Avanzan los planes para quebrar Bolivia

Las autonomías no están contempladas en la actual Constitución Política del Estado.

Sí se las contempla en la nueva Constitución que fue presentada por la Asamblea Constituyente, pero ese nuevo texto constitucional debe ser todavía, sometido a referendo, para su aprobación por parte de los bolivianos.

Una vez que ese referendo ocurra y que la nueva Constitución entre en vigencia, entonces sí las autonomías tendrán estado legal y se podrán aprobar los respectivos estatutos autonómicos.

Pero esos señalados estatutos autonómicos deberán acomodarse al espíritu y a las normas de la nueva Constitución, y no salirse de ese marco legal de ninguna manera.

Porque los estatutos señalan las formas de funcionamiento de las autonomías, la manera en que las mismas deberán administrarse, los campos en los cuales podrán actuar y los límites que tendrán sus competencias, y nada de eso deberá contradecir los principios estipulados en el nuevo texto constitucional.

El salirse de ese marco jurídico, el buscar la aprobación de estatutos al margen de lo que señalan las leyes, es simplemente ingresar en el terreno de la rebeldía, de la sedición, y la sedición es un delito que tiene claramente estipuladas sus sanciones legales.

A ese terreno, pues, es al que están ingresando los prefectos y cívicos de algunos departamentos, pretendiendo aprobar ilegalmente, a través de referendos, los estatutos autonómicos de sus regiones.

Dicen, los señalados cívicos y prefectos, que los departamentos cuentan ya con gobiernos locales que fueron elegidos por voto popular, y que esos gobiernos locales tienen atribuciones para convocar a los indicados referendos.

Pero no entienden que para que un referendo se dé en las actuales condiciones, deberá contar, previamente con el aval del Congreso Nacional, según establece el artículo 6 parágrafo 3 de la Ley del Referendo.

Ahora, al margen de estas consideraciones legales, lo que aquí importa es la intención que subyace en las decisiones que vienen adoptando algunos prefectos y dirigentes cívicos.

Y esa intención está claramente ligada a los planes separatistas que han venido impulsando desde hace ya bastante tiempo.

Si una región del país, si un departamento, decide hacer su autonomía al margen de lo establecido por las leyes, rechazando o no tomando en cuenta la nueva Constitución, entonces querrá decir que esa región o ese departamento se está separando de facto, en los hechos, del resto de la Nación.

Querrá decir que esa región funcionará sólo con sus propias leyes, que acatará sus propias decisiones, que hará sus propias consultas y que actuará en suma, como un Estado independiente a margen del Estado boliviano.

Los cívicos y prefectos que convocan a referendos para aprobar sus estatutos autonómicos, se hallan claramente en esa línea.

No quieren saber nada de la nueva Constitución y por ello buscan argumentos para decir que es ilegal.

Quieren hacer su propio gobierno, manejado por los grupos privilegiados de sus regiones, al margen del gobierno nacional,

Quieren, según establecen en sus estatutos, contar con sus propios sistemas impositivos, con su propia policía, con su propio defensor del pueblo, con su propia corte electoral, con su propio contraloría.

Quieren adoptar, a través de las prefecturas, o gobiernos locales, políticas en torno a la distribución y redistribución de la tierra, al manejo de los recursos naturales, a las relaciones con otros países.

Están buscando, a través de esos mecanismos y de esas y otras atribuciones, tener su propio país, el que se consolidaría en el territorio que conforma la llamada media luna, vale decir, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, el Chaco de Chuquisaca y hasta el norte de La Paz.

Exacerbando sentimientos regionales están dispuestos a movilizar a sus poblaciones para arrastrarlas en esa peligrosísima aventura que podría sumir a la nación en un sangriento caos.

Porque es obvio que cualquier intento separatista tendría que ser rechazado, con intervención de instituciones como las Fuerzas Armadas, que tienen como misión cuidar la integridad del territorio nacional, defender el Estado de derecho y defender al gobierno y a las autoridades legalmente constituidos.

Este plan separatista fue diseñado hace ya muchos años, y viene avanzando progresiamente en nuestro país.

Se tradujo en el rechazo a la Asamblea Constituyente, en varios intentos de sabotaje y obstaculización de la misma como con el asunto de los dos tercios, en la introducción de temas sensibles e imposibles de ser resueltos como el de la capitalidad plena o sede de los poderes, en la agresión a asambleístas de sectores indígenas, en el rechazo a la nueva Carta Magna, y ahora en la convocatoria a referendos para aprobar los ilegales estatutos autonómicos.

Los próximos pasos buscarán la confrontación directa de regiones y, lo que ya se dijo, la separación y división de hecho, del territorio boliviano.

El panorama, como bien puede advertirse, es peligroso, y obliga a los bolivianos con sentimiento de Patria, a movilizarse para impedir que esos planes sigan progresando.