comenzó en Sucre cuando el Congreso aprobó una ley que obligaba al presidente de la República a radicar de manera permanente en aquella ciudad.
La brigada paceña había solicitado que este tema fuera discutido, sin presiones, en un punto neutral como Cochabamba pero, al ver que su reclamo no prosperaba, abandonó Sucre..
Ello originó que en la ciudad de La Paz se fortaleciera un movimiento que meses antes había planteado el sistema federalista para el país.
El 12 de diciembre de 1898, el movimiento desembocó en la formación de una junta federal de gobierno que estuvo constituida por José Manuel Pando, Serapio Reyes Ortiz y Macario Pinilla.
Como era de esperar, el presidente Fernández Alonso se vio obligado a reprimir este movimiento y marchó hacia Oruro con un poderoso ejército.
Fue entonces que el General José Manuel Pando, que tomó el mando de las fuerzas del norte, buscó y, ofreciéndole muchas medidas favorables para su gente, estableció una alianza con Pablo Zárate Willca, el indio aymara nacido en Sicasica, provincia Aroma del departamento de La Paz que, como se dijo, ejercía un importante liderazgo en las comunidades del sector.
Concretado el acuerdo las masas indígenas entraron en acción desarrollando varios ataques, bloqueos, sabotajes y cercos contra las fuerzas del presidente Fernández Alonso, en las provincias Inquisivi, Aroma, Chayanta, Tapacarí y Ayopaya.
Un episodio particular de estas acciones hace referencia a una masacre de más de 90 personas ocurrida en las localidades de Corocoro y Santa Rosa, por parte de soldados integrantes de los regimientos constitucionalistas Húsares y Monteagudo que habían salido en busca de alimentos y vituallas.
Esta incursión originó un sentimiento de venganza que se concretó contra otro regimiento, el Sucre, también constitucionalista, que fue cercado por los indios que lo atacaron desde una colina y lo obligaron a una desbandada.
La historia relata que un líder indígena de nombre Lorenzo Ramírez, consiguió desarmar a los soldados y los llevó de vuelta al pueblo, ofreciéndoles garantías y haciendo que se refugiaran en un templo del lugar.
Pero la furia indígena no respetó ningún acuerdo y, al final, 130 efectivos militares fueron muertos originando, este episodio, un lamento profundo que se siguió oyendo durante mucho tiempo en la sociedad sucrense.
La Guerra Federal prosiguió con diferentes escaramuzas y se resolvió con dos batallas bautizadas como las del primer y segundo cruceros.
La batalla del primer crucero se desarrolló en un sitio donde cruzan los caminos que van a Luribay y Ayoayo, e incluyó la explosión de un carro cargado de municiones que precipitó la fuga de las fuerzas alonsistas.
Los heridos fueron llevados a la Iglesia de Ayoayo, pero los indígenas no los respetaron muriendo 27 soldados y un capellán.
La batalla del segundo crucero tuvo lugar en las cercanías de Paria, departamento de Oruro, en el lugar donde hacían cruz los caminos que iban a Lequepalca y Caracollo.
Datos obtenidos de este episodio señalan que las fuerzas del General Pando tenían 1.800 efectivos y un cañón bautizado como “El Walaycho”.
Fernández Alonso contaba con 1.900 soldados, 6 cañones y 4 ametralladoras, con las que superaba a su enemigo.
Sigue diciendo la historia que los indios del Zárate Willca protegieron a los federales y les dieron cobertura para varios ataques y maniobras, incluyendo asaltos de la caballería y de la tropa que, paulatinamente, volcaron a su favor el resultado de la batalla.
Al final, luego de cuatro horas de combate y de más de 1.000 víctimas, entre heridos y muertos, el General Pando alcanzó la victoria e hizo su ingreso triunfal a Oruro, teniendo a su lado al Zárate Willca, en medio de una gran multitud donde los soldados de Pando se mezclaron con los del líder indígena.
Pero el asunto no quedó ahí sino que, aprovechando la coyuntura y ya con una clara consigna de emancipación para su pueblo, el “temible” Willca decidió proseguir con la rebelión, extendiéndola a más de 20 poblaciones de tres departamentos
Esto determinó que Pando actuara sin contemplaciones contra su antiguo aliado, haciéndolo detener, junto a su estado mayor, en Sicasica, el 22 de abril de 1899.
Apresados el caudillo y sus lugartenientes la rebelión indígena ya no pudo proseguir y las naciones originarias aymara y quechua debieron volver a esperar algo más de un siglo, hasta el presente año 2008, para recuperar derechos ancestrales, esta vez por una vía pacífica y democrática, a través del nuevo proyecto de Constitución Política del Estado impulsado por el gobierno de Evo Morales, primer presidente indígena de la nación boliviana.
No se conocen con exactitud las circunstancias de su muerte, algunos historiadores dicen que le dieron la “ley de la fuga”, pero lo cierto es que Pablo Zárate, el “temible Willca”, fue asesinado por la clase dominante del país, que veía en él un peligro potencial para sus intereses.
Con su muerte, ocurrida un 26 de abril del año 1901 mientras estaba en prisión, quedó sepultado un nuevo intento de las naciones indígenas aymara y quechua por sacudirse el yugo que los sujetaba desde la Colonia, y que aun continuaba en la época republicana
Zárate, el “temible Willca”, resistió primero la “ley de exvinculación de tierras” decretada por el gobierno de Frías, y que desconocía el carácter comunal con que los pueblos indígenas habían poseído y producido la tierra desde sus antepasados y, posteriormente, contribuyó enormemente al triunfo del General Pando en la llamada Guerra Federal.
Esta Guerra, según relata la historia, comenzó en Sucre cuando el Congreso aprobó una ley que obligaba al presidente de la República a radicar de manera permanente en aquella ciudad.
La brigada paceña había solicitado que este tema fuera discutido, sin presiones, en un punto neutral como Cochabamba pero, al ver que su reclamo no prosperaba, abandonó Sucre..
Ello originó que en la ciudad de La Paz se fortaleciera un movimiento que meses antes había planteado el sistema federalista para el país.
El 12 de diciembre de 1898, el movimiento desembocó en la formación de una junta federal de gobierno que estuvo constituida por José Manuel Pando, Serapio Reyes Ortiz y Macario Pinilla.
Como era de esperar, el presidente Fernández Alonso se vio obligado a reprimir este movimiento y marchó hacia Oruro con un poderoso ejército.
Fue entonces que el General José Manuel Pando, que tomó el mando de las fuerzas del norte, buscó y, ofreciéndole muchas medidas favorables para su gente, estableció una alianza con Pablo Zárate Willca, el indio aymara nacido en Sicasica, provincia Aroma del departamento de La Paz que, como se dijo, ejercía un importante liderazgo en las comunidades del sector.
Concretado el acuerdo las masas indígenas entraron en acción desarrollando varios ataques, bloqueos, sabotajes y cercos contra las fuerzas del presidente Fernández Alonso, en las provincias Inquisivi, Aroma, Chayanta, Tapacarí y Ayopaya.
Un episodio particular de estas acciones hace referencia a una masacre de más de 90 personas ocurrida en las localidades de Corocoro y Santa Rosa, por parte de soldados integrantes de los regimientos constitucionalistas Húsares y Monteagudo que habían salido en busca de alimentos y vituallas.
Esta incursión originó un sentimiento de venganza que se concretó contra otro regimiento, el Sucre, también constitucionalista, que fue cercado por los indios que lo atacaron desde una colina y lo obligaron a una desbandada.
La historia relata que un líder indígena de nombre Lorenzo Ramírez, consiguió desarmar a los soldados y los llevó de vuelta al pueblo, ofreciéndoles garantías y haciendo que se refugiaran en un templo del lugar.
Pero la furia indígena no respetó ningún acuerdo y, al final, 130 efectivos militares fueron muertos originando, este episodio, un lamento profundo que se siguió oyendo durante mucho tiempo en la sociedad sucrense.
La Guerra Federal prosiguió con diferentes escaramuzas y se resolvió con dos batallas bautizadas como las del primer y segundo cruceros.
La batalla del primer crucero se desarrolló en un sitio donde cruzan los caminos que van a Luribay y Ayoayo, e incluyó la explosión de un carro cargado de municiones que precipitó la fuga de las fuerzas alonsistas.
Los heridos fueron llevados a la Iglesia de Ayoayo, pero los indígenas no los respetaron muriendo 27 soldados y un capellán.
La batalla del segundo crucero tuvo lugar en las cercanías de Paria, departamento de Oruro, en el lugar donde hacían cruz los caminos que iban a Lequepalca y Caracollo.
Datos obtenidos de este episodio señalan que las fuerzas del General Pando tenían 1.800 efectivos y un cañón bautizado como “El Walaycho”.
Fernández Alonso contaba con 1.900 soldados, 6 cañones y 4 ametralladoras, con las que superaba a su enemigo.
Sigue diciendo la historia que los indios del Zárate Willca protegieron a los federales y les dieron cobertura para varios ataques y maniobras, incluyendo asaltos de la caballería y de la tropa que, paulatinamente, volcaron a su favor el resultado de la batalla.
Al final, luego de cuatro horas de combate y de más de 1.000 víctimas, entre heridos y muertos, el General Pando alcanzó la victoria e hizo su ingreso triunfal a Oruro, teniendo a su lado al Zárate Willca, en medio de una gran multitud donde los soldados de Pando se mezclaron con los del líder indígena.
Pero el asunto no quedó ahí sino que, aprovechando la coyuntura y ya con una clara consigna de emancipación para su pueblo, el “temible” Willca decidió proseguir con la rebelión, extendiéndola a más de 20 poblaciones de tres departamentos
Esto determinó que Pando actuara sin contemplaciones contra su antiguo aliado, haciéndolo detener, junto a su estado mayor, en Sicasica, el 22 de abril de 1899.
Apresados el caudillo y sus lugartenientes la rebelión indígena ya no pudo proseguir y las naciones originarias aymara y quechua debieron volver a esperar algo más de un siglo, hasta el presente año 2008, para recuperar derechos ancestrales, esta vez por una vía pacífica y democrática, a través del nuevo proyecto de Constitución Política del Estado impulsado por el gobierno de Evo Morales, primer presidente indígena de la nación boliviana.
El referendo cruceño es unilateral y está al margen de la Constitución.
El referendo convocado por las autoridades de Santa Cruz es unilateral y está al margen de la Constitución Política del Estado.
Eso es lo que afirma, de manera contundente, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
De la misma manera, el mencionado Relator expresa que el estatuto autonómico que se pretende aprobar en Santa Cruz, “incluye algunas disposiciones de tinte racista, altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Las mencionadas afirmaciones y otras alusivas al tema, fueron publicadas, recientemente, por el Centro de Noticias de las Naciones Unidas.
Las mismas, expresadas en una forma clara y definitiva por el señor Stavenhagen, decían lo siguiente:
“Observo con preocupación la intención de las autoridades del departamento de Santa Cruz de proceder a un referendo unilateral sobre la autonomía departamental al margen de la Constitución Política del Estado mediante la presentación de un proyecto de estatuto autonómico que incluye algunas disposiciones de tinte racista altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas de ese departamento, concretamente en el proyectado artículo 161.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas están garantizados por las leyes del país que incluyen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que deben ser respetados por todos los niveles de Gobierno, especialmente en el marco del debate sobre las autonomías.
Hago un llamado a las autoridades y al pueblo cruceño, sigue diciendo Stavenhagen, para que no permitan que en el nombre de la legítima aspiración a la autonomía departamental se vulneren los derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz.
También observo, con preocupación y condeno las agresiones que en días pasados sufrieron en la región del Chaco de Santa Cruz algunos funcionarios públicos y miembros de comunidades guaraníes en el marco de la aplicación del proceso de saneamiento de los territorios ancestrales de este pueblo, muchos de cuyos integrantes continúan viviendo en situación de servidumbre.
Esas condiciones las he denunciado en el Informe sobre mi misión en Bolivia.
Las autoridades del departamento de Santa Cruz tienen la obligación de velar por mantener el estado de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que vulnera la solución pacífica de los problemas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su libertad, autonomía y tierras”.
¿Qué es, ahora, lo que el prefecto y la gente del comité cívico de Santa Cruz pueden decir, sobre lo señalado por Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de Naciones Unidas en torno al referendo que impulsan y al tema de las libertades y derechos de los pueblos indígenas?
¿Que la mencionada autoridad, voz autorizada de las Naciones Unidas sobre el indicado tema, se está inventando las cosas?
¿Qué su estatuto autonómico no viola la Constitución o que no tiene artículos discriminatorios y racistas?
Ahora, lo más probable es que, como hicieron con muchas otras declaraciones contrarias, el prefecto Rubén Costas y el presidente del comité cívico cruceño, Branco Marinkovic, la desestimen y rechacen o no escuchen el tal comentario, y vayan adelante con su referendo.
Pero, entonces, no se podrán quejar cuando, una vez cumplido el mismo, no sea reconocido, en absoluto, ni por las Naciones Unidas, ni por la Organización de Estados Americanos, ni por ningún otro organismo internacional, ni por la Corte Nacional Electoral, ni menos por el gobierno o por el pueblo boliviano.
No se podrán quejar cuando esas autoridades cruceñas queden ahí, con su estatuto aprobado, y no puedan implementarlo ni ponerlo en práctica de ninguna manera, por ser ilegal, anticonstitucional, y violatorio de los derechos humanos.
O cuando el gobierno nacional adopte medidas legales y de fuerza para actuar contra aquellos que atentan así contra la unidad del país.
Eso es lo que afirma, de manera contundente, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
De la misma manera, el mencionado Relator expresa que el estatuto autonómico que se pretende aprobar en Santa Cruz, “incluye algunas disposiciones de tinte racista, altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Las mencionadas afirmaciones y otras alusivas al tema, fueron publicadas, recientemente, por el Centro de Noticias de las Naciones Unidas.
Las mismas, expresadas en una forma clara y definitiva por el señor Stavenhagen, decían lo siguiente:
“Observo con preocupación la intención de las autoridades del departamento de Santa Cruz de proceder a un referendo unilateral sobre la autonomía departamental al margen de la Constitución Política del Estado mediante la presentación de un proyecto de estatuto autonómico que incluye algunas disposiciones de tinte racista altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas de ese departamento, concretamente en el proyectado artículo 161.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas están garantizados por las leyes del país que incluyen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que deben ser respetados por todos los niveles de Gobierno, especialmente en el marco del debate sobre las autonomías.
Hago un llamado a las autoridades y al pueblo cruceño, sigue diciendo Stavenhagen, para que no permitan que en el nombre de la legítima aspiración a la autonomía departamental se vulneren los derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz.
También observo, con preocupación y condeno las agresiones que en días pasados sufrieron en la región del Chaco de Santa Cruz algunos funcionarios públicos y miembros de comunidades guaraníes en el marco de la aplicación del proceso de saneamiento de los territorios ancestrales de este pueblo, muchos de cuyos integrantes continúan viviendo en situación de servidumbre.
Esas condiciones las he denunciado en el Informe sobre mi misión en Bolivia.
Las autoridades del departamento de Santa Cruz tienen la obligación de velar por mantener el estado de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que vulnera la solución pacífica de los problemas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su libertad, autonomía y tierras”.
¿Qué es, ahora, lo que el prefecto y la gente del comité cívico de Santa Cruz pueden decir, sobre lo señalado por Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de Naciones Unidas en torno al referendo que impulsan y al tema de las libertades y derechos de los pueblos indígenas?
¿Que la mencionada autoridad, voz autorizada de las Naciones Unidas sobre el indicado tema, se está inventando las cosas?
¿Qué su estatuto autonómico no viola la Constitución o que no tiene artículos discriminatorios y racistas?
Ahora, lo más probable es que, como hicieron con muchas otras declaraciones contrarias, el prefecto Rubén Costas y el presidente del comité cívico cruceño, Branco Marinkovic, la desestimen y rechacen o no escuchen el tal comentario, y vayan adelante con su referendo.
Pero, entonces, no se podrán quejar cuando, una vez cumplido el mismo, no sea reconocido, en absoluto, ni por las Naciones Unidas, ni por la Organización de Estados Americanos, ni por ningún otro organismo internacional, ni por la Corte Nacional Electoral, ni menos por el gobierno o por el pueblo boliviano.
No se podrán quejar cuando esas autoridades cruceñas queden ahí, con su estatuto aprobado, y no puedan implementarlo ni ponerlo en práctica de ninguna manera, por ser ilegal, anticonstitucional, y violatorio de los derechos humanos.
O cuando el gobierno nacional adopte medidas legales y de fuerza para actuar contra aquellos que atentan así contra la unidad del país.
¿Se deberá permitir que prospere el proyecto separatista?
El año 2003, grupos dominantes de Santa Cruz hicieron llegar una carta a Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, señalando que esa organización mundial debería prepararse para recibir en su seno a un nuevo Estado situado en el corazón de Sudamérica.
Ese nuevo Estado no era otro, obviamente, que la llamada Nación Camba, cuyo proyecto ha ido avanzando sin interrupción en los últimos años.
Sabían ya, las clases dominantes de Santa Cruz, que el cambio político que había comenzado a ocurrir en Bolivia, terminaría desplazándolos del poder político que habían manejado a su completa discreción en los últimos casi cuarenta años.
Sabían que el pueblo, hastiado de esa política que favorecía sólo al sector dominante, estaba reclamando una modificación del sistema, y que esa modificación seguramente les iba a significar la pérdida de sus privilegios, y entonces se anticipaban a ese momento, planteando la división de Bolivia.
“Como nunca podremos plantear un proyecto político que sea bien recibido y apoyado por la mayoría de los bolivianos, entonces nos refugiaremos en nuestro territorio, y aquí adentro impondremos el modelo que nos interesa”, razonaron esos grupos dominantes, y entonces comenzaron a acelerar la división llegando, inclusive, a informar sobre la misma en varios espacios internacionales.
Se conoce que emisarios del comité cívico de Santa Cruz, hicieron viajes al exterior, particularmente a Europa y Estados Unidos, reclamando su apoyo al nuevo Estado.
En ese contexto es que se atrevieron a llegar hasta las mismas Naciones Unidas anticipando su temerario proyecto.
Sin embargo, parece que no tuvieron demasiado éxito y que no hallaron el apoyo oficial que buscaban, salvo algunas simpatías de algunos sectores de ultraderecha tanto de Europa como de los Estados Unidos.
Pese a ello, su intención es forzar y acelerar la indicada división, para forzar también el apoyo internacional y por ello es que están llevando adelante la aprobación de su estatuto autonómico el próximo 4 de mayo.
Ese acto del 4 de mayo viene a ser, entonces, un hito fundamental para su proyecto separatista, porque a partir de entonces podrán argüir que tienen el apoyo mayoritario de la población.
Para comenzar, dentro de su estrategia, esos sectores dominantes de Santa Cruz intentarán implementar los diferentes artículos contenidos en su estatuto autonómico.
Negarán, por ejemplo, toda potestad al gobierno, para seguir desarrollando sus tareas de saneamiento o de dotación o redistribución de tierras dentro del departamento.
Negarán, luego, a los campesinos y pueblos originarios, su particular derecho a ser autónomos porque los estatutos que supuestamente se aprobarán sólo reconocen la autonomía departamental y no así las autonomías indígenas.
Darán pasos decisivos para constituir su propia policía, la cual no tendrá ninguna relación con la Policía Nacional, y pasará a recibir órdenes direclamente del prefecto o gobernador.
Una parte de la gente reclutada para constituir los nuevos organismos de seguridad, irá a formar parte de una especie de Guardia Departamental, que tratará de reemplazar, más adelante, a las propias Fuerzas Armadas.
Como ya lo anticipó el prefecto Rubén Costas, su próximo gobierno departamental definirá medidas para la exportación de soya, aceite, arroz, azúcar, carne y otros productos, sin intervención del gobierno nacional.
Buscará, ese gobierno departamental, también entablar conversaciones con las empresas petroleras, para discutir convenios que vulneren los nuevos contratos suscritos luego de la nacionalización.
Habrá, entonces, una política petrolera departamental, favorable nuevamente a las empresas transnacionales, que se opondrá a las política petrolera nacional que lleva adelante el gobierno.
En esa misma línea autonomista, el gobierno departamental de Santa Cruz instalará una especie de ministerio de relaciones exteriores, para negociar directamente con los otros países, al margen del Estado nacional.
Y también se definirá una nueva política de cobro de impuestos, se establecerá un demagógico nuevo salario mínimo para complacer a la población, se creará una propia defensoría del pueblo, y una propia oficina de derechos humanos y así, en esa línea, se adoptarán varias otras medidas que usurparán, a no dudarlo, las funciones del Estado central.
Ahora, como el gobierno nacional no podrá tolerar tales disposiciones, entonces se plantearán varios enfrentamientos particulares que terminarán en un enfrentamiento generalizado que abarcará todos los campos de la actividad.
Y ese enfrentamiento, que creará mucha violencia y que probablemente arroje víctimas, será aprovechado por los grupos oligárquicos de Santa Cruz para plantear directamente la separación.
“No nos dejan ser autónomos, dirán esos grupos dominantes, por lo tanto nos independizamos constituyendo un nuevo Estado con los departamentos que dijeron Sí a las autonomías, y con aquellos otros que también quieran sumarse al proyecto.
Ese panorama, muy claro por cierto, es el que se viene planteando en nuestro país en un futuro inmediato.
La nación boliviana, pues está en un grave peligro, y eso debe obligar a todos los ciudadanos patriotas a adoptar una postura, y a movilizarse en defensa de la Patria.
¿Se deberá permitir que el proyecto separatistas siga avanzando ante la paciencia de unos y la indiferencia de otros?
Los bolivianos tienen la obligación de pronunciarse al respecto.
Ese nuevo Estado no era otro, obviamente, que la llamada Nación Camba, cuyo proyecto ha ido avanzando sin interrupción en los últimos años.
Sabían ya, las clases dominantes de Santa Cruz, que el cambio político que había comenzado a ocurrir en Bolivia, terminaría desplazándolos del poder político que habían manejado a su completa discreción en los últimos casi cuarenta años.
Sabían que el pueblo, hastiado de esa política que favorecía sólo al sector dominante, estaba reclamando una modificación del sistema, y que esa modificación seguramente les iba a significar la pérdida de sus privilegios, y entonces se anticipaban a ese momento, planteando la división de Bolivia.
“Como nunca podremos plantear un proyecto político que sea bien recibido y apoyado por la mayoría de los bolivianos, entonces nos refugiaremos en nuestro territorio, y aquí adentro impondremos el modelo que nos interesa”, razonaron esos grupos dominantes, y entonces comenzaron a acelerar la división llegando, inclusive, a informar sobre la misma en varios espacios internacionales.
Se conoce que emisarios del comité cívico de Santa Cruz, hicieron viajes al exterior, particularmente a Europa y Estados Unidos, reclamando su apoyo al nuevo Estado.
En ese contexto es que se atrevieron a llegar hasta las mismas Naciones Unidas anticipando su temerario proyecto.
Sin embargo, parece que no tuvieron demasiado éxito y que no hallaron el apoyo oficial que buscaban, salvo algunas simpatías de algunos sectores de ultraderecha tanto de Europa como de los Estados Unidos.
Pese a ello, su intención es forzar y acelerar la indicada división, para forzar también el apoyo internacional y por ello es que están llevando adelante la aprobación de su estatuto autonómico el próximo 4 de mayo.
Ese acto del 4 de mayo viene a ser, entonces, un hito fundamental para su proyecto separatista, porque a partir de entonces podrán argüir que tienen el apoyo mayoritario de la población.
Para comenzar, dentro de su estrategia, esos sectores dominantes de Santa Cruz intentarán implementar los diferentes artículos contenidos en su estatuto autonómico.
Negarán, por ejemplo, toda potestad al gobierno, para seguir desarrollando sus tareas de saneamiento o de dotación o redistribución de tierras dentro del departamento.
Negarán, luego, a los campesinos y pueblos originarios, su particular derecho a ser autónomos porque los estatutos que supuestamente se aprobarán sólo reconocen la autonomía departamental y no así las autonomías indígenas.
Darán pasos decisivos para constituir su propia policía, la cual no tendrá ninguna relación con la Policía Nacional, y pasará a recibir órdenes direclamente del prefecto o gobernador.
Una parte de la gente reclutada para constituir los nuevos organismos de seguridad, irá a formar parte de una especie de Guardia Departamental, que tratará de reemplazar, más adelante, a las propias Fuerzas Armadas.
Como ya lo anticipó el prefecto Rubén Costas, su próximo gobierno departamental definirá medidas para la exportación de soya, aceite, arroz, azúcar, carne y otros productos, sin intervención del gobierno nacional.
Buscará, ese gobierno departamental, también entablar conversaciones con las empresas petroleras, para discutir convenios que vulneren los nuevos contratos suscritos luego de la nacionalización.
Habrá, entonces, una política petrolera departamental, favorable nuevamente a las empresas transnacionales, que se opondrá a las política petrolera nacional que lleva adelante el gobierno.
En esa misma línea autonomista, el gobierno departamental de Santa Cruz instalará una especie de ministerio de relaciones exteriores, para negociar directamente con los otros países, al margen del Estado nacional.
Y también se definirá una nueva política de cobro de impuestos, se establecerá un demagógico nuevo salario mínimo para complacer a la población, se creará una propia defensoría del pueblo, y una propia oficina de derechos humanos y así, en esa línea, se adoptarán varias otras medidas que usurparán, a no dudarlo, las funciones del Estado central.
Ahora, como el gobierno nacional no podrá tolerar tales disposiciones, entonces se plantearán varios enfrentamientos particulares que terminarán en un enfrentamiento generalizado que abarcará todos los campos de la actividad.
Y ese enfrentamiento, que creará mucha violencia y que probablemente arroje víctimas, será aprovechado por los grupos oligárquicos de Santa Cruz para plantear directamente la separación.
“No nos dejan ser autónomos, dirán esos grupos dominantes, por lo tanto nos independizamos constituyendo un nuevo Estado con los departamentos que dijeron Sí a las autonomías, y con aquellos otros que también quieran sumarse al proyecto.
Ese panorama, muy claro por cierto, es el que se viene planteando en nuestro país en un futuro inmediato.
La nación boliviana, pues está en un grave peligro, y eso debe obligar a todos los ciudadanos patriotas a adoptar una postura, y a movilizarse en defensa de la Patria.
¿Se deberá permitir que el proyecto separatistas siga avanzando ante la paciencia de unos y la indiferencia de otros?
Los bolivianos tienen la obligación de pronunciarse al respecto.
USAID, siniestro organismo de espionaje y penetración
“USAID, siniestro organismo de espionaje y penetración”, es el título de un artículo elaborado y publicado por el periodista Fortunato Esquivel, y que comenta el rol de desestabilización de los gobiernos populares que esa agencia ha jugado, y sigue jugando, en nuestro país.
USAID, dice Esquivel, es parte de un aparato de penetración y dominio imperialista que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Fundación Interamericana antes conocida como la Alianza para el Progreso, al Banco de Importaciones y Exportaciones EXIMBANK, a la Organización para el Fomento de Inversiones en América latina, al Cuerpo de Paz, a la Fundación Nacional para la Democracia, y a otros organismos más.
Este aparato, señala Fortunato Esquivel, actúa como producto de una elaborada y cuidadosa estrategia entre el Estado norteamericano y sus capitalistas monopólicos, a fin de garantizar el fácil saqueo de los países del tercer mundo, ricos en materias primas urgentes para el imperio.
Oficialmente USAID “ayuda” a Bolivia con 120 millones de dólares, de cuyo mayor porcentaje no informa al gobierno.
Son cuatro los tipos de programas que financia USAID, actuando como un verdadero Caballo de Troya del imperio norteamericano.
Ellos son préstamos para el desarrollo, programas de ayuda técnica, fondos para emergencias y programa de apoyo militar y político.
“El presidente Morales, dice Fortunato Esquivel, denunció que USAID financia ONG’s, organizaciones cívicas y políticas que buscan derrocarle del gobierno.
“Pero, precisamente, este último programa busca no sólo frenar y destruir los movimientos revolucionarios, como el proceso de cambio que lidera, sino que para ese objetivo tiene elaborado todo un manual represivo revelado por José Manuel Nava en el diario Excelsior de México y el periódico Hoy de la ciudad de La Paz, el 23 de noviembre de 1978, bajo el título “Manual sobre represión y espionaje de la Agencia Interamericana de Desarrollo AID.
Los dineros son canalizados de diversas maneras para garantizar la penetración en los países donde actúa.
Dispone de préstamos a estadounidenses para que estos los inviertan en empresas bolivianas a fin de garantizar su control.
Por los años 80 varias de estas inversiones estaban dirigidas a fábricas de cemento.
Otro explosivo sector que interesa controlar es el agro, para evitar que la extrema pobreza convierta a los campesinos en baluarte de rebelión, como ocurrió en recientes años, hasta situar en el gobierno al actual primer mandatario, a quien se pretende derrocar.
Este organismo de penetración no tiene un pasado muy limpio en nuestro país.
Por el contrario, siempre estuvo involucrado en proyectos nada recomendables como el control de la natalidad.
En la década de los años 70, la propia jerarquía de la Iglesia Católica denunció a USAID de financiar programas de control de la natalidad con la complicidad del entonces gobierno dictatorial de Hugo Bánzer Suárez.
USAID es tristemente célebre por las grandes cantidades de dólares destinados a gastos que nada tienen que ver con el desarrollo.
Presuntamente esta es la razón por la que se niega a rendir cuentas sobre los destinos que da a los 120 millones de dólares supuestamente invertidos cada año en Bolivia.
La Fundación Nacional para la Democracia, sigue diciendo Esquivel, es una institución cuasi gubernamental, fundada en los años 70, supuestamente para promocionar la democracia, pero su verdadera labor es conspirar contra los gobiernos que no son favorables a los Estados Unidos, disponiendo anualmente de presupuestos superiores a los 30 millones de dólares.
Este dinero se distribuye por dos vías, una directamente y otra a través de los partidos demócrata y republicano, cámara de comercio de los Estados Unidos y el sindicato amarillista
AFL – CIO.
Esos los aspecto centrales del artículo elaborado por el periodista Fortunato Esquivel, y que muestran el oscuro rol desestabilizador que juega USAID, la agencia que camufla su conspiración contra el proceso de cambio, con aparentes programas de cooperación para el desarrollo.
USAID, dice Esquivel, es parte de un aparato de penetración y dominio imperialista que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Fundación Interamericana antes conocida como la Alianza para el Progreso, al Banco de Importaciones y Exportaciones EXIMBANK, a la Organización para el Fomento de Inversiones en América latina, al Cuerpo de Paz, a la Fundación Nacional para la Democracia, y a otros organismos más.
Este aparato, señala Fortunato Esquivel, actúa como producto de una elaborada y cuidadosa estrategia entre el Estado norteamericano y sus capitalistas monopólicos, a fin de garantizar el fácil saqueo de los países del tercer mundo, ricos en materias primas urgentes para el imperio.
Oficialmente USAID “ayuda” a Bolivia con 120 millones de dólares, de cuyo mayor porcentaje no informa al gobierno.
Son cuatro los tipos de programas que financia USAID, actuando como un verdadero Caballo de Troya del imperio norteamericano.
Ellos son préstamos para el desarrollo, programas de ayuda técnica, fondos para emergencias y programa de apoyo militar y político.
“El presidente Morales, dice Fortunato Esquivel, denunció que USAID financia ONG’s, organizaciones cívicas y políticas que buscan derrocarle del gobierno.
“Pero, precisamente, este último programa busca no sólo frenar y destruir los movimientos revolucionarios, como el proceso de cambio que lidera, sino que para ese objetivo tiene elaborado todo un manual represivo revelado por José Manuel Nava en el diario Excelsior de México y el periódico Hoy de la ciudad de La Paz, el 23 de noviembre de 1978, bajo el título “Manual sobre represión y espionaje de la Agencia Interamericana de Desarrollo AID.
Los dineros son canalizados de diversas maneras para garantizar la penetración en los países donde actúa.
Dispone de préstamos a estadounidenses para que estos los inviertan en empresas bolivianas a fin de garantizar su control.
Por los años 80 varias de estas inversiones estaban dirigidas a fábricas de cemento.
Otro explosivo sector que interesa controlar es el agro, para evitar que la extrema pobreza convierta a los campesinos en baluarte de rebelión, como ocurrió en recientes años, hasta situar en el gobierno al actual primer mandatario, a quien se pretende derrocar.
Este organismo de penetración no tiene un pasado muy limpio en nuestro país.
Por el contrario, siempre estuvo involucrado en proyectos nada recomendables como el control de la natalidad.
En la década de los años 70, la propia jerarquía de la Iglesia Católica denunció a USAID de financiar programas de control de la natalidad con la complicidad del entonces gobierno dictatorial de Hugo Bánzer Suárez.
USAID es tristemente célebre por las grandes cantidades de dólares destinados a gastos que nada tienen que ver con el desarrollo.
Presuntamente esta es la razón por la que se niega a rendir cuentas sobre los destinos que da a los 120 millones de dólares supuestamente invertidos cada año en Bolivia.
La Fundación Nacional para la Democracia, sigue diciendo Esquivel, es una institución cuasi gubernamental, fundada en los años 70, supuestamente para promocionar la democracia, pero su verdadera labor es conspirar contra los gobiernos que no son favorables a los Estados Unidos, disponiendo anualmente de presupuestos superiores a los 30 millones de dólares.
Este dinero se distribuye por dos vías, una directamente y otra a través de los partidos demócrata y republicano, cámara de comercio de los Estados Unidos y el sindicato amarillista
AFL – CIO.
Esos los aspecto centrales del artículo elaborado por el periodista Fortunato Esquivel, y que muestran el oscuro rol desestabilizador que juega USAID, la agencia que camufla su conspiración contra el proceso de cambio, con aparentes programas de cooperación para el desarrollo.
Conclusiones del Cuarto Encuentro Social Alternativo
“Rechazamos el referendo del 4 de mayo por ser una imposición política y de los grupos minoritarios y de poder de Santa Cruz, que con violencia, atemorizando, y con una millonaria campaña a través de sus medios de comunicación, le quieren imponer al pueblo para perpetuarse en el poder en Santa Cruz y en la región denominada Media Luna,
Esa es una de las principales resoluciones aprobadas por el Cuarto Encuentro Social Alternativo cumplido en Santa Cruz entre los días 29 y 30 del pasado mes de marzo.
Ese estatuto, señalan las resoluciones, tiene una naturaleza secesionista, excluyente y centralista y está utilizando el legítimo sentimiento autonomista del pueblo, para que los grupos dominantes se apoderen del poder político, económico y social y de las riquezas de Santa Cruz.
En esa misma medida, los más de 700 representantes de organizaciones sociales del país, determinaron apoyar el proyecto de nueva Constitución Política del Estado y trabajar de manera enérgica para que dicha Constitución sea aprobada en el referendo a desarrollarse en próximos meses.
“No se puede comparar el estatuto autonómico de Santa Cruz con la propuesta de nueva Constitución Política del Estado, porque ambos documentos han tenido muy diferentes niveles de participación y consulta”, indica el documento.
La propuesta de Constitución fue hecha por representantes elegidos por el voto soberano, luego de un largo periodo de trabajo y de consultas con muchísimos sectores y organizaciones de la sociedad civil.
En cambio, los estatutos de Santa Cruz fueron redactados por personas que no fueron elegidas para cumplir dicha tarea y constituyen una copia de estatutos elaborados en otras naciones, de modo que de ninguna manera pueden representar los intereses y los ideales del pueblo.
“Denunciamos, siguen diciendo las resoluciones del Encuentro Social Alternativo, que los grupos de poder de Santa Cruz recurren a la cooptación e intimidación de dirigentes para mantener sus privilegios y conspirar contra el proceso de cambio expresado en la nueva Constitución Política del Estado.
Expresan luego la intención de luchar por autonomías democráticas construidas y aprobadas por el pueblo y, particularmente, los procesos autonómicos de los pueblos indígenas y regiones de Santa Cruz para que, en el marco de la unidad nacional se construya un Estado Plurinacional.
“La Gestión Territorial Autónoma, sigue diciendo el documento, es el camino que conducirá a profundizar e institucionalizar la práctica de las autonomías de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia, en la nueva agenda de las organizaciones rurales que emerge e integra la diversidad de visiones, a partir del ejercicio de derechos para participar y decidir en las políticas públicas.
Agrega luego que, tanto en Santa Cruz como en las otras ciudades, es necesario reconstruir el Movimiento Popular Urbano para profundizar el proceso de cambio iniciado en el año 2000 con la Guerra del Agua, y para evitar que proyectos como el de los estatutos autonómicos de las clases dominantes sigan manteniendo a los trabajadores y gente de los sectores populares en la situación de marginación y exclusión en que han vivido.
Para el avance de las luchas del pueblo, los representantes al Cuarto Encuentro Social Alternativo cumplido en Santa Cruz destacan la necesidad de recordar la historia, tanto la más antigua como la más reciente.
“Quien no tiene memoria no tiene pasado y, por lo tanto, no tendrá jamás futuro”, dice el documento.
En otro orden de cosas, el Encuentro, que se declara plural, diverso, amplio, no confesional, anti racista, no fundamentalista y no partidario, manifiesta su disposición a recibir con los brazos abiertos a todas aquellas personas que han luchado, luchan y lucharán contra el neoliberalismo, “un modelo económico, político y social que nos ha empobrecido y que únicamente ha servido para saquear nuestros recursos naturale”.
Por último, y tocando otros temas, las resoluciones rechazan todo intento de lucro o privatización del agua, por ser el mismo un recurso natural necesario para la vida.
También se oponen a los acuerdos de libre comercio con que se está intentando someter a nuestros pueblos al interés de las grandes corporaciones transnacionales.
Esas algunas de las importantes resoluciones del Cuarto Encuentro Social Alternativo cumplido en Santa Cruz, a fines el pasado mes de marzo, y al que concurrieron más de 700 representantes de organizaciones sociales y populares de todo el país.
Como era de esperar, y pese a su importancia, las redes privadas de televisión y los principales periódico del país decidieron ignorar este Encuentro.
Ello se entiende porque esos periódicos y esas redes privadas de televisión, defienden los intereses de la derecha, de los grupos dominantes del país, y acallan toda manifestación o pronunciamiento que proviene del campo popular.
Pese a ello, el Encuentro tuvo gran resonancia, y sus conclusiones se traducirán en acciones concretas que incidirán en las luchas sociales del país.
Esa es una de las principales resoluciones aprobadas por el Cuarto Encuentro Social Alternativo cumplido en Santa Cruz entre los días 29 y 30 del pasado mes de marzo.
Ese estatuto, señalan las resoluciones, tiene una naturaleza secesionista, excluyente y centralista y está utilizando el legítimo sentimiento autonomista del pueblo, para que los grupos dominantes se apoderen del poder político, económico y social y de las riquezas de Santa Cruz.
En esa misma medida, los más de 700 representantes de organizaciones sociales del país, determinaron apoyar el proyecto de nueva Constitución Política del Estado y trabajar de manera enérgica para que dicha Constitución sea aprobada en el referendo a desarrollarse en próximos meses.
“No se puede comparar el estatuto autonómico de Santa Cruz con la propuesta de nueva Constitución Política del Estado, porque ambos documentos han tenido muy diferentes niveles de participación y consulta”, indica el documento.
La propuesta de Constitución fue hecha por representantes elegidos por el voto soberano, luego de un largo periodo de trabajo y de consultas con muchísimos sectores y organizaciones de la sociedad civil.
En cambio, los estatutos de Santa Cruz fueron redactados por personas que no fueron elegidas para cumplir dicha tarea y constituyen una copia de estatutos elaborados en otras naciones, de modo que de ninguna manera pueden representar los intereses y los ideales del pueblo.
“Denunciamos, siguen diciendo las resoluciones del Encuentro Social Alternativo, que los grupos de poder de Santa Cruz recurren a la cooptación e intimidación de dirigentes para mantener sus privilegios y conspirar contra el proceso de cambio expresado en la nueva Constitución Política del Estado.
Expresan luego la intención de luchar por autonomías democráticas construidas y aprobadas por el pueblo y, particularmente, los procesos autonómicos de los pueblos indígenas y regiones de Santa Cruz para que, en el marco de la unidad nacional se construya un Estado Plurinacional.
“La Gestión Territorial Autónoma, sigue diciendo el documento, es el camino que conducirá a profundizar e institucionalizar la práctica de las autonomías de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia, en la nueva agenda de las organizaciones rurales que emerge e integra la diversidad de visiones, a partir del ejercicio de derechos para participar y decidir en las políticas públicas.
Agrega luego que, tanto en Santa Cruz como en las otras ciudades, es necesario reconstruir el Movimiento Popular Urbano para profundizar el proceso de cambio iniciado en el año 2000 con la Guerra del Agua, y para evitar que proyectos como el de los estatutos autonómicos de las clases dominantes sigan manteniendo a los trabajadores y gente de los sectores populares en la situación de marginación y exclusión en que han vivido.
Para el avance de las luchas del pueblo, los representantes al Cuarto Encuentro Social Alternativo cumplido en Santa Cruz destacan la necesidad de recordar la historia, tanto la más antigua como la más reciente.
“Quien no tiene memoria no tiene pasado y, por lo tanto, no tendrá jamás futuro”, dice el documento.
En otro orden de cosas, el Encuentro, que se declara plural, diverso, amplio, no confesional, anti racista, no fundamentalista y no partidario, manifiesta su disposición a recibir con los brazos abiertos a todas aquellas personas que han luchado, luchan y lucharán contra el neoliberalismo, “un modelo económico, político y social que nos ha empobrecido y que únicamente ha servido para saquear nuestros recursos naturale”.
Por último, y tocando otros temas, las resoluciones rechazan todo intento de lucro o privatización del agua, por ser el mismo un recurso natural necesario para la vida.
También se oponen a los acuerdos de libre comercio con que se está intentando someter a nuestros pueblos al interés de las grandes corporaciones transnacionales.
Esas algunas de las importantes resoluciones del Cuarto Encuentro Social Alternativo cumplido en Santa Cruz, a fines el pasado mes de marzo, y al que concurrieron más de 700 representantes de organizaciones sociales y populares de todo el país.
Como era de esperar, y pese a su importancia, las redes privadas de televisión y los principales periódico del país decidieron ignorar este Encuentro.
Ello se entiende porque esos periódicos y esas redes privadas de televisión, defienden los intereses de la derecha, de los grupos dominantes del país, y acallan toda manifestación o pronunciamiento que proviene del campo popular.
Pese a ello, el Encuentro tuvo gran resonancia, y sus conclusiones se traducirán en acciones concretas que incidirán en las luchas sociales del país.
Respuesta al clamor de los pobres, un antiguo documento de plena actualidad
Quieren para sí toda la tierra, todos los bienes, todos los recursos naturales,
Y por ello insisten en la aprobación de su estatuto autonómico, aunque sea ilegal, anticonstitucional, y aunque lleve al país a una grave división y a un grave enfrentamiento.
Pero en ello están los sectores dominantes de Santa Cruz, y en esa postura parece que van a proseguir actuando con soberbia, prepotencia y agresividad.
A esos grupos oligárquicos, que atentan contra la unidad nacional, defendiendo sus intereses de grupo, es preciso hacerles conocer las reflexiones que, hace algunas décadas, hicieron conocer obispos de nuestros países latinoamericanos, en un documento denominado Respuesta al Clamor de los Pobres.
El documento de los obispos, en una de sus partes, se refería al tema de la tierra y decía, textualmente, que “la tierra se ha dado a todo el mundo y no solamente a los ricos, haciendo referencia a una frase de San Ambrosio, contenida también en la encíclica Populorum Progressio.
Luego, el documento señalaba que los padres de la Iglesia han ido repitiendo el Evangelio diciendo “comparte tu cosecha con tus hermanos”.
“Comparte la recolección que mañana estará podrida”.
“¡ Atroz avaricia la del que deja todo enmohecer antes que dejarlo a los menesterosos!”
“El avaro responde: ¿a quién hago daño no dando lo que me pertenece?”
“Pero, ¿cuáles son, dime, los bienes que te pertenecen?” ¿De dónde los has sacado?”
“Tú te pareces a un hombre que tomando lugar en el teatro, quisiera impedir la entrada a los otros, y pretendiera goza solo del espectáculo al cual todos tienen derecho
“Así son los ricos: se declaran dueños de los bienes comunes que han acaparado, porque han sido los primeros en ocuparlos”.
“Si cada uno no guardara más de lo que es necesario para sus necesidades cotidianas y dejara lo superfluo a los indigentes, la riqueza y la pobreza serían abolidas”.
“Al hambriento pertenece el pan que tú guardas”.
“Al hombre desnudo el abrigo que guardan tus cofres”.
“Al descalzo los zapatos que se pudren en tu casa. Al miserable el dinero que tienes oculto”.
“Así oprimes a tanta gente que podrías ayudar”.
“”No, no es tu derecho a tener lo que se condena aquí sino tu negativa a compartir
El mismo documento, denominado Respuesta al Clamor de los Pobres, dice luego algunos conceptos sobre el capitalismo y el socialismo.
Y señala que “teniendo en cuenta ciertas necesidades para ciertos progresos materiales la Iglesia, desde hace un siglo, ha tolerado al capitalismo con el préstamo a interés legal y sus otros usos, pero conforme con la moral de los profetas y del evangelio”.
“Pero la Iglesia no puede menos que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de esta moral”.
“Corresponderá a los cristianos, según la invitación del anterior Papa Pablo VI, reconducir a sus verdaderas fuentes cristianas estas corrientes de valores morales que son la solidaridad, la fraternidad, la socialización”.
“Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos”.
“Muy lejos de mostrarnos hostiles, sepamos adherir a él con alegría, como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio”.
“Así evitaremos que algunos confundan Dios y la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores que son, en efecto, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo”.
Esos conceptos, emitidos hace varias décadas por obispos del llamado Tercer Mundo condenan directamente, como puede verse, las actitudes de los grupos dominantes del oriente que están en una lucha cerrada para hacer prevalecer sus privilegios.
Esos grupos no comparten sus bienes, acaparan la tierra, quieren ser los dueños únicos de las riquezas naturales que a todos pertenecen.
Su conducta, como se ve, además de ser inmoral e ilegal, es absolutamente anti evangélica, y atenta contra la voluntad de Dios, que quiere el bien para todos sus hijos.
Pero, ¿servirán de algo estos mensaje del Evangelio para que esos sectores de la oligarquía modifiquen sus actitudes?
Seguramente no.
Entonces al pueblo le quedará el derecho natural y divino de evitar que esas políticas egoístas predominen y terminen por destruir el país.
De todos modos, las palabras del Evangelio están ahí, para el que quiera escucharlas.
“La tierra ha sido entregada por Dios a todos los hombres, y no solamente a los ricos”.
“Al pobre le pertenecen los alimentos que acaparas”.
“No es tu derecho a tener lo que se condena, sino tu negativa a compartir”.
Y por ello insisten en la aprobación de su estatuto autonómico, aunque sea ilegal, anticonstitucional, y aunque lleve al país a una grave división y a un grave enfrentamiento.
Pero en ello están los sectores dominantes de Santa Cruz, y en esa postura parece que van a proseguir actuando con soberbia, prepotencia y agresividad.
A esos grupos oligárquicos, que atentan contra la unidad nacional, defendiendo sus intereses de grupo, es preciso hacerles conocer las reflexiones que, hace algunas décadas, hicieron conocer obispos de nuestros países latinoamericanos, en un documento denominado Respuesta al Clamor de los Pobres.
El documento de los obispos, en una de sus partes, se refería al tema de la tierra y decía, textualmente, que “la tierra se ha dado a todo el mundo y no solamente a los ricos, haciendo referencia a una frase de San Ambrosio, contenida también en la encíclica Populorum Progressio.
Luego, el documento señalaba que los padres de la Iglesia han ido repitiendo el Evangelio diciendo “comparte tu cosecha con tus hermanos”.
“Comparte la recolección que mañana estará podrida”.
“¡ Atroz avaricia la del que deja todo enmohecer antes que dejarlo a los menesterosos!”
“El avaro responde: ¿a quién hago daño no dando lo que me pertenece?”
“Pero, ¿cuáles son, dime, los bienes que te pertenecen?” ¿De dónde los has sacado?”
“Tú te pareces a un hombre que tomando lugar en el teatro, quisiera impedir la entrada a los otros, y pretendiera goza solo del espectáculo al cual todos tienen derecho
“Así son los ricos: se declaran dueños de los bienes comunes que han acaparado, porque han sido los primeros en ocuparlos”.
“Si cada uno no guardara más de lo que es necesario para sus necesidades cotidianas y dejara lo superfluo a los indigentes, la riqueza y la pobreza serían abolidas”.
“Al hambriento pertenece el pan que tú guardas”.
“Al hombre desnudo el abrigo que guardan tus cofres”.
“Al descalzo los zapatos que se pudren en tu casa. Al miserable el dinero que tienes oculto”.
“Así oprimes a tanta gente que podrías ayudar”.
“”No, no es tu derecho a tener lo que se condena aquí sino tu negativa a compartir
El mismo documento, denominado Respuesta al Clamor de los Pobres, dice luego algunos conceptos sobre el capitalismo y el socialismo.
Y señala que “teniendo en cuenta ciertas necesidades para ciertos progresos materiales la Iglesia, desde hace un siglo, ha tolerado al capitalismo con el préstamo a interés legal y sus otros usos, pero conforme con la moral de los profetas y del evangelio”.
“Pero la Iglesia no puede menos que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de esta moral”.
“Corresponderá a los cristianos, según la invitación del anterior Papa Pablo VI, reconducir a sus verdaderas fuentes cristianas estas corrientes de valores morales que son la solidaridad, la fraternidad, la socialización”.
“Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos”.
“Muy lejos de mostrarnos hostiles, sepamos adherir a él con alegría, como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio”.
“Así evitaremos que algunos confundan Dios y la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores que son, en efecto, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo”.
Esos conceptos, emitidos hace varias décadas por obispos del llamado Tercer Mundo condenan directamente, como puede verse, las actitudes de los grupos dominantes del oriente que están en una lucha cerrada para hacer prevalecer sus privilegios.
Esos grupos no comparten sus bienes, acaparan la tierra, quieren ser los dueños únicos de las riquezas naturales que a todos pertenecen.
Su conducta, como se ve, además de ser inmoral e ilegal, es absolutamente anti evangélica, y atenta contra la voluntad de Dios, que quiere el bien para todos sus hijos.
Pero, ¿servirán de algo estos mensaje del Evangelio para que esos sectores de la oligarquía modifiquen sus actitudes?
Seguramente no.
Entonces al pueblo le quedará el derecho natural y divino de evitar que esas políticas egoístas predominen y terminen por destruir el país.
De todos modos, las palabras del Evangelio están ahí, para el que quiera escucharlas.
“La tierra ha sido entregada por Dios a todos los hombres, y no solamente a los ricos”.
“Al pobre le pertenecen los alimentos que acaparas”.
“No es tu derecho a tener lo que se condena, sino tu negativa a compartir”.
Demagogia e irresponsabilidad del prefecto Costas
Un salario mínimo departamental de mil bolivianos, es lo que prometió el prefecto Rubén Costas para cuando Santa Cruz sea autónoma, cosa que comenzará a ocurrir, según dice, a partir del 5 de mayo próximo.
¡Mil bolivianos de salario mínimo departamental!
¿Se habrá visto semejante demagogia y semejante irresponsabilidad?
¿Tendrá idea, el prefecto Costas, de lo que tal salario significaría?
¿Se imaginará, siquiera remotamente, el efecto de elevación incontenible del costo de la vida que un salario así supondría?
¿No le habrán explicado que la subida de los salarios debe estar estrechamente relacionada con otras medidas para evitar distorsiones que quiebren el equilibrio económico?
Y, ¿de dónde pensará sacar dinero, el señor Costas, para cubrir esa duplicación del salario mínimo, en su departamento?
Al gobierno nacional, obviamente que le interesaría elevar los salarios a niveles mucho mayores, para tranquilizar los reclamos de los sectores sociales.
Pero, obrando con responsabilidad, sabe el gobierno, que antes de adoptar medidas de ese tipo, debe considerar otros factores del comportamiento de la economía, para evitar una hecatombe de consecuencias desastrosas.
Y entonces, año tras año, negocia con cuidado, otorgando aumentos que no atenten contra la estabilidad económica.
Pero al prefecto de Santa Cruz esa estabilidad parece importarle un rábano, porque alegremente habla de un salario mínimo de mil bolivianos, sin explicar que la inflación subsiguiente reduciría esos mil bolivianos a casi nada.
¿Acaso nuestro país no vivió fenómenos parecidos en épocas pasadas?
¿Acaso no han visto, los bolivianos, lo desastrosas que son esas políticas de elevaciones irracionales de los niveles de salarios?
Prosiguiendo con su clarísima demagogia, el prefecto de Santa Cruz ha anunciado que, a partir del 5 de mayo, los exportadores de Santa Cruz podrán exportar sin intervención del gobierno central, y sólo con la autorización de la prefectura.
¿Es que tampoco le habrán dicho que, en materia de exportaciones e importaciones, las naciones del mundo proceden de acuerdo a convenios firmados entre países?
¿Que esas exportaciones e importaciones tienen que acomodarse a controles de calidad y saneamiento, y a normas y reglamentos establecidos en los diferentes acuerdos?
No puede, un departamento, por más autónomo que sea, decidir qué va a exportar, a dónde va a exportar y en qué cantidades va a exportar, al margen de las decisiones del gobierno nacional.
Ningún país aceptaría hacer ningún acuerdo de compra de nada, pasando por encima de lo que decida el gobierno central, porque eso vulneraría tratados internacionales que rigen el comercio de las naciones.
De modo que decir que desde la prefectura se decidirá la política de exportaciones, es decir una mentira y es engañar a los ingenuos para que aprueben el estatuto autonómico.
En otro orden de cosas , el prefecto Rubén Costas ha señalado que la prefectura organizará su propia policía regional, y esto sí es grave.
Porque la Policía, así como las Fuerzas Armadas, son instituciones nacionales, que tienen una estructura vertical y que responden a un mando único.
No puede haber, en consecuencia, varias policías que dependan de varias prefecturas, así como carnavalescamente viene anunciando el prefecto Costas.
Según se conoce, desde la prefectura cruceña se ha ido alentando para que policías de seguridad física se rebelen contra los mandos policiales nacionales, de modo que puedan ser luego asimilados a esa policía regional cruceña.
De la misma forma, se ha ido alentando para que jóvenes con tendencias agresivas, muy dados a la bebida y a la vida alegre e irresponsable, entren a militar en la llamada Unión Juvenil Cruceñista con la promesa de formar parte de la próxima policía regional.
¿Habrá reflexionado, el prefecto Costas, sobre el riesgo que esas iniciativas suponen?
¿Será consciente de que, actuando así, está dando paso a un enfrentamiento donde podría correr mucha sangre?
¿O será eso lo que busca, para así seguir agitando, tomando como banderas a los muertos que puedan haber?
Como puede verse, el prefecto Rubén Costas de Santa Cruz, está enloquecido.
Soberbio, prepotente, irrespetuoso, agresivo, se mueve con la mentalidad de los fascistas, para quienes la única voluntad que debe prevalecer es la suya, y la única verdad que existe es la que ellos pregonan.
Y en esa medida no interesa la opinión ajena ni los derechos ajenos.
Esa autonomía, pues, es la que se propugna desde Santa Cruz.
Una autonomía que tiene, tras de sí, el proyecto de separación y división del país, para dar nacimiento a la nación camba, fascista y oligárquica.
¿Permitirán, los bolivianos honestos y patriotas, que un proyecto así prospere?
¡Mil bolivianos de salario mínimo departamental!
¿Se habrá visto semejante demagogia y semejante irresponsabilidad?
¿Tendrá idea, el prefecto Costas, de lo que tal salario significaría?
¿Se imaginará, siquiera remotamente, el efecto de elevación incontenible del costo de la vida que un salario así supondría?
¿No le habrán explicado que la subida de los salarios debe estar estrechamente relacionada con otras medidas para evitar distorsiones que quiebren el equilibrio económico?
Y, ¿de dónde pensará sacar dinero, el señor Costas, para cubrir esa duplicación del salario mínimo, en su departamento?
Al gobierno nacional, obviamente que le interesaría elevar los salarios a niveles mucho mayores, para tranquilizar los reclamos de los sectores sociales.
Pero, obrando con responsabilidad, sabe el gobierno, que antes de adoptar medidas de ese tipo, debe considerar otros factores del comportamiento de la economía, para evitar una hecatombe de consecuencias desastrosas.
Y entonces, año tras año, negocia con cuidado, otorgando aumentos que no atenten contra la estabilidad económica.
Pero al prefecto de Santa Cruz esa estabilidad parece importarle un rábano, porque alegremente habla de un salario mínimo de mil bolivianos, sin explicar que la inflación subsiguiente reduciría esos mil bolivianos a casi nada.
¿Acaso nuestro país no vivió fenómenos parecidos en épocas pasadas?
¿Acaso no han visto, los bolivianos, lo desastrosas que son esas políticas de elevaciones irracionales de los niveles de salarios?
Prosiguiendo con su clarísima demagogia, el prefecto de Santa Cruz ha anunciado que, a partir del 5 de mayo, los exportadores de Santa Cruz podrán exportar sin intervención del gobierno central, y sólo con la autorización de la prefectura.
¿Es que tampoco le habrán dicho que, en materia de exportaciones e importaciones, las naciones del mundo proceden de acuerdo a convenios firmados entre países?
¿Que esas exportaciones e importaciones tienen que acomodarse a controles de calidad y saneamiento, y a normas y reglamentos establecidos en los diferentes acuerdos?
No puede, un departamento, por más autónomo que sea, decidir qué va a exportar, a dónde va a exportar y en qué cantidades va a exportar, al margen de las decisiones del gobierno nacional.
Ningún país aceptaría hacer ningún acuerdo de compra de nada, pasando por encima de lo que decida el gobierno central, porque eso vulneraría tratados internacionales que rigen el comercio de las naciones.
De modo que decir que desde la prefectura se decidirá la política de exportaciones, es decir una mentira y es engañar a los ingenuos para que aprueben el estatuto autonómico.
En otro orden de cosas , el prefecto Rubén Costas ha señalado que la prefectura organizará su propia policía regional, y esto sí es grave.
Porque la Policía, así como las Fuerzas Armadas, son instituciones nacionales, que tienen una estructura vertical y que responden a un mando único.
No puede haber, en consecuencia, varias policías que dependan de varias prefecturas, así como carnavalescamente viene anunciando el prefecto Costas.
Según se conoce, desde la prefectura cruceña se ha ido alentando para que policías de seguridad física se rebelen contra los mandos policiales nacionales, de modo que puedan ser luego asimilados a esa policía regional cruceña.
De la misma forma, se ha ido alentando para que jóvenes con tendencias agresivas, muy dados a la bebida y a la vida alegre e irresponsable, entren a militar en la llamada Unión Juvenil Cruceñista con la promesa de formar parte de la próxima policía regional.
¿Habrá reflexionado, el prefecto Costas, sobre el riesgo que esas iniciativas suponen?
¿Será consciente de que, actuando así, está dando paso a un enfrentamiento donde podría correr mucha sangre?
¿O será eso lo que busca, para así seguir agitando, tomando como banderas a los muertos que puedan haber?
Como puede verse, el prefecto Rubén Costas de Santa Cruz, está enloquecido.
Soberbio, prepotente, irrespetuoso, agresivo, se mueve con la mentalidad de los fascistas, para quienes la única voluntad que debe prevalecer es la suya, y la única verdad que existe es la que ellos pregonan.
Y en esa medida no interesa la opinión ajena ni los derechos ajenos.
Esa autonomía, pues, es la que se propugna desde Santa Cruz.
Una autonomía que tiene, tras de sí, el proyecto de separación y división del país, para dar nacimiento a la nación camba, fascista y oligárquica.
¿Permitirán, los bolivianos honestos y patriotas, que un proyecto así prospere?
jueves, 3 de abril de 2008
Prefectura y comité cívico cruceño, al borde la sedición
Con diálogo o sin diálogo el referendo autonómico va adelante el próximo 4 de mayo.
Eso señalaron los dirigentes del comité cívico y de la prefectura de Santa Cruz, y eso parece que va a ocurrir de cualquier manera.
Lo cual significa que a partir del 5 de mayo ese comité cívico y esa prefectura habrán entrado al terreno de la ilegalidad y de la sedición y estarán sujetos a las sanciones que la ley prevé para estos casos.
Porque es obvio que con el aval de los resultados que arroje el referendo, la prefectura pretenderá constituirse en un gobierno departamental y buscará poner en vigencia los artículos señalados en su estatuto autonómico.
Y entonces se saldrá del marco establecido por la actual Constitución Política del Estado, y chocará frontalmente con el espíritu y la visión del nuevo proyecto de Constitución que deberá ser sometido a referendo en próximos meses.
La figura que se planteará, en ese momento, será la de una nación, Bolivia, con unas leyes y la de una región del país, en este caso Santa Cruz, con otras leyes, lo cual sería un absurdo absolutamente intolerable.
Pero hacia allá van los grupos dominantes de Santa Cruz, a manejar su propio país prescindiendo de la gran nación boliviana, y a perpetuar y consolidar por esa vía, el poderío económico que consiguieron en las últimas décadas, favorecidos por dictaduras y gobierno neoliberales.
Entienden, esos grupos dominantes, que en términos democráticos, ya no podrán recobrar el poder político del que disfrutaron en el pasado.
Que en Bolivia está en marcha un proceso de transformación que tendrá en el futuro a otros protagonistas, y entonces procuran hacerse fuertes en su región, para allí mandar y usufructuar de los beneficios que el poder otorga, a su completo arbitrio y sin controles de ninguna naturaleza.
Ahora, ¿podrán admitir, las autoridades nacionales y el pueblo en general, que una situación así prospere y vaya adelante?
¿Se podrá admitir, con resignación y tranquilidad, que Bolivia empiece a resquebrajarse para ver comprometida, en un futuro próximo su integridad territorial?
Las Fuerzas Armadas, por lo menos, ya se pronunciaron sobre este peligro y lo hicieron de manera enérgica y definitiva.
El General Luis Trigo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, advirtió que aquellas personas que impulsen la división del país, sufrirán sanciones que pueden ser del orden militar o civil.
“Las Fuerzas Armadas, dijo el General Trigo, garantizarán la unidad nacional y la estabilidad de la República”, advirtiendo que en ese sentido actuarán sin dudas de ninguna clase.
Hizo referencia, la mencionada autoridad, al artículo 208 de la Constitución Política del Estado, que señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental, defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República, y el honor y soberanía nacionales, asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país
Ahora, además de las Fuerzas Armadas, es importante que otros sectores e instituciones de la nación también se pronuncien sobre este mismo tema.
Que todos digan su palabra, porque detrás del referendo autonómico de Santa Cruz, se halla ya claramente expuesto el proyecto de división del país.
Y ese es un extremo que debe ser enérgicamente rechazado desde este mismo momento, con acciones que sean una clara advertencia para disuadir los afanes de los separatistas.
Unidad e integridad nacionales son las consignas que deben prevalecer en este momento.
La bandera boliviana por encima de la bandera cruceña.
Los intereses de las mayorías nacionales por encima de los intereses de los pequeños grupos de la oligarquía.
Con diálogo o sin diálogo, el referendo autonómico va adelante el próximo 4 de mayo, han dicho los dirigentes del comité cívico y de las prefectura de Santa Cruz.
Con estatuto autonómico o sin estatuto autonómico, Bolivia no se divide, y toda la nación se somete a una sola Constit6ución, se deberá responder a esos mismos dirigentes.
Eso señalaron los dirigentes del comité cívico y de la prefectura de Santa Cruz, y eso parece que va a ocurrir de cualquier manera.
Lo cual significa que a partir del 5 de mayo ese comité cívico y esa prefectura habrán entrado al terreno de la ilegalidad y de la sedición y estarán sujetos a las sanciones que la ley prevé para estos casos.
Porque es obvio que con el aval de los resultados que arroje el referendo, la prefectura pretenderá constituirse en un gobierno departamental y buscará poner en vigencia los artículos señalados en su estatuto autonómico.
Y entonces se saldrá del marco establecido por la actual Constitución Política del Estado, y chocará frontalmente con el espíritu y la visión del nuevo proyecto de Constitución que deberá ser sometido a referendo en próximos meses.
La figura que se planteará, en ese momento, será la de una nación, Bolivia, con unas leyes y la de una región del país, en este caso Santa Cruz, con otras leyes, lo cual sería un absurdo absolutamente intolerable.
Pero hacia allá van los grupos dominantes de Santa Cruz, a manejar su propio país prescindiendo de la gran nación boliviana, y a perpetuar y consolidar por esa vía, el poderío económico que consiguieron en las últimas décadas, favorecidos por dictaduras y gobierno neoliberales.
Entienden, esos grupos dominantes, que en términos democráticos, ya no podrán recobrar el poder político del que disfrutaron en el pasado.
Que en Bolivia está en marcha un proceso de transformación que tendrá en el futuro a otros protagonistas, y entonces procuran hacerse fuertes en su región, para allí mandar y usufructuar de los beneficios que el poder otorga, a su completo arbitrio y sin controles de ninguna naturaleza.
Ahora, ¿podrán admitir, las autoridades nacionales y el pueblo en general, que una situación así prospere y vaya adelante?
¿Se podrá admitir, con resignación y tranquilidad, que Bolivia empiece a resquebrajarse para ver comprometida, en un futuro próximo su integridad territorial?
Las Fuerzas Armadas, por lo menos, ya se pronunciaron sobre este peligro y lo hicieron de manera enérgica y definitiva.
El General Luis Trigo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, advirtió que aquellas personas que impulsen la división del país, sufrirán sanciones que pueden ser del orden militar o civil.
“Las Fuerzas Armadas, dijo el General Trigo, garantizarán la unidad nacional y la estabilidad de la República”, advirtiendo que en ese sentido actuarán sin dudas de ninguna clase.
Hizo referencia, la mencionada autoridad, al artículo 208 de la Constitución Política del Estado, que señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental, defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República, y el honor y soberanía nacionales, asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país
Ahora, además de las Fuerzas Armadas, es importante que otros sectores e instituciones de la nación también se pronuncien sobre este mismo tema.
Que todos digan su palabra, porque detrás del referendo autonómico de Santa Cruz, se halla ya claramente expuesto el proyecto de división del país.
Y ese es un extremo que debe ser enérgicamente rechazado desde este mismo momento, con acciones que sean una clara advertencia para disuadir los afanes de los separatistas.
Unidad e integridad nacionales son las consignas que deben prevalecer en este momento.
La bandera boliviana por encima de la bandera cruceña.
Los intereses de las mayorías nacionales por encima de los intereses de los pequeños grupos de la oligarquía.
Con diálogo o sin diálogo, el referendo autonómico va adelante el próximo 4 de mayo, han dicho los dirigentes del comité cívico y de las prefectura de Santa Cruz.
Con estatuto autonómico o sin estatuto autonómico, Bolivia no se divide, y toda la nación se somete a una sola Constit6ución, se deberá responder a esos mismos dirigentes.
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