Era obvio que así tenía que suceder

La cosa está sucediendo como se esperaba.

Los testimonios, los datos, las pesquisas, los documentos, las pruebas que se han ido acumulando en torno al plan terrorista que se urdía contra el país, han ido señalando claramente a los culpables principales.

A los que financiaban a los terroristas, a los que les prestaron apoyo logístico, a los responsables intelectuales de la conspiración.

Los mismos, como no podía ser de otra manera, son parte de las oligarquías de Santa Cruz, dueños de latifundios, gente ligada al empresariado y, paralelamente, al comité cívico y a la prefectura de dicho departamento.

Pero, ahora, al ver que las investigaciones avanzan y que apuntan claramente en su dirección, esos personajes para defenderse, han comenzado a enarbolar los escudos de las instituciones de su departamento.

Las investigaciones del Fiscal, entonces, las están mostrando como ataques a la cruceñidad, como agresiones al mismo departamento.

Como si esos empresarios, autoridades y gente involucrada en el plan terrorista, fuesen toda Santa Cruz y, más grave aun, como si fuesen el pueblo de Santa Cruz..

Y los periódicos de la prensa de derecha, se han hecho eco de esa postura, acompañando sus declaraciones con grandes titulares.

“Santa Cruz en emergencia”, decía el gran titular del último miércoles 6 de abril, del periódico El Deber, editado en aquel departamento.

Otro periódico cruceño, El Nuevo Día, señalaba “Cívicos se rearman para enfrentar el nuevo ataque”.

En la ciudad de La Paz, un tremendo titular, en toda la primera página, del periódico La Razón, expresaba que “Santa Cruz cierra filas por sus líderes en el caso Rosza”.

Y otro gran titular del periódico El Diario, mencionaba que “Cívicos de Santa Cruz declaran emergencia”.

A lo que esas, y otras notas en la prensa nacional, conducían, era a mostrar que todo un departamento estaba reaccionando en contra de lo que se consideraba un abuso y un ataque del gobierno.

A hacer ver, en otras palabras, que los cívicos de Santa Cruz, y sus autoridades, concretamente el prefecto Costas, eran víctimas de la prepotencia del gobierno nacional.

Que su dignidad, que su nombre, que su prestigio personal estaban siendo pisoteados, escarnecidos y que, como ello no se podía soportar, todo el departamento se levantaba en su defensa.

Todo eso, pues, se preveía que iba a ocurrir y está ocurriendo.

Los responsables intelectuales del plan terrorista, se esconden detrás de su comité cívico, detrás de sus instituciones, y no aceptan la responsabilidad personal que tienen en este asunto.

Y eso es una falta de moral y de valor civil,

Porque Branco Marinkovic, y Rubén Costras, y Guido Nayar, y Pedro Yovío y Mauricio Roca, y los otros personajes a los cuales las investigaciones van señalando como culpables, deben responder como personas individuales por su participación en la conspiración, y no como miembros de comités cívicos, o de instituciones económicas o productivas, u otras de la capital oriental.

Del mismo modo, esas entidades, que responden a objetivos legítimos y que agrupan a un número grande de personas, no pueden hacerse responsables por actividades conspirativas de algunos de sus miembros.

Entonces, la mañosa estrategia de movilizar a instituciones para tapar, apañar o encubrir delitos de personas, no puede ser aceptada y debe concluir.

Con el plan terrorista se buscaba acabar con la vida de altas autoridades de gobierno, además de otras del país, se buscaba generar una sucesión de atentados para generar un clima de temor e incertidumbre dentro de la ciudadanía; se pretendía la movilización de organizaciones de la población civil, de uno u otro lado, y un eventual enfrentamiento entre ellas; se buscaba una guerra civil y, en última instancia, como corolario de ello, se trataba de impulsar el proyecto separatista que, desde hace mucho años, vienen incubando los grupos de la extrema derecha del departamento de Santa Cruz.

En todo este siniestro afán, como perfectamente se entiende, no se puede involucrar a la institución que representa el comité cívico, ni a la instancia de gobierno departamental que representa la prefectura.

Los responsables son los personajes individuales, de manera que, como tales, deberán responder por sus actos.

La población boliviana, pues, debe separar perfectamente las cosas, y no aceptar que se confundan y se mezclen los niveles, para favorecer a los presuntos responsables principales del plan terrorista.

De cualquier modo, lo que viene sucediendo muestra el derrotero por donde transcurrirán los acontecimientos en los próximos meses.

Será una pugna donde las autoridades judiciales buscarán acumular pruebas contra los culpables y sancionarlos, y donde los sectores de la derecha extremista buscarán tergiversar la situación y movilizar a sus grupos civiles para enfrentar el juicio y, paralelamente enfrentar al gobierno.

Y todo ello, en el marco que establecerá el nuevo proceso electoral que los bolivianos viviremos hasta el próximo 6 de diciembre.

Al margen de esta situación, y a pesar de todos los obstáculos y resistencias que se puedan presentar, la población exige que las investigaciones continúen hasta esclarecer este siniestro plan terrorista que amenazaba a nuestro país.