Pronunciamiento de UNITAS sobre la consulta cruceña del 4 de mayo

Antes de la consulta cruceña sobre el estatuto autonómico, desarrollada el domingo 4 de mayo, la Unión Nacional de Instituciones de Trabajo de Acción Social UNITAS, hizo conocer su posición en un documento publicado en todo el país.

Por su importancia, ante el delicado momento por el que atraviesa nuestra Patria, es necesario reiterar el contenido del mencionado documento.

El mismo tiene el título de “Ante la ilegalidad y la ilegitimidad del Referéndum Autonómico del 4 de mayo. ¡Por la democracia y la unidad del país!”, y dice lo siguiente:

“Frente a las acciones del comité cívico de Santa Cruz y de las autoridades prefecturales que han sometido al pueblo cruceño, y por ende a todo el país, a una presión política para que se acepte la ilegalidad del referéndum autonómico diseñado en función a sus intereses particulares y declarándose independientes del gobierno central, manifestamos lo siguiente:

Primero, a más de 25 años de democracia, es fundamental mantener en pie el principio político de que la decisión mayoritaria del pueblo boliviano es vivir en democracia.

La democracia boliviana fue recuperada y sostenida con esfuerzo y sangre popular y ahora enfrenta uno de sus mayores desafíos por desarrollar equidad, justicia e inclusión.

Segundo, las acciones de los grupos de poder político y económico, pretenden fracturar la institucionalidad del Estado boliviano para mantener sus privilegios y justificar la tenencia ilegal de la tierra y el latifundio, la privatización de los recursos naturales y la negación histórica de los derechos indígenas.

Tercero, con la descarada manipulación informativa, el matonaje político y un sinfín de mentiras para hacer uso político de legítimos sentimientos regionales y nacionales, el referéndum autonómico del 4 de mayo ha sido convocado sin que el pueblo cruceño haya elegido a sus representantes para redactar el Estatuto y sin la participación de la Corte Nacional Electoral, instancia legal que puede garantizar la transparencia de la consulta.

Cuarto, como instituciones de la sociedad civil, exigimos la inmediata y plena restitución de la institucionalidad pública.

No es posible que sigamos sin un Tribunal Constitucional, que se cometan atropellos y acciones violentas de tipo criminal, que grupos armados atenten contra organizaciones obreras y populares y contra organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, sin que los mecanismos estatales cumplan con su responsabilidad de hacer cumplir la ley, de sancionar a los responsables y de proteger la integridad de ciudadanos y ciudadanas

Quinto, reivindicamos la urgencia de concluir con la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue otros fundamentos éticos y políticos a la impostergable reorganización del Estado boliviano.

Sexto, la Asamblea Constituyente, cuyos representantes fueron electos democráticamente en todo el país, recibió el mandato del pueblo boliviano para que el régimen de autonomía departamental se aplique luego de promulgarse la nueva Constitución Política del Estado.

Por tanto, más allá de los resultados del referéndum del 4 de mayo, la Autonomía en Santa Cruz no tiene marco legal constitucional.

Ese el documento emitido por UNITAS, la red interinstitucional que agrupa a más de 30 organizaciones de trabajo de acción social en el país.

Un pronunciamiento concreto, que ratifica la ilegalidad de la consulta cruceña del 4 de mayo y, como consecuencia de ello, la ilegalidad de sus resoluciones.

Cabe resaltar de dicho pronunciamiento, el pedido para que se concluya el proceso de transformación estructural del país, aprobándose el texto de la nueva Constitución, mediante el referéndum respectivo.

Ese pedido, debe recordarse, fue planteado también por las organizaciones populares que se movilizaron el mismo domingo 4 de mayo, rechazando la consulta de Santa Cruz.

El gobierno debe tomar en cuenta este reclamo, que se está multiplicando en todo el país, y que constituye la forma más efectiva de derrotar a los grupos de la oligarquía que pugnan por dividir la nación boliviana.