El proyecto de nueva Constitución Política del Estado, ¿encaminaría a Bolivia hacia una un modelo dictatorial?
Absoluta, definitiva y terminantemente, no.
Con la nueva Constitución no se dará paso a ningún modelo dictatorial y, por el contrario, se profundizarán notablemente la democracia y la participación ciudadana en los asuntos del país.
Y, sin embargo, los sectores de la oposición, de manera permanente, han ido molestando con esa afirmación.
De que Bolivia vive, actualmente, bajo un régimen dictatorial, de que en Bolivia se pisotean las libertades y de que en Bolivia no se reconocen los derechos y que, en el futuro, el asunto será peor .
Hasta hubo un malintencionado y despistado parlamentario, concretamente el diputado Luis Vásquez Villamor, quien comparó al gobierno actual con la dictadura de García Meza, y al actual ministro de Gobierno con el ministro del Interior de esa dictadura, vale decir, el coronel Luis Arce Gómez.
Arce Gómez, según recuerda la historia, amenazó a los bolivianos opositores a su régimen, diciendo que si no cambiaban de actitud, deberían andar con su testamento bajo el brazo.
Una amenaza que, efectivamente, se cumplió, con el asesinato de los dirigentes del MIR en la calle Harrington, de ese MIR honesto y revolucionario que luego se maleó y se alió con los dictadores, y además con los asesinatos de otros dirigentes sindicales y políticos del campo popular.
En aquella oportunidad, durante esa dictadura, lo que prevalecía y lo que se ejecutaba, eran las órdenes del dictador y las disposiciones del ministro del Interior, que a base de terror, persecución y detenciones ilegales, sometían al pueblo, acabando con todos sus derechos y libertades.
En el actual gobierno, como bien observa la ciudadanía, la gente puede expresarse como quiere, y en los espacios que quiere, sin que nadie sea por eso perseguido.
La prensa y los periodistas pueden, igualmente, informar como se les ocurre, aun cuando sea con mentiras, sin que nadie cierre sus periódicos o sus estaciones de televisión.
Jamás, en ningún momento de la historia, Bolivia vivió bajo un Estado de mayor libertad y respeto a los derechos humanos que el actual, aspecto que ha sido reconocido a nivel internacional, y que ha merecido el apoyo de todos los países de Sudamérica.
Resultó, pues, una estupidez, que el señalado parlamentario Luis Vásquez, comparara al actual gobierno con el de García Meza.
Pero los representantes del neoliberalismo, parlamentarios de Podemos, miembros de los comités cívicos del oriente, prefectos opositores, han ido insistiendo, a través de sus medios de comunicación, en que el actual gobierno es un gobierno autoritario y vertical y en que la nueva Constitución Política del Estado encamina al país hacia un Estado antidemocrático.
Sobre estas falaces afirmaciones, debe hacerse referencia al artículo 11, parágrafo I, de la nueva Carta Magna, que señala que “la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
No puede, entonces, quedar nada más definitivamente aclarado.
Bolivia será, con la nueva Constitución, un país democrático, pero de una democracia que no será sólo representativa como la actual, sino también participativa.
Eso quiere decir que el pueblo no estará sólo representado por sus parlamentarios, para que ellos hagan lo que quieran con el país según el mandato de sus jefes políticos como ocurrió antes, sino que el pueblo podrá representarse a sí mismo y decidir por sí mismo, a través de diferentes mecanismos entre los cuales se halla el referendo que será constitucionalizado.
Del mismo modo, la nueva Constitución establece el control social, para que las autoridades, grandes y pequeñas, no hagan lo que quieran con su mandato sino que rindan cuentas al pueblo por su gestión y que, en su momento, si hacen las cosas mal. sean revocadas también por voto popular.
Como puede verse, no sólo que la democracia será mantenida, sino que será ampliada y profundizada, convirtiéndose la nueva Constitución, en un modelo hasta para las democracias europeas o de otras regiones del mundo.
Bolivia será completa y absolutamente democrática, con una ampliación muy grande de los derechos de todos, y habrá desterrado para siempre los modelos dictatoriales del pasado, o los gobiernos aparentemente democráticos, como los neoliberales, que concentraban el poder en pequeños grupos políticos o de poder económico.
Todas estos, como puede verse, son argumentos más que suficientes para que los ciudadanos honestos y patriotas, opten por el Sí en el referendo del 25 de enero.
Opten por el Sí, y no se dejen llevar por la sarta de falsedades que han hecho circular los neoliberales, utilizando hasta a Dios en sus maliciosos spots televisivos.
miércoles, 14 de enero de 2009
Las cuatro virtudes de la nueva Constitución
Antes las constituciones las hacían entre unas pocas personas que se arrogaban la representación del país.
Se reunían y decidían los cambios, unos pocos, que debían hacerse a la Carta Magna, sin consultar para nada al pueblo.
Ahora, por primera vez, la población, a través de todas sus instituciones y organizaciones, fue consultada e hizo propuestas, y eligió a sus representantes que luego trabajaron en la Asamblea Constituyente de una manera abierta, amplia y democrática.
El proyecto de nueva Constitución, entonces, salió de abajo, de las propuestas y voluntad de las bases, del pueblo mismo, y fue elevado al gobierno y al congreso, y ahora al propio pueblo, para su aprobación final.
Esa es la diferencia que marca el nacimiento de esta nueva Carta Magna con todas las otras que se produjeron en el país desde que Bolivia existe como nación independiente.
Y ese también es el aspecto central que marca el comienzo de una nueva era de democracia, de par6ticipàción, de libertades y de disfrute de derechos como nunca se dio en nuestro país.
Según el vicepresidente Álvaro García Linera, cuatro virtudes caracterizan a la nueva Constitución que deberá ser aprobada con el Sí, el próximo 25 de enero.
La primera virtud es la de la igualdad.
Todos los bolivianos y todas las bolivianas, sin exclusiones de ninguna clase, somos iguales ante la ley, y debemos disfrutar de iguales derechos y asumir iguales responsabilidades.
Aymaras, quechuas, yuracarés, tominas sirionmós, mojeños, mestizos, blancos, gente de las ciudades o del área rural tendremos las mismas consideraciones, sin que nadie sea privilegiado o diferenciado por su condición social, o por su apellido, o por su posición económica, o por nada.
En Bolivia no se aceptará más la discriminación de nadie.
El segundo aspecto que se destaca en el nuevo proyecto de Constitución, es el reconocimiento de las diversas formas de trabajo y producción que existen en nuestro país.
En ese sentido, el Estado apoyará las actividades cooperativas, y la pequeña, mediana y gran industria, y las economías comunitarias y la producción agrícola pequeña o a gran escala.
Habrá, en otras palabras, espacio y libertades para todas ls iniciativas que los ciudadanos bolivianos puedan idear, que contribuyan a su progreso personal y al desarrollo del país.
El tercer aspecto es el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de las regiones, para establecer e impulsar formas autonómicas de autogestión.
Pero esas autonomías contempladas en el nuevo texto constitucional, serán autonomías para todos y no para algunas roscas oligárquicas.
Serán verdaderas autonomías, donde las regiones y los pueblos elegirán a sus autoridades y decidirán sobre las formas de su vida y de su desarrollo, sin poner en duda, en ningún momento, la unidad del país.
Habrá autonomías, sí, pero sin separatismo ni planes para dividir Bolivia.
La cuarta característica de la nueva Constitución, es el reconocimiento a los derechos económicos y sociales que deberán favorecer a todos los habitantes de Bolivia, viejos o jóvenes, hombres y mujeres, en un marco de igualdad de oportunidades, sin que nadie acapare en exceso en perjuicio de los demás.
Nunca más, nunca más, jamás, habrá un nuevo Sánchez de Lozada que convierta a la Patria en su botín personal.
Lo que está ocurriendo ahora, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, es aquello por lo cual nuestros antepasados lucharon y por lo cual murieron.
En las páginas de la nueva Constitución se concretan los sueños de Túpac Katari, de Bartolina Sisa, de Apiahuaqui Tumpañ de Luis Espoinal, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y de los mártires que fueron jalonando con su sacrificio la historia de la Patria.
Como puede verse, sobran las razones para que el proyecto de nueva Constitución Política del Estado sea aprobado de manera contundente y definitiva el próximo 25 de enero.
Porque los bolivianos reclaman un nueva nación, un mejor futuro, un país que se levante orgulloso y digno, soberano y altivo, superando la quiebra moral y económica en la que lo dejaron los gobiernos dictatoriales y neoliberales de las pasadas décadas.
Se reunían y decidían los cambios, unos pocos, que debían hacerse a la Carta Magna, sin consultar para nada al pueblo.
Ahora, por primera vez, la población, a través de todas sus instituciones y organizaciones, fue consultada e hizo propuestas, y eligió a sus representantes que luego trabajaron en la Asamblea Constituyente de una manera abierta, amplia y democrática.
El proyecto de nueva Constitución, entonces, salió de abajo, de las propuestas y voluntad de las bases, del pueblo mismo, y fue elevado al gobierno y al congreso, y ahora al propio pueblo, para su aprobación final.
Esa es la diferencia que marca el nacimiento de esta nueva Carta Magna con todas las otras que se produjeron en el país desde que Bolivia existe como nación independiente.
Y ese también es el aspecto central que marca el comienzo de una nueva era de democracia, de par6ticipàción, de libertades y de disfrute de derechos como nunca se dio en nuestro país.
Según el vicepresidente Álvaro García Linera, cuatro virtudes caracterizan a la nueva Constitución que deberá ser aprobada con el Sí, el próximo 25 de enero.
La primera virtud es la de la igualdad.
Todos los bolivianos y todas las bolivianas, sin exclusiones de ninguna clase, somos iguales ante la ley, y debemos disfrutar de iguales derechos y asumir iguales responsabilidades.
Aymaras, quechuas, yuracarés, tominas sirionmós, mojeños, mestizos, blancos, gente de las ciudades o del área rural tendremos las mismas consideraciones, sin que nadie sea privilegiado o diferenciado por su condición social, o por su apellido, o por su posición económica, o por nada.
En Bolivia no se aceptará más la discriminación de nadie.
El segundo aspecto que se destaca en el nuevo proyecto de Constitución, es el reconocimiento de las diversas formas de trabajo y producción que existen en nuestro país.
En ese sentido, el Estado apoyará las actividades cooperativas, y la pequeña, mediana y gran industria, y las economías comunitarias y la producción agrícola pequeña o a gran escala.
Habrá, en otras palabras, espacio y libertades para todas ls iniciativas que los ciudadanos bolivianos puedan idear, que contribuyan a su progreso personal y al desarrollo del país.
El tercer aspecto es el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de las regiones, para establecer e impulsar formas autonómicas de autogestión.
Pero esas autonomías contempladas en el nuevo texto constitucional, serán autonomías para todos y no para algunas roscas oligárquicas.
Serán verdaderas autonomías, donde las regiones y los pueblos elegirán a sus autoridades y decidirán sobre las formas de su vida y de su desarrollo, sin poner en duda, en ningún momento, la unidad del país.
Habrá autonomías, sí, pero sin separatismo ni planes para dividir Bolivia.
La cuarta característica de la nueva Constitución, es el reconocimiento a los derechos económicos y sociales que deberán favorecer a todos los habitantes de Bolivia, viejos o jóvenes, hombres y mujeres, en un marco de igualdad de oportunidades, sin que nadie acapare en exceso en perjuicio de los demás.
Nunca más, nunca más, jamás, habrá un nuevo Sánchez de Lozada que convierta a la Patria en su botín personal.
Lo que está ocurriendo ahora, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, es aquello por lo cual nuestros antepasados lucharon y por lo cual murieron.
En las páginas de la nueva Constitución se concretan los sueños de Túpac Katari, de Bartolina Sisa, de Apiahuaqui Tumpañ de Luis Espoinal, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y de los mártires que fueron jalonando con su sacrificio la historia de la Patria.
Como puede verse, sobran las razones para que el proyecto de nueva Constitución Política del Estado sea aprobado de manera contundente y definitiva el próximo 25 de enero.
Porque los bolivianos reclaman un nueva nación, un mejor futuro, un país que se levante orgulloso y digno, soberano y altivo, superando la quiebra moral y económica en la que lo dejaron los gobiernos dictatoriales y neoliberales de las pasadas décadas.
Los latifundistas claman a Dios que gane el No en el referendo del 25 de enero.
Con toda su ira, con todo su racismo y discriminación, con toda su desesperación, los sectores de la derecha extremista y oligárquica de nuestro país, han desplegado sucias campañas, utilizando inclusive a Dios, para bloquear la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
Ahora,¿por qué esos sectores actúan de ese modo?
Simplemente porque entienden que con la nueva Constitución se habrán acabado los enormes privilegios de que gozaron hasta el momento, y que les permitieron ser prácticamente dueños de la Nación.
Ya no podrán beneficiarse, exclusivamente, de los dineros de la cooperación internacional, ya no podrán explotar a su arbitrio los recursos naturales del país, ya no podrán manejar las instituciones del Estado para favorecerse de varias maneras corruptas y, sobre todo, ya no podrán apoderarse de la tierra de la escandalosa forma en que lo hicieron hasta el presente.
Es pues este tema, el de la tierra, una de las razones esenciales por las cuales la gente de las oligarquías, principalmente del oriente, está luchando para que se imponga el No en el referendo del próximo 25 de enero.
Porque el proyecto de nueva Constitución prohíbe terminantemente el latifundio, y porque pone un límite a la propiedad de la tierra.
En efecto, el artículo 393 de la nueva Carta Magna, al referirse a la propiedad agrícola, señala que “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda”.
Y el artículo 398 dice que “Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrario al interés colectivo y al desarrollo del país.
Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley.
En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las diez mil hectáreas”.
Conociendo ese texto se entiende por qué, Walter Guiteras, con sus 49.061 hectáreas de tierra, se opone al mismo.
Porque sus tierras son improductivas en su mayor parte y porque, cuando vaya a aplicarse la ley, a lo mejor que pedirán que devuelva alrededor de 40.000 hectáreas.
Es lógico, entonces, que se oponga a la nueva Constitución, y que defienda los estatutos autonómicos de Santa Cruz, que permiten la posesión sin límites de la tierra.
En el mismo camino, es natural que también luche contra la nueva Consti6tución, el mirista Luis Fernando Saavedra Bruno, ya que este personaje, junto con su familia, posee alrededor de 101.730 hectáreas de tierras, el doble de los Guiteras, divididas en 18 predios con diferentes nombres, para disimular el latifundio.
Otro latifundista, enemigo a muerte del cambio, es Oswaldo Monasterios, dueño de la Red televisiva Unitel, que tiene en su poder 17 predios que superan las 78.000 hectáreas de tierras.
De la misma manera la familia de los Justiniano Ruiz, con 44.000 hectáreas. la de los Roig Pacheco con 43.000 hectáreas, la de los Rapp Martínez con más de 52.000 hectáreas.
O la del norteamericano Larsen Nielsen Zurita que posee 57.145 hectáreas de terreno distribuidas en 17 predios.
Otras familias latifundistas, con varias decenas de miles de hectáreas son, en el departamento del Beni, las de Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Delien, Ávila, Naciff, Antelo o Salek.
Estos grupos familiares, tienen en su poder 524.795 hectáreas de tierras, una extensión 534 veces mayor que la superficie urbana de Trinidad.
En el departamento de Pando, las familias Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Becerra Becerra, Vaca Roca, Vargas Rivera, Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuru, además de algunas otras, recibieron dotaciones de alrededor de 59.000 hectáreas de tierras.
Y, en Santa Cruz, el INRA entregó a 15 familias la cantidad de 512,085 hectáreas de tierras.
Esos latifundistas cruceños responden a los apellidos de. justamente, Saavedra Bruno, Saavedra Tardío, Nieme, Monasterios, Justiniano, Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo, Urdininea, Kéller Ramos, Candia,.Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Larsen Nielsen, Zurita o Bauer Elsner.
Desde 1953 hasta la fecha, según datos del INRA, 40 familias de latifundistas acumularon 32 millones de hectáreas.
Iban en camino, como bien puede verse, de apoderarse de todas las tierras productivas particularmente del oriente, arrinconando y desplazando definitivamente a campesinos, indígenas y colonizadores.
Ese banquete que se estuvieron dando con la tierra, desde hace muchas décadas atrás, de pronto se les ha de acabar, y por ello andan luchando desesperadamente, manipulando incluso la fe, para que se imponga el No, en al referendo del 25 de agosto.
Pero, según se anticipa, todo hace pensar que el Sí ganará de manera terminante, y entonces los latifundistas deberán explicar por qué no trabajaron la tierra que les fue regalada por los dictadores y por los gobiernos neoliberales.
Ahora,¿por qué esos sectores actúan de ese modo?
Simplemente porque entienden que con la nueva Constitución se habrán acabado los enormes privilegios de que gozaron hasta el momento, y que les permitieron ser prácticamente dueños de la Nación.
Ya no podrán beneficiarse, exclusivamente, de los dineros de la cooperación internacional, ya no podrán explotar a su arbitrio los recursos naturales del país, ya no podrán manejar las instituciones del Estado para favorecerse de varias maneras corruptas y, sobre todo, ya no podrán apoderarse de la tierra de la escandalosa forma en que lo hicieron hasta el presente.
Es pues este tema, el de la tierra, una de las razones esenciales por las cuales la gente de las oligarquías, principalmente del oriente, está luchando para que se imponga el No en el referendo del próximo 25 de enero.
Porque el proyecto de nueva Constitución prohíbe terminantemente el latifundio, y porque pone un límite a la propiedad de la tierra.
En efecto, el artículo 393 de la nueva Carta Magna, al referirse a la propiedad agrícola, señala que “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda”.
Y el artículo 398 dice que “Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrario al interés colectivo y al desarrollo del país.
Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley.
En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las diez mil hectáreas”.
Conociendo ese texto se entiende por qué, Walter Guiteras, con sus 49.061 hectáreas de tierra, se opone al mismo.
Porque sus tierras son improductivas en su mayor parte y porque, cuando vaya a aplicarse la ley, a lo mejor que pedirán que devuelva alrededor de 40.000 hectáreas.
Es lógico, entonces, que se oponga a la nueva Constitución, y que defienda los estatutos autonómicos de Santa Cruz, que permiten la posesión sin límites de la tierra.
En el mismo camino, es natural que también luche contra la nueva Consti6tución, el mirista Luis Fernando Saavedra Bruno, ya que este personaje, junto con su familia, posee alrededor de 101.730 hectáreas de tierras, el doble de los Guiteras, divididas en 18 predios con diferentes nombres, para disimular el latifundio.
Otro latifundista, enemigo a muerte del cambio, es Oswaldo Monasterios, dueño de la Red televisiva Unitel, que tiene en su poder 17 predios que superan las 78.000 hectáreas de tierras.
De la misma manera la familia de los Justiniano Ruiz, con 44.000 hectáreas. la de los Roig Pacheco con 43.000 hectáreas, la de los Rapp Martínez con más de 52.000 hectáreas.
O la del norteamericano Larsen Nielsen Zurita que posee 57.145 hectáreas de terreno distribuidas en 17 predios.
Otras familias latifundistas, con varias decenas de miles de hectáreas son, en el departamento del Beni, las de Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Delien, Ávila, Naciff, Antelo o Salek.
Estos grupos familiares, tienen en su poder 524.795 hectáreas de tierras, una extensión 534 veces mayor que la superficie urbana de Trinidad.
En el departamento de Pando, las familias Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Becerra Becerra, Vaca Roca, Vargas Rivera, Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuru, además de algunas otras, recibieron dotaciones de alrededor de 59.000 hectáreas de tierras.
Y, en Santa Cruz, el INRA entregó a 15 familias la cantidad de 512,085 hectáreas de tierras.
Esos latifundistas cruceños responden a los apellidos de. justamente, Saavedra Bruno, Saavedra Tardío, Nieme, Monasterios, Justiniano, Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo, Urdininea, Kéller Ramos, Candia,.Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Larsen Nielsen, Zurita o Bauer Elsner.
Desde 1953 hasta la fecha, según datos del INRA, 40 familias de latifundistas acumularon 32 millones de hectáreas.
Iban en camino, como bien puede verse, de apoderarse de todas las tierras productivas particularmente del oriente, arrinconando y desplazando definitivamente a campesinos, indígenas y colonizadores.
Ese banquete que se estuvieron dando con la tierra, desde hace muchas décadas atrás, de pronto se les ha de acabar, y por ello andan luchando desesperadamente, manipulando incluso la fe, para que se imponga el No, en al referendo del 25 de agosto.
Pero, según se anticipa, todo hace pensar que el Sí ganará de manera terminante, y entonces los latifundistas deberán explicar por qué no trabajaron la tierra que les fue regalada por los dictadores y por los gobiernos neoliberales.
Si no hay nueva Constitución, no habrá autonomías
Walter Guiteras, parlamentario latifundista, ha declarado que con nueva Constitución o sin nueva Constitución, las autonomías departamentales van a entrar en vigencia después del 25 de enero.
Esa afirmación, como se ve, refleja prepotencia y soberbia, y se acomoda a la mentalidad de la gente de las clases dominantes, que durante décadas han creído que ellos pueden imponer su voluntad en el país, sin que haya nadie que pueda contradecirles.
Eso ha sido así, en efecto, en el pasado, cuando regían las dictaduras militares o los gobiernos neoliberales, que tenían como objetivo favorecer, justamente, a esos sectores dominantes.
Más exactamente, esos gobiernos neoliberales y esas dictaduras militares, estaban constituidas por gente proveniente de las clases dominantes, de modo que todas las medidas que adoptaban habían sido diseñadas para favorecerse a sí mismas.
En esa medida, ninguna de las políticas nacionales, o muy pocas, tenían el objetivo de favorecer a los sectores populares.
Los ricos, los grandes empresarios, los latifundistas, canalizaban hacia sí mismos, una mayor parte de los recursos económicos que venían del exterior, y que debían favorecer, supuestamente, el desarrollo de toda la nación.
Ese asalto a los indicados recursos ocasionó, algunas veces, la quiebra de algunos bancos, como el Banco Agrícola, que tuvo que cerrarse porque los grandes empresarios no devolvieron los dineros que se prestaron.
El Banco Agrícola, dicho sea de paso, había sido constituido para apoyar a los pequeños productores, pero nunca cumplió esa función porque fueron los grandes empresarios los que se apoderaron de sus recursos.
Esos mismos sectores dominantes aprobaron leyes que les permitían explotar sin control alguno, los recursos naturales del país.
De ese modo se apoderaron de bosques enteros para acabar con las maderas valiosas, se apoderaron de yacimientos de piedras semi preciosas para negociarlas con empresas extranjeras, se apoderaron, inclusive, de lagunas enteras y de otros recursos hídricos, para usarlos en su beneficio.
Ni qué hablar de la tierra, que fue copada en miless de miles de hectáreas, por grupos pequeños de oligarcas y latifundistas.
Para avalar ese su asalto permanente al país, los señalados sectores dominantes de derecha, controlaban el parlamento nacional, a través de sus partidos tradicionales, como el MNR, la ADN o el MIR, y controlaban el poder judicial, pues eran ellos mismos los que nombraban a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o del Tribunal Constitucional o del Consejo de la Judicatura.
En otras palabras, que las clases de la derecha dominante, eran las dueñas de Bolivia.
Con esa mentalidad, sin entender que ahora las cosas están cambiando, desafiante pero también desubicado, el senador Walter Guiteras ha declarado que con nueva Constitución o sin nueva Constitución, las autonomías departamentales van a comenzar a ser aplicadas a partir del 26 de enero.
Ahora bien, podrá decir lo que quiera, el parlamentario Guiteras, pero lo evidente, es que si no hay nueva Constitución, no habrá autonomías.
Porque las autonomías no están contempladas en la actual Constitución, de manera que si el 25 de enero vence el No, las señaladas autonomías se verán postergadas indefinidamente.
Aquí es importante insistir en que el proyecto de nueva Carta Magna sí contempla las autonomías, pero no sólo las departamentales, sino también las municipales, las indígenas y las regionales, constituyendo un nuevo modelo de organización y de funcionamiento de la Nación.
En efecto, en el primer artículo de la nueva Constitución se lee que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
En relación a la autonomía, el artículo 272 señala que “La autonomía implica la elección directa de las autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.
Así, pues, las autonomías están garantizadas en la nueva Constitución, debiendo solamente, acomodarse a las competencias que esta misma Constitución señala.
Entonces, aun cuando vocifere y desafíe, el señalado parlamentario Walter Guiteras debe entender que si no se aprueba la nueva Constitución, las autonomías no podrán jamás entrar en vigencia.
Y si no lo cree que mire al prefecto Rubén Costas, quien también dijo que la autonomía cruceña iba a empezar a aplicarse inmediatamente, y ya han transcurrido muchísimos meses desde esa declaración, y en Santa Cruz no ha pasado absolutamente nada.
Esa afirmación, como se ve, refleja prepotencia y soberbia, y se acomoda a la mentalidad de la gente de las clases dominantes, que durante décadas han creído que ellos pueden imponer su voluntad en el país, sin que haya nadie que pueda contradecirles.
Eso ha sido así, en efecto, en el pasado, cuando regían las dictaduras militares o los gobiernos neoliberales, que tenían como objetivo favorecer, justamente, a esos sectores dominantes.
Más exactamente, esos gobiernos neoliberales y esas dictaduras militares, estaban constituidas por gente proveniente de las clases dominantes, de modo que todas las medidas que adoptaban habían sido diseñadas para favorecerse a sí mismas.
En esa medida, ninguna de las políticas nacionales, o muy pocas, tenían el objetivo de favorecer a los sectores populares.
Los ricos, los grandes empresarios, los latifundistas, canalizaban hacia sí mismos, una mayor parte de los recursos económicos que venían del exterior, y que debían favorecer, supuestamente, el desarrollo de toda la nación.
Ese asalto a los indicados recursos ocasionó, algunas veces, la quiebra de algunos bancos, como el Banco Agrícola, que tuvo que cerrarse porque los grandes empresarios no devolvieron los dineros que se prestaron.
El Banco Agrícola, dicho sea de paso, había sido constituido para apoyar a los pequeños productores, pero nunca cumplió esa función porque fueron los grandes empresarios los que se apoderaron de sus recursos.
Esos mismos sectores dominantes aprobaron leyes que les permitían explotar sin control alguno, los recursos naturales del país.
De ese modo se apoderaron de bosques enteros para acabar con las maderas valiosas, se apoderaron de yacimientos de piedras semi preciosas para negociarlas con empresas extranjeras, se apoderaron, inclusive, de lagunas enteras y de otros recursos hídricos, para usarlos en su beneficio.
Ni qué hablar de la tierra, que fue copada en miless de miles de hectáreas, por grupos pequeños de oligarcas y latifundistas.
Para avalar ese su asalto permanente al país, los señalados sectores dominantes de derecha, controlaban el parlamento nacional, a través de sus partidos tradicionales, como el MNR, la ADN o el MIR, y controlaban el poder judicial, pues eran ellos mismos los que nombraban a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o del Tribunal Constitucional o del Consejo de la Judicatura.
En otras palabras, que las clases de la derecha dominante, eran las dueñas de Bolivia.
Con esa mentalidad, sin entender que ahora las cosas están cambiando, desafiante pero también desubicado, el senador Walter Guiteras ha declarado que con nueva Constitución o sin nueva Constitución, las autonomías departamentales van a comenzar a ser aplicadas a partir del 26 de enero.
Ahora bien, podrá decir lo que quiera, el parlamentario Guiteras, pero lo evidente, es que si no hay nueva Constitución, no habrá autonomías.
Porque las autonomías no están contempladas en la actual Constitución, de manera que si el 25 de enero vence el No, las señaladas autonomías se verán postergadas indefinidamente.
Aquí es importante insistir en que el proyecto de nueva Carta Magna sí contempla las autonomías, pero no sólo las departamentales, sino también las municipales, las indígenas y las regionales, constituyendo un nuevo modelo de organización y de funcionamiento de la Nación.
En efecto, en el primer artículo de la nueva Constitución se lee que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
En relación a la autonomía, el artículo 272 señala que “La autonomía implica la elección directa de las autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.
Así, pues, las autonomías están garantizadas en la nueva Constitución, debiendo solamente, acomodarse a las competencias que esta misma Constitución señala.
Entonces, aun cuando vocifere y desafíe, el señalado parlamentario Walter Guiteras debe entender que si no se aprueba la nueva Constitución, las autonomías no podrán jamás entrar en vigencia.
Y si no lo cree que mire al prefecto Rubén Costas, quien también dijo que la autonomía cruceña iba a empezar a aplicarse inmediatamente, y ya han transcurrido muchísimos meses desde esa declaración, y en Santa Cruz no ha pasado absolutamente nada.
Dios y el nuevo texto constitucional
La oposición que no quiere el cambio en Bolivia, ha llegado al extremo de utilizar la fe, para inducir a la gente a votar por el No, el próximo 25 de enero.
Sin sonrojarse para nada, vociferando y haciendo todo un show, golpeándose el pecho, alcanzado los brazos al cielo, lloriqueando, los sectores de la derecha dominante han ido repitiendo que la nueva Constitución pretende eliminar la religión, que atenta contra la fe, que desconoce a Dios.
Y han hecho todo eso desconociendo que, justamente, uno de los mandamientos de la ley de Dios, dice con claridad que no se debe levantar falsos testimonios ni mentir.
Pero igual, desoyendo ese mandamiento, han propalado que el nuevo texto constitucional ataca a la religión, cuando, según el articulo 4 de ese nuevo proyecto de Constitución, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones y, de la misma amanera, señala que el Estado es independiente de la religión.
Con ese artículo, pues, está plenamente garantizada la libertad de culto en Bolivia, de modo que cada ciudadano o cada ciudadana, según su conciencia, pueda optar por la religión que mejor satisfaga a su espíritu, y pueda desarrollar públicamente y libremente los rituales o actos religiosos que considere convenientes para difundir su fe.
Ese texto constitucional, además, elimina una injusticia muy grave que predominaba en Bolivia, desde siempre, y que se refería al privilegio especial del que gozaba la iglesia católica, al ser considerada la religión oficial del Estado.
Atenida a esa circunstancia, la iglesia católica obtenía licencias y privilegios que la ponían por encima de las otras creencias cristianas o no cristianas.
Ahora, esa injusticia ha sido corregida, y esa es la razón por la cual muchos jerarcas de la iglesia católica se han puesto en contra de la nueva Constitución, aspecto que ha sido aprovechado por los sectores de la derecha dominante, para realizar actos públicos en los cuales utilizan a Dios, para hacer la campaña por el No.
De una manera verdaderamente estúpida, han difundido spots televisivos, en los que aparece la imagen de Cristo desplazando la imagen del presidente Evo Morales, pretendiendo decir, de ese modo, que Dios está en contra del presidente Morales, o en contra de los actos del presidente Morales.
Frente a ese aberrante spot televisivo de esa campaña tan increíblemente estúpida, habría que preguntar por qué razones Dios, nuestro Señor, podría estar en contra del presidente Morales.
Este presidente, según todos observan, ha ido trabajando a favor de los más humildes, de los más pobres, de los discriminados, de la gente que sufrió las mayores injusticias dentro de la Nación.
¿Acaso Dios censurará o condenará ese trabajo por los humildes?
El presidente Evo Morales, ha ido luchando en contra de los racistas, de los que torturan, golpean, masacran y asesinan a campesinos, y en contra de los que se apoderaron de todos los bienes de la Nación, para engrosar sus fortunas particulares con cientos de miles de actos de corrupción.
¿Acaso Dios, que es el modelo más alto de justicia, censurará o condenará esa lucha contra los corruptos?
El presidente Morales, ha logrado que las riquezas naturales, que habían sido entregadas a poderosos intereses extranjeros, vuelvan a dominio del pueblo boliviano.
Ha luchado porque esos recursos naturales sirvan para el desarrollo de los bolivianos y de la bolivianas, y que no sirvan para seguir enriqueciendo a las multimillonarias empresas capitalistas transnacionales, que siempre han succionado las riquezas de nuestros pueblos.
¿Acaso Dios censurará o condenará esa lucha contra los poderosos, cuando aquí en la tierra, su hijo se manifestó claramente en contra de esos ricos, que se enriquecen a costa del pueblo?
El presidente Morales proviene de una clase humilde, habiendo sido pastor en su niñez y habiendo sufrido la pobreza y la discriminación, junto con su familia y sus hermanos.
¿Acaso Dios, nuestro Señor, no nació en medio de pastores, como Evo Morales, allí en Belén?
¿Y acaso Dios no eligió, en toda la historia de su pueblo, como lo muestra la Biblia, siempre a los humildes, para abrir el camino de su reino?
¿Acaso Jesucristo no escogió, para que lo acompañaran durante su evangelización por la tierra, a pescadores, a gente sencilla, a gente ligada a las tareas de la tierra, a personas humildes del pueblo, antes que a doctores, antes que a personas ligadas al poder, o antes que a gente ligada al imperio de entonces, que era Roma?
Entonces ¿por qué Dios ha de condenar a un presidente que proviene de las clases más humildes, y que lucha contra los Estados Unidos, que es el imperio de hoy, como lo fue Roma el imperio de ayer?
Dios, nuestro Padre, seguramente que si llegara a Bolivia, en este momento, no se pondría al lado de los poderosos ni de los corruptos.
No se pondría al lado de Branco Marinkovic ni de los que acaparan la tierra, ni se pondría al lado del prefecto Costas o del ex prefecto Leopoldo Fernández que mandan a saquear instituciones del Estado o que ordenan asesinar indígenas.
Seguro que no se pondría al lado de los Tuto’s Quiroga, amigos del imperio, ni de los Sánchez de Lozada, genocidas, ni de los Paz Zamora o Reyes Villa, corruptos hasta el tuétano.
Es más seguro que nuestro Dios amoroso, se pronunciaría claramente a favor de las luchas del pueblo boliviano, que reclama un país de mayor justicia, y es seguro que bendeciría a las personas que entregan su vida por los humildes, entre los cuales estaría, a no dudarlo, el presidente Evo Morales.
La derecha extremista, con sus comités cívicos, con sus prefectos masacradores, con sus latifundistas, ha usado la fe para atemor4izar al pueblo, diciendo que Dios está en contra de la nueva Constitución.
No se ha dado cuenta, esa derecha mañosa, que los bolivianos no son idiotas, y que no van a aceptar sus falsedades, ni esa manipulación de la fe, y que Dios, que es justo, seguramente estaría a favor del nuevo texto constitucional, porque ese texto garantiza, precisamente, un país de mayor justicia para todos.
Sin sonrojarse para nada, vociferando y haciendo todo un show, golpeándose el pecho, alcanzado los brazos al cielo, lloriqueando, los sectores de la derecha dominante han ido repitiendo que la nueva Constitución pretende eliminar la religión, que atenta contra la fe, que desconoce a Dios.
Y han hecho todo eso desconociendo que, justamente, uno de los mandamientos de la ley de Dios, dice con claridad que no se debe levantar falsos testimonios ni mentir.
Pero igual, desoyendo ese mandamiento, han propalado que el nuevo texto constitucional ataca a la religión, cuando, según el articulo 4 de ese nuevo proyecto de Constitución, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones y, de la misma amanera, señala que el Estado es independiente de la religión.
Con ese artículo, pues, está plenamente garantizada la libertad de culto en Bolivia, de modo que cada ciudadano o cada ciudadana, según su conciencia, pueda optar por la religión que mejor satisfaga a su espíritu, y pueda desarrollar públicamente y libremente los rituales o actos religiosos que considere convenientes para difundir su fe.
Ese texto constitucional, además, elimina una injusticia muy grave que predominaba en Bolivia, desde siempre, y que se refería al privilegio especial del que gozaba la iglesia católica, al ser considerada la religión oficial del Estado.
Atenida a esa circunstancia, la iglesia católica obtenía licencias y privilegios que la ponían por encima de las otras creencias cristianas o no cristianas.
Ahora, esa injusticia ha sido corregida, y esa es la razón por la cual muchos jerarcas de la iglesia católica se han puesto en contra de la nueva Constitución, aspecto que ha sido aprovechado por los sectores de la derecha dominante, para realizar actos públicos en los cuales utilizan a Dios, para hacer la campaña por el No.
De una manera verdaderamente estúpida, han difundido spots televisivos, en los que aparece la imagen de Cristo desplazando la imagen del presidente Evo Morales, pretendiendo decir, de ese modo, que Dios está en contra del presidente Morales, o en contra de los actos del presidente Morales.
Frente a ese aberrante spot televisivo de esa campaña tan increíblemente estúpida, habría que preguntar por qué razones Dios, nuestro Señor, podría estar en contra del presidente Morales.
Este presidente, según todos observan, ha ido trabajando a favor de los más humildes, de los más pobres, de los discriminados, de la gente que sufrió las mayores injusticias dentro de la Nación.
¿Acaso Dios censurará o condenará ese trabajo por los humildes?
El presidente Evo Morales, ha ido luchando en contra de los racistas, de los que torturan, golpean, masacran y asesinan a campesinos, y en contra de los que se apoderaron de todos los bienes de la Nación, para engrosar sus fortunas particulares con cientos de miles de actos de corrupción.
¿Acaso Dios, que es el modelo más alto de justicia, censurará o condenará esa lucha contra los corruptos?
El presidente Morales, ha logrado que las riquezas naturales, que habían sido entregadas a poderosos intereses extranjeros, vuelvan a dominio del pueblo boliviano.
Ha luchado porque esos recursos naturales sirvan para el desarrollo de los bolivianos y de la bolivianas, y que no sirvan para seguir enriqueciendo a las multimillonarias empresas capitalistas transnacionales, que siempre han succionado las riquezas de nuestros pueblos.
¿Acaso Dios censurará o condenará esa lucha contra los poderosos, cuando aquí en la tierra, su hijo se manifestó claramente en contra de esos ricos, que se enriquecen a costa del pueblo?
El presidente Morales proviene de una clase humilde, habiendo sido pastor en su niñez y habiendo sufrido la pobreza y la discriminación, junto con su familia y sus hermanos.
¿Acaso Dios, nuestro Señor, no nació en medio de pastores, como Evo Morales, allí en Belén?
¿Y acaso Dios no eligió, en toda la historia de su pueblo, como lo muestra la Biblia, siempre a los humildes, para abrir el camino de su reino?
¿Acaso Jesucristo no escogió, para que lo acompañaran durante su evangelización por la tierra, a pescadores, a gente sencilla, a gente ligada a las tareas de la tierra, a personas humildes del pueblo, antes que a doctores, antes que a personas ligadas al poder, o antes que a gente ligada al imperio de entonces, que era Roma?
Entonces ¿por qué Dios ha de condenar a un presidente que proviene de las clases más humildes, y que lucha contra los Estados Unidos, que es el imperio de hoy, como lo fue Roma el imperio de ayer?
Dios, nuestro Padre, seguramente que si llegara a Bolivia, en este momento, no se pondría al lado de los poderosos ni de los corruptos.
No se pondría al lado de Branco Marinkovic ni de los que acaparan la tierra, ni se pondría al lado del prefecto Costas o del ex prefecto Leopoldo Fernández que mandan a saquear instituciones del Estado o que ordenan asesinar indígenas.
Seguro que no se pondría al lado de los Tuto’s Quiroga, amigos del imperio, ni de los Sánchez de Lozada, genocidas, ni de los Paz Zamora o Reyes Villa, corruptos hasta el tuétano.
Es más seguro que nuestro Dios amoroso, se pronunciaría claramente a favor de las luchas del pueblo boliviano, que reclama un país de mayor justicia, y es seguro que bendeciría a las personas que entregan su vida por los humildes, entre los cuales estaría, a no dudarlo, el presidente Evo Morales.
La derecha extremista, con sus comités cívicos, con sus prefectos masacradores, con sus latifundistas, ha usado la fe para atemor4izar al pueblo, diciendo que Dios está en contra de la nueva Constitución.
No se ha dado cuenta, esa derecha mañosa, que los bolivianos no son idiotas, y que no van a aceptar sus falsedades, ni esa manipulación de la fe, y que Dios, que es justo, seguramente estaría a favor del nuevo texto constitucional, porque ese texto garantiza, precisamente, un país de mayor justicia para todos.
Se acerca el momento de la definición: o se apoya el cambio por un país más justo y digno, o se apoya la vieja Bolivia de las desigualdades
Nunca, nuestro país, se enfrentó a un momento más grave de decisión, como el del próximo 25 de mayo.
Ese 25 se estará votando por dejar atrás o por seguir manteniendo la Bolivia de desigualdad e injusticia que prevaleció desde el comienzo de la República.
Existe, en nuestra Nación, una gran mayoría que quiere el cambio, porque fue observando, a lo largo del tiempo, las aberraciones, la corrupción, las malas mamas y artimañas, la iniquidad, la doblez y la hipocresía de los políticos tradicionales de los partidos tradicionales.
Pero también existe una parte, a Dios gracias, la minoría, que no quiere el cambio, o porque se vio favorecida por ese Estado de injusticia, o porque está siendo engañada, justamente, por los políticos o por los grupos dominantes.
Lo que se espera, ante este panorama es que, para el bien de la Patria, de las generaciones presentes y futuras, prevalezca la voluntad de la mayoría, de la que quiere el cambio y de la que quiere una nueva Constitución.
Ahora bien, muchas han sido las mentiras que los grupos conservadores han hecho circular para confundir a la gente, para provocar su duda, para inducirla a votar por el No.
Una de ellas, por ejemplo, señala que con la nueva Constitución se está buscando la reelección indefinida a perpetuidad del presidente.
Eso es falso porque, según la nueva Carta Magna, en su artículo 168, el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente es de cinco años, y podrán ser reelegidos por una sola vez de manera continua, lo cual garantiza que nadie se perpetuará indefinidamente en el gobierno.
Pero, además de ello, si algún mandatario hace una mala gestión o incurre en actos condenables, como los muchos en los que incurrieron los presidentes de los gobiernos neoliberales, ese mandatario podrá ser revocado, de acuerdo al artículo 240..
Los ciudadanos evaluarán si la gestión es buena o mala, y si es mala y consideran que el gobierno debe irse, entonces solicitarán firmas, llenarán un número determinado de las mismas, presentarán los libros ante las autoridades pertinentes, se llamará a un referendo y, de haber una mayoría de la gente que vote por el cambio, ese presidente y ese vicepresidente tendrán que irse irremediablemente.
Con este mecanismo se evitará, por ejemplo, que haya un Sánchez de Lozada que quiera regalar el gas a las petr4oleras transnacionales, o que haya un Bánzer que entregue todas las tierras del oriente a los latifundistas, o que haya un Paz Zamora que quiera lotear el Salar de Uyuni a empresas chilenas, o que haya megacoaliciones que incurran en megacorrupciones.
Estos artículos, como se ve, garantizan una renovación democrática y constante del poder, evitando que el mismo se concentre en pocas manos, como ocurrió antes, y obligan a los mandatarios a cumplir la ley y a realizar una buena gestión, si es que no desean ser despedidos por el pueblo.
Aprobar la nueva Constitución, entonces, es asegurar a Bolivia buenos gobiernos para el futuro, y no gobiernos corruptos como los de las ultimas décadas, gobiernos de miristas, adenistas, emenerristas, manferistas, podemistas, ucesistas, que son, justamente, los que se oponen al cambio.
Otra gran mentira que han ido haciendo circular, y con la cual han tratado mañosamente de engañar a la población, es el referido a la propiedad privada.
Confiando en que la gente no lea el nuevo texto constitucional, han dicho que el mismo atenta contra la propiedad privada, que nadie podrá tener dos o más casas o que nadie podrá poseer dos o más autos.
Desmintiendo esa falsedad, el nuevo texto constitucional señala que, según el artículo 56 parágrafo I, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectiva, siempre que esta cumpla una función social.
Y, de acuerdo al parágrafo II, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
La nueva Constitución, entonces, asegura que los bolivianos podrán poseer los bienes que quieran, o los bienes que sean capaces de conseguir con su esfuerzo honesto, con su sacrificio o con su inteligencia puesta al servicio de la rectitud y de la honradez.
Nadie podrá atentar contra esos sus bienes y nadie se los podrá arrebatar nunca, en ningún momento.
Y, cuando la persona deba alejarse de este mundo, podrá dejar los mismos a sus hijos y descendientes, en un legítimo derecho de herencia.
Los bienes, bien habidos, o sea, logrados a través del trabajo honesto, serán plenamente respetados,
Ahora, otra cosa es que una persona haya acumulado propiedades y fortunas robándole al Estado, haciendo negociados ilícitos a costa del pueblo, o delinquiendo de cualquier manera.
Esos casos, en los que incurren los corruptos, serán puestos bajo la mirada de la ley de investigación de fortunas que, justamente, se resisten a aprobar en el Congreso, particularmente en el Senado, los parlamentarios de los partidos tradicionales, muchos de los cuales son sospechosos, justamente, de enriquecimiento ilegal.
Por estos aspectos señalados, se observa la pertinencia, la urgencia y la absoluta necesidad de que la nueva Constitución Política del Estado sea aprobada el próximo 25 de enero, por una mayoría contundente.
Está en juego el futuro del país por los próximos 50 años, de manera que ahora no caben equivocaciones.
O se vota por un nuevo país de justicia y equidad, o se vota por la permanencia de una nación caduca, a merced de los políticos neoliberales que la llevaron a la quiebra en los últimos 20 años.
Ese 25 se estará votando por dejar atrás o por seguir manteniendo la Bolivia de desigualdad e injusticia que prevaleció desde el comienzo de la República.
Existe, en nuestra Nación, una gran mayoría que quiere el cambio, porque fue observando, a lo largo del tiempo, las aberraciones, la corrupción, las malas mamas y artimañas, la iniquidad, la doblez y la hipocresía de los políticos tradicionales de los partidos tradicionales.
Pero también existe una parte, a Dios gracias, la minoría, que no quiere el cambio, o porque se vio favorecida por ese Estado de injusticia, o porque está siendo engañada, justamente, por los políticos o por los grupos dominantes.
Lo que se espera, ante este panorama es que, para el bien de la Patria, de las generaciones presentes y futuras, prevalezca la voluntad de la mayoría, de la que quiere el cambio y de la que quiere una nueva Constitución.
Ahora bien, muchas han sido las mentiras que los grupos conservadores han hecho circular para confundir a la gente, para provocar su duda, para inducirla a votar por el No.
Una de ellas, por ejemplo, señala que con la nueva Constitución se está buscando la reelección indefinida a perpetuidad del presidente.
Eso es falso porque, según la nueva Carta Magna, en su artículo 168, el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente es de cinco años, y podrán ser reelegidos por una sola vez de manera continua, lo cual garantiza que nadie se perpetuará indefinidamente en el gobierno.
Pero, además de ello, si algún mandatario hace una mala gestión o incurre en actos condenables, como los muchos en los que incurrieron los presidentes de los gobiernos neoliberales, ese mandatario podrá ser revocado, de acuerdo al artículo 240..
Los ciudadanos evaluarán si la gestión es buena o mala, y si es mala y consideran que el gobierno debe irse, entonces solicitarán firmas, llenarán un número determinado de las mismas, presentarán los libros ante las autoridades pertinentes, se llamará a un referendo y, de haber una mayoría de la gente que vote por el cambio, ese presidente y ese vicepresidente tendrán que irse irremediablemente.
Con este mecanismo se evitará, por ejemplo, que haya un Sánchez de Lozada que quiera regalar el gas a las petr4oleras transnacionales, o que haya un Bánzer que entregue todas las tierras del oriente a los latifundistas, o que haya un Paz Zamora que quiera lotear el Salar de Uyuni a empresas chilenas, o que haya megacoaliciones que incurran en megacorrupciones.
Estos artículos, como se ve, garantizan una renovación democrática y constante del poder, evitando que el mismo se concentre en pocas manos, como ocurrió antes, y obligan a los mandatarios a cumplir la ley y a realizar una buena gestión, si es que no desean ser despedidos por el pueblo.
Aprobar la nueva Constitución, entonces, es asegurar a Bolivia buenos gobiernos para el futuro, y no gobiernos corruptos como los de las ultimas décadas, gobiernos de miristas, adenistas, emenerristas, manferistas, podemistas, ucesistas, que son, justamente, los que se oponen al cambio.
Otra gran mentira que han ido haciendo circular, y con la cual han tratado mañosamente de engañar a la población, es el referido a la propiedad privada.
Confiando en que la gente no lea el nuevo texto constitucional, han dicho que el mismo atenta contra la propiedad privada, que nadie podrá tener dos o más casas o que nadie podrá poseer dos o más autos.
Desmintiendo esa falsedad, el nuevo texto constitucional señala que, según el artículo 56 parágrafo I, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectiva, siempre que esta cumpla una función social.
Y, de acuerdo al parágrafo II, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
La nueva Constitución, entonces, asegura que los bolivianos podrán poseer los bienes que quieran, o los bienes que sean capaces de conseguir con su esfuerzo honesto, con su sacrificio o con su inteligencia puesta al servicio de la rectitud y de la honradez.
Nadie podrá atentar contra esos sus bienes y nadie se los podrá arrebatar nunca, en ningún momento.
Y, cuando la persona deba alejarse de este mundo, podrá dejar los mismos a sus hijos y descendientes, en un legítimo derecho de herencia.
Los bienes, bien habidos, o sea, logrados a través del trabajo honesto, serán plenamente respetados,
Ahora, otra cosa es que una persona haya acumulado propiedades y fortunas robándole al Estado, haciendo negociados ilícitos a costa del pueblo, o delinquiendo de cualquier manera.
Esos casos, en los que incurren los corruptos, serán puestos bajo la mirada de la ley de investigación de fortunas que, justamente, se resisten a aprobar en el Congreso, particularmente en el Senado, los parlamentarios de los partidos tradicionales, muchos de los cuales son sospechosos, justamente, de enriquecimiento ilegal.
Por estos aspectos señalados, se observa la pertinencia, la urgencia y la absoluta necesidad de que la nueva Constitución Política del Estado sea aprobada el próximo 25 de enero, por una mayoría contundente.
Está en juego el futuro del país por los próximos 50 años, de manera que ahora no caben equivocaciones.
O se vota por un nuevo país de justicia y equidad, o se vota por la permanencia de una nación caduca, a merced de los políticos neoliberales que la llevaron a la quiebra en los últimos 20 años.
Los violentos, los racistas, los discriminadores, oraron porque Dios apoye la victoria del No, en el próximo referendo
Los violentos, los racistas, los discriminadores, oraron porque Dios apoye la victoria del No, en el próximo referendo
Agredieron a los indígenas y los hostigaron y persiguieron en la ciudad de Santa Cruz, utilizando grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista.
Luego, en esa misma ciudad, asaltaron instituciones del Estado y las saquearon apoderándose de todo lo que pudieron encontrar.
Más tarde, en Sucre, torturaron, golpearon y humillaron a campesinos, haciéndolos arrodillar y llenándolos de insultos racistas.
Antes de ello, en Cochabamba, también con bandas de jóvenes delincuentes, atacaron las oficinas de las sedes campesinas y los persiguieron amenazando con matarlos.
Por último, en Pando, cumplieron con esas amenazas, masacrando a más de 20 campesinos, utilizando armas y vehículos de la prefectura.
Demostraron, en todo momento, su odio racial, su afán de separatismo, su profunda discriminación con la gente de los pueblos originarios.
Y ahora, hechos unos angelitos, aparecieron en Sucre, nada menos que en un acto religioso, en una misa, pidiendo a Dios que haga el milagro de darle el triunfo al No, en el referendo del próximo 25 de enero.
¿Puede imaginarse semejante barbaridad? ¿Semejante aberración?
Los violentos, los discriminadores, los que procuran el quebrantamiento del país, acuden a orar, para que Dios los apoye en sus propósitos políticos.
¿Es que pensarán que Dios, nuestro Señor, es racista como ellos?
¿Es que se imaginarán que nuestro Padre Celestial, desde su trono divino, les va a echar la bendición, para que sigan en su afán de frenar el cambio social en Bolivia?
Oraron, como si fueran santos, como si fueran inocentes palomitas y, lo más grave, ¡lo hicieron con el apoyo de monseñor Jesús Pérez, arzobispo de Sucre, y con otro apoyo del pastor Charles Suárez, dice que representante de la iglesia cristiana.
“Defiende tu fe”, decían en sus carteles, diciéndole a la gente que su fe estaba siendo amenazada, cuando en el proyecto de nueva Constitución todas las religiones y creencias espirituales tienen absoluta libertad para realizar sus actividades sin restricción de ninguna naturaleza.
Menos mal que la organización que representa a las iglesias cristiana emitió un documento, desconociendo ese apoyo a los cuatro prefectos fascistas y señalando que el tal pastor Charles Suárez actuó de manera personal, sin representarlos para nada.
Y en el caso del arzobispo de Sucre, pues, con su conducta simplemente ratificó que la jerarquía de la iglesia católica está aliada a los poderosos, a los grupos de la derecha, y que está alejándose cada vez más del pueblo.
Ahora, ¿por qué la señalada iglesia católica, o más bien, no la iglesia sino sus obispos, está actuando de esa manera?
La respuesta es simple y está en el hecho de que la nueva Constitución le quita las prerrogativas y privilegios que tenía anteriormente
Debe recordarse que en anteriores constituciones, la religión católica aparecía como la religión oficial del Estado boliviano.
Después se quitó ese párrafo pero, en los hechos, la iglesia católica siguió actuando como si fuera, efectivamente, la religión oficial, lo cual representaba una injusticia ante las otras creencias que se sentían discriminadas.
Ahora, con la nueva Constitución, que seguramente será aprobada, la iglesia católica estará a la par de las otras iglesias, y tendrá que ganarse a pulso la adhesión de sus fieles.
Y eso será bastante complicado porque, de todas las iglesias que han ido operando en el país en los últimos tiempos, la iglesia católica es la única que, en lugar de ganar, ha ido perdiendo adeptos.
Ha ido perdiendo vocaciones religiosas, lo cual se demuestra con sus seminarios vacíos, y con la inexistencia de jóvenes que deseen prepararse para reemplazar a los viejos sacerdotes.
El fenómeno es ese, pero los jerarcas de la iglesia católica no se dan por aludidos, y continúan impertérritos alejándose de los sectores populares, aliámdose a los grupos de la extrema derecha de la sociedad boliviana.
¿No se estará arrepintiendo el arzobispo Jesús Pérez, de haber incurrido en esa aberrante acción, tratando de colocar a Dios al lado de los racistas?
¿No se estará arrepintiendo de haber defraudado a miles de miles de católicos que esperan otra conducta de sus autoridades espirituales?
Lo de Sucre fue ya el colmo.
Se pasó todo límite imaginable y ahora sólo queda saber hasta dónde se podrá llegar, en ese accionar político de una iglesia que no tiene la capacidad de leer los signos de los tiempos.
De cualquier modo, ya tendrán los jerarcas de la iglesia católica, el tiempo para saber si erraron o no en su conducta, cuando conozcan los resultados del referendo.
Agredieron a los indígenas y los hostigaron y persiguieron en la ciudad de Santa Cruz, utilizando grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista.
Luego, en esa misma ciudad, asaltaron instituciones del Estado y las saquearon apoderándose de todo lo que pudieron encontrar.
Más tarde, en Sucre, torturaron, golpearon y humillaron a campesinos, haciéndolos arrodillar y llenándolos de insultos racistas.
Antes de ello, en Cochabamba, también con bandas de jóvenes delincuentes, atacaron las oficinas de las sedes campesinas y los persiguieron amenazando con matarlos.
Por último, en Pando, cumplieron con esas amenazas, masacrando a más de 20 campesinos, utilizando armas y vehículos de la prefectura.
Demostraron, en todo momento, su odio racial, su afán de separatismo, su profunda discriminación con la gente de los pueblos originarios.
Y ahora, hechos unos angelitos, aparecieron en Sucre, nada menos que en un acto religioso, en una misa, pidiendo a Dios que haga el milagro de darle el triunfo al No, en el referendo del próximo 25 de enero.
¿Puede imaginarse semejante barbaridad? ¿Semejante aberración?
Los violentos, los discriminadores, los que procuran el quebrantamiento del país, acuden a orar, para que Dios los apoye en sus propósitos políticos.
¿Es que pensarán que Dios, nuestro Señor, es racista como ellos?
¿Es que se imaginarán que nuestro Padre Celestial, desde su trono divino, les va a echar la bendición, para que sigan en su afán de frenar el cambio social en Bolivia?
Oraron, como si fueran santos, como si fueran inocentes palomitas y, lo más grave, ¡lo hicieron con el apoyo de monseñor Jesús Pérez, arzobispo de Sucre, y con otro apoyo del pastor Charles Suárez, dice que representante de la iglesia cristiana.
“Defiende tu fe”, decían en sus carteles, diciéndole a la gente que su fe estaba siendo amenazada, cuando en el proyecto de nueva Constitución todas las religiones y creencias espirituales tienen absoluta libertad para realizar sus actividades sin restricción de ninguna naturaleza.
Menos mal que la organización que representa a las iglesias cristiana emitió un documento, desconociendo ese apoyo a los cuatro prefectos fascistas y señalando que el tal pastor Charles Suárez actuó de manera personal, sin representarlos para nada.
Y en el caso del arzobispo de Sucre, pues, con su conducta simplemente ratificó que la jerarquía de la iglesia católica está aliada a los poderosos, a los grupos de la derecha, y que está alejándose cada vez más del pueblo.
Ahora, ¿por qué la señalada iglesia católica, o más bien, no la iglesia sino sus obispos, está actuando de esa manera?
La respuesta es simple y está en el hecho de que la nueva Constitución le quita las prerrogativas y privilegios que tenía anteriormente
Debe recordarse que en anteriores constituciones, la religión católica aparecía como la religión oficial del Estado boliviano.
Después se quitó ese párrafo pero, en los hechos, la iglesia católica siguió actuando como si fuera, efectivamente, la religión oficial, lo cual representaba una injusticia ante las otras creencias que se sentían discriminadas.
Ahora, con la nueva Constitución, que seguramente será aprobada, la iglesia católica estará a la par de las otras iglesias, y tendrá que ganarse a pulso la adhesión de sus fieles.
Y eso será bastante complicado porque, de todas las iglesias que han ido operando en el país en los últimos tiempos, la iglesia católica es la única que, en lugar de ganar, ha ido perdiendo adeptos.
Ha ido perdiendo vocaciones religiosas, lo cual se demuestra con sus seminarios vacíos, y con la inexistencia de jóvenes que deseen prepararse para reemplazar a los viejos sacerdotes.
El fenómeno es ese, pero los jerarcas de la iglesia católica no se dan por aludidos, y continúan impertérritos alejándose de los sectores populares, aliámdose a los grupos de la extrema derecha de la sociedad boliviana.
¿No se estará arrepintiendo el arzobispo Jesús Pérez, de haber incurrido en esa aberrante acción, tratando de colocar a Dios al lado de los racistas?
¿No se estará arrepintiendo de haber defraudado a miles de miles de católicos que esperan otra conducta de sus autoridades espirituales?
Lo de Sucre fue ya el colmo.
Se pasó todo límite imaginable y ahora sólo queda saber hasta dónde se podrá llegar, en ese accionar político de una iglesia que no tiene la capacidad de leer los signos de los tiempos.
De cualquier modo, ya tendrán los jerarcas de la iglesia católica, el tiempo para saber si erraron o no en su conducta, cuando conozcan los resultados del referendo.
La crisis internacional : una oportunidad para liberarse del capitalismo
¿Cuál será ahora la nueva estrategia que se intentará aplicar desde los centros del poder capitalista, para enfrentar la crisis en la que ha caído este sistema?
Los propugnadores del mismo anticiparon los problemas actuales hace ya varias décadas y allí, en Washington, la capital norteamericana, centro del poder imperial, alcanzaron una especie de consenso para solucionar, o por lo menos postergar, la debacle que se avizoraba.
Esa estrategia consistió en acentuar la exportación de sus capitales excedentes a diversas regiones del mundo, para acrecentarlos y luego reinyectarlos en sus economías.
Consistió en acabar con todas las barreras arancelarias que mantenían los países dependientes, de modo que las empresas multinacionales pudieran operar sin ninguna restricción, alcanzando el máximo de ganancias.
Consistió también en invadir con sus productos los nuevos mercados, aunque con esas medidas se destruyeran las economías más pequeñas.
Se trataba de dominar absolutamente el mercado del dinero, supeditándolo a los intereses exclusivos del capitalismo, en una fórmula conocida como un liberalismo nuevo o un neoliberalismo, término con el que se buscó globalizar la estrategia.
Se vendió así o, más bien, se impuso casi por la fuerza, la vigencia del libre mercado con ajustes estructurales que fueron diseñados por tecnócratas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Los resultados de esta experiencia, como muy bien lo sintieron nuestros países, particularmente los de América Latina, entre ellos Bolivia, fue el drenaje masivo de las riquezas nacionales y la extracción de capitales en una especie de saqueo que, según expertos internacionales, fue varias veces superior al saqueo de los más de 300 años que sufrieron nuestros pueblos en la etapa colonial.
Se acentuó la pobreza, se incrementó el desempleo, se elevó enormemente la migración hacia los países desarrollados, subieron las tasas de desnutrición y enfermedades prevenibles, se multiplicaron los problemas sociales y las economías de nuestras naciones quedaron prácticamente quebradas.
Pero ni así, con esa salvaje arremetida, el capitalismo pudo resolver sus falencias internas y, a pesar de muchas medidas que se fueron adoptando a lo largo del tiempo, no pudo evitar que llegara la crisis.
Ahora parece venir el colapso.
De la recesión se está marchando a la depresión, la cual amenaza con durar muchos años.
Queda, entonces, la pregunta, de cuál será la nueva estrategia que se intentará elaborar y aplicar para poner algún freno a la crisis.
Y aquí es donde aparece una respuesta que tiene alcances siniestros.
Esa respuesta tiene que ver con la precipitación de nuevas y mult8iñlicadas guerras en diversos lugares del planeta porque, tradicionalmente, la guerra ha actuado como un mecanismo capaz de reactivar las economías.
En el pasado, cuando una nación enfrentaba problemas económicos, invadía a otra, y se apropiaba de sus riquezas, de sus alimentos, y se llevaba a sus hombres para esclavizarlos y a sus mujeres y niños para explotarlos de diversas maneras.
En los tiempos modernos la cosa no ha cambiado, como se comprueba con la guerra de Irak, país cuyas enormes reservas de petróleo ahora se hallan en manos del país invasor, en este caso, los Estados Unidos.
La multiplicación de las guerras, pues, parece que ha de constituir uno de los caminos que buscará el imperio para paliar el dramático momento que está empezando a vivir.
La invasión de Israel al territorio palestino, con el argumento de combatir al terrorismo, se muestra como un anticipo de esa estrategia.
También se puede pensar en otras guerras más pequeñas, disimuladas con la etiqueta de lucha contra el terrorismo o contra las drogas, que se librarían en otras regiones del planeta.
La industria de la guerra, la fabricación de armas, no debe olvidarse, genera ganancias extraordinarias en tiempos de conflictos internacionales.
Ahora bien, por el lado de nuestros países latinoamericanos, ¿cuál debería ser el camino para encarar esta crisis global?
Los especialistas hablan de la necesidad de construir un sistema económico interno que apoye el desarrollo desmarcándose lo más posible del sistema capitalista que prevalece en las naciones del norte,
La Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA, es un ejemplo de esa otra vía de desarrollo independiente.
Se deberá, en esa línea, consolidar la integración de nuestros países, ampliando nuestros mercados en términos de solidaridad, poner a funcionar el Banco del ALBA y otras entidades financieras que impulsen el progreso, desarrollar proyectos conjuntos de impacto regional.
Construir un nuevo modelo de desarrollo que pueda, a largo plazo, reemplazar al sistema capitalista que está haciendo aguas.
Para todo esto lo que se requiere es una fuerte voluntad política que venza la nueva estrategia del imperio, que tratará de arrastrar hacia su campo a economías latinoamericanas fuertes como las de Brasil, de la argentina o de Chile.
América Latina debe encarar una gran movilización, una gran lucha contra la crisis, que comprenda no sólo a los gobiernos sino, sobre todo, a los pueblos, a las organizaciones sociales, con las consignas de liberación que ahora se enarbolan en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua o en Bolivia.
Las crisis, se va diciendo por ahí, constituyen al final nuevas oportunidades.
La crisis del capitalismo, que ahora aturde a las potencias, debe ser la oportunidad que aprovechen nuestros pueblos, para liberarse de ese sistema de injusticia y explotación.
Los propugnadores del mismo anticiparon los problemas actuales hace ya varias décadas y allí, en Washington, la capital norteamericana, centro del poder imperial, alcanzaron una especie de consenso para solucionar, o por lo menos postergar, la debacle que se avizoraba.
Esa estrategia consistió en acentuar la exportación de sus capitales excedentes a diversas regiones del mundo, para acrecentarlos y luego reinyectarlos en sus economías.
Consistió en acabar con todas las barreras arancelarias que mantenían los países dependientes, de modo que las empresas multinacionales pudieran operar sin ninguna restricción, alcanzando el máximo de ganancias.
Consistió también en invadir con sus productos los nuevos mercados, aunque con esas medidas se destruyeran las economías más pequeñas.
Se trataba de dominar absolutamente el mercado del dinero, supeditándolo a los intereses exclusivos del capitalismo, en una fórmula conocida como un liberalismo nuevo o un neoliberalismo, término con el que se buscó globalizar la estrategia.
Se vendió así o, más bien, se impuso casi por la fuerza, la vigencia del libre mercado con ajustes estructurales que fueron diseñados por tecnócratas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Los resultados de esta experiencia, como muy bien lo sintieron nuestros países, particularmente los de América Latina, entre ellos Bolivia, fue el drenaje masivo de las riquezas nacionales y la extracción de capitales en una especie de saqueo que, según expertos internacionales, fue varias veces superior al saqueo de los más de 300 años que sufrieron nuestros pueblos en la etapa colonial.
Se acentuó la pobreza, se incrementó el desempleo, se elevó enormemente la migración hacia los países desarrollados, subieron las tasas de desnutrición y enfermedades prevenibles, se multiplicaron los problemas sociales y las economías de nuestras naciones quedaron prácticamente quebradas.
Pero ni así, con esa salvaje arremetida, el capitalismo pudo resolver sus falencias internas y, a pesar de muchas medidas que se fueron adoptando a lo largo del tiempo, no pudo evitar que llegara la crisis.
Ahora parece venir el colapso.
De la recesión se está marchando a la depresión, la cual amenaza con durar muchos años.
Queda, entonces, la pregunta, de cuál será la nueva estrategia que se intentará elaborar y aplicar para poner algún freno a la crisis.
Y aquí es donde aparece una respuesta que tiene alcances siniestros.
Esa respuesta tiene que ver con la precipitación de nuevas y mult8iñlicadas guerras en diversos lugares del planeta porque, tradicionalmente, la guerra ha actuado como un mecanismo capaz de reactivar las economías.
En el pasado, cuando una nación enfrentaba problemas económicos, invadía a otra, y se apropiaba de sus riquezas, de sus alimentos, y se llevaba a sus hombres para esclavizarlos y a sus mujeres y niños para explotarlos de diversas maneras.
En los tiempos modernos la cosa no ha cambiado, como se comprueba con la guerra de Irak, país cuyas enormes reservas de petróleo ahora se hallan en manos del país invasor, en este caso, los Estados Unidos.
La multiplicación de las guerras, pues, parece que ha de constituir uno de los caminos que buscará el imperio para paliar el dramático momento que está empezando a vivir.
La invasión de Israel al territorio palestino, con el argumento de combatir al terrorismo, se muestra como un anticipo de esa estrategia.
También se puede pensar en otras guerras más pequeñas, disimuladas con la etiqueta de lucha contra el terrorismo o contra las drogas, que se librarían en otras regiones del planeta.
La industria de la guerra, la fabricación de armas, no debe olvidarse, genera ganancias extraordinarias en tiempos de conflictos internacionales.
Ahora bien, por el lado de nuestros países latinoamericanos, ¿cuál debería ser el camino para encarar esta crisis global?
Los especialistas hablan de la necesidad de construir un sistema económico interno que apoye el desarrollo desmarcándose lo más posible del sistema capitalista que prevalece en las naciones del norte,
La Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA, es un ejemplo de esa otra vía de desarrollo independiente.
Se deberá, en esa línea, consolidar la integración de nuestros países, ampliando nuestros mercados en términos de solidaridad, poner a funcionar el Banco del ALBA y otras entidades financieras que impulsen el progreso, desarrollar proyectos conjuntos de impacto regional.
Construir un nuevo modelo de desarrollo que pueda, a largo plazo, reemplazar al sistema capitalista que está haciendo aguas.
Para todo esto lo que se requiere es una fuerte voluntad política que venza la nueva estrategia del imperio, que tratará de arrastrar hacia su campo a economías latinoamericanas fuertes como las de Brasil, de la argentina o de Chile.
América Latina debe encarar una gran movilización, una gran lucha contra la crisis, que comprenda no sólo a los gobiernos sino, sobre todo, a los pueblos, a las organizaciones sociales, con las consignas de liberación que ahora se enarbolan en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua o en Bolivia.
Las crisis, se va diciendo por ahí, constituyen al final nuevas oportunidades.
La crisis del capitalismo, que ahora aturde a las potencias, debe ser la oportunidad que aprovechen nuestros pueblos, para liberarse de ese sistema de injusticia y explotación.
Comenzó el 2009 y la interrogante que se abre, al abrirse el nuevo calendario
Comenzó el 2009 y la interrogante que se abre, al abrirse el nuevo calendario, es si los Estados Unidos y las naciones capitalistas europeas serán capaces de detener, paliar o siquiera amortiguar la gigantesca crisis económica con la que cerró la gestión del año 2008.
Una crisis monstruosa que no es sólo financiera, sino que abarca las áreas referidas al medio ambiente, a la energía y a la alimentación.
Esta crisis, de acuerdo a lo que señalan los especialistas, comenzó hace 40 años y se fue manifestando con catástrofes financieras que afectaron a diversos mercados, entre ellos los de México, Brasil y el Asia.
Esas economías que se desbarataron de un momento a otro, provocando pánico en círculos de la banca y de las finanzas internacionales, fueron rescatadas por las grandes potencias, a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, los cuales no podían permitir que se abrieran agujeros tan grandes en el sistema capitalista que intentaban globalizar a toda costa.
Pero si bien esas crisis puntuales fueron superadas, la amenaza de un desastre mayor permaneció latente durante los siguientes años, hasta que en los últimos meses del pasado año estalló, llevando a la recesión a las economías más fuertes del mundo y amenazando con abrir un p4riodo largo de verdadera depresión.
El mundo, pues, ha comenzado a vivir una crisis de dimensiones tan grandes que está demostrando la inviabilidad del sistema capitalista en el largo plazo.
Las grandes cadenas de televisión, las grandes agencias de información del mundo, han estado tratando de minimizar la crisis, señalando que es una más de las que sufrió el sistema en el pasado, pero que el mismo tiene una fuerza interna con la cual, lo mismo que antes, superará el problema.
Podría ser que de esta catástrofe las economías nacionales salgan más o menos golpeadas pero enteras.
Podría ser que esos cientos de miles de millones de dólares que se están inyectando en los sistemas financieros para más o menos equilibrarlos, consigan algún efecto en el futuro.
Sin embargo, una cosa sí es cierta, y es que a partir de ahora, el mundo jamás volverá a ser lo que fue antes.
Coinciden los expertos en que, con lo que viene sucediendo, se está cerrando el ciclo neoliberal en el mundo.
Y se está demostrando el fracaso de las entidades financieras que las impulsaron acatando directivas de las potencias, establecidas en el famosos consenso de Washington.
Los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional se dieron la tarea de vigilare de cerca el funcionamiento de las economías locales, particularmente en América Latina, acudiendo a los países a imponer sus recetas, que obligaban a los durísimos e injustos ajustes estructurales, que sacrificaban a los sectores sociales, que destruían empresas estatales levantadas con décadas de sacrificio, y que derrumbaban las barreras arancelarias para dar vía libre al accionar de las grandes empresas transnacionales.
A su influjo se enalteció el libre mercado como la mejor fórmula para el desarrollo de los países y se satanizó a los que se oponían al mismo, tildándolos de retrógradas y poco visionarios.
Términos como eficiencia, eficacia, competitividad, libre iniciativa y otros llenaron los miles de miles de seminarios, talleres, conferencias y encuentros en los que se ponía por el cielo, o más arriba, las bondades del sistema.
Esos organismos, y esos países, encabezados por los Estados Unidos, tienen ahora ante sí la gravísima responsabilidad de explicarle al mundo por qué falló su modelo y por qué, en lugar de llevar a las naciones a su máximo desarrollo, sobre todo a aquellas que acataron obedientemente, y servilmente, sus instrucciones, como fue el caso de Bolivia, por qué, en lugar de llegar el progreso, llegaron primero el empobrecimiento de las poblaciones, el retroceso de las economías, el incremento de los problemas sociales, el aumento de la brecha entre los ricos y los pobres y ahora, finalmente, la monstruosa crisis internacional con la que se inaugura el 2009.
Desesperadamente, fieles a su lógica capitalista, las potencias han acudido a sus reservas monetarias, y han volcado los indicados cientos de miles de millones de dólares, a los bancos y a las organizaciones financieras, para que puedan soportar el impacto de la crisis.
Pensaron, entonces, en los banqueros, en los grandes empresarios, en los millonarios, tomando medidas para evitar que sufran en sus intereses.
No pensaron, sin embargo, en la gente común, en el ciudadano corriente, en las familias que están sufriendo la crisis, y que deberán enfrentar un futuro incierto, con desempleo, con salarios disminuidos, con ahorros que se les evaporaron, con deudas impagables, con propiedades embargadas, con dramas familiares y personales.
Como siempre el sistema capitalista está pensando primero en los ricos, en la preservación de sus intereses, en el dinero y al último, en los seres humanos.
Amenaza la hambruna, amenazan los conflictos sociales que estallarán inevitablemente, pero las tareas de salvataje se dirigen primero a auxiliar a los ricos.
Así, pues, se está abriendo el 2009.
Con una crisis salvaje, engendrada por el capitalismo, y con un futuro sobre el que sólo se pueden hacer oscuras predicciones.
Ojalá que esas predicciones no se cumplan, y que las naciones no sufran y que los pueblos no sufran.
Y, sobre todo, que la experiencia presente sirva a la humanidad para empezar a desplazas el sistema capitalista y para reemplazarlo por otro más justo y más humano.
Una crisis monstruosa que no es sólo financiera, sino que abarca las áreas referidas al medio ambiente, a la energía y a la alimentación.
Esta crisis, de acuerdo a lo que señalan los especialistas, comenzó hace 40 años y se fue manifestando con catástrofes financieras que afectaron a diversos mercados, entre ellos los de México, Brasil y el Asia.
Esas economías que se desbarataron de un momento a otro, provocando pánico en círculos de la banca y de las finanzas internacionales, fueron rescatadas por las grandes potencias, a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, los cuales no podían permitir que se abrieran agujeros tan grandes en el sistema capitalista que intentaban globalizar a toda costa.
Pero si bien esas crisis puntuales fueron superadas, la amenaza de un desastre mayor permaneció latente durante los siguientes años, hasta que en los últimos meses del pasado año estalló, llevando a la recesión a las economías más fuertes del mundo y amenazando con abrir un p4riodo largo de verdadera depresión.
El mundo, pues, ha comenzado a vivir una crisis de dimensiones tan grandes que está demostrando la inviabilidad del sistema capitalista en el largo plazo.
Las grandes cadenas de televisión, las grandes agencias de información del mundo, han estado tratando de minimizar la crisis, señalando que es una más de las que sufrió el sistema en el pasado, pero que el mismo tiene una fuerza interna con la cual, lo mismo que antes, superará el problema.
Podría ser que de esta catástrofe las economías nacionales salgan más o menos golpeadas pero enteras.
Podría ser que esos cientos de miles de millones de dólares que se están inyectando en los sistemas financieros para más o menos equilibrarlos, consigan algún efecto en el futuro.
Sin embargo, una cosa sí es cierta, y es que a partir de ahora, el mundo jamás volverá a ser lo que fue antes.
Coinciden los expertos en que, con lo que viene sucediendo, se está cerrando el ciclo neoliberal en el mundo.
Y se está demostrando el fracaso de las entidades financieras que las impulsaron acatando directivas de las potencias, establecidas en el famosos consenso de Washington.
Los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional se dieron la tarea de vigilare de cerca el funcionamiento de las economías locales, particularmente en América Latina, acudiendo a los países a imponer sus recetas, que obligaban a los durísimos e injustos ajustes estructurales, que sacrificaban a los sectores sociales, que destruían empresas estatales levantadas con décadas de sacrificio, y que derrumbaban las barreras arancelarias para dar vía libre al accionar de las grandes empresas transnacionales.
A su influjo se enalteció el libre mercado como la mejor fórmula para el desarrollo de los países y se satanizó a los que se oponían al mismo, tildándolos de retrógradas y poco visionarios.
Términos como eficiencia, eficacia, competitividad, libre iniciativa y otros llenaron los miles de miles de seminarios, talleres, conferencias y encuentros en los que se ponía por el cielo, o más arriba, las bondades del sistema.
Esos organismos, y esos países, encabezados por los Estados Unidos, tienen ahora ante sí la gravísima responsabilidad de explicarle al mundo por qué falló su modelo y por qué, en lugar de llevar a las naciones a su máximo desarrollo, sobre todo a aquellas que acataron obedientemente, y servilmente, sus instrucciones, como fue el caso de Bolivia, por qué, en lugar de llegar el progreso, llegaron primero el empobrecimiento de las poblaciones, el retroceso de las economías, el incremento de los problemas sociales, el aumento de la brecha entre los ricos y los pobres y ahora, finalmente, la monstruosa crisis internacional con la que se inaugura el 2009.
Desesperadamente, fieles a su lógica capitalista, las potencias han acudido a sus reservas monetarias, y han volcado los indicados cientos de miles de millones de dólares, a los bancos y a las organizaciones financieras, para que puedan soportar el impacto de la crisis.
Pensaron, entonces, en los banqueros, en los grandes empresarios, en los millonarios, tomando medidas para evitar que sufran en sus intereses.
No pensaron, sin embargo, en la gente común, en el ciudadano corriente, en las familias que están sufriendo la crisis, y que deberán enfrentar un futuro incierto, con desempleo, con salarios disminuidos, con ahorros que se les evaporaron, con deudas impagables, con propiedades embargadas, con dramas familiares y personales.
Como siempre el sistema capitalista está pensando primero en los ricos, en la preservación de sus intereses, en el dinero y al último, en los seres humanos.
Amenaza la hambruna, amenazan los conflictos sociales que estallarán inevitablemente, pero las tareas de salvataje se dirigen primero a auxiliar a los ricos.
Así, pues, se está abriendo el 2009.
Con una crisis salvaje, engendrada por el capitalismo, y con un futuro sobre el que sólo se pueden hacer oscuras predicciones.
Ojalá que esas predicciones no se cumplan, y que las naciones no sufran y que los pueblos no sufran.
Y, sobre todo, que la experiencia presente sirva a la humanidad para empezar a desplazas el sistema capitalista y para reemplazarlo por otro más justo y más humano.
Iglesia Católica reitera su amor preferencial por los pobres
Jefes de la Iglesia Católica se reunieron en una Jornada por la Paz, allí en el Vaticano, y reiteraron el amor preferencial de esta Iglesia por los pobres.
Esa ratificación de la mencionada opción resultó gratificante porque de un tiempo a esta parte, en Bolivia, y por la actuación de algunas autoridades eclesiásticas, particularmente del Cardenal Terrazas, daba la impresión de que la Iglesia Católica había perdido el rumbo.
Porque el Cardenal tomó iniciativas y emitió declaraciones, que más bien mostraban a una Iglesia aliada con los poderosos.
En la Jornada de reflexión por la Paz, se sostuvo que la Iglesia apoya toda iniciativa creativa dirigida a distribuir adecuadamente los bienes.
Pero, sobre todo, apoya los esfuerzos por una modificación de los estilos de vida, de los modelos de producción y de consumo y de las estructuras consolidadas de poder que rigen en la sociedad.
Ahora, ¿cuáles son esos estilos de vida y de consumo que la Iglesia cuestiona?
No pueden ser otros que los capitalistas.
El derroche, la acumulación innecesaria, el lujo excesivo estructurados sobre la base de la pobreza y hasta de la miseria de las grandes mayorías del planeta.
¿Y cuáles son esas estructuras consolidadas de poder que rigen en la sociedad?
De la misma manera, no pueden ser otras que las capitalistas, que acumulando los bienes sólo en algunos países, o más bien, en pequeños grupos de magnates mundiales, consolidan estructuras de injusticia que son, obviamente, contrarias a los planes de Dios.
El mundo ha ido avanzando, en las últimas décadas, a una acelerada globalización.
Sin embargo, lo que se ha intentado globalizar, principalmente, han sido los mercados, barriendo con todas las fronteras que pudieran poner obstáculos al libre tránsito de capitales, en beneficio de las transnacionales.
Se buscó globalizar, del mismo modo, las ideas que pretendían mostrar al neoliberalismo como al único modelo sobre el cual debían basar su desarrollo todas las naciones del mundo, tanto las grandes como las pequeñas.
Ahora, sobre todo una vez que el neoliberalismo está mostrando su fracaso con la crisis mundial, lo que se observa es la urgencia de otro tipo de globalizaciones.
Como la globalización de la solidaridad, de la justicia social, de la pelea común contra la devastación del planeta.
El capitalismo, debe reiterarse una vez más, está basado en la explotación de unos hombres por otros, de unas naciones por otras.
Entonces se debe globalizar la resistencia contra ese sistema, y se debe globalizar la construcción de otro sistema internacional que redistribuya mejor la riqueza.
“La marginación de los hombres del planeta sólo puede encontrar instrumentos válidos de emancipación en la globalización, si todo hombre se siente personalmente herido por las injusticias que hay en el mundo y por las violaciones de los derechos humanos vinculados a ellas”, dice una parte del documento de la Jornada de Reflexión por la Paz.
El documento, entonces, enfatiza la necesidad de combatir la pobreza y de sembrar la paz.
Pero no es posible hablar de una mundo pacífico, con sociedades pacíficas, mientras prevalezcan las estructuras de injusticia tanto en el marco internacional, como dentro de los propios países, incluyendo a los ricos.
La pobreza, según la Iglesia, es un problema material, pero también moral y espiritual.
Esa pobreza está aumentando, justamente por la predominancia del sistema capitalista, y ahora amenaza acentuarse con la crisis alimentaria que tiene características mundiales.
Según la Iglesia, esta crisis se manifiesta no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por las dificultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos.
Alimentos existen en suficiente cantidad como para aliviar con facilidad el hambre de la población mundial.
Pero esos alimentos están lejos del alcance de grandes masas humanas, por la pobreza en la que están inmersas.
A esa dificultad se suma la especulación de los comerciantes, que aprovechan las crisis para acentuar sus ganancias, o para provocar situaciones de convulsión, como las que intentaba Branco Marinkovic, desabasteciendo de aceite el mercado nacional, o los ganaderos del oriente que quisieron elevar artificialmente el precio de la carne.
La Iglesia Católica, pues, parece que está volviendo por sus fueros, al señalar las injusticias que existen en el mundo, y al ratificar su opción por los pobres.
Sería muy importante que el Cardenal Julio Terrazas reflexionara sobre estos temas, para dejar de alinearse con los grupos oligárquicos del oriente, que son parte de esa estructura de injusticia que se condenó en la Jornada de Reflexión por la Paz.
Esa ratificación de la mencionada opción resultó gratificante porque de un tiempo a esta parte, en Bolivia, y por la actuación de algunas autoridades eclesiásticas, particularmente del Cardenal Terrazas, daba la impresión de que la Iglesia Católica había perdido el rumbo.
Porque el Cardenal tomó iniciativas y emitió declaraciones, que más bien mostraban a una Iglesia aliada con los poderosos.
En la Jornada de reflexión por la Paz, se sostuvo que la Iglesia apoya toda iniciativa creativa dirigida a distribuir adecuadamente los bienes.
Pero, sobre todo, apoya los esfuerzos por una modificación de los estilos de vida, de los modelos de producción y de consumo y de las estructuras consolidadas de poder que rigen en la sociedad.
Ahora, ¿cuáles son esos estilos de vida y de consumo que la Iglesia cuestiona?
No pueden ser otros que los capitalistas.
El derroche, la acumulación innecesaria, el lujo excesivo estructurados sobre la base de la pobreza y hasta de la miseria de las grandes mayorías del planeta.
¿Y cuáles son esas estructuras consolidadas de poder que rigen en la sociedad?
De la misma manera, no pueden ser otras que las capitalistas, que acumulando los bienes sólo en algunos países, o más bien, en pequeños grupos de magnates mundiales, consolidan estructuras de injusticia que son, obviamente, contrarias a los planes de Dios.
El mundo ha ido avanzando, en las últimas décadas, a una acelerada globalización.
Sin embargo, lo que se ha intentado globalizar, principalmente, han sido los mercados, barriendo con todas las fronteras que pudieran poner obstáculos al libre tránsito de capitales, en beneficio de las transnacionales.
Se buscó globalizar, del mismo modo, las ideas que pretendían mostrar al neoliberalismo como al único modelo sobre el cual debían basar su desarrollo todas las naciones del mundo, tanto las grandes como las pequeñas.
Ahora, sobre todo una vez que el neoliberalismo está mostrando su fracaso con la crisis mundial, lo que se observa es la urgencia de otro tipo de globalizaciones.
Como la globalización de la solidaridad, de la justicia social, de la pelea común contra la devastación del planeta.
El capitalismo, debe reiterarse una vez más, está basado en la explotación de unos hombres por otros, de unas naciones por otras.
Entonces se debe globalizar la resistencia contra ese sistema, y se debe globalizar la construcción de otro sistema internacional que redistribuya mejor la riqueza.
“La marginación de los hombres del planeta sólo puede encontrar instrumentos válidos de emancipación en la globalización, si todo hombre se siente personalmente herido por las injusticias que hay en el mundo y por las violaciones de los derechos humanos vinculados a ellas”, dice una parte del documento de la Jornada de Reflexión por la Paz.
El documento, entonces, enfatiza la necesidad de combatir la pobreza y de sembrar la paz.
Pero no es posible hablar de una mundo pacífico, con sociedades pacíficas, mientras prevalezcan las estructuras de injusticia tanto en el marco internacional, como dentro de los propios países, incluyendo a los ricos.
La pobreza, según la Iglesia, es un problema material, pero también moral y espiritual.
Esa pobreza está aumentando, justamente por la predominancia del sistema capitalista, y ahora amenaza acentuarse con la crisis alimentaria que tiene características mundiales.
Según la Iglesia, esta crisis se manifiesta no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por las dificultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos.
Alimentos existen en suficiente cantidad como para aliviar con facilidad el hambre de la población mundial.
Pero esos alimentos están lejos del alcance de grandes masas humanas, por la pobreza en la que están inmersas.
A esa dificultad se suma la especulación de los comerciantes, que aprovechan las crisis para acentuar sus ganancias, o para provocar situaciones de convulsión, como las que intentaba Branco Marinkovic, desabasteciendo de aceite el mercado nacional, o los ganaderos del oriente que quisieron elevar artificialmente el precio de la carne.
La Iglesia Católica, pues, parece que está volviendo por sus fueros, al señalar las injusticias que existen en el mundo, y al ratificar su opción por los pobres.
Sería muy importante que el Cardenal Julio Terrazas reflexionara sobre estos temas, para dejar de alinearse con los grupos oligárquicos del oriente, que son parte de esa estructura de injusticia que se condenó en la Jornada de Reflexión por la Paz.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)