El referendo cruceño es unilateral y está al margen de la Constitución.

El referendo convocado por las autoridades de Santa Cruz es unilateral y está al margen de la Constitución Política del Estado.

Eso es lo que afirma, de manera contundente, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

De la misma manera, el mencionado Relator expresa que el estatuto autonómico que se pretende aprobar en Santa Cruz, “incluye algunas disposiciones de tinte racista, altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Las mencionadas afirmaciones y otras alusivas al tema, fueron publicadas, recientemente, por el Centro de Noticias de las Naciones Unidas.

Las mismas, expresadas en una forma clara y definitiva por el señor Stavenhagen, decían lo siguiente:

“Observo con preocupación la intención de las autoridades del departamento de Santa Cruz de proceder a un referendo unilateral sobre la autonomía departamental al margen de la Constitución Política del Estado mediante la presentación de un proyecto de estatuto autonómico que incluye algunas disposiciones de tinte racista altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas de ese departamento, concretamente en el proyectado artículo 161.

Los derechos humanos de los pueblos indígenas están garantizados por las leyes del país que incluyen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que deben ser respetados por todos los niveles de Gobierno, especialmente en el marco del debate sobre las autonomías.

Hago un llamado a las autoridades y al pueblo cruceño, sigue diciendo Stavenhagen, para que no permitan que en el nombre de la legítima aspiración a la autonomía departamental se vulneren los derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz.

También observo, con preocupación y condeno las agresiones que en días pasados sufrieron en la región del Chaco de Santa Cruz algunos funcionarios públicos y miembros de comunidades guaraníes en el marco de la aplicación del proceso de saneamiento de los territorios ancestrales de este pueblo, muchos de cuyos integrantes continúan viviendo en situación de servidumbre.

Esas condiciones las he denunciado en el Informe sobre mi misión en Bolivia.

Las autoridades del departamento de Santa Cruz tienen la obligación de velar por mantener el estado de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que vulnera la solución pacífica de los problemas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su libertad, autonomía y tierras”.

¿Qué es, ahora, lo que el prefecto y la gente del comité cívico de Santa Cruz pueden decir, sobre lo señalado por Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de Naciones Unidas en torno al referendo que impulsan y al tema de las libertades y derechos de los pueblos indígenas?

¿Que la mencionada autoridad, voz autorizada de las Naciones Unidas sobre el indicado tema, se está inventando las cosas?

¿Qué su estatuto autonómico no viola la Constitución o que no tiene artículos discriminatorios y racistas?

Ahora, lo más probable es que, como hicieron con muchas otras declaraciones contrarias, el prefecto Rubén Costas y el presidente del comité cívico cruceño, Branco Marinkovic, la desestimen y rechacen o no escuchen el tal comentario, y vayan adelante con su referendo.

Pero, entonces, no se podrán quejar cuando, una vez cumplido el mismo, no sea reconocido, en absoluto, ni por las Naciones Unidas, ni por la Organización de Estados Americanos, ni por ningún otro organismo internacional, ni por la Corte Nacional Electoral, ni menos por el gobierno o por el pueblo boliviano.

No se podrán quejar cuando esas autoridades cruceñas queden ahí, con su estatuto aprobado, y no puedan implementarlo ni ponerlo en práctica de ninguna manera, por ser ilegal, anticonstitucional, y violatorio de los derechos humanos.

O cuando el gobierno nacional adopte medidas legales y de fuerza para actuar contra aquellos que atentan así contra la unidad del país.