¡Qué tremenda mugre, la de la justicia boliviana!

¡Y después dicen que la justicia no es corrupta!

Branco Marinkovic, ex presidente del comité cívico de Santa Cruz, alterando y falseando documentos, se apropió ilegalmente de tierras en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, las cuales incluían hasta una laguna, la laguna Corazón, que era parte de una reserva fiscal.

Por ese delito fue imputado por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en julio del año 2007, y ahora enfrenta un juicio que se halla en una fase adelantada.

Ocurrió, sin embargo, que la familia del indicado Marinkovic se sintió agraviada por declaraciones del indicado viceministro, y decidió contra atacar con otro proceso legal por calumnias, injurias y difamaciones.

El asunto quedó en manos del juez Alain Núñez quien, por ser también miembro del comité cívico cruceño, y amigo de Marinkovic, obró con celeridad y lo convocó a prestar declaraciones, y como Almaraz no acudió, ahora libró orden de aprehensión contra él.

Resultó pues que, por investigar, aclarar y detener un presunto robo de tierras al Estado, el viceministro Almaraz terminó siendo perseguido y, si se cumple la orden del juez, hasta podría ser detenido.

Un asunto por demás extraño donde, por acción irregular de la justicia, unos presuntos ladrones de tierras terminan enjuiciando a los que defienden los intereses del Estado.

En otro caso conocido recientemente, el ex prefecto de La Paz, Alberto “Chito” Valle, volvió a tomar el pelo a la justicia, desapareciendo cuando se conoció una orden de captura en su contra.

El señalado ex prefecto, yerno del fallecido ex presidente Hugo Bánzer Suárez, es acusado de haber ocasionado al Estado una pérdida de más de 7 millones de dólares, en los casos conocidos como “Chitocasas”, “Chitochatarra” y “Chitoalcoba”.

Eso ocurrió entre los años 1997 y 1998, pero desde entonces pasaron diez años y los procesos a los que se lo sometió quedaron perfectamente estancados por la acción dilatoria de varios jueces que vieron su asunto.

Entre esos jueces, que claramente favorecieron a “Chito” Valle, se encuentran Rosario Canedo. Elena Lowenthal y Oswaldo Fong. Miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Alberto “!Chito” Valle, debe recordarse, fue recluido en la cárcel de San Pedro, el año 2006, pero salió en libertad casi inmediatamente de ser detenido y, según se conoce, el responsable de su rápida liberación fue el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández.

Este juez Fernández fue imputado, justamente, por retardación de justicia y omisión de responsabilidades, por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, proceso que se halla en curso.

Y es que, además de “Chito” Valle, otros casos notoriamente dilatados en el máximo tribunal de justicia del país, fueron los de Tonchy Marinkovic, ex ministro de Salud durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, acusado de un negociado con vacunas, y el de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio por los hechos de octubre del año 2003.

El asunto de Marinkovic se retardó tanto que al final prescribió, y el de Sánchez de Lozada parece que se lo busca también extinguir, a juzgar por los mil recursos a los que se va dando paso.

En resumen que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, parece nomás que va pagando favores a los que lo eligieron para su cargo, políticos de los partidos neoliberales.

Ahora, lo irrisorio, lo escandaloso es que este juez Fernández, se atrevió a declarar que la justicia boliviana ¡es víctima de agravios e infamias, de parte de personas que quieren mancillarla!

Quejumbroso, poniendo una cara de lástima, el señalado juez Fernández, dijo que el poder judicial está sufriendo de atropellos y de la vulneración de principios fundamentales.

También reivindicó la independencia y autonomía del poder judicial pero, a continuación, apareció muy del brazo de miembros del comité cívico de Sucre, participando en marchas y actos políticos organizados por dicho comité.

Una sarta de barbaridades, de incoherencias, de abusos, de actos irregulares, realizados sin empacho por jueces como Alain Núñez de Santa Cruz, Rosario Canedo, Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, y el mismo Eddy Fernández de Sucre, además de varios otros que obran en el país, que nos muestran el altísimo grado de podredumbre al que ha llegado la justicia boliviana.

Pero la gente sabe que esto es así, y que no va a cambiar, porque los operadores de la justicia son parte de la cultura de corrupción que envolvió al país desde mucho atrás en el pasado, y que aun se sigue manifestando con graves escándalos en el presente.

¿Qué queda, pues, por hacer para cambiar esta situación?

Barrer con toda la justicia y conformar otra bajo las nuevas reglas de la Constitución Política del Estado.

Donde los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, y ya no respondan a los políticos de turno, y donde deban rindan cuentas a un estricto control social conformado por los ciudadanos.

Quien sabe así la cosa cambiará.

Entretanto la justicia actual, sigue quedando como la institución más corrupta de toda la historia boliviana.

¡Una verdadera vergüenza!