La crisis de los alimentos está aumentando y es indudable que producirá reacciones muy duras en las capas medias y más pobres de la población, en una mayoría de los países del mundo.
En los hechos, durante el año que termina, hubo motines y revueltas en el país caribeño de Haití, en Filipinas e Indonesia, en el continente asiático, o en Egipto, en el norte de África, además de varios otros.
Inclusive en Bolivia, la población salió a protestar por el encarecimiento en los precios del arroz, del aceite y de las carnes de pollo y de res, elevación que fue aprovechada por los comerciantes y empresarios para desatar una ola inmisericorde de especulación.
Esta crisis, según se anticipa, no se resolverá, sino que continuará agravándose durante el próximo año.
Ahora bien, ¿cuál es el origen y la raíz de este nefasto fenómeno?
¿Dónde comenzó y a quién se le debe cargar la culpa por esto que está pasando?
De acuerdo a un artículo aparecido en la revista Petropress, bajo el título de “el hambre que viene”, los factores principales de la crisis alimentaria, deben ser buscados en las mismas estrucruras del sistema neoliberal que han estado en vigencia las últimas décadas.
En los años 70 y 80, dice el artículo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial obligaron a los países pobres, entre ellos Bolivia, ha implementar las llamas medidas de ajuste estructural exigiendo, entre otras cosas, que se eliminaran las barreras arancelarias para dar paso a una acción más libre y sin control de las grandes transnacionales.
Esas barreras eran las que, por ejemplo, protegían a los productores agropecuarios locales, de la competencia de productos llegados del exterior.
Cuando fueron levantadas, los mercados locales se vieron inundados de productos extranjeros, provenientes muchos de ellos de las indicadas transnacionales, y eso dio lugar a un quebrantamiento en la economía de las comunidades rurales.
Se destruyó así la agricultura de subsistencia y los pequeños y medianos agricultores se vieron obligados a emigrar hacia los centros urbanos de sus países o, inclusive, al exterior, principalmente Estados Unidos y Europa, en busca de trabajo.
Este abandono del campo se tradujo en una nueva concentración de la tierra en manos de las oligarquías locales o de empresas transnacionales que privilegiaron los monocultivos, acabando con la diversificada producción agrícola que antes había existido.
Estas transnacionales y estas oligarquías, en lugar de dirigir sus producciones al abastecimiento del mercado interno, las encaminaron hacia la exportación, con sus considerables márgenes de lucro.
A partir de este momento, señala el artículo de la revista Petropress, los préstamos, créditos, asistencia técnica y otros beneficios del sistema financiero internacional, fueron encaminados a favorecer a estos empresarios, abandonando absolutamente al pequeño agricultor.
Hablando sobre este tema, el Comisionado General de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, señor Olivier Du Chatr, acusó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, de obligar a los países en vías de desarrollo a invertir en los cultivos para la exportación en desmedro de la producción alimentaria que les asegure la autosuficiencia.
“La crisis alimentaria actual, dijo Du Chatr, es producto de acciones humanas y no de desastres naturales.
Sostuvo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cometieron graves errores en sus evaluaciones sobre las necesidades de la inversión en la agricultura, y recalcó que la actual crisis en los alimentos es producto de dos décadas de políticas erradas de las potencias mundiales.
Olivier Du Chatr criticó la concentración del poder económico en manos de pocas transnacionales, como Monsanto y Dow Chemical, que controlan la oferta de semillas, loa abonos, o la industrialización de los alimentos y su distribución.
Es este tipo de políticas neoliberales el que alteró el presente y el futuro de los países pobres que conforman la mayoría de la humanidad, y que son los que más sentirán los efectos de la crisis alimentaria.
Ahora, como siempre ha ocurrido, las naciones ricas seguramente saldrán ganando de la crisis, porque el aumento en los precios de los alimentos, les significará también un aumento en sus ganancias, porque son esas naciones las que controlan el mercado de los productos alimenticios.
Observando esta situación se puede entender la razón y el acierto de las políticas del actual gobierno, que ha decidido apoyar a los medianos y pequeños productores, para asegurarles márgenes justo de ganancias, y para garantizar el abastecimiento interno de estos productos esenciales.
Las políticas agrícolas ya no deben favorecer más a los grandes empresarios, a los que producen soya, por ejemplo, porque productos como el indicado sólo están dirigidos en su mayor parte a la exportación que, al final, a Bolivia no le reditúan demasiados ingresos.
Ante la crisis mundial de los alimentos, la solución pasa porque las naciones hagan esfuerzos para producirlos, con el fin de atender las necesidades de sus poblaciones y ya no depender demasiado de las importaciones.
Y, en tanto que estas políticas se desarrollan, pasarle la factura al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, para que respondan por esta calamidad internacional, el hambre que viene y que amenaza con originar furiosos estallidos de violencia en todo el planeta.
martes, 2 de diciembre de 2008
El imperio parece comenzar a debilitarse irremediablemente
Parece, nomás, que la crisis financiera que están sufriendo los Estados Unidos en este momento, debilitará el predomino de ese país en el mundo, en las próximas décadas.
Esa predicción está contenida en un informe elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia de los propios Estados Unidos, y del cual se está haciendo eco la prensa internacional.
Hace poco más de un mes, el gobierno norteamericano decidió salir en rescate de su sistema financiero, inyectándole la descomunal cifra de 700 mil millones de dólares, para darle cierta liquidez y devolver al público y, principalmente a sus bancos, algunos márgenes de tranquilidad.
Pero esa cifra no tuvo un efecto demasiado profundo, de manera que hace algunos días se decidió una nueva inyección monetaria, esta vez de 800 mil millones de dólares.
No se conoce aun si esta medida será lo suficientemente fuerte para frenar o disminuir el impacto de la crisis.
De cualquier modo, lo cierto, lo evidente, y en lo que coinciden una mayoría de los analistas, es en que Estados Unidos ha ingresado a una etapa de recesión que durará mucho tiempo, probablemente décadas.
El Consejo Nacional de Inteligencia predice, por ejemplo, que el dólar dejará de ser la principal moneda para el intercambio comercial global.
En los hechos, esa moneda ha sufrido permanentes bajas en los último años, las cuales parece que continuarán, pese a una leve recuperación ocurrida recientemente.
Paralelamente a ello, el señalado Consejo Nación al de Inteligencia hace alusión a las crisis alimentaria, energética y ambiental que está sufriendo el planeta, y las cuales repercutirán directa o indirectamente en la economía norteamericana.
En los hechos estas crisis que se manifiestan como una sombra ignominiosa sobre el futuro inmediato de la humanidad, son resultado de la lógica capitalista y neoliberal con que se pretendió globalizar el mundo desde los centros capitalistas de poder.
En los hechos, los Estados Unidos son un principal culpable de estas crisis y ahora, como no podía ser de otro modo, las mismas se están volviendo contra ellos, amenazando con afectarles de manera muy severa en un futuro inmediato.
Las grandes transnacionales estadounidenses desarrollaron políticas salvajes para elevar sus ganancias, sin límites de ninguna clase, destruyendo el medio ambiente, contaminando la atmósfera, degradando sistemas acuíferos, aniquilando bosques y sometiendo las economías de las naciones.
Estos daños ahora se están revirtiendo y serán parte del gran cuadro de calamidades que los Estados Unidos deberán encarar en los siguientes años.
Dice el informe del Consejo Nacional de Inteligencia que un factor más para esta situación, es el crecimiento de economías como las de la China, la India o el mismo Brasil, que plantearán una dura competencia a los Estados Unidos.
Parece que en el planeta se consolidarán nuevos centros de poder, que harán la situación mundial menos estable.
Inclusive la producción de armas nucleares es tema de preocupación para el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos que ve que varios países, algunos enemigos declarados de los Estados Unidos, están adquiriendo capacidad para desarrollarlas.
Ahora bien, ¿cómo enfrentarán los Estados Unidos esta situación de incertidumbre que les está envolviendo irremediablemente?
Los analistas señalan que, en el pasado, una de las fórmulas de la potencia, para enfrentar situaciones semejantes, fue la de desarrollar guerras con características mundiales.
La guerra, con todo lo que significa en términos de fortalecimiento y reactivación de sus empresas productivas, con las políticas de emergencia económica que se aplican y a las cuales se somete la población, con el apropiamiento de recursos naturales y hasta territorios de otros países, tradicionalmente ha significado un negocio que termina por reactivar la economía del país vencedor.
La pregunta es si ahora, en esta coyuntura, Estados Unidos irá por la misma senda.
El actual presidente George W. Bush estaba en esa política guerrera, pero ahora se está yendo y ya no tendrá tiempo para nada más.
¿Optará Barack Obama por seguir el mismo camino?
Mucho se ha ido hablando de que su gobierno significará un cambio para su país y para las relaciones de su país con el mundo.
De antemano, en sus debates con el candidato McCain, Obama insistió en que en un plazo breve de no más de seis meses, las tropas norteamericanas en Irak retornarán a su territorio.
La política guerrerista, en consecuencia se verá frenada.
Pero, entonces, ¿qué hará Obama para encarar la crisis?
Es la gran pregunta que comenzará a ser respondida recién el próximo año, cuando el presidente negro inicie su mandato.
Esa predicción está contenida en un informe elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia de los propios Estados Unidos, y del cual se está haciendo eco la prensa internacional.
Hace poco más de un mes, el gobierno norteamericano decidió salir en rescate de su sistema financiero, inyectándole la descomunal cifra de 700 mil millones de dólares, para darle cierta liquidez y devolver al público y, principalmente a sus bancos, algunos márgenes de tranquilidad.
Pero esa cifra no tuvo un efecto demasiado profundo, de manera que hace algunos días se decidió una nueva inyección monetaria, esta vez de 800 mil millones de dólares.
No se conoce aun si esta medida será lo suficientemente fuerte para frenar o disminuir el impacto de la crisis.
De cualquier modo, lo cierto, lo evidente, y en lo que coinciden una mayoría de los analistas, es en que Estados Unidos ha ingresado a una etapa de recesión que durará mucho tiempo, probablemente décadas.
El Consejo Nacional de Inteligencia predice, por ejemplo, que el dólar dejará de ser la principal moneda para el intercambio comercial global.
En los hechos, esa moneda ha sufrido permanentes bajas en los último años, las cuales parece que continuarán, pese a una leve recuperación ocurrida recientemente.
Paralelamente a ello, el señalado Consejo Nación al de Inteligencia hace alusión a las crisis alimentaria, energética y ambiental que está sufriendo el planeta, y las cuales repercutirán directa o indirectamente en la economía norteamericana.
En los hechos estas crisis que se manifiestan como una sombra ignominiosa sobre el futuro inmediato de la humanidad, son resultado de la lógica capitalista y neoliberal con que se pretendió globalizar el mundo desde los centros capitalistas de poder.
En los hechos, los Estados Unidos son un principal culpable de estas crisis y ahora, como no podía ser de otro modo, las mismas se están volviendo contra ellos, amenazando con afectarles de manera muy severa en un futuro inmediato.
Las grandes transnacionales estadounidenses desarrollaron políticas salvajes para elevar sus ganancias, sin límites de ninguna clase, destruyendo el medio ambiente, contaminando la atmósfera, degradando sistemas acuíferos, aniquilando bosques y sometiendo las economías de las naciones.
Estos daños ahora se están revirtiendo y serán parte del gran cuadro de calamidades que los Estados Unidos deberán encarar en los siguientes años.
Dice el informe del Consejo Nacional de Inteligencia que un factor más para esta situación, es el crecimiento de economías como las de la China, la India o el mismo Brasil, que plantearán una dura competencia a los Estados Unidos.
Parece que en el planeta se consolidarán nuevos centros de poder, que harán la situación mundial menos estable.
Inclusive la producción de armas nucleares es tema de preocupación para el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos que ve que varios países, algunos enemigos declarados de los Estados Unidos, están adquiriendo capacidad para desarrollarlas.
Ahora bien, ¿cómo enfrentarán los Estados Unidos esta situación de incertidumbre que les está envolviendo irremediablemente?
Los analistas señalan que, en el pasado, una de las fórmulas de la potencia, para enfrentar situaciones semejantes, fue la de desarrollar guerras con características mundiales.
La guerra, con todo lo que significa en términos de fortalecimiento y reactivación de sus empresas productivas, con las políticas de emergencia económica que se aplican y a las cuales se somete la población, con el apropiamiento de recursos naturales y hasta territorios de otros países, tradicionalmente ha significado un negocio que termina por reactivar la economía del país vencedor.
La pregunta es si ahora, en esta coyuntura, Estados Unidos irá por la misma senda.
El actual presidente George W. Bush estaba en esa política guerrera, pero ahora se está yendo y ya no tendrá tiempo para nada más.
¿Optará Barack Obama por seguir el mismo camino?
Mucho se ha ido hablando de que su gobierno significará un cambio para su país y para las relaciones de su país con el mundo.
De antemano, en sus debates con el candidato McCain, Obama insistió en que en un plazo breve de no más de seis meses, las tropas norteamericanas en Irak retornarán a su territorio.
La política guerrerista, en consecuencia se verá frenada.
Pero, entonces, ¿qué hará Obama para encarar la crisis?
Es la gran pregunta que comenzará a ser respondida recién el próximo año, cuando el presidente negro inicie su mandato.
El mañoso titular
A menos de dos meses del Referendo sobre la nueva Constitución Política del Estado, los medios de comunicación social privados, han comenzado ya sus campañas a favor de los sectores de la derecha.
Unos de manera más desembozada y abierta, y otros con mayor sutilidad, han empezado a inducir a la población a votar por el No, acomodándose a las directivas que emanan de las oligarquías y comités cívicos del oriente boliviano.
Un ejemplo de lo señalado es la nota publicada en el periódico La Prensa de la ciudad de La Paz, el pasado martes 25 de noviembre.
La señalada información aparece en la primera plana, con grandes titulares, a todo lo ancho de la página, diciendo lo siguiente.
“Empate, el Sí a la nueva CPE gana en 4 capitales y en No en otras 4”
Más adelante, en la página 5a de ese matutino, la información se pormenoriza con otro titular en grandes letras, redactado en estos términos.
“El Sí y el No al proyecto de CPE, empatan a 4 en 8 capitales”.
Más arriba, como subtítulo, en letras pequeñas, se lee: “La ciudad de El Alto expresa su mayor aprobación con 86 por ciento”.
Tanto en los titulares de la primera página como en los titulares de la página 5a, se destaca y enfatiza el empate entre el Sí y el No, haciendo referencia a la empresa Equipos Mori, que llevó a cabo la consulta, por encargo de una Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana..
En la letra chica, leyendo la nota, se conoce que el Sí gana en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, y el No en Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Sucre.
Ahora bien, un primer vistazo a los señalados titulares conducen a la población a creer que, efectivamente, había habido o habrá, un virtual empate entre el Sí y el No en el próximo Referendo.
Que la votación está dividida en partes iguales, y que el número de gente convencida de la importancia y del valor del nuevo texto constitucional, es bastante menor a lo que se piensa.
Que, en realidad, la nueva Constitución, no tiene el apoyo que por ahí se anda pregonando.
Pero, ¿será realidad esa afirmación, o esa conclusión, o esa inducción a la que lleva el titular?
Por supuesto que no, porque los resultados de la anterior consulta sobre la continuidad o revocatoria del presidente Morales y de los prefectos, dieron un apabullante apoyo del 67 % al p4rimer mandatario.
Es lógico pensar, pues, que esa población será la misma, con leves diferencias, que apruebe el nuevo texto constitucional, justamente porque su aprobación es una solicitud expresa del presidente Evo Morales.
Sería un contrasentido que una persona que haya votado por la permanencia del presidente en su cargo, posteriormente vote en contra de la nueva Constitución, que es su principal proyecto..
La lógica, el sentido y el carácter del primer voto, seguramente que se van a ver reflejados también en la segunda votación, de modo que el resultado más probable es un amplio triunfo del Sí en el Referendo del 25 de enero del próximo año, y no un empate como tendenciosamente señala el periódico La Prensa.
Si este matutino hubiera querido ser más honesto, al mismo tiempo de destacar ese empate en las ciudades, 4 por el Sí y 4 por el No, debía haber señalado que, en términos de población, las ciudades que apoyan el Sí, contienen un número mucho mayor de habitantes que las ciudades que aparentemente se inclinan por el No.
Si se suma la gente que vive en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, se encontrará que son mucho más que la gente que habita en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Sucre.
En consecuencia, si las votaciones ratifican el estudio de la empresa Equipos Mori, lo que va a resultar es un triunfo claro y contundente del Sí contra el No.
No va a haber un empate, que es lo que señala, y a lo que parece llevar a pensar, el titular del periódico La Prensa.
Esta, como se ve, es una manera de confundir a la población.
Un titular que, apoyado en los datos de la consulta, que puede estar bien hecha, refleja y enfatiza una falsa realidad porque, de la misma investigación, se concluye que el Sí va adelante en la preferencia ciudadana, en las 8 capitales señaladas.
Tampoco el titular hace referencia a la votación de los sectores rurales.
Es probable que Equipos Mori no haya levantado una consulta en los sectores agrarios pero, si se recuerdan resultados de anteriores referendos, se debe observar que es allí donde el apoyo a la nueva Constitución es absolutamente mayoritario.
La gente de los sectores rurales, campesinos e indígenas, ha resumido en el nuevo texto constitucional, reivindicaciones de toda su historia, de toda su vida, de modo que su apoyo a la nueva Constitución será, indudablemente, avasallador.
Estos simples análisis apuntan a que el Sí se impondrá por un margen muy amplio al No.
Y que el virtual empate, que mañosamente se quiere adelantar con el tremendo titular del periódico La Prensa, no tiene sustento en la realidad.
Hechos como este se irán multiplicando en la medida en que se acerque la fecha para el Referendo.
Serán maniobras encaminadas a poner en duda la validez legal de la votación, o su organización u, en último término, los resultados.
Sin embargo, a estas alturas de la historia, la conciencia del pueblo es ya demasiada clara, en relación a la importancia del Referendo, y a la importancia de sus resultados para la construcción de una nueva nación.
Lo esencial es que la población esté prevenida para no caer en las manipulaciones de los medios privados de comunicación, que seguirán trabajando a favor de la derecha oligárquica del país.
Unos de manera más desembozada y abierta, y otros con mayor sutilidad, han empezado a inducir a la población a votar por el No, acomodándose a las directivas que emanan de las oligarquías y comités cívicos del oriente boliviano.
Un ejemplo de lo señalado es la nota publicada en el periódico La Prensa de la ciudad de La Paz, el pasado martes 25 de noviembre.
La señalada información aparece en la primera plana, con grandes titulares, a todo lo ancho de la página, diciendo lo siguiente.
“Empate, el Sí a la nueva CPE gana en 4 capitales y en No en otras 4”
Más adelante, en la página 5a de ese matutino, la información se pormenoriza con otro titular en grandes letras, redactado en estos términos.
“El Sí y el No al proyecto de CPE, empatan a 4 en 8 capitales”.
Más arriba, como subtítulo, en letras pequeñas, se lee: “La ciudad de El Alto expresa su mayor aprobación con 86 por ciento”.
Tanto en los titulares de la primera página como en los titulares de la página 5a, se destaca y enfatiza el empate entre el Sí y el No, haciendo referencia a la empresa Equipos Mori, que llevó a cabo la consulta, por encargo de una Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana..
En la letra chica, leyendo la nota, se conoce que el Sí gana en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, y el No en Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Sucre.
Ahora bien, un primer vistazo a los señalados titulares conducen a la población a creer que, efectivamente, había habido o habrá, un virtual empate entre el Sí y el No en el próximo Referendo.
Que la votación está dividida en partes iguales, y que el número de gente convencida de la importancia y del valor del nuevo texto constitucional, es bastante menor a lo que se piensa.
Que, en realidad, la nueva Constitución, no tiene el apoyo que por ahí se anda pregonando.
Pero, ¿será realidad esa afirmación, o esa conclusión, o esa inducción a la que lleva el titular?
Por supuesto que no, porque los resultados de la anterior consulta sobre la continuidad o revocatoria del presidente Morales y de los prefectos, dieron un apabullante apoyo del 67 % al p4rimer mandatario.
Es lógico pensar, pues, que esa población será la misma, con leves diferencias, que apruebe el nuevo texto constitucional, justamente porque su aprobación es una solicitud expresa del presidente Evo Morales.
Sería un contrasentido que una persona que haya votado por la permanencia del presidente en su cargo, posteriormente vote en contra de la nueva Constitución, que es su principal proyecto..
La lógica, el sentido y el carácter del primer voto, seguramente que se van a ver reflejados también en la segunda votación, de modo que el resultado más probable es un amplio triunfo del Sí en el Referendo del 25 de enero del próximo año, y no un empate como tendenciosamente señala el periódico La Prensa.
Si este matutino hubiera querido ser más honesto, al mismo tiempo de destacar ese empate en las ciudades, 4 por el Sí y 4 por el No, debía haber señalado que, en términos de población, las ciudades que apoyan el Sí, contienen un número mucho mayor de habitantes que las ciudades que aparentemente se inclinan por el No.
Si se suma la gente que vive en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, se encontrará que son mucho más que la gente que habita en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Sucre.
En consecuencia, si las votaciones ratifican el estudio de la empresa Equipos Mori, lo que va a resultar es un triunfo claro y contundente del Sí contra el No.
No va a haber un empate, que es lo que señala, y a lo que parece llevar a pensar, el titular del periódico La Prensa.
Esta, como se ve, es una manera de confundir a la población.
Un titular que, apoyado en los datos de la consulta, que puede estar bien hecha, refleja y enfatiza una falsa realidad porque, de la misma investigación, se concluye que el Sí va adelante en la preferencia ciudadana, en las 8 capitales señaladas.
Tampoco el titular hace referencia a la votación de los sectores rurales.
Es probable que Equipos Mori no haya levantado una consulta en los sectores agrarios pero, si se recuerdan resultados de anteriores referendos, se debe observar que es allí donde el apoyo a la nueva Constitución es absolutamente mayoritario.
La gente de los sectores rurales, campesinos e indígenas, ha resumido en el nuevo texto constitucional, reivindicaciones de toda su historia, de toda su vida, de modo que su apoyo a la nueva Constitución será, indudablemente, avasallador.
Estos simples análisis apuntan a que el Sí se impondrá por un margen muy amplio al No.
Y que el virtual empate, que mañosamente se quiere adelantar con el tremendo titular del periódico La Prensa, no tiene sustento en la realidad.
Hechos como este se irán multiplicando en la medida en que se acerque la fecha para el Referendo.
Serán maniobras encaminadas a poner en duda la validez legal de la votación, o su organización u, en último término, los resultados.
Sin embargo, a estas alturas de la historia, la conciencia del pueblo es ya demasiada clara, en relación a la importancia del Referendo, y a la importancia de sus resultados para la construcción de una nueva nación.
Lo esencial es que la población esté prevenida para no caer en las manipulaciones de los medios privados de comunicación, que seguirán trabajando a favor de la derecha oligárquica del país.
Definitivamente fue una masacre y no un enfrentamiento
“Esto ha sido una masacre. No aceptamos la tesis de un enfrentamiento”.
Esas fueron las palabras que registró la prensa mundial, del abogado argentino Rodolfo Mattarolo, responsable de la comisión que organizó UNASUR, para investigar las matanzas del pasado 11 de septiembre, en el departamento de Pando.
La declaración la hizo Mattarolo, adelantando el informe oficial que despejará toda duda sobre los indicados sangrientos sucesos.
Algunos medios de comunicación social, como las redes televisivas Unitel, PAT y ATB, insistieron mucho con la versión de que en Pando hubo un enfrentamiento.
Que los indígenas que marchaban hacia la ciudad de Cobija estaban armados y que tenían como objetivo tomar la prefectura.
Que los primeros disparos provinieron de ellos, y que los civiles que apoyaban al prefecto, en coordinación con gente del comité cívico, actuaron para defender sus instituciones y para garantizar la seguridad de la población de Cobija.
Esa versión fue reiterada de muchas maneras por políticos de los grupos de derecha que encontraron enorme acogida en los señalados medios televisivos.
Inclusive se dio paso a opiniones de un almirante, que señalaba que unas imágenes de la matanza, que muestran a indígenas tratando desesperadamente de cruzar el río mientras las balas salpicaban a su alrededor, eran imágenes de un entrenamiento de conscriptos.
Ahora, con el informe de la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, todas esas opiniones e interpretaciones de los hechos quedan absolutamente anuladas, quedando transparente la única verdad de lo sucedido: el brutal asesinato de campesinos por parte de grupos paramilitares que actuaron a órdenes de la prefectura y del comité cívico de Pando.
“El abogado Mattarolo, dice la información aparecida en la prensa internacional, presentó un video de 20 minutos de duración, que muestra la matanza de campesinos, indígenas y originarios”
En el indicado audiovisual “se observa al senador pandino José Villavicencio, de Unidad Nacional, mientras grita: “si Evo quiere sangre, va a haber sangre”, mientras un grupo de personas dispara contra agricultores prácticamente indefensos”.
“Resulta sobrecogedor, sigue diciendo la nota, el relato de una mujer sobre el asesinato de una compañera suya.
“Hombres de la ciudad la quemaron viva y, al lado del cadáver calcinado, su pequeño hijo lloraba sin control.
“Después de sacudirlo , y como no pudieron callarlo, le dieron un tiro en la cabeza”.
Aquellas personas que fueron capaces de esa brutalidad, y de varias otras parecidas que ocurrieron ese día, eran, obviamente, gente sin conciencia.
Gente que no tenía ninguna noción sobre el valor de la vida humana.
Personas incapaces de sentir el sufrimiento del prójimo, ni de reconocer sus derechos.
Bestias inhumanas cargadas de odio.
Sicópatas sin Dios ni moral.
En suma, fascistas de los grupos de extrema derecha del oriente boliviano.
Ahora, lo importante de esta investigación, es que fue realizada por una comisión de gran calidad moral y cuyas conclusiones no admiten réplica.
Una comisión que entrevistó a decenas de indígenas sobrevivientes de la masacre y a médicos que los atendieron, y que conversó durante tres horas y media con el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en una celda de la cárcel de San Pedro, en La Paz.
La comisión, asimismo, cruzó la frontera con el Brasil, para reunirse con los cívicos opositores que se escaparon después de los hechos y, por último entrevistó a líderes de la oposición y al propio presidente Evo Morales.
Después de estos informes, ya no habrán más dudas sobre la matanza de Cobija, uno de los hechos más crueles de la historia boliviana, y un eslabón más de la cadena de crímenes que caracteriza el accionar de los sectores de la derecha contra el pueblo boliviano.
Conocidos este y los otros informes que se desarrollan en el país, lo único que se espera es una sanción adecuada contra los paramilitares asesinos y contra los autores intelectuales de la masacre.
Y que se quite del camino a los abogados melgarejos y a otros personajes serviles que buscan proteger a Leopoldo Fernández y a sus cómplices, devolviéndoles favores del pasado.
Esas fueron las palabras que registró la prensa mundial, del abogado argentino Rodolfo Mattarolo, responsable de la comisión que organizó UNASUR, para investigar las matanzas del pasado 11 de septiembre, en el departamento de Pando.
La declaración la hizo Mattarolo, adelantando el informe oficial que despejará toda duda sobre los indicados sangrientos sucesos.
Algunos medios de comunicación social, como las redes televisivas Unitel, PAT y ATB, insistieron mucho con la versión de que en Pando hubo un enfrentamiento.
Que los indígenas que marchaban hacia la ciudad de Cobija estaban armados y que tenían como objetivo tomar la prefectura.
Que los primeros disparos provinieron de ellos, y que los civiles que apoyaban al prefecto, en coordinación con gente del comité cívico, actuaron para defender sus instituciones y para garantizar la seguridad de la población de Cobija.
Esa versión fue reiterada de muchas maneras por políticos de los grupos de derecha que encontraron enorme acogida en los señalados medios televisivos.
Inclusive se dio paso a opiniones de un almirante, que señalaba que unas imágenes de la matanza, que muestran a indígenas tratando desesperadamente de cruzar el río mientras las balas salpicaban a su alrededor, eran imágenes de un entrenamiento de conscriptos.
Ahora, con el informe de la comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, todas esas opiniones e interpretaciones de los hechos quedan absolutamente anuladas, quedando transparente la única verdad de lo sucedido: el brutal asesinato de campesinos por parte de grupos paramilitares que actuaron a órdenes de la prefectura y del comité cívico de Pando.
“El abogado Mattarolo, dice la información aparecida en la prensa internacional, presentó un video de 20 minutos de duración, que muestra la matanza de campesinos, indígenas y originarios”
En el indicado audiovisual “se observa al senador pandino José Villavicencio, de Unidad Nacional, mientras grita: “si Evo quiere sangre, va a haber sangre”, mientras un grupo de personas dispara contra agricultores prácticamente indefensos”.
“Resulta sobrecogedor, sigue diciendo la nota, el relato de una mujer sobre el asesinato de una compañera suya.
“Hombres de la ciudad la quemaron viva y, al lado del cadáver calcinado, su pequeño hijo lloraba sin control.
“Después de sacudirlo , y como no pudieron callarlo, le dieron un tiro en la cabeza”.
Aquellas personas que fueron capaces de esa brutalidad, y de varias otras parecidas que ocurrieron ese día, eran, obviamente, gente sin conciencia.
Gente que no tenía ninguna noción sobre el valor de la vida humana.
Personas incapaces de sentir el sufrimiento del prójimo, ni de reconocer sus derechos.
Bestias inhumanas cargadas de odio.
Sicópatas sin Dios ni moral.
En suma, fascistas de los grupos de extrema derecha del oriente boliviano.
Ahora, lo importante de esta investigación, es que fue realizada por una comisión de gran calidad moral y cuyas conclusiones no admiten réplica.
Una comisión que entrevistó a decenas de indígenas sobrevivientes de la masacre y a médicos que los atendieron, y que conversó durante tres horas y media con el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en una celda de la cárcel de San Pedro, en La Paz.
La comisión, asimismo, cruzó la frontera con el Brasil, para reunirse con los cívicos opositores que se escaparon después de los hechos y, por último entrevistó a líderes de la oposición y al propio presidente Evo Morales.
Después de estos informes, ya no habrán más dudas sobre la matanza de Cobija, uno de los hechos más crueles de la historia boliviana, y un eslabón más de la cadena de crímenes que caracteriza el accionar de los sectores de la derecha contra el pueblo boliviano.
Conocidos este y los otros informes que se desarrollan en el país, lo único que se espera es una sanción adecuada contra los paramilitares asesinos y contra los autores intelectuales de la masacre.
Y que se quite del camino a los abogados melgarejos y a otros personajes serviles que buscan proteger a Leopoldo Fernández y a sus cómplices, devolviéndoles favores del pasado.
Algunos ejemplos del cambio que supone la nueva Carta Magna
¿Cómo podrá mejorar nuestro país con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado?
De muchas maneras.
Para muestra conviene señalar algunos aspectos del cambio que significará la vigencia de la nueva Carta Magna.
Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, además de los derechos tradicionalmente establecidos, como son el derecho a la vida, a la seguridad, a la libre expresión y otros, se han incorporado unos nuevos que tienen importancia concreta para la vida de los bolivianos.
Por ejemplo, el derecho al agua potable y el derecho al alcantarillado.
Eso obligará al Estado a desplegar esfuerzos y a determinar inversiones
suficientes para que, a breve plazo, todos los habitantes de nuestro país, del campo y las ciudades, tengan agua potable, la cual se considera esencial para la vida.
No se mira al agua sólo como un servicio, como se lo miraba anteriormente.
Ahora se lo cataloga como un derecho humano del cual nadie puede ser excluido.
En esa misma medida, los sistemas de alcantarillado, esenciales para que la gente viva en condiciones de higiene y salubridad, son otro derecho humano.
Además de los señalados, la nueva Carta Magna establece como derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, a la salud, a la electricidad, al gas domiciliario, a los servicios postales y a las telecomunicaciones.
Todo lo necesario para que los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad, y puedan desenvolverse sin problemas de acuerdo a las necesidades y a los desafíos del mundo moderno.
Al quedar señalados como derechos humanos, como derechos fundamentales, los mencionados servicios no podrán ser objeto de lucro, ni constituirse en negocio de particulares, ni de empresas nacionales o extranjeras..
Serán impulsados por el Estado, y serán financiados, vigilados y administrados por el Estado.
Otro importante aspecto de la nueva Constitución, será el control ciudadano para todas las actividades estatales.
Hasta hace poco, las autoridades elegidas, a nivel nacional, departamental o provincial, desarrollaban sus tareas, y no importaba si lo hacían mal o si lo hacían bien.
No importaba si malversaban, o robaban, o hacán negociados, o se apoderaban de los bienes del Estado.
La mayoría de esos casos, que sumaron miles, jamás eran investigados, o si se los investigaba jamás se los sancionaba, porque las autoridades encargadas de ese control, como la Contraloría, tampoco cumplían con su deber, y menos las autoridades judiciales.
Con la nueva Carta Magna, será el ciudadano el que vigile la tarea de los funcionarios del Estado, y les pida cuentas de su gestión.
Los ciudadanos verán si hay obras o no hay obras, si hay inversiones o no, o si los recursos del Estado se están invirtiendo bien o si se están despilfarrando irresponsablemente.
Vigilará esos aspectos y, de acuerdo a lo que observe, tendrá derecho a pedir cuentas y, si una gestión está siendo negativa, antes de que termine podrá plantear una revocatoria de mandato.
Las autoridades, en ese sentido, no tendrán asegurada su permanencia en los diferentes cargos, sino cuando cumplan gestiones eficientes.
Otro aspecto positivo de la nueva Constitución es la elección, por voto universal de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las cabezas de la justicia no responderàn más, como hasta ahora, a los partidos políticos que asuman el gobierno.
Serán elegidos por sus condiciones de honestidad y profesionalidad, directamente por el pueblo, y eso redundará en un saneamiento del sistema judicial, hoy bastante podrido.
En el caso de la elección de presidente y vicepresidente, será también el ciudadano el que tome las decisiones a través del sistema de la segunda vuelta.
Hasta este momento, una vez concluida una elección presidencial, si ninguno de los candidatos ha obtenido la mitad más uno de los votos, el asunto pasa al Congreso, el que lo resuelve con las votaciones de los parlamentarios.
Esta modalidad es la que llevó a los famosos pactos de gobernabilidad donde se juntaban algunos partidos, hacían mayoría y elegían un gobierno.
Los partidos políticos, con ese procedimiento, se repartían el poder para el usufructo de sus militantes.
Ahora, con la nueva Carta Magna, si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, los dos primeros entran a una nueva elección, y el que gane asume el gobierno, sin necesidad de pactos o alianzas de ningún tipo.
Es el ciudadano el que decide directamente, arrebatando a los partidos esa función.
Los señalados, como se puede ver, son unos pequeñísimos ejemplos del cambio que supondrá la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, la que deberá ser aprobada con el voto ciudadano el próximo 25 de enero.
De muchas maneras.
Para muestra conviene señalar algunos aspectos del cambio que significará la vigencia de la nueva Carta Magna.
Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, además de los derechos tradicionalmente establecidos, como son el derecho a la vida, a la seguridad, a la libre expresión y otros, se han incorporado unos nuevos que tienen importancia concreta para la vida de los bolivianos.
Por ejemplo, el derecho al agua potable y el derecho al alcantarillado.
Eso obligará al Estado a desplegar esfuerzos y a determinar inversiones
suficientes para que, a breve plazo, todos los habitantes de nuestro país, del campo y las ciudades, tengan agua potable, la cual se considera esencial para la vida.
No se mira al agua sólo como un servicio, como se lo miraba anteriormente.
Ahora se lo cataloga como un derecho humano del cual nadie puede ser excluido.
En esa misma medida, los sistemas de alcantarillado, esenciales para que la gente viva en condiciones de higiene y salubridad, son otro derecho humano.
Además de los señalados, la nueva Carta Magna establece como derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, a la salud, a la electricidad, al gas domiciliario, a los servicios postales y a las telecomunicaciones.
Todo lo necesario para que los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad, y puedan desenvolverse sin problemas de acuerdo a las necesidades y a los desafíos del mundo moderno.
Al quedar señalados como derechos humanos, como derechos fundamentales, los mencionados servicios no podrán ser objeto de lucro, ni constituirse en negocio de particulares, ni de empresas nacionales o extranjeras..
Serán impulsados por el Estado, y serán financiados, vigilados y administrados por el Estado.
Otro importante aspecto de la nueva Constitución, será el control ciudadano para todas las actividades estatales.
Hasta hace poco, las autoridades elegidas, a nivel nacional, departamental o provincial, desarrollaban sus tareas, y no importaba si lo hacían mal o si lo hacían bien.
No importaba si malversaban, o robaban, o hacán negociados, o se apoderaban de los bienes del Estado.
La mayoría de esos casos, que sumaron miles, jamás eran investigados, o si se los investigaba jamás se los sancionaba, porque las autoridades encargadas de ese control, como la Contraloría, tampoco cumplían con su deber, y menos las autoridades judiciales.
Con la nueva Carta Magna, será el ciudadano el que vigile la tarea de los funcionarios del Estado, y les pida cuentas de su gestión.
Los ciudadanos verán si hay obras o no hay obras, si hay inversiones o no, o si los recursos del Estado se están invirtiendo bien o si se están despilfarrando irresponsablemente.
Vigilará esos aspectos y, de acuerdo a lo que observe, tendrá derecho a pedir cuentas y, si una gestión está siendo negativa, antes de que termine podrá plantear una revocatoria de mandato.
Las autoridades, en ese sentido, no tendrán asegurada su permanencia en los diferentes cargos, sino cuando cumplan gestiones eficientes.
Otro aspecto positivo de la nueva Constitución es la elección, por voto universal de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las cabezas de la justicia no responderàn más, como hasta ahora, a los partidos políticos que asuman el gobierno.
Serán elegidos por sus condiciones de honestidad y profesionalidad, directamente por el pueblo, y eso redundará en un saneamiento del sistema judicial, hoy bastante podrido.
En el caso de la elección de presidente y vicepresidente, será también el ciudadano el que tome las decisiones a través del sistema de la segunda vuelta.
Hasta este momento, una vez concluida una elección presidencial, si ninguno de los candidatos ha obtenido la mitad más uno de los votos, el asunto pasa al Congreso, el que lo resuelve con las votaciones de los parlamentarios.
Esta modalidad es la que llevó a los famosos pactos de gobernabilidad donde se juntaban algunos partidos, hacían mayoría y elegían un gobierno.
Los partidos políticos, con ese procedimiento, se repartían el poder para el usufructo de sus militantes.
Ahora, con la nueva Carta Magna, si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, los dos primeros entran a una nueva elección, y el que gane asume el gobierno, sin necesidad de pactos o alianzas de ningún tipo.
Es el ciudadano el que decide directamente, arrebatando a los partidos esa función.
Los señalados, como se puede ver, son unos pequeñísimos ejemplos del cambio que supondrá la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, la que deberá ser aprobada con el voto ciudadano el próximo 25 de enero.
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