Los indígenas también elaboran sus estatutos autonómicos

Los pueblos indígenas del oriente han comenzado a desarrollar sus propios procesos para la elaboración y aprobación de sus estatutos autonómicos.

Estas propuestas serán planteadas en reuniones regionales y luego socializadas para garantizar que toda la población indígena sepa en qué consisten y qué es lo que buscan normar dichos documentos.

Adolfo Chávez, ejecutivo de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB, explicó que para esta aprobación no será necesario recolectar firmas ni convocar a ningún referendo, ya que las autonomías indígenas están amparadas en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas, y que en Bolivia tiene su correlato en una ley expresa sancionada el año pasado.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este proceso de aprobación de estatutos autonómicos que impulsan los pueblos indígenas, con aquellos otros que están desarrollando los comités cívicos de los departamentos de la llamada media luna?

La diferencia, por cierto muy grande, está en que los estatutos autonómicos indígenas serán acomodados al texto de la nueva Constitución Política del Estado, y los estatutos de los comités cívicos, no sólo que no respetan ese proyecto de Constitución sino que, en muchos sentidos, más bien lo contradicen.

Los indígenas, como puede observarse, entienden que el proyecto de nueva Constitución presentado por la Asamblea Constituyente, responde a sus reivindicaciones históricas y les abre un futuro de mayor dignidad, garantizándoles un desarrollo con mayor equidad y justicia.

Los comités cívicos, por el contrario, rechazan el nuevo texto constitucional y apuestan a aprobar sus estatutos al margen de la nueva Carta Magna.

Los unos, los indígenas, se someten a la ley y se comprometen a construir una nueva nación boliviana, soberana, digna y, sobre todo, unida.

Los comités cívicos del oriente no reconocen las leyes nacionales y, con el argumento del estatuto apuntan a edificar un Estado autonómico con atribuciones absolutas, que va más allá del federalismo y que, en última instancia, pone las bases para una futura desmembración de la nación boliviana.

Los indígenas, a través de sus autonomías, quieren el resarcimiento de siglos de injusticia, aspirando a que se les otorguen los derechos y las oportunidades que no tuvieron en el pasado.
La gente de los comités cívicos, a través de sus estatutos, apunta a preservar los intereses y los privilegios de las oligarquías y de los sectores dominantes que usufructuaron del poder en los tiempos neoliberales y aun antes de ellos.

Esos grupos oligárquicos no reconocen a las autonomías indígenas y buscan que las tales autonomías sean solo departamentales.

Dicen que los derechos de los indígenas serán contemplados dentro de las autonomías departamentales, pero los indígenas no aceptan esa postura, señalando que sus derechos sólo podrán ser garantizados por ellos mismos.

Fueron los patrones los que tradicionalmente, a lo largo de muchísimas décadas, prácticamente desde la colonia, sometieron a los indígenas.

Fueron esos patrones los que, en algunos casos, en algunas haciendas, redujeron a los indígenas a una condición de verdadera esclavitud.

No se puede creer, entonces, que esos mismos patrones, ahora atrincherados en los comités cívicos y en las prefecturas de los departamentos de la llamada media luna, de pronto varíen su conducta y acepten reconocer derechos a los pueblos indígenas, a los que discriminan económica, cultural y racialmente.

Según el dirigente Adolfo Chávez, ejecutivo de la CIDOB, lo que los indígenas están buscando es su propio auto gobierno para ser responsables de su propio desarrollo.

“Los indígenas, dentro de sus territorios, tienen sus propios recursos naturales, dice Chávez, y ese es el principal objetivo de los estatutos, que esos recursos sean administrados y manejados por ellos mismos, en el marco de las políticas nacionales”.

Como puede verse, por la voluntad de las naciones originarias, las autonomías indígenas ya no darán marcha atrás, y serán parte de la nueva estructura política del país.

Los comités cívicos y prefecturas de la llamada media luna, entonces, deberán contar con esa realidad, y entender que no les ha de ser posible tener, en sus regiones, el poder absoluto que estaban pretendiendo.

El poder en Bolivia deberá democratizarse, y ese es el propósito de las descentralizaciones y autonomías que se vienen buscando.

Pero democratización del poder significa poder para todos, en condiciones iguales, y no nuevas concentraciones del poder en manos de los poderosos, como ocurrió siempre en Bolivia...