Algunos ejemplos del cambio que supone la nueva Carta Magna

¿Cómo podrá mejorar nuestro país con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado?

De muchas maneras.

Para muestra conviene señalar algunos aspectos del cambio que significará la vigencia de la nueva Carta Magna.

Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, además de los derechos tradicionalmente establecidos, como son el derecho a la vida, a la seguridad, a la libre expresión y otros, se han incorporado unos nuevos que tienen importancia concreta para la vida de los bolivianos.

Por ejemplo, el derecho al agua potable y el derecho al alcantarillado.

Eso obligará al Estado a desplegar esfuerzos y a determinar inversiones
suficientes para que, a breve plazo, todos los habitantes de nuestro país, del campo y las ciudades, tengan agua potable, la cual se considera esencial para la vida.

No se mira al agua sólo como un servicio, como se lo miraba anteriormente.

Ahora se lo cataloga como un derecho humano del cual nadie puede ser excluido.

En esa misma medida, los sistemas de alcantarillado, esenciales para que la gente viva en condiciones de higiene y salubridad, son otro derecho humano.

Además de los señalados, la nueva Carta Magna establece como derechos fundamentales, el derecho a la vivienda, a la salud, a la electricidad, al gas domiciliario, a los servicios postales y a las telecomunicaciones.

Todo lo necesario para que los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad, y puedan desenvolverse sin problemas de acuerdo a las necesidades y a los desafíos del mundo moderno.

Al quedar señalados como derechos humanos, como derechos fundamentales, los mencionados servicios no podrán ser objeto de lucro, ni constituirse en negocio de particulares, ni de empresas nacionales o extranjeras..

Serán impulsados por el Estado, y serán financiados, vigilados y administrados por el Estado.

Otro importante aspecto de la nueva Constitución, será el control ciudadano para todas las actividades estatales.

Hasta hace poco, las autoridades elegidas, a nivel nacional, departamental o provincial, desarrollaban sus tareas, y no importaba si lo hacían mal o si lo hacían bien.

No importaba si malversaban, o robaban, o hacán negociados, o se apoderaban de los bienes del Estado.

La mayoría de esos casos, que sumaron miles, jamás eran investigados, o si se los investigaba jamás se los sancionaba, porque las autoridades encargadas de ese control, como la Contraloría, tampoco cumplían con su deber, y menos las autoridades judiciales.

Con la nueva Carta Magna, será el ciudadano el que vigile la tarea de los funcionarios del Estado, y les pida cuentas de su gestión.

Los ciudadanos verán si hay obras o no hay obras, si hay inversiones o no, o si los recursos del Estado se están invirtiendo bien o si se están despilfarrando irresponsablemente.

Vigilará esos aspectos y, de acuerdo a lo que observe, tendrá derecho a pedir cuentas y, si una gestión está siendo negativa, antes de que termine podrá plantear una revocatoria de mandato.

Las autoridades, en ese sentido, no tendrán asegurada su permanencia en los diferentes cargos, sino cuando cumplan gestiones eficientes.

Otro aspecto positivo de la nueva Constitución es la elección, por voto universal de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Las cabezas de la justicia no responderàn más, como hasta ahora, a los partidos políticos que asuman el gobierno.

Serán elegidos por sus condiciones de honestidad y profesionalidad, directamente por el pueblo, y eso redundará en un saneamiento del sistema judicial, hoy bastante podrido.

En el caso de la elección de presidente y vicepresidente, será también el ciudadano el que tome las decisiones a través del sistema de la segunda vuelta.

Hasta este momento, una vez concluida una elección presidencial, si ninguno de los candidatos ha obtenido la mitad más uno de los votos, el asunto pasa al Congreso, el que lo resuelve con las votaciones de los parlamentarios.

Esta modalidad es la que llevó a los famosos pactos de gobernabilidad donde se juntaban algunos partidos, hacían mayoría y elegían un gobierno.

Los partidos políticos, con ese procedimiento, se repartían el poder para el usufructo de sus militantes.

Ahora, con la nueva Carta Magna, si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, los dos primeros entran a una nueva elección, y el que gane asume el gobierno, sin necesidad de pactos o alianzas de ningún tipo.

Es el ciudadano el que decide directamente, arrebatando a los partidos esa función.

Los señalados, como se puede ver, son unos pequeñísimos ejemplos del cambio que supondrá la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, la que deberá ser aprobada con el voto ciudadano el próximo 25 de enero.