Algunos aspectos positivos de la nueva Constituciòn

Se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, y ahora los bolivianos entraremos a vivir, de manera paulatina, una sociedad evidentemente mejor que la que pudimos vivir desde que Bolivia nació a la vida independiente.

Será una época donde, de una sociedad desigual y marcadamente injusta, pasaremos a construir una sociedad más igualitaria, con la plena vigencia y, más aun, con una sustancial ampliación de las libertades y de los derechos humanos.

La nueva Constitución, entre otras cosas, garantiza la libertad religiosa.

En efecto, el artículo 4 del nuevo texto constitucional señala con claridad que “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones”.

Este artículo, entonces, acaba definitivamente con toda la sarta de mentiras que se fueron urdiendo en pasados meses y donde, con fines políticos, se insistía en que fe religiosa se vería coartada.

“Protege tu fe, vota por el No”, decía un slogan propalado por los medios de comunicación social, en tanto que otros vaticinaban una ola de represión contra las iglesias, principalmente contra la iglesia católica.

Lo importante de este punto es que ahora, con la nueva Constitución, todas las iglesias pasan a disfrutar de los mismos derechos en un plano de igualdad, y el Estado queda separado de la religión, lo cual es absolutamente positivo.

La nueva Constitución, de otro lado, garantiza la libertad de prensa.

Este es otro aspecto que fue manejado de manera política, con afirmaciones en sentido de que, con la nueva Carta Magna, la prensa vería restringidas sus tareas.

A propósito de ello debe citarse el artículo 106 de la nueva Constit6ución, que señala que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información y, posteriormente, el artículo 107 que expresa que los principios de veracidad y responsabilidad que se exigirán a los medios de comunicación social, se ejercen mediante normas de ética o autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

Los medios de comunicación social, tienen garantías absolutas para ejercer su trabajo.

Lo que ahora espera el país es que los medios de comunicación social privados otorguen garantís, a los ciudadanos, de que cumplirán un trabajo idóneo, y no manipularán más las informaciones con fines políticos como, en gran medida, lo vinieron haciendo hasta ahora.

La nueva Constitución Política del Estado, como otro aspecto fundamental de sus contenidos, anula la discriminación en el país.

Bolivia, lo hemos visto todos, es una sociedad con altísimos grados de racismo y discriminación.

Ese racismo y esa discriminación empezaron en la Colonia y luego se prologaron casi sin ningún cambio a lo largo de toda la historia republicana.

Está demás señalar que ese racismo y esa discriminación que sufrieron particularmente los ciudadanos provenientes de las naciones originarias, indígenas y campesinos, resultó un grave obstáculo para el desarrollo del país.

Esa situación de injusticia queda superada en el nuevo texto constitucional que, señala que todos los bolivianos, sin distinción de ninguna clase, son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones.

A propósito de este tema hubo voces, en los últimos tiempos, que decían que ahora los indígenas tendrán más derechos y privilegios que los otros ciudadanos.

Esa otra mentira, también propalada en las campañas políticas, queda desmentida en el artículo 13, que dice que “La clasificación de los derechos establecidos en esta Constitución, vale decir, derechos de los indígenas, mujeres, niños, hombres y personas de la tercera edad, no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

En otras palabras, que ni los indígenas tienen más derechos que los demás, ni las mujeres tienen más derechos que los hombres, ni nadie tiene más derechos que nadie, y todos son absolutamente iguales.
Otro artículo esencial de la nueva Constitución, elimina el cuoteo judicial de los políticos.

Anteriormente, los cargos principales de la justicia boliviana, vale decir, de los componentes de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional o del Consejo de la Judicatura, eran elegidos por los políticos de los partidos que actuaban en el Congreso Nacional.

Esos partidos, según las conveniencias de sus jefes, elegían por cuotas a sus candidatos y, una vez elegidos, los ponían a su servicio.

Por eso es que, hasta ahora, por ejemplo, Sánchez de Lozada no puede ser juzgado después de cinco años de su huida a Estados Unidos.

Y por eso es que muchas altas autoridades de los gobiernos neoliberales pasados, acusadas de graves delitos contra el Estado, siguen libres, con procesos detenidos y bloqueados, y hasta con procesos extinguidos o prescritos por el paso del tiempo, como son los casos de Alberto “Chito” Valle, o de Tonchi Marnkovi, o de muchísimos otros acusados de haberse apropiado de bienes del Estado.

Con la nueva Constitución, esas altas autoridades del poder judicial serán elegidos por voto popular y ya no por el Congreso, y por ello podrán actuar de manera independiente, sin tener que devolver favores a nadie.

Los partidos políticos ya no podrán, de otro lado, elegir autoridades judiciales imponiendo en los cargos a sus partidarios.

Por otra parte, la nueva Constitución protege los bienes públicos, castigando severamente a los funcionarios que se apoderen de los mismos y, no sólo eso, sino que determina la investigación de fortunas, de modo que funcionarios del Estado, enriquecidos súbitamente, deberán explicar de dónde sacaron sus fortunas.

Estas investigaciones, de acuerdo a lo señalado, podrán hacerse en cualquier momento, porque los atentados contra los bienes del Estado, no prescriben nunca.

Los indicados, como puede verse, son algunos de los aspecto, porque hay muchísimos más, algunos de los aspectos por lo cuales los ciudadanos que votaron por el Sí, deben estar seguros de que votaron muy bien.

Y los que votaron por el No, tienen que reflexionar sobre lo fallido de su voto, y asegurarse de no ser víctimas de nuevas campañas mentirosas de los medios de comunicación social, en futuras elecciones.