Los daños causados a los equipos y a las movilidades de las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria en Santa Cruz, alcanzan a los
350 mil dólares.
Ese es el dato proporcionado por el INRA, luego de que la indicada oficina fue devuelta al Estado, después del asalto, robo, violencia y vandalismo que sufrió por parte de grupos de delincuentes de la llamada Unión Juvenil Cruceñista, alentados, financiados y dirigidos desde la Prefectura y desde el comité cívico de ese departamento.
El informe del INRA señala que los procesos de saneamiento que habrá que volver a realizar costarán 250 mil dólares, en tanto que la reparación de la infraestructura demandará otros 50 mil dólares.
El 100 % del equipamiento, sigue señalando el informe, se encuentra dañado.
Se ha destruido y en muchos casos robado, trámites para el saneamiento de varias comunidades y pequeños propietarios.
Se robaron discos duros y otras piezas de las computadoras y el cerebro de los vehículos.
“Los delincuentes que se ampararon en la Autonomía sabían qué hurtar, y así se llevaron lo más valioso y destruyeron los papeles de pequeños productores de soya”.
Pero si esos fueron los daños en Santa Cruz, en las oficinas del INRA de Tarija, el asunto no fue menos grave.
“La toma fue violenta, dice el INRA, no hubo toma pacífica, y el perjuicio es contra la población rural de Tarija.
Los cívicos mienten y amenazan.
El asesor legal del comité cívico tarijeño César Oliva, dijo que “la devolución es hasta la nueva toma”, cuando se tiene un daño económico de más de 70 mil dólares.
Los jóvenes cívicos, dice el informe, ingresaron por el techo, forzaron las ventanas.
Violentaron el garaje y destrozaron puertas interiores.
Sustrajeron documentación de trámites agrarios en curso, cuya reposición y trabajo tendrá un costo de más de 40 mil dólares.
Robaron equipos de radiocomunicaciones, computadoras y discos duros.
Los avasalladores convirtieron las oficinas en cantina mientras duró la toma.
Estos delincuentes se ampararon también en la Autonomía, en los palos y “pata de cabras” para sustraer información de tarijeños que trabajan la tierra.
Frente a esta evaluación, el INRA hizo conocer las siguientes resoluciones.
En el marco del decreto supremo 29698, el INRA solicitará la reposición de las pérdidas que deberán ser cubiertas con recursos de las prefecturas de Santa Cruz y Tarija.
Los autores materiales e intelectuales de estos actos delictivos deberán responder ante la justicia.
Hoy, la institucionalidad en el proceso agrario se ha recuperado y nada detendrá el saneamiento de tierras.
En 2008 se consolidará una superficie de 9 millones de hectáreas tituladas.
Ahora bien, dentro de sus tomas de instituciones, ¿por qué los cívicos de Santa Cruz y Tarija apuntaron de manera particular a las oficinas del INRA?
Pues, simplemente, porque el centro de la resistencia al cambio y de la conspiración que han venido desarrollando las oligarquías, está básicamente ligado al tema de la tierra.
Los grupos de poder no aceptan que el Estado central defina las políticas sobre el tema de la tierra, porque son ellos los que quieren determinar esa política.
En otras palabras, que ellos quieren tener en sus manos toda la tierra, y decidir a quiénes se la entrega y en qué cantidades.
Lo cual representa, obviamente, el mantenimiento, la prolongación y la consolidación del sistema de latifundios que predomina en las zonas orientales.
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