El comité cívico, la prefectura, los sectores oligárquicos de Santa Cruz, querían mostrar un absoluto y contundente triunfo en la consulta planeada para el domingo 4 de mayo.
Deseaban ese triunfo brillante para levantarlo como una bandera, a los ojos del país y del mundo, y para negociar con el gobierno, desde una posición de ventaja.
“Nos respalda nuestro pueblo, iban a decir, de modo que si negociamos lo haremos de poder a poder, de igual a igual, de Estado a Estado y, en todo caso, no negociaremos ni uno solo de los artículos de nuestro estatuto autonómico”.
Eso iban a decir pero ahora no podrán hacerlo, porque el resultado de la consulta fue el de un absoluto fracaso, y eso no lo puede negar nadie.
Ahora, ¿cuáles son los aspectos por los cuales se puede afirmar que la consulta fue un fracaso?
Primero, por el fraude manifiesto que se produjo, y que fue demostrado con miles de papeletas que estaban marcadas con el “Sí”, y que debían aparecer, o que en algunos casos inclusive ya estaban, dentro de las diferentes urnas.
Esas papeletas y esas ánforas fueron quemadas en provincias y en sectores populares de la capital cruceña.
Segundo, por el altísimo grado de abstención que se registró en la consulta y que, según los lugares, osciló entre un 40, un 60 y hasta un 100 por ciento, lo cual le quita toda legitimidad.
Tercero, por la presión, el hostigamiento y el ataque directo que sufrió la ciudadanía por parte de grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista.
Estos grupos circulaban abiertamente en camiones y movilidades livianas, que los transportaban a los sitios donde decidían actuar, a pesar del supuesto auto de buen gobierno emitido por la prefectura.
Cuarto, por la resistencia de indígenas, campesinos y sectores populares que, en las provincias y en la ciudad capital, bloquearon caminos, quemaron material electoral, se abstuvieron y efectuaron denuncias y declaraciones a la prensa nacional e internacional, expresando su repudio a la consulta.
Fueron notorios, en esa resistencia, los casos de San Julián, Yapacaní, Santa Fe, Puerto Rico, Cuatro Cañadas, Montero, Camiri, o en el Plan 3000, la Retamas, Montero y otros.
Quinto, por los choques violentos que se dieron durante toda la jornada, y que arrojaron un saldo de varias decenas de heridos y hasta de un muerto, una persona de 68 años.
Los resultados de esos choques podrían haber sido mucho más graves, si es que la policía no actuaba buscando separar a los bandos.
Sexto, por la ausencia de personas u organismos imparciales que pudieran hacer un seguimiento o controlar los escrutinios y que pudieran verificar la imparcialidad del proceso o garantizar una votación transparente.
Séptimo, por la ausencia de observadores internacionales solventes, que pudieran dar fe de la legitimidad de la consulta.
Ahora, más allá de sus objetivos, ¿qué efectos produjo la consulta realizada en Santa Cruz el 4 de mayo?
Un primer efecto fue que permitió conocer, primero, la magnitud, verdaderamente grande, del rechazo a la misma, por parte de una gran mayoría de la población boliviana.
Ese rechazo se observó en las tremendas movilizaciones desarrolladas en las ciudades de Cochabamba, Oruro, La Paz, El Alto y en otros distritos del país.
En segundo lugar demostró que se ha vuelto a consolidar, de manera muy estrecha, la alianza entre campesinos, indígenas, obreros, mineros y gente de clases medias de la población boliviana, en contra de los planes que pretenden la división del país.
Estos sectores, a tiempo de rechazar la consulta y sus supuestos resultados, plantearon su apoyo al proceso de cambio que se desarrolla en el país y exigieron la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
En tercer término, mostraron un cuadro clarísimo de la profunda división que existe dentro del mismo departamento de Santa Cruz, entre gente de los diferentes sectores.
Conocidos los señalados aspectos, emergen claras y lógicas algunas conclusiones.
Primero, los resultados que pretende mostrar la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, no pueden ser reconocidos, no tienen legitimidad ni legalidad.
Segundo, no es posible pensar en ningún diálogo nacional, que tenga como base de negociación los mencionados resultados.
Tercero, a partir de ahora, el enfrentamiento entre las oligarquías del oriente y el conjunto del pueblo boliviano, lejos de aliviarse o de allanarse a través de un diálogo pacificador y franco, más bien se van a agudizar hasta extremos sumamente peligrosos.
El país, pues, a partir de ahora, comenzará una etapa de mucha mayor tensión, que se prolongará por mucho tiempo y que envolverá a todos los bolivianos, hasta su resolución final, donde deberá predominar uno de los sectores.
lunes, 19 de mayo de 2008
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