Más sobre la actitud radical del prefecto tarijeño

O el gobierno retira el texto constitucional aprobado en Oruro, o no hay posibilidad de diálogo.

Eso es lo que en resumen señaló el prefecto de Tarija Mario Cossìo, haciendo de portavoz de los otros prefectos de la llamada media luna, quienes sostuvieron una reunión en pasados días.

O el gobierno retira el texto constitucional entregado al país para su aprobación definitiva en próximo referendo, o el diálogo está cerrado, dio a entender el señalado prefecto.

Eso expresó y esa es, como se ve, una condición que, justamente, está cerrando el camino de ninguna concertación futura.

Porque el gobierno obviamente que no ha de retirar ese proyecto de nueva Constitución entregado por la Asamblea Constituyente.

Primero porque el gobierno, aunque quisiera, no tiene ninguna autoridad para hacer tal cosa, ya que el nuevo texto constitucional ha sido un trabajo de la Asamblea y no del gobierno y, segundo, porque es sólo la Asamblea Constituyente la que tendría el derecho y la potestad de efectuar todavía algunos cambios, en la medida en que se reúna en plenario en el transcurso de los siguientes meses,

La nueva Constitución, según el prefecto Cossió, no representa el sentimiento nacional y no refleja las aspiraciones de todos los bolivianos, ni es producto de un pacto social.

Y ello no es verdad, porque la nueva Constitución ha seguido un largo proceso de legitimación antes de su aprobación definitiva.

El prefecto Cossió y los otros prefectos deben recordar que durante casi dos años, una gran cantidad de instituciones, organizaciones y representaciones de la sociedad civil, discutieron largamente sobre diversos aspectos de la realidad nacional, sacando luego sus conclusiones y planteamientos que fueron canalizados hacia la Asamblea Constituyente.

Posteriormente, representantes de la Asamblea estuvieron en todos los departamentos, volviendo a recibir recomendaciones, propuestas y pedidos de los sectores sociales, completando así el señalado proceso.

Más tarde, fueron las 21 comisiones de la Asamblea las que debatieron los temas y sacaron informes en mayoría y en minoría, y sólo después se cumplieron las sesiones plenarias para sacar el texto final.

Ahora, si el proceso fue así, como que exactamente lo fue, no es posible afirmar, alegremente, que el nuevo texto constitucional no refleja las aspiraciones de todos los bolivianos.

Por supuesto que refleja esas aspiraciones, las cuales se encaminan a un cambio profundo en la estructura social, política, cultural y económica de la nación boliviana.

Los bolivianos expulsaron del poder a los partidos t6radicionales, neoliberales, y luego dieron la orden para un gran cambio social, el cual está claramente reflejado en el nuevo texto constitucional.

Dice el prefecto Cossió que la nueva Constitución no es producto de un pacto social entre los bolivianos, y ello es otra afirmación falsa, porque los asambleístas que aprobaron el nuevo documento eran representantes de las agrupaciones políticas que obtuvieron la mayoría de los votos en las últimas elecciones.

Esos asambleístas, que representaban a toda la sociedad, fueron los que aprobaron el nuevo texto a través, justamente, de un pacto social y político.

Otra cosa es que algunos repreee4ntantes, irresponsables, se hubieran retirado del debate o del pacto, o hubieran trabajado para hacerlo fracasar, pero de ello el pueblo ya no tiene la culpa.

Sostiene luego, el prefecto Cossió, que la nueva Constitución es ilegal porque fue aprobada dentro de un liceo militar, pero se olvida que, en esos días, era imposible trabajar en al teatro Mariscal Sucre por la acción de grupos que querían hacer fracasar la Asamblea.

Se olvida de la violencia, de las persecuciones, de las actitudes racistas y discriminadoras, del hostigamiento, de las amenazas de muerte, y de todas las otras acciones organizadas e impulsadas por los sectores dominantes de Sucre.

Se olvida que la ley de convocatoria a la Asamblea decía que la misma debía cumplirse en Sucre, en cualquier lugar de Sucre, y que efectivamente se cumplió en Sucre.

Se olvida que luego el Congreso nacional modificó esa ley determinando que los últimos tramos de la Asamblea se realizaran en cualquier otro lugar del país, y que dentro de ese marco legal se aprobó la ciudad de Oruro.

Entonces, como puede verse con absoluta claridad, el nuevo texto constitucional es absolutamente legal y legítimo, y recoge las aspiraciones de la gran mayoría de los bolivianos, y es producto de un nuevo pacto social en el país.

El no reconocer esa legalidad, y el exigir que el indicado texto sea retirado por el gobierno, para nuevamente ser discutido otra vez en Sucre, es simplemente un absurdo,

Un pretexto para cerrar el diálogo y para acelerar el proyecto de desintegración, de desmembración, de división del país, en el cual están empeñados los sectores dominantes del oriente, atrincherados en algunas prefecturas y en algunos comités cívicos.

Y esa es, sencillamente, una actitud sediciosa que no puede ser tolerada de ningún modo.