Juraron como abogados, y ya no en el Colegio de Abogados. ¡Qué bien”

Cumplieron con todos los requisitos académicos y luego pronunciaron su juramento para ejercer su profesión, en apego estricto a lo que señalan las leyes y la Constitución Política del Estado.

Y ese juramento no lo hicieron ante el Colegio de Abogados, sino ante la Corte Superior de Justicia.

Y ese fue uno de los hechos más importantes que ocurrió en el campo judicial en los últimos tiempos.

Porque antes los nuevos abogados, para desarrollar su actividad profesional debían, necesariamente inscribirse en el Colegio de Abogados desembolsando, para esa inscripción, la suma de 500 dólares.

Aquel que no tenía los 500 dólares, simplemente no podía desempeñarse como abogado.

Y aquel que, por alguna razón, no deseaba afiliarse al indicado Colegio, tampoco podía desempeñarse como abogado.

Y todo ello constituía una extraña irregularidad que se fue manteniendo a través de las décadas, sin que hubiera nadie que se animara a cambiar la cosa.

Un colegio de profesionales, se entiende, es una entidad de filiación voluntaria que tiene, entre otros objetivos, los de velar por los intereses del gremio, mirando las condiciones en que se desenvuelve y el rol que desarrolla dentro de la sociedad.

Puede también generar debates internos sobre los problemas de la comunidad, y hacer conocer su postura en torno a temas de urgencia nacional.

De la misma forma, puede ocuparse de abrir a sus afiliados posibilidades de superación académica, becas y otras cosas y, por último, desarrollar una labor de confraternización y acercamiento entre sus miembros.

En ese sentido la pertenencia al tal colegio es positiva y conveniente para la gente del ramo.

Lo que no puede, sin embargo, es tomar juramento y autorizar, o no autorizar, a un recién egresado para que el mismo se desempeñe profesionalmente, y menos aun cobrar por la afiliación una suma tan elevada como la de los 500 dólares establecidos como tarifa.

Y, sin embargo, eso venía haciendo el Colegio de Abogados desde hacía muchísimas décadas atrás, vulnerando normas elementales para el libre ejercicio de la profesión

Pero ahora la cosa cambió, y ahora los egresados de la carrera de Derecho podrán inscribirse o no inscribirse en el Colegio de Abogados, sin que eso signifique ningún impedimento para que puedan trabajar en su ramo.

En el acto de pasados días, según información de la prensa, se entregaron 104 credenciales a otros tantos nuevos profesionales, los que se matricularon, de forma gratuita, en la Corte Superior de Justicia.

Como era de esperar, hubo una reacción inmediata del Colegio de Abogados cuyo presidente, Bernardo Wayar, calificó la medida como política.

Lo que no dijo, el señor Wayar, es que él mismo y los otros integrantes del mencionado Colegio de Abogados, pertenecen a los partidos tradicionales neoliberales que manejaron el país en el pasado reciente.

Que son, o fueron, militantes del MNR, de la ADN, del MIR y de los otros partidos que, desde el Congreso, a través de los cuoteos, se hicieron dueños del Poder Judicial, nombrando fiscales, jueces, vocales de la anterior Corte Suprema de Justicia, y de las cortes de distrito, y del Tribunal Constitucional, y del Consejo de la Judicatura.

Ni dijo, el señor Wayar, que desde esos puesto trabajaron arduamente contra el proceso de cambio que viene ocurriendo en el país.

El Colegio de Abogados, pues, fue otro de los bastiones de los partidos tradicionales que se hicieron dueños de su directiva, de modo que ahora resulta natural que reclamen, porque se les está abriendo un hueco muy grande en el poder que tenían.

Positivo, pues, que se haya abierto un Registro Público de Abogados, y que ese registro dependa de la Corte Superior de Justicia y ya no del Colegio de Abogados, cuya función debe ser otra.

Es otro de los cambios positivos que vienen ocurriendo, y que van transformando, la vida del país.