Mermar, disminuir, desgastar la figura del presidente Evo Morales y, por esa vía, lograr algunos réditos políticos para acomodarse lo mejor posible en el panorama político de los próximos cinco años.
Esa es la estrategia a la cual está apostando la oposición en este momento.
Entiende, esa oposición, que será muy difícil vencer al presidente en los comicios del próximo 6 de diciembre y entonces a lo que aspira es a no perder por mucho margen, a lograr alguna fuerza en la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, desde la cual pueda seguir buscando sus objetivos políticos.
Esa tarea de la oposición, entonces, será simplemente destructiva, de crítica con o sin razón, con argumentos o sin argumentos, a todas las acciones del gobierno capitalizando los errores en los cuales éste pueda incurrir.
No será, entonces, una oposición con propuestas la que actúe en la arena política en los próximos meses.
No será una oposición con ideas, o planes, o programas más o menos coherentes, acordes con los desafíos del país, la que se mostrará a la opinión pública, reclamando el voto ciudadano.
Porque en Bolivia ya ha ocurrido un cambio de características históricas, profundas, estructurales, y ya se tiene un camino, delineado en la nueva Constitución, que señala por dónde debe avanzar la nación boliviana en las próximas décadas.
Esta estrategia simplemente destructiva, que no propone nada constructivo, ha comenzado a funcionar y se la puede mirar con absoluta claridad, a través de varias acciones y posturas que la oposición ha asumido en las últimas semanas, y que se han sintetizado en un artículo aparecido recientemente en el periódico La Época.
En el campo de la justicia, la oposición busca salpicar al presidente Evo morales, con el escándalo de YPFB.
Forzando este tema hasta un límite absurdo, el prefecto Mario Cossío anda pretendiendo la apertura de un juicio de responsabilidades contra el presidente, por un decreto que tenía como objetivo dinamizar la marcha de las empresas estratégicas, de modo que sirvan al desarrollo nacional, y no a las empresas transnacionales como en el pasado.
Lo paradójico es que la acusación prove4nga del prefecto Cossío, acusado de múltiples hechos de corrupción durante su gestión.
Yendo por esta misma vía, la oposición intenta multiplicar las acusaciones contra varias autoridades de Estado, con argumentos endebles que, sin embargo, son recogidos y amplificados por medios de comunicación pertenecientes a los sectores dominantes,
En el área de la política la acción más clara consiste en rechazar el diálogo propuesto por el gobierno, con exigencias imposibles de ser aceptadas, como la liberación del ex prefecto Leopoldo Fernández, la devolución de los recursos del IDH o la aceptación de los estatutos autonómicos aprobados en las regiones de manera ilegal, y que contrarían abiertamente a la nueva Constitución.
Dentro del parlamento, el plan consiste en impedir la apro0bación de leyes que van en consonancia con la nueva Constitución, como la Ley de Investigación de Fortunas.
Se trata de cerrarle el paso, a cualquier costo, a la vigencia de la nueva Carta Magna, para señalar luego que la misma es inviable.
Esta acción desestabilizadora y de desgaste del gobierno y, obviamente del presidente, tiene también su correlato internacional.
En esa lógica se entiende un reciente informe emitido por la secretaria de Estado de los Estados Unidos, publicando una lista de supuestas violaciones de los derechos humanos en nuestro país.
Un informe que. dicho sea de paso, no responde para nada a la realidad boliviana y que, tiene a ojos vista, una clara intención política.
También se debe mencionar el tema del narcotráfico, que sirve como pretexto para que Estados Unidos sancione a Bolivia, culpando al gobierno de no hacer lo suficiente para combatir este flagelo, cuando los datos muestran que el asunto es al revés.
Inclusive, como cosa curiosa, es necesario mencionar el reclamo de algunos congresistas peruanos, por supuesta ingerencia boliviana en sus asuntos internos.
Esa acusación hace referencia a las facilidades que se han otorgado a ciudadanos peruanos para que se hagan atender de problemas de la vista en la población fronteriza de Copacabana, y donde trabajan médicos cubanos.
Estas atenciones oftalmológicas, que debían ser objeto de agradecimiento, están siendo observadas como espacios desde donde se estaría conspirando contra el gobierno peruano lo cual es, evidentemente, un absurdo.
Será esa oposición cerrada, destructiva, sin argumentos ni propuestas, a la que el presidente Evo Morales deberá enfrentar en los siguientes meses.
La pregunta es si la ciudadanía se dejara convencer con esos argumentos desestabilizadores, o si seguirá moviéndose con una visión de futuro, creyendo en el cambio y apoyando el proceso en el cual está inmerso el país.
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