Se acerca el momento de la definición: o se apoya el cambio por un país más justo y digno, o se apoya la vieja Bolivia de las desigualdades

Nunca, nuestro país, se enfrentó a un momento más grave de decisión, como el del próximo 25 de mayo.

Ese 25 se estará votando por dejar atrás o por seguir manteniendo la Bolivia de desigualdad e injusticia que prevaleció desde el comienzo de la República.

Existe, en nuestra Nación, una gran mayoría que quiere el cambio, porque fue observando, a lo largo del tiempo, las aberraciones, la corrupción, las malas mamas y artimañas, la iniquidad, la doblez y la hipocresía de los políticos tradicionales de los partidos tradicionales.

Pero también existe una parte, a Dios gracias, la minoría, que no quiere el cambio, o porque se vio favorecida por ese Estado de injusticia, o porque está siendo engañada, justamente, por los políticos o por los grupos dominantes.

Lo que se espera, ante este panorama es que, para el bien de la Patria, de las generaciones presentes y futuras, prevalezca la voluntad de la mayoría, de la que quiere el cambio y de la que quiere una nueva Constitución.

Ahora bien, muchas han sido las mentiras que los grupos conservadores han hecho circular para confundir a la gente, para provocar su duda, para inducirla a votar por el No.

Una de ellas, por ejemplo, señala que con la nueva Constitución se está buscando la reelección indefinida a perpetuidad del presidente.

Eso es falso porque, según la nueva Carta Magna, en su artículo 168, el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente es de cinco años, y podrán ser reelegidos por una sola vez de manera continua, lo cual garantiza que nadie se perpetuará indefinidamente en el gobierno.

Pero, además de ello, si algún mandatario hace una mala gestión o incurre en actos condenables, como los muchos en los que incurrieron los presidentes de los gobiernos neoliberales, ese mandatario podrá ser revocado, de acuerdo al artículo 240..

Los ciudadanos evaluarán si la gestión es buena o mala, y si es mala y consideran que el gobierno debe irse, entonces solicitarán firmas, llenarán un número determinado de las mismas, presentarán los libros ante las autoridades pertinentes, se llamará a un referendo y, de haber una mayoría de la gente que vote por el cambio, ese presidente y ese vicepresidente tendrán que irse irremediablemente.

Con este mecanismo se evitará, por ejemplo, que haya un Sánchez de Lozada que quiera regalar el gas a las petr4oleras transnacionales, o que haya un Bánzer que entregue todas las tierras del oriente a los latifundistas, o que haya un Paz Zamora que quiera lotear el Salar de Uyuni a empresas chilenas, o que haya megacoaliciones que incurran en megacorrupciones.

Estos artículos, como se ve, garantizan una renovación democrática y constante del poder, evitando que el mismo se concentre en pocas manos, como ocurrió antes, y obligan a los mandatarios a cumplir la ley y a realizar una buena gestión, si es que no desean ser despedidos por el pueblo.

Aprobar la nueva Constitución, entonces, es asegurar a Bolivia buenos gobiernos para el futuro, y no gobiernos corruptos como los de las ultimas décadas, gobiernos de miristas, adenistas, emenerristas, manferistas, podemistas, ucesistas, que son, justamente, los que se oponen al cambio.

Otra gran mentira que han ido haciendo circular, y con la cual han tratado mañosamente de engañar a la población, es el referido a la propiedad privada.

Confiando en que la gente no lea el nuevo texto constitucional, han dicho que el mismo atenta contra la propiedad privada, que nadie podrá tener dos o más casas o que nadie podrá poseer dos o más autos.

Desmintiendo esa falsedad, el nuevo texto constitucional señala que, según el artículo 56 parágrafo I, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectiva, siempre que esta cumpla una función social.

Y, de acuerdo al parágrafo II, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.

La nueva Constitución, entonces, asegura que los bolivianos podrán poseer los bienes que quieran, o los bienes que sean capaces de conseguir con su esfuerzo honesto, con su sacrificio o con su inteligencia puesta al servicio de la rectitud y de la honradez.

Nadie podrá atentar contra esos sus bienes y nadie se los podrá arrebatar nunca, en ningún momento.

Y, cuando la persona deba alejarse de este mundo, podrá dejar los mismos a sus hijos y descendientes, en un legítimo derecho de herencia.

Los bienes, bien habidos, o sea, logrados a través del trabajo honesto, serán plenamente respetados,

Ahora, otra cosa es que una persona haya acumulado propiedades y fortunas robándole al Estado, haciendo negociados ilícitos a costa del pueblo, o delinquiendo de cualquier manera.

Esos casos, en los que incurren los corruptos, serán puestos bajo la mirada de la ley de investigación de fortunas que, justamente, se resisten a aprobar en el Congreso, particularmente en el Senado, los parlamentarios de los partidos tradicionales, muchos de los cuales son sospechosos, justamente, de enriquecimiento ilegal.

Por estos aspectos señalados, se observa la pertinencia, la urgencia y la absoluta necesidad de que la nueva Constitución Política del Estado sea aprobada el próximo 25 de enero, por una mayoría contundente.

Está en juego el futuro del país por los próximos 50 años, de manera que ahora no caben equivocaciones.

O se vota por un nuevo país de justicia y equidad, o se vota por la permanencia de una nación caduca, a merced de los políticos neoliberales que la llevaron a la quiebra en los últimos 20 años.