Las exigencias desestabilizadoras

Están en un plan desestabilizador y por ello se niegan al diálogo.

Su afán es profundizar las tensiones y con ello intentar demostrar que la nueva Constitución es inviable.

Que polariza al país y que por ello debe ser revisada.

Paralelamente a ello, los prefectos de los departamentos del oriente van rebuscando mil argumentos para llegar hasta el propio presidente de la nación, con acusaciones de corrupción.

Sabedores de que Evo Morales se presenta como un seguro triunfador en las elecciones de diciembre próximo, quieren disminuir su figura para que ese triunfo ocurra con la menor diferencia posible en relación a los candidatos que ellos puedan presentar.

En esta línea, como una de sus condiciones para acudir al diálogo con el presidente, los prefectos y cívicos del oriente, han exigido que se respeten los estatutos autonómicos que aprobaron en un ilegal referendo.

Estos estatutos, dicen, deben ser respetados y entrar en vigencia, sin considerar que los mismos contradicen la nueva Constitución Política del Estado.

Un ejemplo de ello es lo que plantea el estatuto de Santa Cruz, elaborado por representantes de las clases dominantes de ese departamento.

Ese estatuto señala, por ejemplo, que el manejo, uso y explotación de los recursos naturales, quede en manos de la prefectura, lo cual significaría dar carta blanca para que empresarios privados, latifundistas y gente de los sectores de poder, manejen a su arbitrio esos recursos, beneficiando, obviamente, a sus sectores particulares, antes que al pueblo cruceño.

Según la nueva Constitución los recursos naturales estratégicos del país son de propiedad de todo el pueblo boliviano y, en esa medida, su explotación debe corresponder a políticas nacionales.

El estatuto cruceño reclama, luego, que la seguridad interna sea manejada también desde la prefectura, lo cual implicaría que las fuerzas policiales que operen en Santa Cruz, respondan al mando directo del prefecto, y no así a sus mandos nacionales.

¿Puede imaginarse qué rol cumpliría una policía en manos de patrones y latifundistas?

¿Se puede imaginar con qué mentalidad operarían esas fuerzas, comandadas con gente que apoyó a dictadores del pasado y que ahora fomenta el funcionamiento de grupos paramilitares de tendencia fascista, ultraderechista, como la Unión Juvenil Cruceñista?

Las élites cruceñas quieren, pues, el derecho absoluto para beneficiarse de los recursos naturales del departamento y, al mismo tiempo, el control de una fuerza policial que los proteja en esos sus afanes depredadores.

Además de lo señalado, el estatuto cruceño exige que la administración de justicia tenga también plena autonomía departamental.

Eso representaría que el tribunal de justicia de Santa Cruz no tendría ya ninguna ligazón con sus instancias nacionales.

Que la justicia empezaría y acabaría en Santa Cruz, como si Santa Cruz fuera un Estado independiente.

Demás está reiterar, que esa justicia estaría igualmente al servicio de las clases dominantes.

Con la policía y la justicia bajo el control de los grupos de poder, los sectores populares de ese departamento, la gente del Plan 3000, los pueblos indígenas, no tendrían ni la menor oportunidad de hacer valer sus derechos frente al constante avasallamiento de los patrones.

Pero, además de lo anterior, en el estatuto autonómico cruceño se habla de una autónoma contraloría, sin ligazón con la nacional, de una propia oficina de relaciones exteriores, que pasaría por alto a la Cancillería. y hasta de su propio e independiente defensor del pueblo.

Ahora, dentro de este esquema, ¿cómo se relacionaría el departamento de Santa Cruz con el resto del país?

Simplemente como se relaciona un Estado con otro, como se relaciona, por ejemplo, Bolivia con sus países vecinos.

Como una máxima concesión, el departamento compartiría algunos ingresos económicos con el Estado nacional, vale decir, reconocería el pago de algunos impuestos.

Inclusive las propias fuerzas armadas tendrían una limitada acción, porque hasta las mismas tendrían, a la larga, una especie de fuerza reemplazante que tomaría la forma de una guardia civil.

Ni qué decir que, dentro de este esquema, las autonomías indígenas y regionales prácticamente desaparecerían.

Como puede verse, las pretensiones expuestas en el estatuto autonómico cruceño son absolutamente improcedentes, porque chocan frontalmente con el espíritu y los artículos expuestos en la nueva Constitución Política del Estado.

Pero el prefecto cruceño, y los prefectos opositores de los otros departamentos, insisten en que sean aprobados tal cual, poniendo esa aprobación como una condición para el diálogo.

El afán, pues, es simplemente desestabilizar, crear tensión, buscar enfrentamiento, detener el cambio y, en lo posible, restar fuerza política al presidente Morales.

En la misma línea se ubica el otro reclamo, para que se ponga en libertad al ex prefecto Leopoldo Fernández y a los otros detenidos por la masacre de Pando.

Cosa igualmente imposible de ser cumplida por la gravedad del delito y porque el mismo se halla en manos de la justicia y no del gobierno.

Ahora, considerando la postura de los prefectos opositores, es fácil prever el ambiente que vivirá el país en los próximos y electorales meses, que verán, ya de por sí, la confrontación de las diferentes fuerzas políticas.

Lo que queda como certidumbre, sin embargo, es que estas luchas vienen a ser las últimas de todo el periodo de transformación histórica que está viviendo Bolivia desde la rebelión del pueblo en el año 2003.

Luego de esta etapa, es indudable que la situación boliviana se estabilizará y que el país empezará a desarrollar su vida bajo nuevas condiciones, nuevas reglas, y con una vigencia plena de la justicia social y de los derechos humanos anteriormente conculcados.

En lugar de disminuir, los pobres tienden a aumentar por la crisis internacional

Alrededor de 46 millones de personas serán atrapadas por la pobreza durante el presente año.

Ese es el negativo augurio que hace el Banco Mundial, observando las repercusiones de la crisis económica y financiera que ha envuelto al mundo.

Esas 45 millones de personas verán reducidos sus ingresos a un dólar y 25 centavos diarios, y entonces pasarán a ser parte de los pobres más pobres, junto a otras 50 millones de personas que subsisten con menos de dos dólares al día.

La crisis, pues, va a ser brutal y, según se advierte, no van a servir de mucho para paliarla, las medidas que se han venido adoptando en los países industrializados.

La crisis, conviene reiterarlo, proviene del norte capitalista y es resultado del modelo neoliberal, especulador y poco productivo con el que se intento globalizar el planeta.

Lo lamentable es que los efectos de esa crisis no los sufrirán solo las naciones desarrolladas sino también los países pobres.

En otras palabras, que los justos pagarán por los pecadores.

Dice el Banco Mundial que la crisis económica amenaza con convertirse en una crisis humana en muchos de los países en vías de desarrollo.

Eso significa que aumentarán los índices de mortalidad infantil, que aumentará el desempleo, que bajará la capacidad de adquisición de los salarios, que serán más los menores de edad que buscarán insertarse al mercado del trabajo para apoyar a sus familias abandonando la escuela, que crecerá más aun el mercado informal y que, paralelamente, crecerá la delincuencia y creerá la inseguridad ciudadana.

Significa, como señalan los datos del Banco Mundial que la pobreza aumentará, que las familias de clase media bajarán a la categoría de pobres, y que lss familias pobres probablemente se hundirán en la indigencia.
Ahora, paradójicamente, las naciones del planeta, en reuniones internacionales de hace algunos años, habían decidido hacer esfuerzos para disminuir la pobreza.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, propuestos en las indicadas reuniones, ordenaban que la pobreza en el mundo debía reducirse a la mitad, hasta el año 2015.

Pero, a juzgar por lo que ocurre, lo que más bien parece es que la pobreza se duplicará hasta el señalado año 2015.

Ahora, en Estados Unidos, las autoridades determinaron enfrentar la crisis inyectando varios miles de millones de dólares al sistema financiero.

Esos dineros, concretamente mil 800 millones de dólares, el ex presidente George W Bush pretendió que se destinaran a los banqueros, a los ricos, pero, al subir al gobierno el actual presidente Barack Obama se opuso a esa política, señalando que al que había que favorecer era al ciudadano común y no a los magnates de los bancos o de las grandes transnacionales.

Esa decisión significa una variante en relación a la manera en que se vino impulsando la economía en las pasadas décadas.

Pero tampoco constituye un cambio demasiado grande en relación a la persistencia del modelo capitalista.

Y de lo que se trata es, justamente, de modificar la naturaleza misma del modelo económico, y no de acudir a salvarlo para que, en un plazo más menos cercano, vuelva a manifestarse con efectos quien sabe mucho más perniciosos.

El desafío, en este momento, es diseñar e implementar una nueva forma de manejar la economía.

Una forma que tenga, como núcleo de su accionar, como objetivo básico, el bienestar del ser humano, particularmente de los seres humanos menos favorecidos del planeta.

No esa forma anterior que, por encima de las personas, se privilegiaba el capital, el dinero, y se rendía pleitesía a la famosa competiti8vdad, sin considerar las asimetrías monumentales que existen en el desarrollo de los distintos países del mundo.

Más que la competencia y la búsqueda inmisericorde de situaciones de ventaja, el modelo a ser construido debe buscar la solidaridad.

Debe propender a la integración de modo que el desarrollo llegue a todos, en condiciones más o menos iguales.

Debe buscar que nadie se quede atrás, y que nadie progrese o se enriquezca a costa de los demás.

Esa nueva forma de mirar las cosas es imperativa, máxime si se entiende la interconexión que existe entre las economías del mundo.

La duda, ahora, es si ese concepto será siquiera considerado por los gobernantes de los países poderosos del planeta.

Parece, más bien, que no, a juzgar por los esfuerzos que hacen para reactivar el sistema en sus viejos moldes y, seguramente, para repetir los mismos errores.

Errores que amenazan con duplicar el número de pobres en el mundo, en las próximas décadas y, con ello, crear las condiciones para explosiones sociales que se sumarían a las crisis de energía, de alimentos y del medio ambiente que, junto a la crisis financiera, amenazan con reventar el planeta en un futuro inmediato.

Ante su falta de propuestas, la oposición es muestra sólo como destructiva

Mermar, disminuir, desgastar la figura del presidente Evo Morales y, por esa vía, lograr algunos réditos políticos para acomodarse lo mejor posible en el panorama político de los próximos cinco años.

Esa es la estrategia a la cual está apostando la oposición en este momento.

Entiende, esa oposición, que será muy difícil vencer al presidente en los comicios del próximo 6 de diciembre y entonces a lo que aspira es a no perder por mucho margen, a lograr alguna fuerza en la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, desde la cual pueda seguir buscando sus objetivos políticos.

Esa tarea de la oposición, entonces, será simplemente destructiva, de crítica con o sin razón, con argumentos o sin argumentos, a todas las acciones del gobierno capitalizando los errores en los cuales éste pueda incurrir.

No será, entonces, una oposición con propuestas la que actúe en la arena política en los próximos meses.

No será una oposición con ideas, o planes, o programas más o menos coherentes, acordes con los desafíos del país, la que se mostrará a la opinión pública, reclamando el voto ciudadano.

Porque en Bolivia ya ha ocurrido un cambio de características históricas, profundas, estructurales, y ya se tiene un camino, delineado en la nueva Constitución, que señala por dónde debe avanzar la nación boliviana en las próximas décadas.

Esta estrategia simplemente destructiva, que no propone nada constructivo, ha comenzado a funcionar y se la puede mirar con absoluta claridad, a través de varias acciones y posturas que la oposición ha asumido en las últimas semanas, y que se han sintetizado en un artículo aparecido recientemente en el periódico La Época.

En el campo de la justicia, la oposición busca salpicar al presidente Evo morales, con el escándalo de YPFB.

Forzando este tema hasta un límite absurdo, el prefecto Mario Cossío anda pretendiendo la apertura de un juicio de responsabilidades contra el presidente, por un decreto que tenía como objetivo dinamizar la marcha de las empresas estratégicas, de modo que sirvan al desarrollo nacional, y no a las empresas transnacionales como en el pasado.

Lo paradójico es que la acusación prove4nga del prefecto Cossío, acusado de múltiples hechos de corrupción durante su gestión.

Yendo por esta misma vía, la oposición intenta multiplicar las acusaciones contra varias autoridades de Estado, con argumentos endebles que, sin embargo, son recogidos y amplificados por medios de comunicación pertenecientes a los sectores dominantes,

En el área de la política la acción más clara consiste en rechazar el diálogo propuesto por el gobierno, con exigencias imposibles de ser aceptadas, como la liberación del ex prefecto Leopoldo Fernández, la devolución de los recursos del IDH o la aceptación de los estatutos autonómicos aprobados en las regiones de manera ilegal, y que contrarían abiertamente a la nueva Constitución.

Dentro del parlamento, el plan consiste en impedir la apro0bación de leyes que van en consonancia con la nueva Constitución, como la Ley de Investigación de Fortunas.

Se trata de cerrarle el paso, a cualquier costo, a la vigencia de la nueva Carta Magna, para señalar luego que la misma es inviable.

Esta acción desestabilizadora y de desgaste del gobierno y, obviamente del presidente, tiene también su correlato internacional.

En esa lógica se entiende un reciente informe emitido por la secretaria de Estado de los Estados Unidos, publicando una lista de supuestas violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

Un informe que. dicho sea de paso, no responde para nada a la realidad boliviana y que, tiene a ojos vista, una clara intención política.

También se debe mencionar el tema del narcotráfico, que sirve como pretexto para que Estados Unidos sancione a Bolivia, culpando al gobierno de no hacer lo suficiente para combatir este flagelo, cuando los datos muestran que el asunto es al revés.

Inclusive, como cosa curiosa, es necesario mencionar el reclamo de algunos congresistas peruanos, por supuesta ingerencia boliviana en sus asuntos internos.

Esa acusación hace referencia a las facilidades que se han otorgado a ciudadanos peruanos para que se hagan atender de problemas de la vista en la población fronteriza de Copacabana, y donde trabajan médicos cubanos.

Estas atenciones oftalmológicas, que debían ser objeto de agradecimiento, están siendo observadas como espacios desde donde se estaría conspirando contra el gobierno peruano lo cual es, evidentemente, un absurdo.

Será esa oposición cerrada, destructiva, sin argumentos ni propuestas, a la que el presidente Evo Morales deberá enfrentar en los siguientes meses.

La pregunta es si la ciudadanía se dejara convencer con esos argumentos desestabilizadores, o si seguirá moviéndose con una visión de futuro, creyendo en el cambio y apoyando el proceso en el cual está inmerso el país.