Las exigencias desestabilizadoras

Están en un plan desestabilizador y por ello se niegan al diálogo.

Su afán es profundizar las tensiones y con ello intentar demostrar que la nueva Constitución es inviable.

Que polariza al país y que por ello debe ser revisada.

Paralelamente a ello, los prefectos de los departamentos del oriente van rebuscando mil argumentos para llegar hasta el propio presidente de la nación, con acusaciones de corrupción.

Sabedores de que Evo Morales se presenta como un seguro triunfador en las elecciones de diciembre próximo, quieren disminuir su figura para que ese triunfo ocurra con la menor diferencia posible en relación a los candidatos que ellos puedan presentar.

En esta línea, como una de sus condiciones para acudir al diálogo con el presidente, los prefectos y cívicos del oriente, han exigido que se respeten los estatutos autonómicos que aprobaron en un ilegal referendo.

Estos estatutos, dicen, deben ser respetados y entrar en vigencia, sin considerar que los mismos contradicen la nueva Constitución Política del Estado.

Un ejemplo de ello es lo que plantea el estatuto de Santa Cruz, elaborado por representantes de las clases dominantes de ese departamento.

Ese estatuto señala, por ejemplo, que el manejo, uso y explotación de los recursos naturales, quede en manos de la prefectura, lo cual significaría dar carta blanca para que empresarios privados, latifundistas y gente de los sectores de poder, manejen a su arbitrio esos recursos, beneficiando, obviamente, a sus sectores particulares, antes que al pueblo cruceño.

Según la nueva Constitución los recursos naturales estratégicos del país son de propiedad de todo el pueblo boliviano y, en esa medida, su explotación debe corresponder a políticas nacionales.

El estatuto cruceño reclama, luego, que la seguridad interna sea manejada también desde la prefectura, lo cual implicaría que las fuerzas policiales que operen en Santa Cruz, respondan al mando directo del prefecto, y no así a sus mandos nacionales.

¿Puede imaginarse qué rol cumpliría una policía en manos de patrones y latifundistas?

¿Se puede imaginar con qué mentalidad operarían esas fuerzas, comandadas con gente que apoyó a dictadores del pasado y que ahora fomenta el funcionamiento de grupos paramilitares de tendencia fascista, ultraderechista, como la Unión Juvenil Cruceñista?

Las élites cruceñas quieren, pues, el derecho absoluto para beneficiarse de los recursos naturales del departamento y, al mismo tiempo, el control de una fuerza policial que los proteja en esos sus afanes depredadores.

Además de lo señalado, el estatuto cruceño exige que la administración de justicia tenga también plena autonomía departamental.

Eso representaría que el tribunal de justicia de Santa Cruz no tendría ya ninguna ligazón con sus instancias nacionales.

Que la justicia empezaría y acabaría en Santa Cruz, como si Santa Cruz fuera un Estado independiente.

Demás está reiterar, que esa justicia estaría igualmente al servicio de las clases dominantes.

Con la policía y la justicia bajo el control de los grupos de poder, los sectores populares de ese departamento, la gente del Plan 3000, los pueblos indígenas, no tendrían ni la menor oportunidad de hacer valer sus derechos frente al constante avasallamiento de los patrones.

Pero, además de lo anterior, en el estatuto autonómico cruceño se habla de una autónoma contraloría, sin ligazón con la nacional, de una propia oficina de relaciones exteriores, que pasaría por alto a la Cancillería. y hasta de su propio e independiente defensor del pueblo.

Ahora, dentro de este esquema, ¿cómo se relacionaría el departamento de Santa Cruz con el resto del país?

Simplemente como se relaciona un Estado con otro, como se relaciona, por ejemplo, Bolivia con sus países vecinos.

Como una máxima concesión, el departamento compartiría algunos ingresos económicos con el Estado nacional, vale decir, reconocería el pago de algunos impuestos.

Inclusive las propias fuerzas armadas tendrían una limitada acción, porque hasta las mismas tendrían, a la larga, una especie de fuerza reemplazante que tomaría la forma de una guardia civil.

Ni qué decir que, dentro de este esquema, las autonomías indígenas y regionales prácticamente desaparecerían.

Como puede verse, las pretensiones expuestas en el estatuto autonómico cruceño son absolutamente improcedentes, porque chocan frontalmente con el espíritu y los artículos expuestos en la nueva Constitución Política del Estado.

Pero el prefecto cruceño, y los prefectos opositores de los otros departamentos, insisten en que sean aprobados tal cual, poniendo esa aprobación como una condición para el diálogo.

El afán, pues, es simplemente desestabilizar, crear tensión, buscar enfrentamiento, detener el cambio y, en lo posible, restar fuerza política al presidente Morales.

En la misma línea se ubica el otro reclamo, para que se ponga en libertad al ex prefecto Leopoldo Fernández y a los otros detenidos por la masacre de Pando.

Cosa igualmente imposible de ser cumplida por la gravedad del delito y porque el mismo se halla en manos de la justicia y no del gobierno.

Ahora, considerando la postura de los prefectos opositores, es fácil prever el ambiente que vivirá el país en los próximos y electorales meses, que verán, ya de por sí, la confrontación de las diferentes fuerzas políticas.

Lo que queda como certidumbre, sin embargo, es que estas luchas vienen a ser las últimas de todo el periodo de transformación histórica que está viviendo Bolivia desde la rebelión del pueblo en el año 2003.

Luego de esta etapa, es indudable que la situación boliviana se estabilizará y que el país empezará a desarrollar su vida bajo nuevas condiciones, nuevas reglas, y con una vigencia plena de la justicia social y de los derechos humanos anteriormente conculcados.