Grupos irregulares de inteligencia conspiraban contra el gobierno

Resulta, pues, que en nuestro país había estado operando un grupo de inteligencia que tenía como objetivo desestabilizar al actual gobierno.

Ese grupo había sido creado por la embajada de los Estados Unidos, en 1987, con el aparente propósito de apoyar la lucha contra el narcotráfico y de investigar a fiscales corruptos.
Sin embargo, el año 2006 dejó de reportar sus acciones a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y se dedicó a la inteligencia política.

Según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, la movilización para impedir que un avión Hércules de Venezuela operara en el aeropuerto de Riberalta a finales del año pasado, fue impulsada por ese grupo.

Dicha movilización se logró haciendo circular la mentirosa versión de que el avión estaba transportando armamento para Bolivia.

Ese mismo grupo, según expresó el ministro Rada, hizo un seguimiento a la misión iraní que llegó a nuestro país en septiembre del 2007 para entablar negociaciones con el gobierno boliviano.
La señalada organización operaba hasta el año 2006 con el nombre de Comando de Operaciones Especiales COPES, y luego se cambió por el de Organización de Estudios Policiales ODEP, como si fuera una entidad dedicada al mejoramiento técnico y profesional de los policías.

Lo que, debe reiterarse, buscaba en el fondo, ese grupo, era espiar al gobierno y desarrollar acciones para desestabilizarlo.

Ahora, al ser un grupo que tenía financiamiento de la embajada de los Estados Unidos, es el embajador de ese país el que deberá responder por las indicadas irregulares actividades.

El gobierno, por su lado, además de pedirle cuentas al embajador Philip Goldberg, ha decidido entablar una acción judicial contra los oficiales que manejaban dicho grupo.

Pero, siempre de acuerdo a versiones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no era la supuesta Organización de Estudios Policiales, la única que financiaba la embajada norteamericana.

Otro era el Grupo de Tarea de Investigación de Delitos Especiales, que fue también creada por la embajada el año 2004 para la lucha contra el crimen.

Ese grupo debía dar sus reportes a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, pero nunca dio informes al ministerio de Gobierno.

Recibía bonos de los Estados Unidos, pero aun se investigan los montos.

Y otro grupo más que, igualmente, financiaba Estados Unidos, era el Grupo de Seguridad Antiterrorista, conformado por policías de la Unidad de Seguridad Física Privada que debía resguardar la embajada de dicho país y que, también, desarrollaba otras tareas, fuera de su misión, como las de investigar atentados terroristas contra diplomáticos.

En resumen, que en nuestro país operaban hasta tres, o quien sabe más, grupos de inteligencia, financiados por Estados Unidos, y de los cuales no tenía mucha noticia el gobierno boliviano.

Todo esto, como bien se entiende, es parte de las formas habituales con las que Estados Unidos interviene en los asuntos internos de los países.

Grupos de inteligencia, perfectamente asesorados y financiados por ese país, que actúan sin el conocimiento de las autoridades nacionales, y que intervienen por debajo en muchísimas acciones de carácter político.

Son cosas que constituyen violaciones directas a las soberanías de los países, por supuesto que también a la soberanía de Bolivia, y de las cuales el ciudadano común no tiene ni la menor sospecha.

Con demasiada frecuencia gente ligada a los comités cívicos del oriente, manifestó quejas por lo que calificó como intervenciones de Venezuela en asuntos bolivianos.

Hasta las muchas campañas de cooperación en los campos educativos o de la salud que ese país ha prestado, fueron calificadas como intromisión en asuntos internos de Bolivia.

Habría que preguntar ahora, a los representantes de esos mismos comités cívicos, qué es lo que dicen sobre el funcionamiento de esos grupos de inteligencia policiales que buscaban desestabilizar al actual gobierno, y que respondían a órdenes del embajador norteamericano.

Las formas que utilizan los Estados Unidos para imponer sus políticas a nuestros países son muchas.

Van desde medidas comerciales directas, hasta disposiciones económicas que hacen operativas a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y hasta financiamientos abiertos o subrepticios a entidades como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

La lucha por la soberanía, por la liberación nacional, entonces, debe darse también en todos esos espacios, para asegurar que la suerte de Bolivia sea decidida por los propios bolivianos y no por potencias extranjeras.

Hecha la denuncia, la opinión pública queda a la espera de conocer las sanciones que necesariamente deben emitirse contra aquellos oficiales de la Policía, que conspiraban contra su propio gobierno, apoyando las políticas norteamericanas desarrollas a través de su embajada.